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Las nuevas sanciones a la Corporación Lindley

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Importantes utilidades y mezquinos salarios

Son tantas las faltas, abusos, discriminaciones, omisiones, perjuicios a los trabajadores sindicalizados que comete la Corporación Lindley, que desde setiembre del 2015 está bajo responsabilidad de la transnacional mexicana Arca Continental-Lindley, que esta parece ser la forma normal de hacer negocios en el país. En resumen, se aplica la política de “cholo barato” para minimizar no solamente los salarios, sino también para disminuir la participación de los trabajadores en las utilidades, a pesar de la bonanza lograda en el 2017.

En otras palabras, para aumentar el capital con mayores beneficios hay que exprimir a los trabajadores, cerrar plantas como la moderna unidad del Callao con un despido encubierto de “colaboradores” con generosos incentivos que se financian de los mismos “fondos salariales” generados por los propios trabajadores. También se valoriza el capital con compras-ventas de activos no estratégicos entre empresas vinculadas, todo con la finalidad de incrementar los costos y reducir las utilidades imponibles.

Así, también se trata de maximizar los privilegios de una posición de dominio con una información defectuosa y confusa sobre el contenido de azúcares en las bebidas, según la denuncia de la ONG ASPEC ante el Indecopi, y un aprovechamiento indebido de las ventajas frente a la debilidad de un Estado capturado, abonando por ejemplo pagos ridículos por el agua que se extrae de los pozos propios. ¡Abonar catorce céntimos de sol por mil litros de agua para fabricar la Coca Cola sería inconcebible en los Estados Unidos!

Estados Financieros Lindley S.A.

SANCIONES Y MULTAS RIDÍCULAS
No importa que los organismos reguladores del propio Estado, sea el Indecopi, sea la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) entre otras, establezcan sanciones a esta abusiva transnacional mexicana que tiene la exclusividad en el mercado local para el embotellamiento de las reconocidas bebidas Coca Cola, Inca Kola, Fanta, Sprite, San Luis controlando más del 67 % del mercado de gaseosas y bebidas.

Solamente en el 2017 Corporación Lindley tuvo que abonar más de 153 mil soles por la aplicación de 38 UIT por concepto de multas, sea por falta de idoneidad, productos riesgosos, según diversas resoluciones impuestas a esta poderosa transnacional que se jacta de sus prácticas de responsabilidad social.

Al respecto, cabe citar la última sanción impuesta por la Sunafil con fecha 27 de febrero del 2018 donde se le obliga a pagar a la Corporación Lindley dos multas equivalentes a 19.8 UIT más un 50% de la UIT por un valor de S/ 101 mil soles por grave discriminación a los trabajadores del sindicato Sinatrel, “en el libre ejercicio de su actividad sindical” y por incumplimiento en el “requerimiento de la adopción de medidas en orden al cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral”.

En verdad, son tan franciscanas por no decir tan ridículas las multas impuestas en el 2017 sea por el Indecopi como por la Sunafil que sumadas ambas hacen un total de un poco más de 254 mil soles, que frente a las utilidades netas obtenidas en dicho año que sumaron los 163 millones de soles, ambas multas no representaron ni el 0.155 % de las utilidades netas. ¡Así cualquiera!

Por ello esta abusiva y prepotente Corporación Lindley prefiere abonar las multas de los organismos reguladores, pues no constituyen correctivos ejemplares, más aún cuando se pondría en peligro la salud de los consumidores por procesar productos riesgosos y con falta de idoneidad, según el Indecopi.

BONANZA DE UTILIDADES
Esta forma de hacer empresa debiera ser cuestionada no solamente por el propio Estado sino también por los propios consumidores exigiendo el cumplimiento de las buenas prácticas corporativas y de respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores. Ello es más urgente y necesario cuando los resultados al 2017 en relación a los últimos cinco años demuestran un crecimiento sostenido, prueba de ello es el comportamiento de las utilidades operativas desde el 2013 al 2017.

Si se tiene presente que la utilidad operativa representa la utilidad resultante de restar a los ingresos los costos de ventas, más los gastos de ventas y administrativos, resulta un indicador importante para estimar la rentabilidad empresarial.

