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Las mineras y las tierras

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Incas cosechando chacras

35% de las tierras de comunidades campesinas tienen superposiciones de concesiones mineras.

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de Reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de Reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades está marcada por la violencia y discriminación, pero además, son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 23% de todo el territorio nacional a pesar que cada día se ejerce una presión sobre sus territorios, pero además de eso producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común en el Perú sobre comunidades campesinas; el todo el territorio nacional hay 6 299 comunidades de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina; Puno es el departamento con más comunidades campesina 1304; la comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. ubicada en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias del 23% de territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en zonas andinas y por tanto la principal presión sobre estas comunidades es la minería, que se inicia con el conocido “denuncio minero” y posterior concesión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con la que comunidad campesina son despojados de sus tierras.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado, esto se puede ver a través de un moderno catastro, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, organizaciones privadas han suplido el vacío con esta información se llega al dato que aproximadamente el 35% de las tierras de comunidades tienen superposiciones de concesiones mineras.

En la práctica esto significa que muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%.

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido como Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de destruir comunidades.

Estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero bueno esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones mineras afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente la sentencia de las comunidades de Atuncolla en Puno, donde se menciona que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos restringe el ejercicio de la propiedad, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales sin aplicar el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento para aprender hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en las leyes nacionales.

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Política

Escandaloso fallo favorece a la corrupción

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Richard Concepción Carhuancho

El fujiaprismo vive sus horas más difíciles pero eso no quiere decir que ya se haya diluido su poder en la estructura de justicia, que les ha lanzado un salvavidas con la separación del juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación por lavado de activos a Fuerza Popular.

Porque la mafia sigue moviendo sus hilos aunque tengan a todo un país en contra, según se refleja en importantes opiniones recogidas por Diario UNO.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró que acciones como el apartamiento de Carhuancho son un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción.

“Lamentamos mucho que un prófugo de la justicia (Jaime Yoshiyama), mediante su abogado (Humberto Abanto), pueda tener tanto poder. Eso nos indica que hay claros indicios que todavía el Apra y el fujimorismo continúan manejando el Poder Judicial”, aseguró.

Indicó que esto significa un atraso enorme, porque la nueva jueza tendrá que conocer todo el expediente, y a los investigados les permitirá preparar una estrategia que más les convenga.

QUE HABLE LA CALLE

“Y poner de pretexto que el juez Carhuancho se expresó de manera inadecuada realmente solo ellos lo creen, por eso espero que las marchas continúen y que este sistema de justicia de ponga en orden”, agregó.

Afirmó que “la declaración del juez Carhuancho que dijo que Fuerza Popular, además del Apra, tiene capturado el Ministerio Público es una expresión que la compartimos todos los peruanos”.

NO ESTÁ JUSTIFICADA

Maritza García, parlamentaria de Cambio 21, declaró a Diario UNO que es una decisión que no se ajusta a la ley, porque cuando nuestro ordenamiento procesal penal establece las causales y otras circunstancias, obviamente estas tienen que demostrar los actos de un juez imparcial.

“En este caso el juez ha transmitido públicamente parte de un hecho que ya estaba en una resolución judicial, y ha dicho lo que todo el Perú conoce, que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular”, afirmó.

Aseguró que no considera que decir eso sea una causal válida, objetiva y suficiente para apartar a un magistrado probo que estaba tocando a los peces gordos.

LAMENTABLE

Dijo que los avances de la investigación son un hecho histórico “porque jamás en el país hemos podido derrotar a la corrupción y cuando estamos por encerrar a los peces gordos suceden estas cosas. Es lamentable porque es un revés para la lucha contra la corrupción, al menos en esta coyuntura política es una mala decisión”.

Para García es un malestar que lo advierte la población que sigue protestando porque el juez Carhuancho se ha caracterizado por ser un juez objetivo y probo, no tendría porqué costarle el puesto la citada declaración.

“Y la mejor prueba de que Fuerza Popular tenía tomado el Ministerio Público es el blindaje al señor Chávarry durante tanto tiempo y ha tenido que ser la presión de la ciudadanía que ha logrado su alejamiento del cargo”, añadió.

PERJUDICA LAS INVESTIGACIONES

Alberto Quintanilla, legislador de Nuevo Perú, declaró que aunque el juez Carhuancho haya cometido alguna falta o alguna declaración no conveniente, no justifica el apartamiento porque él es el juez natural al que le corresponde encargarse del proceso.

“El apartarlo lo que hace es perjudicar las investigaciones y el juzgamiento de los presuntos actos de corrupción que hay en el caso de Odebrecht. Es un mal precedente porque debilita la lucha contra la corrupción que se ha estado librando con firmeza”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Sentencia equivocada

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Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, declaró a Diario UNO que “en este caso, Carhuancho se exponía innecesariamente pero desde mi punto de vista es una sentencia equivocada aunque con Carhuancho uno puede discrepar y siento que es un juez demasiado canero, que regala las prisiones preventivas, que es una medida extrema”.

Manifestó que no cree que Carhuancho haya demostrado ser parcial, “al contrario es un juez muy imparcial, es decir mete presos a todos, a Ollanta Humala o a Keiko Fujimori, no se le puede acusar de que es un juez parcializado. Eso sería injusto y por tanto, viendo su actuación, me parece que es una sentencia equivocada esta que lo ha sacado de estos casos tan importantes”.

“Y tengo algunos reparos por la trayectoria que he visto de la nueva jueza, que tiene unos fallos que no me parecen tan buenos, como los favorables a Félix Moreno. Ojalá este cambio no tenga ningún efecto en el caso cocteles, porque estará bajo el ojo de todos, porque supuestamente el cambio está hecho para eso”, añadió.

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Política

Estrategia para liberar a Keiko

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Keiko Fujimori detenida sonriendo

Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que es más que evidente que se ha ejecutado una estrategia de desplazar al juez Carhuancho para crear mejores condiciones para que Keiko y su entorno puedan salir de la prisión y liberarse de los procesos que tienen.

“Las declaraciones de Carhuancho han sido apresuradas en las circunstancias en que él se encontraba pero reflejan un sentimiento nacional que en el momento en que declara no significaba un adelanto de opinión sino que corroboraba algo que era absolutamente diferente”, destacó.

Además, agregó: “La Sala de Apelaciones debió evaluar las consecuencias de sacar a un juez que tiene continuidad y conocimiento del caso y que es emblemático, de enorme repercusión nacional y de mucha trascendencia en la lucha contra la corrupción. Y lo han sacado de manera apresurada, sin audiencia pública”.

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