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Las casas de reposo 2da parte

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Debido a la gran cantidad de correos en donde, fue muy comentado, y donde se hicieron preguntas y críticas constructivas sobre el artículo de la semana pasada, hemos visto por conveniente hacer una segunda parte de este tema tan controversial, por lo tanto hablaremos sobre las casas de reposo, y la situación actual de las mismas en el Perú y de paso hacer algunas precisiones.

De acuerdo a la Ley 30490, “Ley de la persona adulta mayor”, promulgada el 20 de Junio del 2015 por el Presidente Ollanta Humala Tasso, según el artículo 2, se denomina adulto mayor a aquella persona por encima de los 60 años de edad.

El año 2010, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo social MIMDES a través de la Resolución Ministerial 594 – 2010, edita la primera guía básica de Atención Integral para Personas Adultas Mayores en Centros Residenciales, denominándolas CARPAM Centro de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores.

Luego el 12 de enero del 2012, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES cambia de nombre al de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP.

Ese mismo año, en el 2012 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de dicho Ministerio MIMP y se establece que dicho ministerio es la entidad del Estado que se encarga de la protección integral del Adulto Mayor en concordancia con la Política nacional y los acuerdos internacionales.

El nombre de CARPAM (los Centros de Atención Residenciales para Personas Adultas Mayores) nuevamente es modificado por el Decreto Supremo 004 – 2016 del MIMP al de “Centro de Atención para Personas Adultas Mayores” CEAPAM.

Debido a que estos nombres varían según el gobierno de turno, y nos confunden a los ciudadanos de a pie, continuaremos denominándolos Casas de Reposo para mejor entendimiento y dejaremos el nombre CEAPAM cuando tratemos de documentos oficiales.

Vimos en el artículo anterior que en la actualidad la gran mayoría de las Casas de Reposo son negocios familiares, que los realizan con fines de lucro totalmente legítimo, en donde ofrecen un producto y obtienen una ganancia. Que para obtener la licencia de funcionamiento el Ministerio de la Mujer debe de dar un visto bueno, luego la municipalidad del distrito da la licencia de funcionamiento (previo visto bueno de defensa civil).

La gran pregunta que me han realizado muchos de nuestros lectores es, ¿Qué pasa con las personas adultas mayores que no tienen los medios económicos para sufragar un casa de reposo privada?, que son las que precisamente existen en el país.

Para las personas de escasos recursos existe el Asilo Canevaro (Centro de Atención Residencial Geronto-Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. De Canevaro) que lo administra la Beneficencia Pública de Lima y que en la actualidad está lleno de huéspedes y por otro lado existen algunos centros regentados por religiosos, que en algunas situaciones cubren la totalidad de la estancia o parte de la misma, pero son muy pocos y a la vez se encuentran totalmente colapsados.

Suena duro expresarlo pero es la realidad, “para que ingrese un nuevo miembro debe de morir otro”.

Cuando se creó el Programa Vida Digna del Ministerio de la Mujer, para los Adultos mayores en situación de calle, se pensó que podría ser la solución al gran problema con los adultos mayores sin ningún tipo de recurso, pues según la Ley los Adultos Mayores deben de recibir protección del Estado, no solo casa, abrigo y comida sino velar por su dignidad. Y que precisamente es el Ministerio de la Mujer el encargado de ejecutarlo.

Como muchas veces sucede en nuestro país, el papel aguanta todo, y la realidad es otra.

La gran pregunta es: ¿Qué está haciendo el Estado con los adultos mayores abandonados, aquellos en situación de pobreza? Existe un documento internacional promulgado por la OEA, Organización de Estados Americanos, que es la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y que el Perú aun inexplicablemente aun no lo ha suscrito, habiéndose comprometido a hacerlo hace pocos años, quedó en promesa.

Espero que el Presidente Vizcarra firme esta Convención Internacional que va a beneficiar a los Adultos Mayores del Perú.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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