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Las mineras y las tierras

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Incas cosechando chacras

35% de las tierras de comunidades campesinas tienen superposiciones de concesiones mineras.

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de Reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de Reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades está marcada por la violencia y discriminación, pero además, son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 23% de todo el territorio nacional a pesar que cada día se ejerce una presión sobre sus territorios, pero además de eso producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común en el Perú sobre comunidades campesinas; el todo el territorio nacional hay 6 299 comunidades de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina; Puno es el departamento con más comunidades campesina 1304; la comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. ubicada en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias del 23% de territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en zonas andinas y por tanto la principal presión sobre estas comunidades es la minería, que se inicia con el conocido “denuncio minero” y posterior concesión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con la que comunidad campesina son despojados de sus tierras.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado, esto se puede ver a través de un moderno catastro, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, organizaciones privadas han suplido el vacío con esta información se llega al dato que aproximadamente el 35% de las tierras de comunidades tienen superposiciones de concesiones mineras.

En la práctica esto significa que muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%.

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido como Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de destruir comunidades.

Estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero bueno esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones mineras afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente la sentencia de las comunidades de Atuncolla en Puno, donde se menciona que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos restringe el ejercicio de la propiedad, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales sin aplicar el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento para aprender hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en las leyes nacionales.

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Política

Acorralado, Congreso apura el paso para eludir cuestión de confianza

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Daniel Enrique Salaverry Villa y congresistas de fujimoristas de Fuerza Popular

En la confrontación por la demora intencional de las reformas judicial y política, agudizada anteayer por la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, el Congreso reaccionó aprobando con inusitada velocidad dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empezó a discutir la referida a la bicameralidad

Sin embargo, paralelamente a esta línea de aparente cumplimiento veloz, la presidencia del Congreso, a través de la Junta de Portavoces, empezó a desplegar otra línea de contención ante la cuestión de confianza y su consiguiente opción de la disolución en caso de que esta sea rehusada.

Una escopeta de dos cañones que trata de demostrar que no es necesaria ninguna cuestión de confianza para obligar al Congreso a que acelere su trabajo y que el camino escogido por el presidente Vizcarra es improcedente y supuestamente atropella la autonomía del Legislativo y la independencia de poderes.

La jornada congresal se inició poco después de las nueve de la mañana con la reunión urgente de la Junta de Portavoces la que, a eso de las once de la mañana, culminó acordando lo siguiente:

ACUERDO UNO

Discutir en el Pleno los dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con celeridad sorprendente por las comisiones de Constitución y de Justicia, las mismas que la semana pasada se habían entrampado, debido a desacuerdos aparentemente irresolubles.

ACUERDO DOS

Responder, ayer mismo, mediante un escrito, el Decreto Supremo Nº 097- 2018-PCM con el cual el presidente Vizcarra convocó a sesión extraordinaria del Congreso para mañana miércoles, para que reciba el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de ministros, respecto a:

“Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada medianteDecreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

ACUERDO TRES

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocará de oficio (o sea por su cuenta, sin tomar en cuenta la convocatoria constitucional del Jefe del Estado) al primer ministro César Villanueva para que mañana miércoles a las 9 a.m. explique al Pleno la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra como forma de presión para acelerar las reformas y el referéndum.

ACUERDO CUATRO

El Congreso se compromete a aprobar hasta el 4 de octubre los cuatro proyectos de reforma constitucional: la reorganización del CNM, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y el control al financiamiento privado a partidos políticos.

SEGUNDO PEDIDO DE CONFIANZA

En medio de duras críticas de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo al DS 097, por supuestas fallas de “fondo y forma”, los observadores esperaban que la presidencia del Congreso rechazara la convocatoria del Jefe del Estado a la sesión extraordinaria de mañana y optara por convocar al Pleno al premier Villanueva solo a explicar, pero no a presentar la cuestión de confianza, en el contexto de que el reglamento del Congreso impide la presentación de este mecanismo de control político.

Sin embargo, al parecer el régimen de Vizcarra le ganó en velocidad al legislativo, puesto que mientras la Junta de Portavoces se reunía, el premier César Villanueva envió el oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, al presidente del Legislativo Salaverry, remarcándole que el pedido de confianza planteado por el presidente Vizcarra es el segundo, con todo lo que eso significa.

Villanueva no fue delicado en su oficio. Acusó al Congreso de haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos presentados y dejó en claro que este segundo pedido de confianza no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso. Así mismo, pidió que el Pleno reciba al Consejo de Ministros a las 8 de la mañana del miércoles 19.

Es posible que esta comunicación haya frustrado la aplicación del acuerdo dos de la Junta de Portavoces y que la presidencia del Congreso haya preferido contemporizar la confrontación decidiendo a nivel de su partido Fuerza Popular, principal opositora del régimen, que sus delegados asistan a la reunión convocada por el Jefe del Estado con los portavoces de las bancadas legislativas, a las 5 pm en Palacio.

VA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al mediodía, luego de la Junta de Portavoces, la congresista fujimorista Ursula Letona, declaró que el DS de convocatoria a sesión extraordinaria de Vizcarra, tiene errores e interpretaciones “inconstitucionales”. Su colega de bancada, Alejandra Aramayo, se atrevió a decir que el dispositivo contiene “infracciones constitucionales”.

