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Lava Petrolero, el proyecto de ley y la Nueva IPC

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en

Edificio de PetroPerú

El autor califica a Frontera Energy como una nueva versión de la International Petroleum Company, la empresa norteamericana que explotó durante décadas el petróleo nacional, como si fuera un estado dentro de otro.

La propuesta de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), es una de las más grandes amenazas de saqueo al Perú. Hemos demostrado el gran negocio lobista que amenaza saquear miles de millones de dólares al Perú. La estrategia de este lobby petrolero para capturar nuestros recursos estratégicos tiene una ruta claramente demostrable.

La Nueva IPC, empresa Frontera Energy, ex Pacific Rubiales, llegó a un momento en el cual, tras un récord de producción y especulación en los campos colombianos, empezó a entrar en crisis y amplió sus objetivos. Asume el interés estratégico de seguir sus negocios especulativos e incursionar en el Perú y otros países. Y centra su mirada en capturar el lote 192 y otros de la costa, así como privatizar Petroperú.

Frontera Energy se propone operar en el Perú. El DS 045-2002-EM abre las puertas y reduce las regalías en 30%. El DS 003-2004 modifica el contrato. Incursiona en el bloque Z-1, aprobado por DS 002-2005-EM por el cual cede la participación total a BPZ en Perú. Con DS 049-2012-EM, se aprueba la incorporación de Pacific Rubiales como garante corporativo de BPZ Norte.

Se modifica el contrato de posesión contractual del lote Z1 por el cual la empresa inició el trámite en el MINEM el 16.05.2016, trámite derivado al MEF el 01.06.2016. El motivo del trámite era el cambio de nombre del garante corporativo de Pacific Rubiales Energy a Pacific Exploration y Production Corporation.

Planta de hidrocarburos refinería de gas llicuado

CAPTURA DE PERUPETRO

Este mismo trámite se realiza para los lotes 116 y 126. De esta forma Pacific incursiona formalmente como garante corporativo de BPZ exploraciones, y se relaciona con los lotes XII, XIII, Z-1, 192, 116, y 135.

Uno de los objetivos y resultados de esta incursión fue capturar el control de la empresa pública Perupetro, encargada de los trámites para la contratación y supervisión de la actividad petrolera. El ingeniero Rafael Zoeger Núñez, exgerente general de BPZ hasta julio de 2015, pasa a Perupetro como presidente del directorio. Y Leyla Pérez Nájar, exfuncionaria de BPZ, pasa a gerente de contrataciones en Perupetro.

Esta incursión tenía un objetivo preciso, relacionado al Lote 192, con reservas probadas de Petróleo de más 13 mil millones de dólares. La Ley 30357 aprobada unánimemente por el Congreso de la República, señalaba que correspondía a Petroperú asumir el Lote 192, asociado a la Refinería de Talara. Y Petroperú cumpliendo con esta ley presenta a Perupetro su solicitud para hacerlo efectivo. Pero las nuevas autoridades de Perupetro urden una maniobra ilegal para descalificarla. Señalan que no había cumplido un inventado ex profeso “requisito de liquidez”. La Contraloría de la República objetó esta maniobra puesto que había sido inventada por los nuevos funcionarios de Perupetro.

Perupetro al mismo tiempo le da continuidad al contrato temporal que había conseguido Pacific-Rubiales (Frontera Energy), sin haber sido calificada adecuadamente. Mientras descalifican a Petroperú, ilegalmente le amplían a la empresa Pacific la presencia en el lote 192.

Y Pacific ya en ese momento estaba relacionada con BPZ. Esta incompatibilidad de representación de intereses, con exfuncionarios de BPZ que asumen cargos decisorios en Perupetro para beneficiarla, implica irregularidades probadas. Lo que constituye un delito, en este caso para descalificar a Petroperú y beneficiar a una empresa privada con la cual se tenía relación.

LA NUEVA LEY

Tras descalificar irregularmente a Petroperú, y no evaluar a Pacific Frontera, además de darle lotes, preparan una propuesta legislativa de Nueva Ley de Hidrocarburos, la que es aprobada con un acuerdo del Directorio 047-2017, en julio del 2017.

