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Las malas prácticas empresariales

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Un problema de la mayor importancia en las negociaciones colectivas entre el capital y el trabajo, está en relación a la medición de la rentabilidad empresarial y los diversos mecanismos que se emplean para maximizar las ganancias privadas, lo que resulta equivalente a minimizar los pagos de impuestos al fisco y abonar menores salarios a los trabajadores.

De allí la lógica del capital de imponer las políticas de “cholo barato”, el peseteo en las propuestas de incremento salarial, la enajenación de la participación en las utilidades a los trabajadores, la sobrevaluación de costos con las empresas vinculadas, etc., todo ello con el fin de maximizar en lo posible las utilidades. Esto se llama la ley de la acumulación del capital, que está en el ADN del capitalista, el problema es cuando se utilizan métodos propios del siglo XVIII para un capitalismo del siglo XXI

Estas empresas practican el uso del “cholo barato” con la anuencia del Ministerio de Trabajo.

Estas empresas practican el uso del “cholo barato” con la anuencia del Ministerio de Trabajo.

Sirva de ejemplo el caso de la transnacional mexicana Arca Continental-Lindley que tiene como accionista mayoritario a la empresa estadounidense Coca-Cola, una empresa de dimensión mundial. La embotelladora mexicana prácticamente tiene la exclusividad en la fabricación y distribución de la Coca-Cola en México, Ecuador, norte de Argentina, Suroeste de los Estados Unidos y en nuestro país opera desde fines del 2015, con creciente éxito.

Así, desde setiembre del 2015 con la compra/venta de la mayoría accionaria más del 61% de la Corporación Lindley, tuvo que pagar casi 972 millones de dólares en los cuales se incorpora un monto de 150 millones de dólares por el compromiso de no competencia, el cual no fue debidamente informado a la Superintendencia del Mercado de Valores de Lima. Por este hecho no declarado la Corporación Lindley fue sancionada con la multa de 200 UIT, la misma que fue pagada sin reclamos reconociendo la “falta grave” cometida

Arca Continental adquirió no solamente a la empresa más importante del país en el mercado de gaseosas y bebidas no alcohólicas, controlando el 67% del mercado en el Perú, sino también asumió los activos intangibles, el prestigio, la marca, que se ha formado con la tradición como lo es la Inca Kola. ¡Después de todo qué peruano no ha tomado la bebida de sabor nacional con su pollito a la brasa!

Empresas inmobiliarias de Johnny Lindley Suárez

AGUA Y ENERGÍA A PRECIOS DE GANGA
Estas prácticas no transparentes son un mecanismo generalizado y utilizado con la finalidad de maximizar utilidades y minimizar los costos salariales. Así, también reducen al máximo el costo del agua y de la energía, los cuales no constituyen ni el 2% de los costos de venta.

Sí, Arca Continental-Lindley y la transnacional Coca-Cola incluida pagan la fabulosa e increíble suma de catorce céntimos de sol por cada mil litros de agua, cuando un sufrido consumidor promedio abona más de tres soles por el mismo volumen de agua. Es más, los pobladores urbanos marginales tienen que pagar más de quince soles por cada mil litros de agua, lo cual constituye una aberrante desigualdad.

Sin embargo a pesar de estos privilegios que tiene Arca Continental-Lindley en razón del uso del agua extraída de los pozos de su propiedad, asume una serie de mecanismos para incrementar los costos y gastos en sus relaciones con sus empresas vinculadas, pues la transnacional gringa Coca-Cola opera prácticamente en todo el mundo.

