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Las mineras y las tierras

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Incas cosechando chacras

35% de las tierras de comunidades campesinas tienen superposiciones de concesiones mineras.

En el siglo XVI el virrey Toledo crea los pueblos de Reducción, con la idea de “reducir”, a los indígenas que estaban dispersos por la mortandad que trajo la colonización salvaje. En esos pueblos de Reducción se estableció una legislación donde se les otorgaba un área de reserva comunal para su crecimiento demográfico y un área para producir y pagar un tributo.

De este modo, se produce la comunidad de indígenas con un territorio delimitado, reconocido y protegido por el Estado, con sus propias autoridades, costumbres, prácticas y tecnologías, que mucho tiempo después en la Constitución Política de 1920 son reconocidas legalmente como comunidades indígenas y en 1969 su nombre es cambiado por comunidades campesinas con la finalidad de reivindicar su legado.

La historia reciente de nuestras comunidades está marcada por la violencia y discriminación, pero además, son muy poco estudiadas, sin embargo, si hay algo que no se pude negar es que las comunidades campesinas son la expresión concreta, jurídica e histórica de los pueblos indígenas y originarios del Perú con una riqueza cultural infinita.

Hoy las comunidades campesinas son propietarias y poseedoras de aproximadamente el 23% de todo el territorio nacional a pesar que cada día se ejerce una presión sobre sus territorios, pero además de eso producen la mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades, más del 70% son productos de la agricultura familiar que es mayoritariamente comunal.

Según un reciente estudio del Instituto del Bien Común en el Perú sobre comunidades campesinas; el todo el territorio nacional hay 6 299 comunidades de las cuales 5 789 (92%) se encuentran ubicadas en la zona andina; Puno es el departamento con más comunidades campesina 1304; la comunidad campesina más grande es Huancasancos con 250.000 ha. ubicada en Ayacucho y una de las más pequeñas es Orcotuna en Junín con 11.18 ha.

Siendo propietarias del 23% de territorio nacional, y sabiendo que en nuestro país existe una gran dependencia económica por la exploración y extracción de minería metálica que se asienta en zonas andinas y por tanto la principal presión sobre estas comunidades es la minería, que se inicia con el conocido “denuncio minero” y posterior concesión minera.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico- INGEMET es la institución que otorga el derecho de concesión minera, que según la ley general de minería es un derecho que se da al titular para la exploración y explotación de recursos minerales que están en el subsuelo de un territorio; sea el territorio de quien fuese lo que hay allí abajo es patrimonio de la nación y le pertenece al Estado. A partir de ahí es harto conocida la historia de despojo y desigualdad con la que comunidad campesina son despojados de sus tierras.

Si bien la entrega de concesión minera no significa necesariamente que se va extraer un mineral, lo cierto es que al ver posibilidades restringe el derecho de uso, goce, disfrute y disposición de la propiedad. Además, el procedimiento de concesión es sumamente sencillo, eso hace que a diciembre del 2017 según INGEMET el 14% del territorio nacional esta concesionado, esto se puede ver a través de un moderno catastro, sin embargo, el Estado no tiene información cierta y actualizada de las comunidades campesinas, organizaciones privadas han suplido el vacío con esta información se llega al dato que aproximadamente el 35% de las tierras de comunidades tienen superposiciones de concesiones mineras.

En la práctica esto significa que muchas comunidades están total o parcialmente superpuestas por concesiones, es el caso de la comunidad campesina de Chila Chila (Arequipa) cuyo territorio comunal esta superpuesto en un 95%.

El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido como Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de destruir comunidades.

Estas prácticas se han normalizado, cuestionarlas te convierte en un anti-desarrollo, incluso en tiempos del derecho de consulta previa, proceso que hoy se ha convertido en simple trámite, desnaturalizando su finalidad. Como es lógico todo esto, deviene en el surgimiento de conflictos sociales y territoriales con poblaciones afectadas; además de serios impactos en la degradación de la naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran los procesos de cambio climático; pero bueno esto a casi nadie del Estado le importa.

Lo cierto es que las concesiones mineras afectan el uso de la tierra y territorio de las comunidades, lo que dan cuenta diversos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente la sentencia de las comunidades de Atuncolla en Puno, donde se menciona que las concesiones mineras afectan el derecho al uso, goce, disfrute y disposición del territorio o al menos restringe el ejercicio de la propiedad, más aún cuando no hay consulta previa y la comunidad no autoriza la exploración o explotación.

Si seriamos un país serio, mañana mismo se debería paralizar el otorgamiento de concesiones mineras sobre tierras comunales sin aplicar el derecho de consulta previa, libre e informada, pero en el Perú parece que estamos acostumbrados al desenlace violento para aprender hacer lo correcto y aplicar lo que esta escrito hace mucho tiempo en los tratados internacionales e incluso en las leyes nacionales.

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Política

Caso Becerril: prueba de fuego de Fuerza Popular contra la corrupción

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Héctor Becerril

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará mañana el informe que recomienda destituir e inhabilitar por cinco años al congresista fujimorista Héctor Becerril, quien es actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, por haber presionado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para que votara por un determinado candidato a la presidencia de ese organismo.

