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Las víctimas del presidente Bolsonaro – I

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Jair Bolsonaro

La autora habla en esta primera entrega sobre los extremos a los que pretende llegar el ultraderechista nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, entre otras cosas, pretende expulsar de la administración pública a quienes tengan ideas socialistas, algo que ya hicieron los nazis.

Miles lloraron esta semana al ver la toma de posesión de Jair Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil. Entre ellos estaba mi amiga Juliana Moraes, una activista por los derechos humanos que ha dedicado los últimos cuatro años a luchar contra los fenómenos de corrupción y antidemocráticos que condujeron a Brasil a elegir a un mandatario abiertamente violento y dictatorial. Lo peor está por venir, dice ella. Hasta el momento, era un discurso, pero ya tiene el poder para convertirlo en realidad.

El presidente de 63 años acaba de anunciar un programa inicial de concesiones a través del que ofrece aeropuertos, ferrocarriles y puertos al sector privado para atraer inversiones por casi 2 mil millones de dólares.

Su plan económico es neoliberal y Bolsonaro asegura que con estos millonarios guiños al sector privado podrá restaurar la confianza de los inversionistas y mejorar la economía brasileña.

TEMPRANA CRISIS

Su política económica olvida que en los años 90 medidas similares llevaron a los países de Latinoamérica a atravesar por una de las peores crisis de la región. Por otro lado, será muy complicado restaurar cualquier tipo de confianza en el mercado ante un gobierno con tanta potencialidad de estallidos sociales.

Unos días en el cargo y ya enfrenta su primera crisis de seguridad. El estado de Ceará, ruta de la droga en la costa noreste del país, lleva soportando más de 40 ataques con cócteles molotov a autobuses y edificios públicos, a manos de miembros de cárteles de la droga.

Bolsonaro ha enviado a 300 agentes de la policía militarizada y ha utilizado este enfrentamiento para apremiar a los parlamentarios a aprobar una de sus más controvertidas propuestas, una la ley que absuelva de cualquier cargo a los policías que maten a los “delincuentes”.

REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES

Esa ley, de ser aprobada, blindaría a las fuerzas de seguridad del Estado para ejercer cualquier tipo de represión con impunidad. Los trabajadores serían uno de los blancos principales de esta medida. Organizar una huelga podría convertirse en un acto de vida o muerte.

De hecho, es un escenario plausible. El presidente ultraderechista quiere poner fin a la “Justicia del Trabajo”, protecciones y tribunales específicos para los trabajadores dedicados a dirimir los conflictos laborales.

La Justicia del Trabajo existe para equilibrar la balanza de poderes entre empleadores y empleados. En una reciente entrevista, Bolsonaro dijo que había un exceso de derechos para los trabajadores.

Según Bolsonaro, no sirve de nada tener derechos si no hay trabajo. Y pone de ejemplo a Estados Unidos, donde casi no hay derechos laborales. Consecuente con sus palabras, Bolsonaro acaba de eliminar al Ministerio de Trabajo, una institución que data de 1930 en Brasil.

CONTRA EL AMBIENTE

De acuerdo a su propio vocabulario, la política ambiental “asfixia” a la economía, obstaculiza el desarrollo y, por tanto, no se debe permitir que las consideraciones sobre el planeta inhiban la industria, en particular al enorme sector agrícola de Brasil.

No es casualidad que los mayores respaldos a su campaña provengan de los llamados ruralistas, el bloque de congresistas más rico y poderoso del parlamento brasileño. Ellos son a la vez políticos y millonarios empresarios agrícolas, quienes financian sus propias campañas manteniéndose en el poder con el fin de legislar en favor de sus industrias.

En uno de sus primeros actos como presidente, Bolsonaro delegó los asuntos indígenas al Ministerio de Agricultura, en manos del lobby de terratenientes. Así, las atribuciones de “delimitación, demarcación y registro de tierras indígenas” han sido arrebatadas de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Con esta decisión, cientos de miles de hectáreas antes protegidas se abren a la producción agrícola, dejando a las comunidades indígenas a expensas de ser invadidas, explotadas y sus poblaciones desplazadas.

Tanto la nueva ministra de Agricultura, Tereza Cristina Da Costa Dias, como el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, sirven a los intereses de compañías agrícolas. La primera es una hacendada, excoordinadora de la bancada de los ruralistas, quien asegura que Brasil tiene tantas leyes de protección medioambiental que está frenando su desarrollo.

ALGO MÁS

Salles fue multado hace un mes por alterar, para beneficiar a diversas empresas, el planeamiento de una zona protegida. En aquel momento era el director ambiental en Sao Paulo. Anteriormente había sido el representante legal de la Sociedad Rural de Brasil, un grupo empresarial agrícola.