Así, la utilidad operativa en el 2013 pasa de ser los S/ 154 millones de soles, para escalar a los S/ 221 millones en el 2015, trepar a los S/ 531 millones en el 2016 y mantenerse sobre los 360 millones en el 2017, lo cual significa el segundo año de más alto nivel en toda la historia de la corporación.

Es más, si se compara el 2016 en relación al 2017 es evidente según el cuadro “Corporación Lindley S.A.: Resumen de los Estados Financieros 2013/2017” como se han incrementado los ingresos pasando de los S/ 2,499 millones de soles a S/ 2,514, superando de lejos los S/ 2,067 millones del 2013.

En el mismo sentido, la utilidad bruta que resulta de restar a los ingresos los costos de venta que incluye la depreciación y pago de servicios de terceros y compras a las empresas vinculadas, se incrementa pasando de los 912 millones de soles en el 2016 a más de 923 millones en el 2017.

Por último, la utilidad residual o utilidad neta en el período considerado 2013/ 2017 transita de una pérdida de 72 millones de soles en el 2013, que se reproduce en el 2015 con una pérdida de 89 millones de soles en razón de las pérdidas tributarias por las inversiones y ampliaciones realizadas, que generaron pérdidas contables en dicho año.

Dicho año 2015 resulta anómalo, perverso, desigual para los trabajadores pues ante los resultados negativos éstos no tuvieron derecho a la participación de utilidades, sin embargo graciosamente y generosamente la Corporación Lindley distribuyó S/ 39.9 millones de soles entre 60 altos funcionarios, directorio, y gerencia clave, una bonificación especial como reconocimiento.

Por ello, en el 2017 frente a una utilidad antes de impuestos del orden de los 241 millones de soles, esperamos que la participación de los trabajadores en las utilidades no sean enajenadas ni manoseadas, pues está demostrado que la bonanza y las mayores utilidades se explican por la privilegiada posición de mercado de la corporación y la explotación de la fuerza de trabajo.

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Política

Confesión de Yoshiyama fortalece a Fiscalía ante apelación de Keiko

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Jaime Yoshiyama Tanaka - Jorge Yoshiyama Sasaki

Ante la inminente vista de la apelación de la prisión preventiva de la jefa de fuerza Popular, Keiko Fujimori, la posición del Ministerio Público y del Primer Juzgado de Garantías Penales se ha fortalecido a raíz de la confesión de Jaime Yoshiyama y la ratificación del juez Richard Concepción como supervisor del “Caso Keiko”.

La suma que Jorge Yoshiyama dice que ayudó a “lavar” a su tío Jaime (800 mil dólares) es cercana al millón de dólares que Odebrecht confesó haber entregado entre el 2010 y 2011 a Fuerza Popular, precisamente a través del exministro Yoshiyama y de Augusto Bedoya. En esta línea solo falta la confirmación plena, porque indicios y testimonios, sobran.

Sin embargo, si Odebrecht no fue el origen, el elevado monto abonaría también a favor de la sospecha firme del fiscal Pérez Gómez de que, además de la empresa brasilera, FP habría recibido aportes ocultos de otras fuentes hasta por 900 mil dólares adicionales de dudoso origen.

Esa sospecha se funda en que la Fiscalía ha descubierto que entre junio y octubre de 2011, FP ocultó que había pagado en efectivo 2.2 millones de soles por publicidad electoral, existiendo aún otros 2.8 millones de soles de pagos pendientes por investigar.

De este modo, ya casi no está en discusión si hubo o no aportes ilícitos, si hubo delito o no, sino cuánto y de parte de quién o quiénes procedieron los fondos.

El letrado Luciano López declaró ayer que con lo dicho por Jorge Yoshiyama, está clara la comisión de un delito concreto que debe ser investigado y esclarecido caiga quien caiga. Es tan importante su revelación que el juez le ha puesto custodia policial permanente.

En el caso de equipo Lava Jato, lo ocurrido es un espaldarazo a su sistema de investigación y al uso de la delación premiada, la coerción de la detención preliminar y prisión preventiva, como medios de aproximarse a la verdad.

