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Las negociaciones colectivas entre empresas y trabajadores

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En las negociaciones colectivas entre las empresas y los trabajadores organizados en sindicatos, los dados están cargados a favor del capital, gracias a una política laboral vigente desde la dictadura fujimontesinista que constituye un lastre para la vigencia de una relación moderna entre el capital y el trabajo, la cual es fundamento de una sociedad democrática.

Expresión de ello son los renovados conflictos laborales, y el control del capital en el Ministerio de Trabajo y Fomento del Empleo, después de todo históricamente una mayoría de ministros del sector han pertenecido a los más reconocidos bufetes de abogados empresariales, como el actual ministro de Trabajo que proviene del directorio de la empresa cervecera Backus, la misma que acaba de despedir de un plumazo a más de 450 trabajadores aduciendo razones económicas.

Al final de cuentas la bendita competitividad se traduce en el fomento de las políticas laborales del “cholo barato”, en la expansión abusiva de la tercerización, con contratas laborales, jornadas atípicas de trabajo, con una mayor explotación de la fuerza de trabajo juvenil, con niveles salariales que no guardan correspondencia con la riqueza creada.

MINERÍA EN CUESTIÓN
En tal sentido, por ejemplo, sería importante construir una estadística económica laboral que nos ubique como país minero, la rentabilidad que tienen las empresas del sector y los niveles salariales a nivel mundial. Si somos, como se dice, un país líder en la producción minera ¿por qué ocupamos el puesto 84º en el índice de desarrollo humano (IDH) que se constituye en el indicador más confiable del desarrollo económico y social de los países?

Me explico, ahora que estamos próximos a la inauguración de la XXXIII Convención Minera- PERUMIN en la ciudad de Arequipa, sería interesante conocer el lugar que ocupan los salarios pagados en el sector minero que se desenvuelve en nuestro país en relación a los salarios pagados en USA, Canadá, Australia, Chile, México, Indonesia etc., según se trate de la minería de cobre, plata y oro.

Después de todo, una libra de cobre que supera actualmente los US $ 3 dólares o una onza de oro con un precio superior a los US $ 1,300 dólares en el mercado de Londres o Nueva York, materialmente tienen las mismas características físicas, peso y volumen, y tienen un precio internacional. Sin embargo cabe preguntarse ¿por qué es más rentable hacer minería en el Perú que en USA, Canadá o Australia?

Ello se explica por los franciscanos salarios mineros pagados en el Perú a pesar de la elevada rentabilidad, superior productividad del trabajo, pues la maquinaria y equipo con la cual se opera en la gran minería que se desenvuelve en el país es igual o superior en relación a la productividad del trabajo en los llamados países ricos.

Suscribo esto, pues la propaganda oficial y oficiosa nos señala que nuestro país es el primer o segundo productor mundial de plata en competencia con México, el segundo productor de cobre después de Chile, el tercer productor de zinc y plomo, el quinto productor mundial de oro, pero no se dice ¿cómo estamos y qué lugar ocupamos en los niveles salariales y en los accidentes fatales?

Después de todo, en nuestro país cada tres días ocurre un accidente fatal en la actividad minera lo cual constituye una realidad lacerante y expresión de las negativas condiciones de trabajo y seguridad. En estas perversas prácticas no se salvan las empresas de la gran minería que tienen varios “muertos en su haber” como Mra. Cerro Verde, Mra. Chinalco, Shougang, SPCC, por mencionar algunas.

Esta falta de reconocimiento a la contribución del trabajo en la creación de riqueza no ayuda a la construcción de una democracia moderna ni a la fortaleza de instituciones sociales sólidas que aseguren la modernidad de la sociedad peruana.

Es más, cabe interrogarse las razones por las cuales en otros países la actividad minera es fundamento, fuente y generadora de desarrollo económico mientras en nuestro país genera pasivos ambientales, tiene una serie de exoneraciones y beneficios tributarios, y sobreexplota la fuerza de trabajo asalariado. Es decir, la minería se convierte en fuente de un crecimiento perverso y empobrecedor.

Hay empresas prósperas que pagan miserias al trabajador.

Hay empresas prósperas que pagan miserias al trabajador.

JUSTIFICAR LOS AUMENTOS SALARIALES
Por el bien de la democracia, es importante fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos y de los organismos superiores (CGTP, CTP, CUT) para mejorar las condiciones de trabajo y alcanzar el incremento de los salarios reales, ello significa que los niveles salariales deben superar la tasa de inflación anual o la tasa acumulada si es que se ha pactado por un período superior al año.