En Base a este proyecto de Nueva Ley de Hidrocarburos, elaborada por gente de BPZ que había capturado a Perupetro, en noviembre del 2017 ingresa al Congreso el proyecto de Ley N° 2145, de Promoción de la Industria de Hidrocarburos, suscrito por PPK, Cayetana Aljovín y Mercedes Aráoz, destinado a entregar los recursos y las empresas públicas estratégicas de Petroperú y Perupetro, a empresas privadas internacionales, sustentadas en malos negocios en sus países y en saqueo parasitario en el Perú.

La empresa Frontera Energy es la continuación de Pacific Rubiales. En el 2014 Pacific Rubiales registró pérdidas en sus operaciones cercanas a los 1,300 millones de dólares, como consta en los datos presentados ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Esta crisis fue producto de los malos negocios especulativos y de gestión. La empresa en 3 años (2012-2015) cuadriplicó su endeudamiento, pasando de los 1,300 millones de dólares, a cerca de 5,300 millones.

El valor de sus acciones ya en enero del 2016 caía de $ 4 a $ 0.5 por unidad. Habían emitido millones de acciones sin control, haciendo del centro de sus ganancias la emisión y venta de nuevas acciones sin respaldo.

Adicionalmente los principales favorecidos de estas nuevas acciones eran los propios 4 directivos que fundaron la compañía: Arata, Pantin, Lacono, y Lacampa. Ellos se entregaban a sí mismos papeles llamados “derechos convertibles en acciones” (Warrans).

BURBUJA ESPECULATIVA

Estas Warrans las negociaban, en forma soberana, en la Bolsa de Valores de Toronto, Canadá, haciendo de la bolsa de Colombia un mercado secundario, sin control de la Superintendencia Financiera de Colombia.

En Canadá se permite un número ilimitado de acciones ordinales para estos manejos especulativos. De esta forma 111 millones de los 322 millones de acciones estaban en manos de 31 personas naturales. Los perjudicados eran los otros aportantes, como los fondos de pensiones que habían comprado acciones en Colombia, y que no podían reclamar ante Canadá.

Adicionalmente, la empresa se amplía a construcción de infraestructura petrolera y energética, en Colombia y otros lugares del mundo, incluyendo también las compras de tierras para el cultivo de Palma. Formaron una inmensa burbuja especulativa financiada en gran medida con bonos de deudas, y manejadas con una compleja red de empresas en más de 20 países, muchos de ellos considerados paraísos fiscales.

Planta de hidrocarburos

ALGO MÁS

Cuando estalló la crisis, la empresa Frontera fue protegida en sus malos negocios por la legislación canadiense que le dio protección de soberanía. Y lo que hizo fue conseguir préstamos financieros de los fondos especulativos canadienses, los que les permitían mantener este esquema saqueador de los lugares donde invertían. Armados de este esquema, trayectoria y estrategia es que promueven como lobby petrolero la captura de los recursos petroleros existentes en el Lote 192 y los Lotes de Talara. Esta es la traición al país que debemos derrotar.

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Política

Fiscal Pérez está bajo amenaza de Chávarry y de Fuerza Popular

Publicado

en

José Domingo Pérez Gómez

Según fuentes del equipo especial Lava Jato, lo sustancial de la demanda del IDL ante la CIDH, de protección al fiscal José Pérez, es la injerencia interna, desde el propio Ministerio Público con grado de obstaculización del trabajo jurisdiccional, mediante “investigaciones disciplinarias, penales, sin fundamentación real”, así como contra de su libertad de expresión.

Como consecuencia de sus investigaciones, en particular por el “Caso Keiko Fujimori”, Pérez está siendo sometido a los siguientes procesos disciplinarios y administrativos dentro de su institución:

Por opinar que Pedro Chávarry Vallejos no es la persona más idónea para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, a los pocos días de que Chávarry fue elegido con su propio voto, tras un empate de dos contra dos en la Junta de Fiscales Supremos.

