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Las falacias de Lampadia. Respuesta a Jaime de Althaus

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Cada cierto tiempo un sector de “liberalismo” peruano insiste con su visión ideologizada y elitista del problema del Trabajo. Desde diversos medios y plataformas digitales, sus voceros postulan –tercamente– propuestas carentes de sustento empírico; que esconden, además, intereses ajenos a los objetivos que públicamente reclaman. Es el caso de Jaime de Althaus y su columna reciente en el portal Lampadia (“Momento del acuerdo político para la reforma laboral”, 03/08/17).

¿Qué propone en concreto De Althaus? Que las fuerzas políticas en el Ejecutivo (PPK) y el Congreso (FP) avancen hacia un “acuerdo político” que apruebe la reforma laboral postulada por el Gobierno, y que las centrales sindicales denunciaron en el Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE) y en las calles. Para el también columnista de El Comercio, el escenario ideal apuntaría una “regulación pro-empleo” (sic) que “permita que la mayor cantidad de peruanos pueda acceder a un empleo formal, con derechos y mejor pagado”.

En TrabajoDigno.pe consideramos que los planteos De Althaus no tienen asidero. Por un lado, otorgan un peso superlativo a la regulación laboral en la reducción de la informalidad y los bajos ingresos. Como si la capacidad de las unidades productivas para avanzar hacia la formalidad no dependiera también de otros factores –más importantes–, relacionados con los niveles de productividad y rentabilidad. Lo que no dice el columnista es el nulo apoyo del Estado a las Mypes. ¿Cuánto invierten los sectores competentes (Produce, Minagri y sobre todo el MTPE) para mejorar su capacidad productiva? ¿Para facilitarles el acceso al crédito, al desarrollo tecnológico y la capacitación? En suma, para perfeccionar su funcionamiento organizacional. Capacidades y recursos que requieren de un financiamiento que el MEF niega sistemáticamente.

De Althaus y los liberales criollos prefieren el camino fácil. El de la “competitividad espuria”. Aquella que opta por ajustar a los trabajadores, reduciendo sus derechos laborales y garantías procesales. Que los Estados capturados (F. Durand) usan como “estrategia” para atraer la inversión a través del “dumping social”.

Estado da la espalda a las Mypes y liberales criollos apuestan por ajustar más a los trabajadores.

Estado da la espalda a las Mypes y liberales criollos apuestan por ajustar más a los trabajadores.

Acá respondemos algunas de las falacias vertidas en Lampadia.

1. La inestabilidad sigue siendo el principal factor inhibidor de la sindicalización. Y no la “excluyente y rígida legislación laboral”, como pretende De Althaus. En países como el Perú, donde ¾ de los asalariados privados trabajan con contratos temporales, a plazo fijo, las posibilidades de afiliarse a un sindicato sin que te “cesen” son mínimas. La razón por la que el Tribunal Constitucional determinó el 2004 que la sola indemnización no protege al trabajador del despido arbitrario, respondió al cese colectivo que hiciera Telefónica contra 400 empleados que ejercieron su derecho a sindicalizarse.

Por el contrario, las empresas “disponen” de un amplio abanico de posibilidades de contratación a plazo determinado (9 de las 10 modalidades que contempla la legislación laboral para la actividad privada). Un nivel de flexibilidad que promueve la inestabilidad y la rotación de personal hasta el paroxismo.

2. Los famosos “altos costos laborales” no explican por si solos la informalidad. El 80% de informales labora en Micro y pequeñas empresas (Mypes), que cuentan con una legislación específica que establece “costos no salariales” (CTS, gratificaciones, etc.) equivalentes al 29% y 5% de la remuneración, respectivamente.

Sin embargo, esta normativa regresiva ha contribuido poco o nada a mejorar la tasa de formalidad en estos segmentos. Es más: el crecimiento del empleo formal durante el periodo del “boom” (2004–2012), se generó principalmente en las medianas y grandes empresas, donde rige el régimen la actividad privada con “sobrecostos” del 54%. Es decir.

3. El rotundo fracaso de los denominados regímenes “especiales” para promover el empleo adecuado. En el caso del Régimen de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales, los cuestionamientos han llegado incluso del Departamento de Trabajo de los EEUU, al considerar que atenta contra los compromisos asumidos por el Perú en el marco del TLC con ese país; especialmente el de garantizar la libertad sindical (ver TrabajoDigno.pe).

Y con relación a la Ley de Promoción Agraria, bien haría De Althaus en revisar la tesis de maestría de la abogada Milagros Vivas (Análisis del Régimen Laboral Agrario: ¿Ha sido realmente eficaz?, PUCP, 2017). Entre sus principales conclusiones encontramos que “no existe evidencia empírica que permita sostener que una política (con componentes legislativos) basada en la rebaja del estándar de protección laboral haya logrado algún resultado positivo en el objetivo de la formalización del empleo”.