Relación de Empresas inmobiliarias de Johnny Lindley Suárez

COMPRA/VENTA GRACIOSA DE INMUEBLES
En parte, curados por el susto de la multa impuesta por no declarar hechos de importancia como el percibir US $ 150 millones de dólares por el compromiso de no hacer la competencia a los mexicanos en el mercado de bebidas y gaseosas, el gerente general de la Corporación Lindley informa con carta del 26 de abril de 2016 a la Superintendencia del Mercado de Valores que:

“1.- Mediante comunicación de Hechos de Importancia de fecha 10 de febrero de 2016 pusimos en su conocimiento el acuerdo adoptado mediante sesión de directorio de la misma fecha… en relación con la venta de un paquete de inmuebles considerados no estratégicos por medio de un Concurso de inversión inmobiliario a cargo de la empresa Colliers International. De igual forma, con fecha 8 de marzo pasado, informamos a su Despacho del inicio del indicado proceso, según las bases aprobadas, que consideraba la presentación de ofertas hasta el día 22 de abril corriente (………..)

3.- “Estando vigente la oferta vinculante presentada por la empresa GREAT Real Estate con fecha 10 de setiembre, la sociedad (Corporación Lindley) continuará con el proceso de venta de los inmuebles remanentes considerados en la indicada oferta, en cumplimiento del acuerdo que adoptara el Directorio en su sesión de fecha 29 de setiembre de 2015”.

Estos documentos son públicos y cualquier ciudadano puede acceder a ellos. Sin embargo nos debería llamar la atención no la ilegalidad de la compra/venta de inmuebles considerados no estratégicos para la Corporación Lindley, pues se trata de un proceso legal donde dos empresas jurídicas distintas concertan, se ponen de acuerdo mediante un contrato en el precio pactado por la compra/venta de los inmuebles.

El problema y lo que debiera llamar la atención es que el titular, el “más más” de ambas empresas, el “papi riqui” de GREAT Real Estate es el mismo presidente del directorio de la Corporación Lindley, es Jhonny Lindley Suárez ¡Es decir todo queda en familia!

Con la información disponible hemos elaborado una gráfica donde se puede observar las “Empresas Inmobiliarias Pertenecientes a Johnny Lindley Suárez” a diciembre del 2016 donde resulta evidente que es el titular del 99.9% de la empresa inmobiliaria, teniendo como socio minoritario a Emilio Rodríguez Larraín vinculado por matrimonio al decano de la prensa nacional El Comercio.

Como es posible leer la empresa GREAT Estate Real tiene una serie de bienes inmuebles ubicados en la capital y diversas ciudades del país tales como Callao, Trujillo, Arequipa, Tacna, Ica y todos estos activos llevan el prefijo de Gre.

Por último, con fecha 24 de junio del 2016 en comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores-SMV se indica las operaciones realizadas indicando la partida registral del inmueble, la oficina registral y la empresa adquiriente que como lo reconoce el oficio correspondiente en el numeral: “1) Estando vigente la oferta vinculante presentada por la empresa vinculada a la familia Lindley, GREAT Real Estate (la Oferta GREAT) con fecha 10 de setiembre de 2015, la sociedad (Corporación Lindley) ha continuada con el proceso de venta de los inmuebles remanentes….”

Si bien es verdad estas prácticas empresariales tienen una lógica, no dejan de llamar la atención los altos costos asumidos en la transacción que serían sobre todo los pagos a la empresa intermediaria Colliers International, responsable de llevar a cabo la subasta inmobiliaria. Con los estados financieros disponibles a 2016 solamente el costo por vender 13 de los 18 inmuebles ha significado 116 millones de soles, un aproximado de US $ 35 millones de dólares, un monto que representa el 34 por ciento de los ingresos por la venta cuando un corredor normal no cobraría más del cinco por ciento de los ingresos. Pero como suscribe Don Quijote de la Mancha ¡Cosas veredes en la vida Sancho!

El último cuadro es un resumen de los ingresos y los costos obtenidos por la venta de trece inmuebles no considerados no estratégicos según los estados financieros al 2016. Se indica que los ingresos por la venta de dichos inmuebles significaron la suma de 343 millones de soles y el costo por vender dichos activos representó la suma de 116 millones de soles, quedando una utilidad o excedente para la Corporación de S/ 226 millones de soles.