Por criterios académicos que expresó en un seminario sobre corrupción, realizado en Chihuaha, México, acerca de que los militantes de Sendero Luminoso hicieron “guerrilla” en el país durante el conflicto armado internos 1980- 2000.

Por la supuesta filtración a la prensa de preguntas y respuestas del interrogatorio al que sometió al mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre su relación con las bancada congresales de Fuerza Popular, del Apra, con Keiko Fujimori Higushi y con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, cuyo cabecilla era nada menos que su amigo el exvocal supremo César Hinostroza, hoy preso en una cárcel de Madrid, mientras se tramita su extradición.

INJERENCIA EXTERNA

La injerencia procede del Congreso. La Comisión de Defensa lo citó a interrogatorio sobre su criterio de los senderistas guerrilleros y no terroristas, pero no asistió debido a que se hallaba inmerso en la maratónica sustentación ante un juez de garantía, de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices.

Asimismo, las presiones provienen también de integrantes del partido Fuerza Popular, quienes junto a asesores de su lideresa planearon obstaculizar su labor.

RELACIÓN CHÁVARRY-FUJIMORISMO

El fiscal Pérez halló en la investigación del caso indicios de que la “persecución interna” estaría vinculada a la relación entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry, sobre la base de la protección que este grupo político y su aliado el Apra brindan a Chávarry ante cuatro graves denuncias constitucionales en su contra.

Esa relación, que en gran parte es pública, llevó al fiscal Pérez a interrogar judicialmente al propio Chávarry, sacando en claro que el vínculo entre él y Fuerza Popular es el funcionario coordinador entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

Sobre la situación de Pérez, su jefe Vela Barba dijo antenoche: “No es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. El fiscal Domingo Pérez tiene que eventualmente responder a la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”,

FISCAL VELA

Las presiones internas contra el fiscal supervisor del megacaso Lava Jato, Rafael Vela Barba, son de reciente data, desde la audiencia de prisión preventiva del “Caso Keiko Fujimori” y coincidentemente con el enfoque del equipo Lava Jato en el “Caso Alan García”.

Fue entonces que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradición, inició una reyerta epistolar interna contra Vela Barba, acusándolo de filtrar a la prensa información reservada de los casos en investigación.

La réplica de Vela Barba responsabilizó a Peña Cabrera de difundir información llegada de Brasil y de entorpecer los pedidos de interrogatorios de testigos y colaboradores brasileros, para favorecer a determinados políticos investigados.

De eso, y considerando que Peña Cabrera es brazo derecho de Chávarry, varios medios de investigación periodística, entre ellos Diario UNO, dedujeron que la estabilidad del equipo Lava Jato peligraba y que el Fiscal de la Nación podría reemplazarlo en cualquier momento.

LAS FISCALES CHALACAS

Sandra Castro Castillo, fiscal provincial contra el crimen organizado del Callao, y Rocío Sánchez Saavedra, fiscal contra delitos de corrupción de funcionarios, tienen a su cargo la investigación de los casos acumulados “CNM audios – Cuellos blancos del puerto”.

En ese camino, participaron en el procesamiento de cientos de grabaciones que revelaron el segundo caso de gran corrupción de lo que va del siglo en el sistema judicial (CNM, Poder Judicial y Ministerio Público con vinculaciones con la ONPE y la Federación Peruana de Fútbol).

Ellas dirigieron la razia que llevó a la cárcel al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a otros 21 involucrados y presentaron ante el entonces fiscal Supremo, Pablo Sánchez, la lista de 13 magistrados de alto rango y con derecho a antejuicio, a fin de que sean investigados y denunciados constitucionalmente como miembros de la banda “Los cuellos blancos del puerto”.

Y no vacilaron en incluir en esa lista al mismo Fiscal de la Nación, y a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo.

Desde entonces, la administración del Ministerio Público no las apoya, el propio Chávarry les da encargos adicionales que les impiden dedicarse a su caso principal y, como ocurre con Pérez Gómez, pende sobre sus cabezas la posibilidad de que, con motivo de un nuevo ejercicio judicial, sean cambiadas, lo que obstruiría el proceso.

