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Las malas prácticas empresariales

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Un problema de la mayor importancia en las negociaciones colectivas entre el capital y el trabajo, está en relación a la medición de la rentabilidad empresarial y los diversos mecanismos que se emplean para maximizar las ganancias privadas, lo que resulta equivalente a minimizar los pagos de impuestos al fisco y abonar menores salarios a los trabajadores.

De allí la lógica del capital de imponer las políticas de “cholo barato”, el peseteo en las propuestas de incremento salarial, la enajenación de la participación en las utilidades a los trabajadores, la sobrevaluación de costos con las empresas vinculadas, etc., todo ello con el fin de maximizar en lo posible las utilidades. Esto se llama la ley de la acumulación del capital, que está en el ADN del capitalista, el problema es cuando se utilizan métodos propios del siglo XVIII para un capitalismo del siglo XXI

Estas empresas practican el uso del “cholo barato” con la anuencia del Ministerio de Trabajo.

Estas empresas practican el uso del “cholo barato” con la anuencia del Ministerio de Trabajo.

Sirva de ejemplo el caso de la transnacional mexicana Arca Continental-Lindley que tiene como accionista mayoritario a la empresa estadounidense Coca-Cola, una empresa de dimensión mundial. La embotelladora mexicana prácticamente tiene la exclusividad en la fabricación y distribución de la Coca-Cola en México, Ecuador, norte de Argentina, Suroeste de los Estados Unidos y en nuestro país opera desde fines del 2015, con creciente éxito.

Así, desde setiembre del 2015 con la compra/venta de la mayoría accionaria más del 61% de la Corporación Lindley, tuvo que pagar casi 972 millones de dólares en los cuales se incorpora un monto de 150 millones de dólares por el compromiso de no competencia, el cual no fue debidamente informado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima. Por este hecho no declarado la Corporación Lindley fue sancionada con la multa de 200 UIT, la misma que fue pagada sin reclamos reconociendo la “falta grave” cometida

Arca Continental adquirió no solamente a la empresa más importante del país en el mercado de gaseosas y bebidas no alcohólicas, controlando el 67% del mercado en el Perú, sino también asumió los activos intangibles, el prestigio, la marca, que se ha formado con la tradición como lo es la Inca Kola. ¡Después de todo qué peruano no ha tomado la bebida de sabor nacional con su pollito a la brasa!

Empresas inmobiliarias de Johnny Lindley Suárez

AGUA Y ENERGÍA A PRECIOS DE GANGA
Estas prácticas no transparentes son un mecanismo generalizado y utilizado con la finalidad de maximizar utilidades y minimizar los costos salariales. Así, también reducen al máximo el costo del agua y de la energía, los cuales no constituyen ni el 2% de los costos de venta.

Sí, Arca Continental-Lindley y la transnacional Coca-Cola incluida pagan la fabulosa e increíble suma de catorce céntimos de sol por cada mil litros de agua, cuando un sufrido consumidor promedio abona más de tres soles por el mismo volumen de agua. Es más, los pobladores urbanos marginales tienen que pagar más de quince soles por cada mil litros de agua, lo cual constituye una aberrante desigualdad.

Sin embargo a pesar de estos privilegios que tiene Arca Continental-Lindley en razón del uso del agua extraída de los pozos de su propiedad, asume una serie de mecanismos para incrementar los costos y gastos en sus relaciones con sus empresas vinculadas, pues la transnacional gringa Coca-Cola opera prácticamente en todo el mundo.

Relación de Empresas inmobiliarias de Johnny Lindley Suárez

COMPRA/VENTA GRACIOSA DE INMUEBLES
En parte, curados por el susto de la multa impuesta por no declarar hechos de importancia como el percibir US $ 150 millones de dólares por el compromiso de no hacer la competencia a los mexicanos en el mercado de bebidas y gaseosas, el gerente general de la Corporación Lindley informa con carta del 26 de abril de 2016 a la Superintendencia del Mercado de Valores que:

“1.- Mediante comunicación de Hechos de Importancia de fecha 10 de febrero de 2016 pusimos en su conocimiento el acuerdo adoptado mediante sesión de directorio de la misma fecha… en relación con la venta de un paquete de inmuebles considerados no estratégicos por medio de un Concurso de inversión inmobiliario a cargo de la empresa Colliers International. De igual forma, con fecha 8 de marzo pasado, informamos a su Despacho del inicio del indicado proceso, según las bases aprobadas, que consideraba la presentación de ofertas hasta el día 22 de abril corriente (………..)