Excedente obtenido por Corporacion Lindley

Según la información disponible en los estados financieros para el 2016 en la página 11 nota 9 (b) dichos valores aparecen en la cuenta de “otros ingresos y otros gastos”, y la utilidad de S/ 226 millones de soles obtenida no se podrá repetir, pues los mismos inmuebles no pueden venderse dos veces.

Con dicho argumento la empresa interesadamente argumenta que en la presente negociación colectiva del 2017 no estaría en condiciones de aumentar los salarios con justicia e equidad, a pesar del aumento de los ingresos, utilidades operativas y netas al primer semestre del año en curso.

En verdad, estos constituyen parte de los diversos mecanismos que emplean las empresas transnacionales para maximizar las utilidades y minimizar el abono de impuestos más la enajenación de riqueza creada por el trabajo de sus asalariados, y se constituyen en una fuente renovada de conflictos.

Estas prácticas en las relaciones económicas entre empresas vinculadas con precios de transferencia como la compra/venta de inmuebles, sobrecostos en la compra de insumos y aditivos, pagos ridículos del agua entre otros, en parte explican los menores ingresos fiscales que obtiene el estado, y también las miserias salariales que se ofrecen a los trabajadores.

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Política

Keiko, atrapada y sin salida

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Keiko Fujimori

En la puerta del horno se le quemó el pan a Keiko Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, solicitó ayer al Ministerio Público que se le envíen las copias certificadas de las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama Sasaki ante el Equipo Especial Lava Jato, a fin de incorporarlas como elemento de debate cuando el próximo martes 19 el Pleno Constitucional evalúe el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori Higuchi.

Así, el fiscal José Domingo Pérez, quien ya había adelantado que si el TC no le requería la documentación él la haría llegar por iniciativa propia, dispone de 48 horas para hacer llegar las declaraciones del sobrino del exjefe de campaña de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

En los días previos, acaso preocupados por el impacto que tendrían las aseveraciones de Jorge Yoshiyama en la decisión del TC, voceros del fujimorismo habían manifestado su rechazo a la posibilidad de que estas declaraciones sean evaluadas por el ente constitucional. “La declaración del señor Jorge Yoshiyama no es una declaración oficial de la cual tenga conocimiento el TC, ha sido una información que ha salido en los medios de comunicación. Si no está en el expediente del TC, no se puede tomar en cuenta”, afirmó el expresidente del TC y hoy candidato al Congreso por Fuerza Popular, Carlos Mesía, quien además fue conocido por afirmar que “al pueblo no hay que hacerle caso”.

La propia Keiko Fujimori publicó en su cuenta de Twitter un descargo contra las declaraciones de Yoshiyama. “Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que ya se han denunciado”, escribió.

Sin embargo, para Blume habrían pesado más las opiniones de los demás miembros del TC, quienes según lo señalado por el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña le solicitaron incluya las declaraciones de Yoshiyama apenas fueron dadas a conocer. “Si uno quiere trabajar seriamente este tema, tiene que leerlo a profundidad y, si además de eso, aparecen nuevos elementos que podrían tener incidencia, como la declaración que se ha empezado a hacer pública, parece ser prudente que todos los magistrados tengamos información más completa”, comentó el 7 de noviembre.

ACUSACIONES INELUDIBLES

La decisión del TC atiende la solicitud del procurador adjunto del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, quien el 8 de noviembre pidió formalmente que se incluya el testimonio de Jorge Yoshiyama como argumento para resolver el hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular.

Tupayachi destacó en su solicitud lo referido por Yoshiyama sobre el hecho de que Keiko Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial del 2011, los que intentó ocultar mediante falsos aportantes. También hace referencia al comentario que Fujimori habría hecho a Yoshiyama sobre sus reuniones con el exjuez César Hinostroza.

