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Las tarifas eléctricas en lugar de bajar se incrementan

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Hay abusos contra consumidor regulado y ganancias eléctricas a pesar de la sobreoferta.

La tarifa eléctrica en nuestro país tiene tres componentes que reflejan a los distintos actores empresariales que interactúan en el sector. Por un lado, la parte de generación que constituye la más importante de la tarifa representando un poco más del 52 % del costo, donde compiten una serie de empresas por despachar primero en el sistema; éste componente en los últimos años se ha caracterizado por una creciente sobreoferta en la capacidad de producción de energía, la misma que ha sido inducida por la generosidad de las políticas del sector, es decir, del Estado, asegurando una rentabilidad sin mayores riesgos en la reserva fría, energía no convencional, nodo energético del sur etc. con subsidios varios, que en última instancia los asume el consumidor final, que somos los casi ocho millones de clientes regulados.

Lo curioso es que las tarifas eléctricas en lugar de bajar se incrementan en razón de las distorsiones que caracterizan al sector eléctrico, tal vez el sector más rentable de la economía peruana, después de las ganancias en el sector minero, a pesar del carácter de servicio público, y constituir un negocio ligado al mercado interno.

Por ello, si el PBI aumenta la demanda eléctrica y por tanto la producción se incrementa por lo menos 2 puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento del PBI. Por tanto, cuando se crecía en promedio a tasas del 6 % del PBI, la demanda de electricidad se disparaba por delante. En cambio, si crecemos a menos del 3% la demanda amengua y qué pasa con aquellas empresas que invirtieron en demasía en la generación con más unidades de potencia instalada, esperanzados en el destrabe de los megaproyectos mineros.

Recibos de luz energía eléctrica

Según los datos oficiales esta capacidad de oferta de energía bordea el 50% y se ha convertido en un problema económico para las empresas de generación que pueden ser hidráulicas si utilizan la fuerza de las aguas para generar energía, o de generación térmica si utilizan el gas natural para quemarlo como combustible, así también pueden consumir los derivados del petróleo como el diésel y petróleo residual.

Los otros componentes de la tarifa están constituidos por los costos de transmisión como por los costos de distribución, que configuran “monopolios naturales”, pues no es posible fomentar la competencia. Si usted vive en Lima Norte o Lima Sur por ejemplo, el suministro para un cliente regulado, una vivienda familiar es otorgado por Edelnor, que ahora se denomina Enel Distribución Lima, y Luz del Sur del grupo Sempra, que a pesar de las importantes utilidades operativas obtenidas están racionalizando personal, es decir, invitando al retiro a los trabajadores más antiguos, para contratar fuerza de trabajo a costos menores.

Sea como fuere los diversos voceros del sector señalan que la situación eléctrica es difícil en la presente coyuntura pues estarían ganando menos, por la fuerte competencia entre los generadores por abastecer en mejores términos a los clientes libres, sobre todo a las empresas que pueden negociar las tarifas eléctricas directamente con un generador y/o distribuidor eléctrico, el que le ofrezca la menor tarifa.

Es más, con los últimos cambios en la legislación sectorial en el mercado de corto plazo o “mercado spot” que antes era privilegio solamente de las empresas de generación representados por el cartel del COES-SINAC (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional), ahora podrían intervenir los grandes usuarios, es decir las grandes empresas para comprar directamente su electricidad, atraídos por los bajos precios de la electricidad en dicho mercado.

Tratando de ser comprendido por usted amable lector, según la normatividad del sector eléctrico en nuestro país existen tres mercados. El mercado regulado de baja tensión al cual pertenecemos los usuarios residenciales y de pequeño comercio. Luego está el mercado libre, conformado por menos de 400 empresas que compran directamente su energía a través de contratos de largo plazo, con las empresas de generación o distribuidoras. Por último, está el mercado de corto plazo, donde compran y venden electricidad las empresas de generación y no más de cinco grandes usuarios en la práctica, sobre todo mineras, que pueden negociar hasta el 10% de sus requerimientos de electricidad en el mercado “spot”.