DEBILIDAD POPULAR

La confesión de Yoshiyama fue de alto grado que provocó casi el silencio de los locuaces portavoces del fujimorismo.

La parlamentaria Rosa Bartra que había proclamado que denunciaría penalmente al fiscal Pérez y al juez Concepción, por haber mentido respecto a supuestos documentos de la Comisión Lava Jato, reculó ayer y dejó en suspenso su acción.

Pero el Fiscal Pérez no perdió la oportunidad de responderle que con la confesión de Jorge Yoshiyama, queda claro que ni él ni el juez Concepción, mienten.

Por su lado, Carlos Tubino, portavoz fujimorista, se escudó en que las responsabilidades penales son individuales, dando a entender que Keiko Fujimori pudo no saber nada de esos tejes y manejes, por los que Jorge Yoshiyama y los demás responsables deberán responder por sus actos.

La tesis de que Keiko Fujimori no supo del lavado de dinero, fue esgrimida al mediodía por el abogado de Jaime Yoshiyama, quien habría decidido autoinculparse de lo confesado por su sobrino.

Y la misma tesis fue repetida, como un guión, después por el congresista Miguel Torres al decir que la confesión de Jorge Yoshiyama, llega hasta su tío Jaime Yoshiyama, pero no compromete a Keiko Fujimori, porque ella no supo nada del dinero sucio.

Los especialistas dicen que es característica típica de las organizaciones criminales que los segundos traten siempre de encubrir a los cabecillas, autoinculpándose y negando el conocimiento por parte de sus jefes.

Eso es improcedente, pues otra distinción de ese tipo de entidades es su organización vertical, de tal modo que dentro de ellas los jefes controlan hasta los suspiros y aplausos de sus subordinados, como en Fuerza Popular.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Mejía Lecca pide declarar ante fiscal pero el juez no lo deja

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Luis Mejía Lecca

El fiscal Lava Jato, José Pérez Gómez, ratificó su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Luis Mejía Lecca, el penúltimo de los presuntos miembros de la organización criminal keikista que el 2011 habría lavado fondos ilícitos ingresados a la campaña presidencial de ese año.

Para Pérez, el expersonero alterno y tesorero de Fuerza Popular, Mejía Lecca, fue un operador bajo las órdenes directas de Pier Figari y Ana Hertz, imputados como miembros de la cúpula de la organización criminal que se enquistó en el partido para captar dinero ilícito y lavarlo.

En ese sentido le imputó el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y debido a la intensa actividad que desarrolló, tanto en Lima como en el departamento de San Martín para tratar de que falsos aportantes siguieran mintiendo a la Fiscalía, el fiscal dedujo que es peligroso por su capacidad de obstruir la justicia.

QUIERE HABLAR ANTE FISCAL

En la corriente de quebrantamiento de amistades, lealtades y de casi un “¡sálvese quien pueda” de la prisión preventiva, tan pronto se supo que Jorge Yoshiyama había confesado para no ir a prisión, la defensa de Mejía Lecca solicitó al juez la suspensión de la audiencia para que su cliente haga declaraciones importantes ante el fiscal.

Sin embargo, un decidido juez Concepción Carhuancho rechazó la petición y ordenó la continuación de la audiencia.

En la tarde, antes de que Mejia haga su defensa personal, su abogado volvió a solicitar que se le permita declarar solo ante el fiscal, pero el juez mantuvo su decisión negativa.

Cuando todos esperaban que Mejía aprovechara la oportunidad para confesar, en su defensa trató de acusar al congresista Rolando Reátegui y a Jorge Yoshiyama de ser los únicos que han aceptado haber manejado dinero presuntamente negro y de haber reclutado falsos aportantes.

Hoy será debatido el último caso de Carmela Paucará, la secretaria personal de Keiko Fujimori Higuchi.

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Política

Núcleo “nikkei” keikista se hunde; los Yoshiyama lavaron US$ 800 mil

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Jorge Yoshiyama Sasaki

El núcleo “nikkei” de la supuesta organización criminal de Keiko Fujimori Higushi que infiltró a Fuerza Popular para lavar activos en la campaña del 2011, se quebró ayer con la espectacular confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, de que ayudó a su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, a introducir al sistema financiero 800 mil dólares de origen dudoso.