3.- “Estando vigente la oferta vinculante presentada por la empresa GREAT Real Estate con fecha 10 de setiembre, la sociedad (Corporación Lindley) continuará con el proceso de venta de los inmuebles remanentes considerados en la indicada oferta, en cumplimiento del acuerdo que adoptara el Directorio en su sesión de fecha 29 de setiembre de 2015”.

Estos documentos son públicos y cualquier ciudadano puede acceder a ellos. Sin embargo nos debería llamar la atención no la ilegalidad de la compra/venta de inmuebles considerados no estratégicos para la Corporación Lindley, pues se trata de un proceso legal donde dos empresas jurídicas distintas concertan, se ponen de acuerdo mediante un contrato en el precio pactado por la compra/venta de los inmuebles.

El problema y lo que debiera llamar la atención es que el titular, el “más más” de ambas empresas, el “papi riqui” de GREAT Real Estate es el mismo presidente del directorio de la Corporación Lindley, es Jhonny Lindley Suárez ¡Es decir todo queda en familia!

Con la información disponible hemos elaborado una gráfica donde se puede observar las “Empresas Inmobiliarias Pertenecientes a Johnny Lindley Suárez” a diciembre del 2016 donde resulta evidente que es el titular del 99.9% de la empresa inmobiliaria, teniendo como socio minoritario a Emilio Rodríguez Larraín vinculado por matrimonio al decano de la prensa nacional El Comercio.

Como es posible leer la empresa GREAT Estate Real tiene una serie de bienes inmuebles ubicados en la capital y diversas ciudades del país tales como Callao, Trujillo, Arequipa, Tacna, Ica y todos estos activos llevan el prefijo de Gre.

Por último, con fecha 24 de junio del 2016 en comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores-SMV se indica las operaciones realizadas indicando la partida registral del inmueble, la oficina registral y la empresa adquiriente que como lo reconoce el oficio correspondiente en el numeral: “1) Estando vigente la oferta vinculante presentada por la empresa vinculada a la familia Lindley, GREAT Real Estate (la Oferta GREAT) con fecha 10 de setiembre de 2015, la sociedad (Corporación Lindley) ha continuada con el proceso de venta de los inmuebles remanentes….”

Si bien es verdad estas prácticas empresariales tienen una lógica, no dejan de llamar la atención los altos costos asumidos en la transacción que serían sobre todo los pagos a la empresa intermediaria Colliers International, responsable de llevar a cabo la subasta inmobiliaria. Con los estados financieros disponibles a 2016 solamente el costo por vender 13 de los 18 inmuebles ha significado 116 millones de soles, un aproximado de US $ 35 millones de dólares, un monto que representa el 34 por ciento de los ingresos por la venta cuando un corredor normal no cobraría más del cinco por ciento de los ingresos. Pero como suscribe Don Quijote de la Mancha ¡Cosas veredes en la vida Sancho!

El último cuadro es un resumen de los ingresos y los costos obtenidos por la venta de trece inmuebles no considerados no estratégicos según los estados financieros al 2016. Se indica que los ingresos por la venta de dichos inmuebles significaron la suma de 343 millones de soles y el costo por vender dichos activos representó la suma de 116 millones de soles, quedando una utilidad o excedente para la Corporación de S/ 226 millones de soles.

Excedente obtenido por Corporacion Lindley

Según la información disponible en los estados financieros para el 2016 en la página 11 nota 9 (b) dichos valores aparecen en la cuenta de “otros ingresos y otros gastos”, y la utilidad de S/ 226 millones de soles obtenida no se podrá repetir, pues los mismos inmuebles no pueden venderse dos veces.

Con dicho argumento la empresa interesadamente argumenta que en la presente negociación colectiva del 2017 no estaría en condiciones de aumentar los salarios con justicia e equidad, a pesar del aumento de los ingresos, utilidades operativas y netas al primer semestre del año en curso.

En verdad, estos constituyen parte de los diversos mecanismos que emplean las empresas transnacionales para maximizar las utilidades y minimizar el abono de impuestos más la enajenación de riqueza creada por el trabajo de sus asalariados, y se constituyen en una fuente renovada de conflictos.

Estas prácticas en las relaciones económicas entre empresas vinculadas con precios de transferencia como la compra/venta de inmuebles, sobrecostos en la compra de insumos y aditivos, pagos ridículos del agua entre otros, en parte explican los menores ingresos fiscales que obtiene el estado, y también las miserias salariales que se ofrecen a los trabajadores.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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