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Política

Vizcarra debe hacer respetar reformas judiciales aprobadas en referéndum

Publicado

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Referéndum Nacional 2018

La decisión del presidente Vizcarra de buscar mecanismos constitucionales para que la población “no sea burlada”, ante la demora del Congreso para aprobar las seis reformas judiciales pendientes, ha generado que los consultados por Diario UNO encuentren responsables tanto al fujimorismo como al oficialismo.

ENTRAMPAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú Horacio Zeballos, reconoció la demora del Congreso en aprobar las reformas judiciales y dijo que el presidente Vizcarra estaría ejerciendo su derecho si busca una salida constitucional para romper el entrampamiento.

“Si Vizcarra busca salidas constitucionales para romper el entrampamiento va a ejercer su derecho ya que el Congreso está demorando”, señaló al Diario UNO.

Tras asegurar que Fuerza Popular es la que entrampa las propuestas judicial y política, recordó que una propuesta trabajada durante un año fue encarpetada.

“Había una propuesta política presentada por los congresistas Patricia Donayre, Yonhy Lescano y Raymundo Lapa, para avanzar en el tema pero fue encarpetada por el fujimorismo; esa fue la única propuesta que se trabajó durante un año pero el fujimorismo la encarpetó”, afirmó.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Sobre el mismo tema, su colega de bancada, Alberto Quintanilla, responsabilizó al partido Peruanos por el Kambio y a Fuerza Popular por el entrampamiento en la aprobación de las reformas judiciales consultadas por la población en el referéndum.

“La responsabilidad política del entrampamiento es compartida entre Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular. Ellos han tenido la oportunidad de tomar más iniciativas desde el Ejecutivo y no han tomado las iniciativas desde el Congreso. Por eso es que no se ha avanzado”, sostuvo el congresista al Diario UNO.

MECANISMOS CONSTITUCIONALES

En entrevista a un medio de circulación nacional, el presidente Martín Vizcarra, tras calificar de lamentable que seis proyectos de ley de la reforma de justicia continúen encarpetados en el Congreso, anunció que usará mecanismos constitucionales si el debate de estos no avanza.

HABLARÁ CON SALAVERRY

El presidente Vizcarra dijo que seguirá el camino formal al conversar con el titular del Congreso, Daniel Salaverry, para preguntarle si hay voluntad o no de aprobar las reformas.

“Primero se va a intentar el camino formal. Vamos a conversar con el presidente del Congreso y decirle: “bueno, ¿hay voluntad o no hay voluntad? ¿Ha sido falta de tiempo o de ganas? Si es que se justifica la falta de tiempo y se corrige eso, obviamente estaremos vigilantes para que así sea”, sostuvo el mandatario.

Al respecto, Alberto Quintanilla sostiene que el oficialismo y el fujimorismo “han buscado posiciones de emplazamiento y lo que tiene que hacer es buscar el diálogo para que se viabilicen las reformas”

Su colega Zeballos señala: “Debería conversar con Salaverry porque por un lado Vizcarra dice que quiere hacer la reforma judicial y Salaverry también. En el Congreso están gestándose varias iniciativas en referencia a agilizar la aprobación de las reformas; el Ejecutivo también tiene su propuesta; hay varias iniciativas que habría que hacerlas comulgar todas”.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Ante una posible “falta de voluntad” para trabajar rápidamente las seis reformas, el mandatario no descartó aplicar una cuestión de confianza para “que la población no sea burlada”.

“Si en caso no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada”, sostiene.

Sobre esto, Vizcarra consideró que la cuestión de confianza deberá ser analizada en su momento. “(La cuestión de confianza) es parte de ello, pero hay que analizarla en su momento”, agregó.

REFORMAS JUDICIALES

Los seis dictámenes pendientes de aprobación abarcan normas que fomentan el acceso a la información y hoja de vida de jueces y fiscales, garantizan la probidad de los abogados, la creación de una Fiscalía Suprema Anticorrupción y el Consejo de Reforma de Justicia, así como la instalación de la Autoridad de Integridad y Control del Ministerio Público y Poder Judicial.

A finales de febrero el Congreso aprobó dos de las siete propuestas: la ley que elimina la participación del Ministerio Público en los procesos contenciosos administrativos, promulgada el 14 de febrero, y la ley que garantiza la probidad de los abogados. Sin embargo, esta última fue observada por el Gobierno una semana después y devuelta al Congreso debido a que la propuesta del Ejecutivo era solo para velar por la ética de los abogados, pero el Legislativo incluyó a todas las profesiones que laboran en el sistema judicial.

REFORMAS POLÍTICAS

En el mismo sentido, Quintanilla enfatizó en la reforma política que también está pendiente y es de su competencia.

“Así como Vizcarra pide que se aceleren las reformas judiciales pendientes a partir del referéndum, también tiene que remitir los proyectos de ley que harán viables las reformas políticas electorales que también le competen”.