El informe presentado el último viernes por el legislador ponente César Vásquez, de la Alianza Para el Progreso, concluyó que al realizar ese acto, Becerril cometió los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico e infringió varios artículos de la Constitución.

El “Caso Becerril”

A principios del año IDL- Reporteros reveló que el Consejero del CNM Guido Aguila se había reunido con el legislador Becerril, para tratar el tema de la elección del nuevo presidente de ese organismo encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE. Ambos personajes lo negaron frontalmente y no pasó nada, por falta de pruebas.

Audio confirmatorio

Sin embargo, el 15 de julio último, como parte de la vorágine de la difusión de los “CNM Audios”, el mismo IDL – Reporteros divulgó grabaciones de conversaciones entre Aguila y el consejero Baltazar Morales, en las que ambos claramente confirman que aquella reunión sí se realizó, con lo cual Becerril resultó implicado en actos de tráfico de influencias con el propósito de manipular la elección.

Ratificación de Morales

Tres días después, ante el desmentido de Becerril, el consejero Morales, en una conferencia de prensa, confirmó que en febrero aceptó asistir a la casa de su colega Aguila para conversar con “una persona honorable”, sin que jamás imaginara que se trataría de Becerril, a quien así conoció en persona por primera vez.

Morales reafirmó que el legislador fujimorista intentó convencerle de que votara por Julio Gutiérrez Pebe para presidente del CNM, por el solo hecho de que era “el candidato del fujimorismo”. A esto respondió ratificando que no votaría por Gutiérrez, pues no era el adecuado para el cargo.

Ante esto, la legisladora Indira Huilca, de Nuevo Perú, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, denunciaron a Becerril por infringir los artículos de la Carta Magna, 43 y 45, sobre separación de poderes; el 39 y 44, contra la corrupción y el 150, sobre la independencia del CNM.

Trance difícil

Este es el peor trance que Becerril enfrenta en su vida política, convertido en el fujimorista de mayor rango, confianza y cercanía a su jefa Keiko Fujimori implicado en graves delitos de corrupción, justo cuando ella proclama que es toda una luchadora contra esa conducta delictiva.

Hay quienes esperan que los fujimoristas exculpen a Becerril haciendo uso de su mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puesto que no disponen de recurso alguno que destruya las evidencias de la presunta actuación delictiva de Becerril.

Usando su mayoría, la semana pasada lo excluyeron de la investigación al exconsejero del CNM, Guido Aguila, por el mismo caso, argumentando que tenía su propia interpelación.

Si su partido lo encubre, la ciudadanía, muy sensibilizada contra la corrupción, percibirá esa acción como una reincidencia del comportamiento del fujimorismo de siempre tapar las acciones delictivas de sus representantes o de tratarlos con guantes de seda.

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Política

Premier y Ministro de Justicia a Constitución

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros César Villanueva confirmó su presencia hoy y la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución presidida por la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, que servirá para explicar la posición que posee el Gobierno en relación al tema de la bicameralidad.

Villanueva manifestó que mantiene una actitud positiva en relación a la aprobación de las reformas planteadas por el Gobierno. Asimismo, dejó en claro que en el Ejecutivo se muestran abiertos a eventuales cambios o mejoras que se hagan para avanzar con dichas propuestas.

“Nosotros nunca hemos dicho: ‘Vayan al pie de la letra, no le quiten ninguna coma’. Lo que hemos dicho es: ‘Háganlo rápido y no desnaturalicen’”, destacó el presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, aseguró que espera con gran optimismo que se cumplan los plazos establecidos por el Congreso en lo que refiere a aprobar hasta el próximo 4 de octubre las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra.

“El plazo concreto ya lo pusieron los voceros de todas las bancadas para tener listo todos los dictámenes a más tardar el 4 de octubre, dicho por ellos y declarado por ellos. Entonces ya no era necesario estar insistiendo en poner una fecha, porque ya ellos habían autodecidido en cuanto a un cronograma”, agregó el Premier.

El debate de la Comisión de Constitución referido a la bicameralidad se detuvo en el tercer acápite del artículo 90, en el que el gobierno plantea que “el territorio de la República se divide en macrodistritos electorales para la elección de senadores y en microdistritos electorales para la elección de diputados. Así, la participación de César Villanueva y Vicente Zeballos ayudará a brindar mayores detalles en relación a este tema.

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Política

Entre el show de Reggiardo y una soporífera mesa redonda

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Debate elecciones municipales asiento vacío

El primer grupo de los candidatos que postulan a la alcaldía de Lima participó del debate electoral municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de promover el voto informado y conocer sus propuestas para Lima. Pese a trasladarse hasta el Centro de Convenciones de Lima, sede del evento, Renzo Reggiardo, quien lidera las preferencias de la ciudadanía (apenas con 17%), decidió no participar.