Pero además, a contracorriente de lo que propone De Althaus, Vivas concluye que “el crecimiento del empleo agrícola formal está vinculado principalmente al crecimiento de la economía, demanda interna y exportaciones agropecuarios no tradicionales, y no al régimen laboral agrario” (Pp. 86–94). Seguiremos.

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Política

Fiscal valiente no retrocede ante amedrentamiento de Chávarry

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José Domingo Pérez Gómez

Ante la pregunta de la prensa sobre si se reafirma sobre su opinión de que la persona que está asumiendo el cargo de Fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) no es el más idóneo, el fiscal valiente José Domingo Pérez fue enfático: “Bueno yo no puedo rectificar las ideas u opiniones que pueda tener”.

Pérez, quien es fiscal titular de lavado de activos, es sometido a un proceso disciplinario mediante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía por las declaraciones que dio sobre el titular y el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry y Pablo Sánchez, respectivamente.

Además, su institución le ha abierto otro proceso por haber realizado un supuesto cobro que no le correspondía. Referente a esto el fiscal aclaró: “Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo”.

Respecto a la denuncia de un personaje afiliado al partido Aprista (Martín Morocho) quien ha pedido un examen psiquiátrico, dijo que no se le ha notificado. “Toda persona está en su derecho de interponer cualquier tipo de acción y el órgano desconcentrado de Control Interno del Ministerio Público debe hacer la valoración correspondiente. En mi caso se ha abierto las investigaciones, dos de ellas, y tengo que absolver las mismas”, afirmó.

Resaltó que desconoce cómo se han dado a conocer las tres denuncias a la prensa y que eso sí debería llamar la atención. Cuestionó que el órgano desconcentrado de Control Interno haya permitido que se dé a conocer estas tres investigaciones a la prensa.

“Creo que parte del cambio y las reformas vienen por parte de la crítica que tenemos que hacer, instituciones y personas”, afirmó Pérez, respecto a las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha pedido que el Ministerio Público haga una autocrítica, y no le dé la espalda a las exigencias de la población de desterrar la corrupción.

¿A QUIÉNES LES INCÓMODA?

El fiscal José Domingo Pérez está en la mira del fujiaprismo porque investiga a la señora K y a su partido por lavado de activos, también a AG por presuntos aportes de la constructora brasileña Odebrecht.

En diciembre del 2017 el fiscal valiente lideró un allanamiento a dos predios de Fuerza Popular, en los cuales diversos parlamentarios keikista pretendieron obstruir las diligencias e incluso amenazaron al fiscal.

MUY EXTRAÑO

En ese contexto, no es extraño que aparentemente de la nada, haya aparecido un personaje como Martín Morocho, de filiación aprista, quien ha pedido que le realicen un examen psiquiátrico, como de manera coincidente lo había adelantado el parlamentario aprista Jorge del Castillo en una entrevista días atrás.

“Existe la necesidad que jueces, fiscales y determinadas autoridades pasen por un examen psiquiátrico para los efectos de ver el alcance de su personalidad”, indicó Del Castillo en aquella oportunidad.

ESO ES UN ABSURDO

Sobre la investigación que afronta por un supuesto cobro indebido, Pérez Gómez señaló que este es “absurdo” porque sigue siendo fiscal anticorrupción. La denuncia sostiene que el fiscal perdió el derecho a cobrar este bono de S/3000 tras ser designado como fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Corporativa de Lavado de Activos.

“Eso es un absurdo. Soy fiscal anticorrupción, jamás se ha dejado mi designación, jamás han cancelado mi designación como fiscal anticorrupción. A mí me han destacado a la Fiscalía de Lavado de Activos por necesidad de servicio, he continuado conociendo casos anticorrupción, sigo haciéndolo, qué le puedo decir…”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Que superen las diferencias

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ARMANDO VILLANUEVA

“Espero que los conflictos internos en la Fiscalía sean superados para mostrar al país una institución sólida que representa el interés del Estado en cuanto a política anticorrupción, que creo es la institución bandera y primera responsable en esbozar seriamente una política anticorrupción”.

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Política

Se nota una protección

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HUMBERTO MORALES

“El compromiso de nuestra bancada es entrar a los temas de fondo. Estamos muy preocupados porque los ataques al fiscal Pérez Gómez al final pondrían en riesgo una investigación que deberá brindar frutos. Parece que se quiere blindar a Keiko y Alan. Se nota que hay una protección”.

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