En tal sentido constituye una pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores si se pactan acuerdos colectivos donde el incremento salarial al básico está por debajo de la inflación acumulada. Por ello se recomienda por lo menos recuperar el poder adquisitivo perdido por el incremento promedio de los precios de los bienes y servicios (inflación) y negociar los incrementos salariales en función del posicionamiento económico de las empresas, la productividad del trabajo y sobre todo de la rentabilidad empresarial.

Por ello es importante reconocer los aspectos positivos del Dictamen Económico Laboral elaborado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, pues nos permite captar y reconocer la situación económica financiera de las empresas que operan en las diversas ramas y sectores en el país.

Una libra de cobre supera los 3 dólares en N.York o Londres pero en Perú el salario de un minero es miserable.

Una libra de cobre supera los 3 dólares en N.York o Londres pero en Perú el salario de un minero es miserable.

DICTAMEN LABORAL CON LIMITACIONES
El Dictamen permite conocer y destacar los principales indicadores financieros de la empresa, como son los ratios de liquidez, gestión, solvencia y rentabilidad. Debiera ser evidente que si una empresa aumenta sus ingresos generando importantes utilidades brutas, operativas y netas, el referido documento debiera fortalecer la capacidad negociadora de los sindicatos.

Si bien por las conocidas limitaciones presupuestales del Ministerio de Trabajo, la elaboración del Dictamen Económico Laboral toma su tiempo, constituye un instrumento valioso, pues valoriza objetivamente el pedido de los trabajadores ante la empresa. Es decir, se estima el incremento en el costo laboral a partir de la información económico-financiera proporcionada por la propia empresa.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues el propio Dictamen Económico Laboral adolece de una serie de limitaciones de carácter técnico-económico en razón de la complejidad de las relaciones productivas y financieras en una economía cada vez más globalizada.

Lamentablemente el Dictamen Económico Laboral no hace referencia a una serie de aspectos necesarios para evaluar la situación económica, financiera y laboral de toda empresa.

Así, se ignora la posición de mercado en el sector o industria donde se desarrolla la empresa, el lugar en la generación de ingresos entre las 10,000 empresas que operan en el país. Es más, al no analizar la tendencia histórica no se capta el crecimiento patrimonial de las empresas, los mejores y mayores ingresos, las utilidades respectivas, y la generación interna de recursos como expresión del flujo de caja.

Siempre hemos sostenido que así como se fortalece el patrimonio empresarial debiera también crecer el patrimonio de los trabajadores, en el marco de una política de “gana-gana”, pues el éxito de la empresa debe reflejarse en el mayor bienestar de sus trabajadores.

Tampoco se analizan en los dictámenes laborales los grados de concentración empresarial y la dinámica de los Grupos Económicos en un mercado altamente concentrado como el peruano, donde unas pocas empresas y familias explican la mayor participación en los ingresos por ventas, activos, utilidades y patrimonio.

Después de todo, junto al poder de las empresas transnacionales minero energéticas, los dueños del Perú son los Grupos Romero, Brescia, Rodríguez Pastor, Rodríguez Banda, Benavides, Graña y Montero, Miró Quesada, Belmont y los grupos económicos emergentes entre otros.

En el mismo sentido, el referido dictamen evade el análisis de las transacciones entre las empresas matrices, con sus filiales y vinculadas donde se pactan acuerdos de compra/venta como hace la mexicana Arca Continental-Lindley principal empresa embotelladora y distribuidora de bebidas no alcohólicas, con un control del 67 por ciento del mercado, donde un 40 por ciento de sus compras que se cargan en el costo de ventas, las realiza con empresas vinculadas importando aditivos, e ingredientes para la elaboración de sus bebidas. Es más, la referida transnacional a pesar de las millonarias utilidades que obtiene en el mercado peruano oferta miserables aumentos salariales a sus trabajadores.

En conclusión, los incrementos salariales y las mejores condiciones de trabajo deben estar en función de la posición de mercado de las empresas, de la productividad del trabajo en relación a la creación de la riqueza, y sobre todo de las utilidades reales que obtienen las empresas, pues ante un Estado débil, lo cierto y evidente es que las mismas le sacan la vuelta al fisco, a los trabajadores y a los consumidores.

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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