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Las malas prácticas empresariales

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Un problema de la mayor importancia en las negociaciones colectivas entre el capital y el trabajo, está en relación a la medición de la rentabilidad empresarial y los diversos mecanismos que se emplean para maximizar las ganancias privadas, lo que resulta equivalente a minimizar los pagos de impuestos al fisco y abonar menores salarios a los trabajadores.

De allí la lógica del capital de imponer las políticas de “cholo barato”, el peseteo en las propuestas de incremento salarial, la enajenación de la participación en las utilidades a los trabajadores, la sobrevaluación de costos con las empresas vinculadas, etc., todo ello con el fin de maximizar en lo posible las utilidades. Esto se llama la ley de la acumulación del capital, que está en el ADN del capitalista, el problema es cuando se utilizan métodos propios del siglo XVIII para un capitalismo del siglo XXI

Estas empresas practican el uso del “cholo barato” con la anuencia del Ministerio de Trabajo.

Estas empresas practican el uso del “cholo barato” con la anuencia del Ministerio de Trabajo.

Sirva de ejemplo el caso de la transnacional mexicana Arca Continental-Lindley que tiene como accionista mayoritario a la empresa estadounidense Coca-Cola, una empresa de dimensión mundial. La embotelladora mexicana prácticamente tiene la exclusividad en la fabricación y distribución de la Coca-Cola en México, Ecuador, norte de Argentina, Suroeste de los Estados Unidos y en nuestro país opera desde fines del 2015, con creciente éxito.

Así, desde setiembre del 2015 con la compra/venta de la mayoría accionaria más del 61% de la Corporación Lindley, tuvo que pagar casi 972 millones de dólares en los cuales se incorpora un monto de 150 millones de dólares por el compromiso de no competencia, el cual no fue debidamente informado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima. Por este hecho no declarado la Corporación Lindley fue sancionada con la multa de 200 UIT, la misma que fue pagada sin reclamos reconociendo la “falta grave” cometida

Arca Continental adquirió no solamente a la empresa más importante del país en el mercado de gaseosas y bebidas no alcohólicas, controlando el 67% del mercado en el Perú, sino también asumió los activos intangibles, el prestigio, la marca, que se ha formado con la tradición como lo es la Inca Kola. ¡Después de todo qué peruano no ha tomado la bebida de sabor nacional con su pollito a la brasa!

Empresas inmobiliarias de Johnny Lindley Suárez

AGUA Y ENERGÍA A PRECIOS DE GANGA
Estas prácticas no transparentes son un mecanismo generalizado y utilizado con la finalidad de maximizar utilidades y minimizar los costos salariales. Así, también reducen al máximo el costo del agua y de la energía, los cuales no constituyen ni el 2% de los costos de venta.

Sí, Arca Continental-Lindley y la transnacional Coca-Cola incluida pagan la fabulosa e increíble suma de catorce céntimos de sol por cada mil litros de agua, cuando un sufrido consumidor promedio abona más de tres soles por el mismo volumen de agua. Es más, los pobladores urbanos marginales tienen que pagar más de quince soles por cada mil litros de agua, lo cual constituye una aberrante desigualdad.

Sin embargo a pesar de estos privilegios que tiene Arca Continental-Lindley en razón del uso del agua extraída de los pozos de su propiedad, asume una serie de mecanismos para incrementar los costos y gastos en sus relaciones con sus empresas vinculadas, pues la transnacional gringa Coca-Cola opera prácticamente en todo el mundo.

Relación de Empresas inmobiliarias de Johnny Lindley Suárez

COMPRA/VENTA GRACIOSA DE INMUEBLES
En parte, curados por el susto de la multa impuesta por no declarar hechos de importancia como el percibir US $ 150 millones de dólares por el compromiso de no hacer la competencia a los mexicanos en el mercado de bebidas y gaseosas, el gerente general de la Corporación Lindley informa con carta del 26 de abril de 2016 a la Superintendencia del Mercado de Valores que:

“1.- Mediante comunicación de Hechos de Importancia de fecha 10 de febrero de 2016 pusimos en su conocimiento el acuerdo adoptado mediante sesión de directorio de la misma fecha… en relación con la venta de un paquete de inmuebles considerados no estratégicos por medio de un Concurso de inversión inmobiliario a cargo de la empresa Colliers International. De igual forma, con fecha 8 de marzo pasado, informamos a su Despacho del inicio del indicado proceso, según las bases aprobadas, que consideraba la presentación de ofertas hasta el día 22 de abril corriente (………..)

