Las dictaduras engendran delitos y violaciones

Es sorprendente escuchar a Hillary Clinton hablar del deber de los Estados, de imponer coercitivamente el cambio del credo religioso de sus pueblos, con el fin oculto de establecer un gobierno único mundial.

Lo peor es que en el Perú se viene cumpliendo, con la imposición de una tenebrosa agenda, que quiere decirles a los peruanos, desde su niñez, cómo deben pensar, en qué deben creer y cómo deben vivir, según la perversa religión de la ideología de género, atacando a todos los que se oponen, malversando fondos públicos por millones, para mantener silenciada a una prensa, que, sin ningún escrúpulo ni memoria, vuelve a reeditar los malos modos de la dictadura de los 90.

Los que entonces cuestionaron el control de la prensa por medios de corrupción, ahora son actores de una nueva dictadura de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, haciéndonos creer que estamos en un maravilloso mundo al revés, donde lograremos “igualdad y paz” por medio de la degradación humana.

Sin derecho a pensar; sin derecho a creer; sin derecho a elegir; sin derecho a ejercer la soberanía de los pueblos y su libre determinación; sin derecho a educar a los hijos en función a las propias convicciones; y la enorme falsedad de que los Estados tienen la facultad para imponer este plan perverso abusando de su poder coercitivo, por tratarse de “derechos humanos”, son las irracionalidades de la imposición dictatorial de la ideología de género desde los gobiernos, en la educación de los niños y en la vida de las naciones, con sanciones, desde multas hasta cárcel, contra quienes se opongan.

Una ideología de género que, comprobadamente, lesiona la integridad mental y física de los niños, impuesta en la educación, constituye delito de lesa humanidad, GENOCIDIO, art. 319 inc. 2 del Código Penal, que está afectando a millones de niños y adolescentes. Y se está imponiendo bajo amenazas a padres y maestros, cometiéndose el delito sistemático de COACCIÓN, art. 151 del Código Penal; mintiéndole además a la población, con que: “No hay ideología de género en el currículo nacional”, cometiéndose grave DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA, art. 438 del Código Penal.

Delitos que concurren con los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE FUNCIÓN, arts. 376 y 377 del Código Penal, pues el Estado tiene el deber de preservar la cultura de nuestro pueblo por mandato del art. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los arts. 55 y 2.19 de la Constitución Política del Perú, y de gobernar con pleno respeto al Orden Constitucional, garantizando el ejercicio de los derechos humanos, art. 45 de la Constitución.

Una ideología de género que postula como “derecho sexual y reproductivo” la distribución gratuita de píldoras abortivas y anticonceptivos a menores desde los 12 años, como lo vienen haciendo, cometiendo delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, art. 288-B del Código Penal.

Todo lo cual lo vienen cometiendo el presidente, los ministros y funcionarios de los sectores, desde los cuales se está imponiendo esta ideología de destrucción social, utilizando indebidamente millones de soles del Tesoro Público, incurriendo en delito agravado de PECULADO DOLOSO, art. 387 del Código Penal.

Lo que además responde a un concierto delictivo internacional, para someter al Perú a un gobierno único mundial, con la grave responsabilidad penal que esto implica, no solo por vulnerar la soberanía nacional, arts. 43 y 44 de la Constitución, y el derecho fundamental del pueblo peruano a ejercer su soberanía y libre determinación, sino porque tal concierto para someter a la nación a poderes extranjeros, constituye delito de TRAICIÓN A LA PATRIA, art. 325 del Código Penal.

Vulnera este concierto delictivo los siguientes derechos humanos:

1. Al respeto a la dignidad humana, art. 1 de la Constitución.

2. A la identidad, a la integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar, art. 2.1 de la Constitución.

3. A la igualdad ante la ley, art. 2.2 de la Constitución (No pueden crearse regímenes legales exclusivos o de privilegio).

4. A la libertad de conciencia y de religión, art. 2.3 de la Constitución.

5. A la libertad de información y de expresión, art. 2.4 de la Constitución.

6. A la intimidad personal y familiar, art. 2.7 de la Constitución (La educación sexual está en la esfera de la intimidad familiar).

7. A participar en la vida política, económica, social y cultural de la nación, art. 2.17 de la Constitución (Implica el derecho a ser oído en las decisiones de gestión pública).

8. A la identidad cultural, art. 2.19 de la Constitución.

9. A formular peticiones a las autoridades y recibir respuesta conforme a la verdad, art. 2.20 de la Constitución

10. A la libertad y a la seguridad personales, art. 2.24 de la Constitución:

-A no ser obligado a hacer lo que la ley no manda, 2.24.a

-A no sufrir restricción arbitraria de la libertad personal, 2.24.b

-A no ser procesado ni condenado por hecho que no constituye delito, 2.24.d

-A no ser víctima de violencia moral, psíquica o física, 2.24.h

11. A la libertad de enseñanza, art. 13 de la Constitución.

12. A la libertad de elegir la educación de los hijos, art. 13 de la Constitución y art. 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

13. A la educación religiosa con respeto a la libertad de las conciencias, art. 14 de la Constitución.

14. Al respeto de los fines de la correspondiente institución educativa, art. 14 de la Constitución.

15. El derecho a la formación del niño respetuosa de su identidad, art. 15 de la Constitución.

16. A que el Estado preserve la cultura de los pueblos en la educación, art. 17 de la Constitución.

17. A la autonomía del Ministerio Público y a que el ejercicio de la acción penal se realice en defensa de la legalidad y de los intereses de la nación, arts. 158 y 159.1 de la Constitución.

18. A la administración de justicia conforme a la Constitución y a las leyes, art. 138 de la Constitución.

19. A que se aprueben leyes que no se oponga. al Orden Constitucional, art. 200.4.

20. A la defensa de la soberanía nacional y a la garantía plena de los derechos humanos, a cargo del Estado, arts. 43 y 44 de la Constitución.

¿Abrirá investigación de oficio la Fiscalía por delitos tan graves en contra de la nación? ¿La Defensoría del Pueblo denunciará la violación de derechos humanos y la quiebra del orden constitucional?

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