El documento también consigna las indicaciones expresas que Keiko Fujimori habría dado a Jaime Yoshiyama para desconocer el aporte de Odebrecht y negar toda relación entre Fuerza Popular y la empresa brasileña. Además, destaca lo afirmado por Yoshiyama Sasaki respecto a que fue la propia Keiko Fujimori quien le pidió buscar falsos aportantes. “Me pide que lo haga como lo hice en el 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona para que ella me entregue el dinero para ser depositado”, afirmó Yoshiyama en su declaración ante la Fiscalía.

El procurador del Poder Judicial consideró en su escrito que lo declarado por Yoshiyama sería una prueba importante para desvirtuar la tesis de la defensa de Keiko Fujimori, la cual afirma que la acusada no conocía del dinero de Odebrecht ni se había reunido nunca con Hinostroza. Por otro lado, destaca que no se trata de cualquier testigo, sino del sobrino de quien fuera el jefe de campaña electoral de Fujimori.

RIESGO PROCESAL LATENTE

En cuanto al peligro procesal o de obstaculización al proceso, Tupayachi argumentó que “se aprecia de las últimas declaraciones que la procesada Keiko Fujimori ha tenido injerencia frente a diversos órganos jurisdiccionales (reunión con jueces y fiscales), pudiendo ello manifestarse con la influencia directa sobre los mismos, sobre todo por la contraprestación política que podía ejercer a través de su organización política”.

Por su parte, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, remarcó en Ideeleradio que la controversia en el caso de Keiko Fujimori no radica en el tema probatorio, sino en el de la obstaculización de la justicia.

“Nadie discutía en el momento que se sustentó la prisión preventiva la gravedad de los hechos y la sospecha grave que existía dentro de la investigación. Se discutía esencialmente si había un peligro procesal, que tiene dos vertientes: el peligro de fuga y el de obstaculización”, indicó.

Vela destacó que además del testimonio de Yoshiyama, el peligro de obstaculización siempre ha estado sustentado en la evidencia concreta que genera “toda la construcción argumentativa respecto al entorpecimiento de la actividad probatoria”. En ese sentido, recordó que tras revelarse los audios del caso Lava Juez y la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una sala diferente recompuesta es la que finalmente declaró infundado el recurso de casación. “Pero el primer término, con lo difícil que es pasar la fase de calificación previa en la Corte Suprema, fue admitido. Por lo tanto, se materializó esa vinculación entre Hinostroza Pariachi y el grupo investigado por financiamiento de la señora Keiko Fujimori”, apuntó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Si ratifican sanción contra Pérez, habría cuestionamiento internacional

Publicado

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José Domingo Pérez Gómez

Si la Junta de Fiscales Supremos ratifica la sanción contra el fiscal José Domingo Pérez esto sería un tema de cuestionamiento internacional y una eventual condena contra el Estado peruano, porque se estaría afectando sus derechos, advirtió Diego García-Sayán Larrabure, relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas.

Fue al precisar que las Naciones Unidas señala que los jueces y fiscales tienen derecho a la libertad de expresión, dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública, y cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales.

“Si al final se ratifica la sanción a José Domingo Pérez, al margen que sea el 10%, 5% o el 1% de su remuneración, esto sería un tema de cuestionamiento internacional muy serio, no contra la persona que tomó la decisión, sino esto en términos internacionales es una condena al país [contra el Estado]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En este momento, defender a José Domingo Pérez […] es defender el principio de que un funcionario de su jerarquía tiene derecho a expresar conceptos como el que expresó, que ahora están siendo cuestionados, y en segundo lugar, que cualquier afectación en su estabilidad debe ser interpretada como un paso para acabar o delimitar las investigaciones sobre corrupción”, puntualizó.

SERÍA GRAVE UNA SUSPENSIÓN

En ese sentido, García-Sayán Larrabure consideró que sería muy grave que con esta sanción se esté buscando suspender al fiscal José Domingo Pérez, como lo advirtió el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

“[¿Qué opina en torno a lo que ha dicho Rafael Vela de que esta sanción busca sacar a José Domingo Pérez del caso?] Eso es muy grave, porque evidentemente esto pasa en Perú, pasó en Brasil, donde finalmente el juez Sergio Moro terminó mal y su proceso de trabajo tampoco fue incuestionable. Yo creo que tenemos un problema serio”, subrayó.