NO FUERON 100, FUERON 800 MIL

En el transcurso de la audiencia sobre la situación de Luis Mejía Lecca, la defensa legal de Jorge Yoshiyama aprovechó una pausa para solicitar al juez Richard Concepción Carhuancho que, debido a que su defendido había avanzado su confesión sincera un día antes ante la Fiscalía, lo tenga en cuenta para que solo le imponga comparecencia restringida y una caución de 50 mil soles.

Fue entonces que el fiscal José Pérez leyó parte de la declaración de Yoshiyama referida al blanqueo de 100 mil dólares.

Esto probablemente llevó a confusión a la defensa legal de Jaime Yoshiyama, a corroborar en el acto la supuesta versión de los 100 mil dólares, aventurando además la versión de que se trató de dinero lícito, por lo que no podría generar el delito de lavado de activos.

No obstante, eso quedó fuera de lugar cuando se supo que en realidad Jorge Yoshiyama había confesado que ayudó a su tío a lavar 800 mil dólares, tarea que empezó con 100 mil.

EL DERRUMBE DE JORGE

Tras la orden de prisión preventiva por 36 meses librada el sábado 10 contra Vicente Silva Checa, después de que su propio caso fuera debatido durante dos días, Jorge Yoshiyama Sasaki, se hundió.

El lunes 12, libre de audiencia, se presentó junto a su abogado ante el fiscal José Pérez Gómez y su adjunta Elvia Caro Izquierdo, en la División de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía y confesó su crimen:

Entre febrero y marzo del 2011, su tío Jaime Yoshiyama le pidió que buscara amigos pudientes para simular aportes a la campaña de Fuerza 2011 con dinero que empresarios que no deseaban aparecer públicamente le habían entregado, en efectivo.

Jorge Yoshiyama aceptó y reclutó a su amigo y vecino Giancarlo Bertini Vivanco.

LOS PRIMEROS 100 MIL

El día en que le dijo a su tío Jaime que ya tenía un aportante seguro, este lo llevó a su dormitorio y de una caja fuerte ubicada dentro del clóset sacó los primeros 100 mil dólares, los puso en una bolsa de plástico y se los entregó junto a unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011 y el número de cuenta del Scotiabank, en la cual debían realizarse los depósitos.

Jaime le dijo a Jorge que los depósitos deberían ser chicos, de menos de diez mil dólares para evitar el papeleo.

Del monto, Jorge Yoshiyama entregó a Bertini 50 mil dólares, “con las instrucciones correspondientes. Dos semanas después, Bertini le entregó los comprobantes de los depósitos.

Al recibirlos los comprobantes en su casa, su tío Jaime le pidió que consiguiera más aportantes falsos.

Entonces reclutó a su amigo Erick Matto Monge, quien aceptó y le consiguió dos colaboradores que firmaron los respectivos recibidos. Repitieron ese trámite cuatro o cinco veces.

FUERON 800 MIL

A estas alturas precisó lo siguiente: “Una vez cada dos semanas iba también a la casa de mi tío Jaime a recoger el dinero en efectivo. Desde marzo, que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero, hasta el final de la campaña, mediados de junio del 2011, he ido unas seis o siete veces a recoger dinero entre montos de cien mil y 200 mil dólares (…) No recuerdo bien pero han sido aproximadamente 800 mil dólares norteamericanos que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini, Erick Matto y algunos amigos míos, da esa suma, aproximadamente”.

Jorge Yoshiyama aclaró que inicialmente no supo quiénes eran las personas captadas por Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge.

Personalmente, él captó a Celso Dextre, Víctor Dextre, Henry Dávila, Rolando Ganoza, Luna Venero, Ronald Osorio y el congresista Miguel Castro Grández, entre los que se acordaba.

ALGO MÁS

En la audiencia de ayer el fiscal Pérez Gómez aceptó el planteamiento de la comparecencia, en vez de la prisión preventiva, para Jorge Yoshiyama, pero añadió la restricción de salida del país.

El juez Concepción se reservó su decisión.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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