Sin embargo, al término de la reunión palaciega, cerca de las siete de la noche, Mauricio Mulder informó que la reunión con el Presidente había sido positiva y que tal como se habían desarrollado los acontecimientos, no veía problema para que el Congreso concediera la confianza que mañana solicitaría Villanueva.

Letona, en la misma línea dijo que explicaron al Presidente el avance de las reformas, que de la confianza nadie habló en la reunión y que el premier Villanueva y el gabinete serían bien recibidos y escucharían sus razones respecto a su pedido de confianza.

REGRESO DEL SENADO

En tanto lo anterior ocurría en la Plaza de Armas, en el Congreso, presos de una energía nunca antes vista, los miembros de la Comisión de Constitución entraron al debate del segundo punto de la reforma política: la bicameralidad o la creación de la cámara de senadores.

Sobre el tema, si no lograban ponerse de acuerdo ayer, podrían hacerlo en las primeras horas de hoy, de tal modo que el Pleno podría debatir dos de las cuatro reformas propuestas por Vizcarra.

LAS MÁS DIFÍCILES

Si esto ocurre, quedarían pendientes las reformas más problemáticas en función de los intereses personales de los congresistas y los de sus agrupaciones: la no reelección de los legisladores, la que tiene más apoyo ciudadano, por el desprestigio del Legislativo, y el financiamiento de las organizaciones políticas, tema intocable para el fujiaprismo.

No obstante, el propio presidente del Congreso había establecido el 4 de octubre, como fecha máxima de aprobación de todas las reformas.

ALGO MÁS

Sin embargo, en el Congreso hubo absoluto silencio sobre el referéndum, sobre todo en la oposición parlamentaria, y sobre su fecha de realización, el sábado 8 de diciembre.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Cardenal, regiones y Poder Judicial apoyan a Vizcarra

Publicado

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Pedro Barreto

Personalidades políticas, religiosas y representantes de otros poderes del Estado, se sumaron al sólido respaldo ciudadano que recibió la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear ante el Congreso la cuestión de confianza respecto a las reformas judicial y política, que tienen como objetivo frenar y reducir el alto nivel de corrupción que afecta al país.

De la curia católica expresaron su apoyo el cardenal Pedro Barreto y el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga hizo lo mismo, así como también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que emitió un pronunciamiento en ese mismo sentido.

EL CARDENAL

En una entrevista a la agencia de prensa alemana, Deutsche Welle, el cardenal Barreto dijo que la cuestión de confianza planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es una expresión altamente democrática.

Añadió que la medida apunta a“conseguir lo más pronto posible plasmar medidas que tiendan a la reducción del alto nivel de cuestionamiento a los poderes Legislativoy Judicial, por el tema de la corrupción, añadiendo que el mandatario cuenta con el respaldo total de la Iglesia para realizar las reformas.

PRESIDENTE DE CEP

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, felicitó al mandatario Vizcarra, vía Twitter, por la iniciativa de la cuestión de confianza, por considerarla una acción necesaria y fundamental para luchar contra la corrupción destapada desde julio a través de los “CNM audios”.

El religioso escribió: “Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al presidente Martín Vizcarra por su mensaje en el que plantea la cuestión de confianza al Congreso para la reforma del sistema judicial y político en la lucha contra la corrupción.

PODER JUDICIAL

En la coyuntura también se manifestó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, al lado del mandatario Martín Vizcarra, expresando su esperanza de que la cuestión de confianza acelere las reformas y contradijo a quienes califican al Jefe del Estado de golpista, y señaló que eso está fuera de lugar.

Ante los medios de prensa dijo: “El Poder Judicial sigue con la expectativa de que estas propuestas legislativas deben tener un resultado”.

“Confío en que lo que viene aconteciendo en estos dos últimos días debe llevarnos a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado a entender que hay una perspectiva a nivel nacional para que se dé un plazo razonable a los cambios que la justicia espera”, añadió.

GOBIERNOS REGIONALES

En el marco de los lineamientos institucionales sobre la encrucijada nacional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dio en un comunicado su “total respaldo al señor presidente Martín Vizcarra por la decisión de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, a efectos de iniciar la ansiada reforma judicial y política, que toda nuestra nación peruana requiere y así lo exige”.

URRESTI

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, también felicitó al jefe del Estado Martín Vizcarra por la decisión tomada. “Felicitaciones, señor Presidente. Luchemos realmente contra la corrupción apañada y defendida por la ‘Sra. K’”, escribió el polémico general en Twitter.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Titular del TC pide serenidad ante situación

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Ernesto Blume

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, hizo un llamado a la serenidad y a continuar con la búsqueda de consensos, tras la presentación de la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso para aprobar la reforma política y judicial.

“Quiero hacer un llamado a la serenidad, al diálogo y a la búsqueda de consensos para superar esta situación; el sistema constitucional es un sistema potente que permite solucionar todos los problemas que se puedan presentar”, afirmó.

“El Perú es capaz de solucionar cualquier problema”, dijo a la prensa tras exponer el presupuesto del tribunal para el próximo año.

Blume destacó que el Perú cuenta con 23 años de democracia continúa y la sucesión de siete presidentes, en el marco de la Constitución.

“Debemos seguir siempre pensando en la unidad, con serenidad, una apertura al diálogo y un espíritu real de búsqueda de consenso”, explicó.

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