“De manera, que yo espero que prime la cautela, el buen criterio y que cada cual pueda mantener su propia discrepancia con la actuación de José Domingo Pérez, quien no es un hombre perfecto, puede haber cosas equivocadas, pero una sanción no es el camino para fortalecer el Ministerio Público”, afirmó.

El exministro recordó que la opinión pública reaccionó el 31 de diciembre del 2018, cuando hubo un intento de hostilización hacia los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“Ya la opinión pública reaccionó cuando ya se estaban descorchando botellas el pasado 31 de diciembre a las ocho de la noche, se les pretendió destituir, la gente reaccionó, porque la gente entendió que esas personas, Rafael Vela y José Domingo Pérez, estaban desempeñando una función importante y que eso era inaceptable [cesarlos del cargo]”, adelantó.

TIENEN DERECHO A DECLARAR

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas recordó que de acuerdo a los estándares internacionales los jueces y fiscales tienen derecho a declarar.

“Lo que las Naciones Unidas dice [respecto a la independencia de jueces y abogados] son dos cosas. Primero, que los jueces y fiscales sí tienen el derecho a la libertad de expresión naturalmente dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública. En segundo lugar, que en algunos casos no solamente tienen el derecho, sino la obligación de expresarse cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales”, aseveró.

Finalmente, dijo que las declaraciones de José Domingo Pérez en contra de la corrupción deberían de ser elogiadas en vez de ser criticadas.

“[José Domingo Pérez] no está transgrediendo el principio de información reservada de su caso, sino que está incidiendo en algo que no debería ser criticada [por otros], sino elogiado. Que un fiscal exprese públicamente que hay que luchar contra la corrupción y que para las personas que tienen elementos de juicio para ser condenadas debe haber sentencias es algo absolutamente elemental que pide la ciudadanía”, acotó.

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Política

Lo más sensato sería que José Lecaros se abstuviera de participar

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José Luis Lecaros Cornejo

El relator de la Naciones Unidas adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicitará al presidente del Poder Judicial inhibirse del proceso, este no podría ser destituido o separado.

Hubiera sido sensato que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se abstuviera de participar del proceso de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo el exministro de Justicia, Diego García-Sayán Larrabure.

“[¿El presidente del Poder Judicial debería formar parte del proceso de selección de la JNJ cuando se encuentra también cuestionado?] Ahí hay un problema que reconocer. Y probablemente lo más sensato hubiera sido que, ante estos cuestionamientos, la persona cuestionada se abstuviera”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El hecho que existan estas sindicaciones no quiere decir que tiene una responsabilidad penal ni que está comprometido con actividades delictivas, pero por eso yo creo que todo el formato, de la forma de la participación de la ciudadanía en todo este proceso es algo por donde el sistema ha cojeado”, apuntó.

Como se recuerda, la magistrada Fany Quispe remitió al fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, un informe que resume y corrobora la confesión del colaborador 010A-2018 respecto a una supuesta estrecha relación que tuvo el empresario Salvador Ricci Cortez con los vocales César HinostrozaPariachi y José Luis Lecaros Cornejo para un presunto intercambio de influencias y favores.

NO PUEDE SER DESTITUIDO

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas estimó que podría no haber cambios significativos en la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, si es que uno de sus integrantes se negara a apartarse.

“A estas alturas me da la impresión que no hay nada que hacer. Creo que este proceso va a continuar, formalmente no hay forma de objetar la participación de quienes están haciendo este proceso de selección. Puede opinarse, pero creo que ahí va a quedar todo”, afirmó.

García-Sayán Larrabure adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicite a José Luis Lecaros inhibirse del proceso, si este se negara, dicho colegiado no podría destituirlo.

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