Finalmente, acotó que el origen del entrampamiento está en el diseño constitucional que hay desde 1993.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Poder Judicial debe ser transparente en caso Odebrecht

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María de los Ángeles Álvarez

La jueza sin miedo, María de los Ángeles Álvarez, titular del Primer Juzgado Nacional del Sistema Nacional Especializado en Delitos de corrupción de Funcionarios, será la que revisará el acuerdo, importante prueba del proceso de megacorrupción que ha salpicado a personalidades e instituciones.

El Dr. Amoretti cree que pese a las presiones existentes se llegará a conocer toda la verdad. Lo mismo piensa el congresista Richard Arce. Sin embargo, no se puede negar que hay fuertes presiones que deberá enfrentar José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial, para defender su fuero.

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, dijo respecto al acuerdo: “Se ha concluido con el proceso de compaginación y foliado, que ha sido un trabajo bastante minucioso”. El 15 de febrero se firmó el acuerdo de colaboración eficaz, que sigue siendo objeto de intentos de boicot.

ESTO NO ES DE AHORA

“El juez preside una audiencia con la finalidad de escuchar tanto a los fiscales como al procurador para ver si aprueba o no el acuerdo. Cada uno va a exponer su punto de vista, por un lado los fiscales, por otro el procurador y el representante de Odebrecht”, dijo el Dr. Amoretti.

“En base a ello, la jueza da a conocer su determinación, si aprueba o desaprueba algunos de los puntos o en su totalidad. Desgraciadamente, para mí, esas presiones son de algunos políticos que no quieren que se conozca el nombre de los corruptos”, dijo de manera tajante.

“Esto no es de ahora. Recordemos lo que pasó en la época de Toledo, cuando en el Congreso pidieron los audios donde estaban comprometidos funcionarios, empresarios y políticos sobre todo, es decir congresistas que estaban comprometidos en la corrupción, y no pasó nada”, recordó.

QUE NO SE REPITA LA HISTORIA

“La realidad y lo concreto es que hay muchos intereses políticos para que no se conozca la verdad de los corruptos en el país. El monto de la reparación civil es muy poco. Pero si conseguimos que cien o doscientos involucrados y pedimos cinco millones a cada uno, se recupera el monto”, explicó el Dr. Amoretti.

“No creo que venga por el lado del presidente del Poder Judicial, Lecaros. La verdad, para mí, va a depender de la exposición de los fiscales y el Procurador para los efectos de combatir la corrupción”, concluyó el Dr. Amoretti.

QUE SE SEPA LA VERDAD

“Eso es muy importante para que de una vez se sepa la verdad. Espero que se pueda iniciar el acuerdo en sí, que se someta toda la información y saludamos que se apruebe”, dijo el congresista Richard Arce.

“Esperemos que no haya una traba ad portas de la declaración de Jorge Barata, que ayudaría bastante con el marco legal establecido para que pueda hacer sus declaraciones”, señaló.

“Hay mucho en juego, muchos intereses de grupos que quieren bloquear el proceso. Hay que estar al tanto, eso es lo más importante”, sentenció el parlamentario.

ALGO MÁS

“Esperemos que se pueda tener más información para que el proceso pueda caminar y que llegue a la Fiscalía la situación de los expresidentes y candidatos, la gente de peso y poder vinculados a estos casos de corrupción”, concluyó Arce.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Jaime Bayly acusa a Sumo Pontífice de guardar dinero de chavistas

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Jaime Bayly

En un programa de televisión emitido el 20 de marzo desde Miami, el escritor y presentador peruano Jaime Bayly afirmó tener información “de muy buena fuente” acerca de supuestas cuentas de dinero que personajes de la política venezolana tendrían en el Instituto para las Obras de Religión, coloquialmente conocido como el “Banco del Vaticano”.

“El Papa no emite bonos, no hay rendimiento a plazo fijo, pero tu dinero está seguro en el Vaticano”, ironizó el conductor. “Tal vez esto explique por qué el Papa no es demasiado severo en condenar la dictadura venezolana. Los ladrones chavistas ahorran en el Vaticano y el Papa les cuida el dinero. Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y Maria Gabriela Chávez tienen cuentas en el Vaticano”, agregó.

Según Bayly, Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de Banesco, la hija de Hugo Chávez cuenta con 851 millones de euros girados por HSBC, y Nicolás Maduro 859 millones de euros girados por Jacinth Finvest Limit. “Y dice haber sido conductor de autobuses y un obrero (antes de ser presidente)”, recordó el autor de “No se lo digas a nadie”.

Finalmente, Jaime Bayly terminó cuestionando al Sumo Pontífice: “Con todo respeto, le pregunto al papa Francisco: ¿Estos tres personajes tienen cuentas en la banca del Vaticano?”.

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