3.- “Estando vigente la oferta vinculante presentada por la empresa GREAT Real Estate con fecha 10 de setiembre, la sociedad (Corporación Lindley) continuará con el proceso de venta de los inmuebles remanentes considerados en la indicada oferta, en cumplimiento del acuerdo que adoptara el Directorio en su sesión de fecha 29 de setiembre de 2015”.

Estos documentos son públicos y cualquier ciudadano puede acceder a ellos. Sin embargo nos debería llamar la atención no la ilegalidad de la compra/venta de inmuebles considerados no estratégicos para la Corporación Lindley, pues se trata de un proceso legal donde dos empresas jurídicas distintas concertan, se ponen de acuerdo mediante un contrato en el precio pactado por la compra/venta de los inmuebles.

El problema y lo que debiera llamar la atención es que el titular, el “más más” de ambas empresas, el “papi riqui” de GREAT Real Estate es el mismo presidente del directorio de la Corporación Lindley, es Jhonny Lindley Suárez ¡Es decir todo queda en familia!

Con la información disponible hemos elaborado una gráfica donde se puede observar las “Empresas Inmobiliarias Pertenecientes a Johnny Lindley Suárez” a diciembre del 2016 donde resulta evidente que es el titular del 99.9% de la empresa inmobiliaria, teniendo como socio minoritario a Emilio Rodríguez Larraín vinculado por matrimonio al decano de la prensa nacional El Comercio.

Como es posible leer la empresa GREAT Estate Real tiene una serie de bienes inmuebles ubicados en la capital y diversas ciudades del país tales como Callao, Trujillo, Arequipa, Tacna, Ica y todos estos activos llevan el prefijo de Gre.

Por último, con fecha 24 de junio del 2016 en comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores-SMV se indica las operaciones realizadas indicando la partida registral del inmueble, la oficina registral y la empresa adquiriente que como lo reconoce el oficio correspondiente en el numeral: “1) Estando vigente la oferta vinculante presentada por la empresa vinculada a la familia Lindley, GREAT Real Estate (la Oferta GREAT) con fecha 10 de setiembre de 2015, la sociedad (Corporación Lindley) ha continuada con el proceso de venta de los inmuebles remanentes….”

Si bien es verdad estas prácticas empresariales tienen una lógica, no dejan de llamar la atención los altos costos asumidos en la transacción que serían sobre todo los pagos a la empresa intermediaria Colliers International, responsable de llevar a cabo la subasta inmobiliaria. Con los estados financieros disponibles a 2016 solamente el costo por vender 13 de los 18 inmuebles ha significado 116 millones de soles, un aproximado de US $ 35 millones de dólares, un monto que representa el 34 por ciento de los ingresos por la venta cuando un corredor normal no cobraría más del cinco por ciento de los ingresos. Pero como suscribe Don Quijote de la Mancha ¡Cosas veredes en la vida Sancho!

El último cuadro es un resumen de los ingresos y los costos obtenidos por la venta de trece inmuebles no considerados no estratégicos según los estados financieros al 2016. Se indica que los ingresos por la venta de dichos inmuebles significaron la suma de 343 millones de soles y el costo por vender dichos activos representó la suma de 116 millones de soles, quedando una utilidad o excedente para la Corporación de S/ 226 millones de soles.

Excedente obtenido por Corporacion Lindley

Según la información disponible en los estados financieros para el 2016 en la página 11 nota 9 (b) dichos valores aparecen en la cuenta de “otros ingresos y otros gastos”, y la utilidad de S/ 226 millones de soles obtenida no se podrá repetir, pues los mismos inmuebles no pueden venderse dos veces.

Con dicho argumento la empresa interesadamente argumenta que en la presente negociación colectiva del 2017 no estaría en condiciones de aumentar los salarios con justicia e equidad, a pesar del aumento de los ingresos, utilidades operativas y netas al primer semestre del año en curso.

En verdad, estos constituyen parte de los diversos mecanismos que emplean las empresas transnacionales para maximizar las utilidades y minimizar el abono de impuestos más la enajenación de riqueza creada por el trabajo de sus asalariados, y se constituyen en una fuente renovada de conflictos.

Estas prácticas en las relaciones económicas entre empresas vinculadas con precios de transferencia como la compra/venta de inmuebles, sobrecostos en la compra de insumos y aditivos, pagos ridículos del agua entre otros, en parte explican los menores ingresos fiscales que obtiene el estado, y también las miserias salariales que se ofrecen a los trabajadores.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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