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Las mineras y las tierras

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Incas cosechando chacras

35% de las tierras de comunidades campesinas tienen superposiciones de concesiones mineras.

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de Reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de Reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades está marcada por la violencia y discriminación, pero además, son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 23% de todo el territorio nacional a pesar que cada día se ejerce una presión sobre sus territorios, pero además de eso producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común en el Perú sobre comunidades campesinas; el todo el territorio nacional hay 6 299 comunidades de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina; Puno es el departamento con más comunidades campesina 1304; la comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. ubicada en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias del 23% de territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en zonas andinas y por tanto la principal presión sobre estas comunidades es la minería, que se inicia con el conocido “denuncio minero” y posterior concesión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con la que comunidad campesina son despojados de sus tierras.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado, esto se puede ver a través de un moderno catastro, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, organizaciones privadas han suplido el vacío con esta información se llega al dato que aproximadamente el 35% de las tierras de comunidades tienen superposiciones de concesiones mineras.

En la práctica esto significa que muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%.

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido como Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de destruir comunidades.

Estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero bueno esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones mineras afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente la sentencia de las comunidades de Atuncolla en Puno, donde se menciona que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos restringe el ejercicio de la propiedad, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales sin aplicar el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento para aprender hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en las leyes nacionales.

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Política

Exigen información sobre salud de Alberto Fujimori

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

Carlos Rivera, abogado de los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, presentó un pedido ante el Poder Judicial para que la clínica Centenario remita un informe oficial sobre el diagnóstico de salud del exdictador Alberto Fujimori, y se resuelva su situación legal.

Para Rivera es importante conocer la situación real de la salud, pues son sólidas las sospechas de que estaría internado para eludir la acción de la justicia que dispone su internamiento a la cárcel.

Refirió que las autoridades judiciales deberán solicitar información a la clínica Centenario o pedir que un representante del Instituto de Medicina Legal (IML) visite el mencionado centro médico y se elabore un informe médico actualizado de la salud de Fujimori.

RECURSO

“El pasado miércoles hemos presentado este recurso ante el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca y esperamos que se emita un informe en el más breve plazo”, destacó.

Alberto Fujimori permanece internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre desde el pasado 3 de octubre luego de la decisión del Poder Judicial de anular el indulto humanitario concedido por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

Recientemente, diversos medios de comunicación difundieron un video en el cual se observa a Fujimori Fujimori desconectarse sin ayuda las sondas de suero para levantarse de la cama, lo cual demostraría su buen estado de salud.

NO SE SABE

Rivera anunció que ya han pasado cinco semanas del internamiento de Fujimori en la clínica Centenario y hasta el momento no se sabe la situación real del estado de salud.

“Esperamos que se nos notifique a corto plazo porque han pasado cinco semanas y no tenemos información, se debe tomar carta en el asunto, la opinión pública exige que se dé una información clara al respecto”, aseveró.

Refirió que sobre Fujimori pesa la orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, que dispone la ubicación y captura del exmandatario.

DE NUEVO NAKAZAKI

Ante la renuncia del abogado Miguel Pérez Arroyo, el exdictador comunicó mediante sus redes sociales que Nakazaki volverá a asumir su defensa legal en los casos que tiene pendiente.

Indicó que el abogado César Nakazaki volverá a ser parte de su defensa legal. Ello luego de la renuncia de Miguel Pérez Arroyo, quien estuvo al frente de su caso por el indulto humanitario.

“A partir del día de hoy he encargado al doctor César Nakazaki asumir mi defensa legal en los casos que tengo pendientes”, escribió. Fujimori agradeció además el apoyo profesional de Nakazaki por el “momento tan complejo” que atraviesa su familia.

Pérez Arroyo indicó también en su cuenta de Twitter que dos meses atrás le sugirió a Fujimori conseguir a otro abogado y que seguiría viendo sus casos hasta que este tuviera otra defensa. El abogado estuvo al frente del caso Pativilca por el que se juzga al expresidente.

César Nakazaki fue abogado de Alberto Fujimori durante el juicio de los casos Barrios Altos y La Cantuta por los cuales recibió una condena de 25 años de prisión.

ALGO MÁS

Nakazaki, además, está a cargo de la defensa de los expresidentes Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, y de la ex primera dama, Nadine Heredia.

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Política

Salvador Heresi renunció

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Salvador Heresi

Salvador Heresi, legislador de Peruanos Por el Kambio (PPK), anunció su renuncia irrevocable a su bancada. Sin embargo aseguró que mantendrá su militancia.

“Hoy he comunicado a los miembros de la bancada de PPK mi renuncia irrevocable a la misma. Discrepancias en la conducción de la misma motivan la presente”, informó Heresi.

Señaló que su posición en el Congreso “será institucional” coordinada con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del partido. “Mantengo mi militancia”, manifestó.

La decisión se hará oficial el lunes, (hoy) según aseguró Heresi. Las discrepancias a las que hace referencia han tenido que ver en parte con Gilbert Violeta, según comunicó.

Esta decisión se suma a la del legislador Guido Lombardi quien también había renunciado a la bancada oficialista argumentando que desde este lugar no era posible darle “el apoyo que merece” al presidente Martín Vizcarra.

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Política

Equipo especial de la policía para Lava Jato

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Policías en fila

El ministro del Interior, Carlos Morán, indicó que, como una de las medidas que ayuden a la lucha contra la corrupción, ha ordenado la creación de un equipo especial policial para que apoye en las investigaciones de la Fiscalía en el caso Lava Jato.

Es por ello que, explicó, los equipos especiales en la Policía Nacional han tenido relativo éxito en la lucha contra el crimen organizado, como es el caso reciente de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Yo tengo que anunciar que he dispuesto la formación de un equipo especial de investigación policial para apoyar el caso Lava Jato ante el requerimiento del Ministerio Público. El caso más emblemático de la región en megacorrupción va a tener el soporte de pesquisa de la policía operativo para apoyar a la Fiscalía en las investigaciones que están realizando”, manifestó.

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