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Política

Sala resolverá en dos días la apelación de Keiko y keikistas

Publicado

en

Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

Mañana viernes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el vocal superior César Sahuanay, escuchará a las partes en la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva durante 36 meses impuesta a los keikistas Vicente Silva Checa, Alberto Mejía Leca y Giancarlo Bertini de Vivanco.

El primero, Vicente Silva, es imputado como presunto miembro del núcleo duro de la presunta organización criminal que habría realizado lavado de activos con fondos ilícitos en la campaña presidencial del año 2011.

El segundo, Alberto Mejía, expersonero legal de Fuerza Popular, ayudó a evitar que los falsos aportantes de dinero a Fuerza Popular dijeran la verdad a la justicia.

Giancarlo Bertini, ayudo a Jorge Yoshiyama a “pitufear” medio millón de dólares, dinero proveniente de Jaime Yoshiyama. Nunca dio la cara a la Fiscalía y poco antes de que ordenaran su carcelería, fugó a Bolivia.

Al día siguiente, el sábado 15, la Sala Sahuanay verá los casos de prisión preventiva de Keiko Fujimori y el también prófugo JaimeYoshiyama

El mismo día a las 2 p.m. verá los casos de los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

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Política

Piden a CIDH que impida cambio de fiscales Lava Jato y “cuellos blancos”

Publicado

en

Rocío Sánchez Saavedra - José Domingo Pérez Gómez - Rafael Vela Barba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está procesando una solicitud de medida cautelar protectora presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) a favor del equipo especial Lava Jato y de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, contra interferencias externas e internas que afectan sus investigaciones.

Según el IDL, la demanda fue presentada el 16 de octubre por iniciativa propia y sin previo aviso, inicialmente a favor del fiscal José Domingo Pérez, a raíz del acoso al que lo han sometido el fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus subalternos.

El 10 de diciembre, el IDL envió a la CIDH información adicional y solicitó la ampliación de la medida cautelar a favor del fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, estas dos últimas encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

La medida cautelar tiene las siguientes finalidades:

Que cese la interferencia, sea interna o externa, en el desempeño de la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo,

Evitar la remoción de los fiscales mencionados respecto a las investigaciones que tienen a su cargo.

Resguardar la integridad de los fiscales y de sus familias.

El IDL precisó en un comunicado que la medida cautelar de protección de los magistrados se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 25 del reglamento de la Comisión IDH, dado que los fiscales estaban siendo violentados en el ejercicio libre e independiente de su labor fiscal.

Así mismo, señala: “La urgencia de proteger a los fiscales que investigan los casos Lava Jato y CNM Audios ya había sido expuesta a los miembros de la Comisión Interamericana el 1 de octubre, en el 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, llevado a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos”.

CONTRA CHÁVARRY Y CONGRESO

Aunque los blancos del pedido son el fiscal Chávarry y el Congreso, la demanda fue interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ya ha recibido el expediente, para que lo conteste ante la Comisión IDH.

Luego de eso, el organismo interamericano podría emitir su decisión en cortísimo tiempo en condición de recomendación al Estado Peruano.

En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas con carácter de obligatorio cumplimiento.

EL ESTADO PREPARA RESPUESTA

Por eso, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, ha solicitado urgentemente la información pertinente al Ministerio Público respecto a las medidas de protección que se le han otorgado a José Domingo Pérez, ante las presiones que dice estar soportando, aún si estas provienen del propio Fiscal de la Nación y de órganos subalternos de esa institución.

A pedido de la Comisión IDH, Mijichich también ha pedido que se le informe sobre la investigación que el Fiscal de la Nación abrió contra los congresistas de Fuerza Popular que obstruyeron el allanamiento de dos los locales de ese partido político con la debida autorización de juez, en el caso de lavado de activos con fondo ilícitos de la campaña presidencial del 2011.

El carácter urgente del pedido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver, aparentemente, con los trascendidos sobre la eventual intención del fiscal Chávarry de separar de los importantes casos que manejan a Pérez, Barba y las fiscales chalacas.

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