Renzo Reggiardo

TALK SHOW

Faltando 10 minutos para que se inicie el debate municipal, programado para las 19:00 horas, el candidato de Perú Patria Segura (PPS), Reggiardo, salió de su vivienda y caminó hasta el Centro de Convenciones, en San Borja, pero solo para entregar una carta al JNE, en la que explica su decisión de no participar del evento.

El excongresista quien al iniciar su campaña se comprometió –a través de firmar el Pacto Ético Electoral del JNE- de participar del debate, se excusó pues dijo ser víctima de “ataques arteros” de sus rivales políticos.

“Me han dicho cobarde, estafador y hasta de pretender incendiar un vehículo. (…) no puedo sentarme en el mismo lugar, darle la mano y tomarme la foto porque es lo políticamente correcto. ¿Qué pasa con mi moral, con mi honor, con mi decencia? Eso no es democracia”, sostuvo Reggiardo al ser abordado por la prensa.

Según el candidato de PPS, sus oponentes han incumplido más de un artículo del Pacto Ético Electoral y acusó al JNE de no tomar oportunamente las medidas correctivas. Incluso calificó el debate de ayer como un “talk show”.

“Solamente por venir al debate, el (JNE) te limpia de todos los incumplimientos violados al pacto ético ¿es eso correcto de parte del ente electoral que ha estado involucrado en casos de corrupción? Lo que se está dando hoy (debate) es un talk show en el que las personas se agreden mutuamente. Yo no voy a hacer parte de ese show”.

Al respecto, Enrique Bernales, titular del Tribunal de Honor del Pacto Ético, respondió a Reggiardo y resaltó que no era una obligación firmar el Pacto Ético y que a través de este no se puede condicionar al JNE.

“El Pacto Ético no es una obligación firmarlo. Se lee. Se propone. Y se firma y adquiere un compromiso real con el elector de cumplirlo. (…) lo que no puede decirse (al JNE) es ‘o usted hace esto o tomo una actitud díscola’, los compromisos son para cumplirlos”, aseguró.

PROPUESTAS

El Debate Municipal 2018 se dividió en seis bloques de temas: visión de Lima al 2022, seguridad ciudadana, movilidad y transporte, pregunta ciudadana, población vulnerable y tema libre. Los participantes tuvieron 1 minuto para exponer sus propuestas sobre dichos puntos.

En el debate de ayer, y según sorteo elaborado por el JNE, participaron un primer grupo de postulantes: Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), Jorge Villacorta (Peruanos Por el Kambio), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), Esther Capuñay (Unión por el Perú), Jorge Muñoz (Acción Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú), Juan Zurek (Somos Perú), Luis Ocrospoma (Perú Nación), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Pablo Silva(Frepap).

El candidato Salinas López Torres propuso crear un foro de empresas por Lima para apoyar la seguridad e implementar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. También adelantó que emitirá una ordenanza para que se respete a los peatones y promoverá multas de tránsito ejemplares.

En lo referido a transporte, Jorge Villacorta dijo que su gestión aliviará el caótico tránsito en la ciudad regulando las horas de circulación de camiones y vehículos pesados. Asimismo, aseguró que su gestión terminará las obras pendientes, como la extensión del Metropolitano desde la estación El Naranjal hasta el distrito de Carabayllo, la Vía Expresa hasta la Panamericana, y agilizar la línea 1 del Metro de Lima.

Por su parte, Muñoz dijo que aplicará su plan Lima 360 de seguridad que prioriza la coordinación con la Policía Nacional y empodera a la mujer en acciones de prevención. Exhortó al electorado no dejar en “manos de improvisados” el futuro próximo de la ciudad capital.

Mientras que Daniel Urresti propuso señalizar correctamente toda la ciudad, la instalación de cuatro mil semáforos, y solucionar 600 intersecciones que actualmente son un embudo. Además, de regular el tránsito de camiones y vehículos pesados para que solo puedan circular en horas de la noche.

Esther Capuñay dijo que instalará cámaras e iluminará las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana. Asimismo, adelantó que de llegar a la alcaldía implementará escuelas metropolitanas de seguridad que capacitarán al Serenazgo.

El candidato por Perú Nación, Luis Ocrospoma, aseveró que impondrá un toque de queda para jóvenes menores de 16 años de edad que salgan a las calles sin permiso de sus padres. Dijo que su gestión estará enfocada en una Lima verde, donde las familias se sientan seguras.

El próximo domingo se continuará con el debate y el segundo grupo de candidatos. Ojalá haya un intercambio de propuestas y no shows personales ni una invitación al sueño.

ALGO MÁS

Pablo Silva, candidato del Frepap, propuso convertir a Lima en una ciudad moderna, sostenible e inclusiva. Por su parte, Zurek, subrayó que su propuesta para instalar una red de teleféricos reducirá en gran medida el tiempo que los limeños emplean para trasladarse de un lugar a otro de la capital. Mientras que Castañeda Pardo ofreció la instalación de semáforos inteligentes y el fortalecimiento del servicio del Metropolitano y los corredores viales.

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