Lo curioso es que a pesar de las múltiples quejas por la sobreoferta de capacidad de producción, las empresas siguen percibiendo grandes utilidades operativas y netas, las cuales serían mayores si se suman los montos que se deducen por concepto de depreciaciones y amortizaciones que se cargan a los costos de ventas pero que constituyen parte del flujo de caja, es decir forman parte del excedente económico.

Una distorsión que expresa la rentabilidad extraordinaria está en relación a los costos por megavatio hora (Mw/h) que tiene que pagar el usuario regulado que bordea los US$ 65 dólares el megavatio, mientras los clientes libres, es decir las grandes empresas pueden comprar su energía a precios menores a los US$ 30 dólares el Mw/h, incluso en el pasado reciente llegó a un costo de US$ 22 dólares el megavatio hora.

El problema para las empresas de generación que compiten en el mercado de corto plazo, el denominado mercado “spot” es que gracias a la sobreoferta de capacidad de producción el precio de la energía, que se expresa por el costo marginal, ha venido disminuyendo dramáticamente en los últimos meses. Como es un mercado altamente especulativo y todos quieren su tajada de la torta, compiten en una guerra de precios. Así el costo marginal que estaba a US$ 20 dólares por megavatio hora (Mw/h) ahora bordea casi la mitad para disgusto y preocupación de las empresas generadoras.

Así, esta realidad que debiera favorecer al cliente regulado por la propia naturaleza del negocio solamente privilegia a los clientes libres, es decir a las empresas que pueden abonar o pactar sus precios de energía a una tercera parte del precio pagado por los clientes regulados. ¿Dónde está el Osinergmin para ajustar las tarifas reguladas hacia abajo, si el diferencial con las tarifas de los clientes libres es mayor al 10%?

Principales empresas eléctricas con mayores utilidades operativas

UTILIDADES OPERATIVAS SUBEN POR ASCENSOR
En el cuadro “Las Principales Empresas Eléctricas con Mayores Utilidades Operativas” 2011-2016 en miles de soles, lo cual significa que debemos agregar tres ceros a las cifras para evitar malentendidos.

Con la información correspondiente hemos seleccionado a las principales empresas que operan en la actividad de generación, transmisión y distribución eléctrica, donde casi todas obtienen mayores utilidades operativas, que representa la utilidad como negocio en marcha, rentabilidad que sería mayor si se le suman los montos correspondientes a las depreciaciones y amortizaciones (Utilidad operativa más depreciaciones más amortizaciones es igual a la Generación Interna de Recursos GIR) que resulta ser el mejor indicador de la rentabilidad empresarial.

Como resulta evidente las primeras cuatros empresas en tener las mayores utilidades operativas, descontando a los ingresos los costos de venta, y los gastos de venta y gastos de administración, resultan estar representadas por Enersur ahora Engie Energía Perú, la estatal Electroperú, Edegel ahora denominada Enel Generación y Kallpa Generación del grupo Israel Corporation.

En el caso de Enersur del grupo Suez Energy las utilidades operativas en el período 2011 al 2016 pasan de ser 373 millones para ubicarse en 900 millones de soles, pese a la sobreoferta de capacidad de producción. Se puede decir que las utilidades de dicha empresa ascienden como la espuma de las cervezas.

La estatal ElectroPerú solamente por abrir y cerrar las compuertas de las centrales de Antúnez de Mayolo y Restitución en el río Mantaro en la región de Huancavelica, obtiene crecientes utilidades operativas en el período que van desde los 372 millones de nuevos soles en el 2011 para llegar a los 518 millones en el 2016.

En el caso de Enel Generación antes Edegel y Kallpa tienen utilidades operativas importantes gracias a los precios regulados del gas natural de Camisea proveniente del lote 88. El gas barato de Camisea les permite a Enersur, Enel Generación y Kallpa obtener utilidades extraordinarias, pues el negocio es comprar gas barato para sus turbinas y venden energía cara al sistema, e incluso ganan relativamente más vendiendo a los clientes libres.

Como se expresa en el cuadro a pesar del denominado momento crítico de las empresas eléctricas producto de la sobreoferta de capacidad de producción, menor crecimiento del PBI, subsidios tarifarios, las utilidades operativas de las empresas de generación, transmisión y distribución se incrementan a pesar de todo gracias a las distorsiones y abusos al consumidor a vista y paciencia del Osinergmin, supuestamente organismo regulador.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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