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Las becas en el ojo de la tormenta

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Un escándalo sacudió titulares recientemente cuando se hizo público que el hijo de la Ministra de Educación había aplicado sin éxito a la Beca Presidente de la República para estudios de posgrado en el 2014, cuando en aquel entonces ambos padres tenían un ingreso de 60,000 soles mensuales según declaraciones de la misma ministra (que en aquel entonces era asesora del Ministro de Educación).

La Beca Presidente según lo describe su portal web es para personas con grado académico de “insuficientes recursos económicos”, es bastante obvio que 60,000 soles mensuales no corresponden a dicho requisito.

¿BECAS? ¿PARA QUIÉNES?
El Perú cuenta con un sistema de becas con el propósito de incluir a quienes habiendo evidenciado talentos académicos no cuentan con los recursos suficientes para alcanzar estudios superiores en instituciones educativas de “buen nivel”. Para los más jóvenes en esta situación, el gobierno de Ollanta Humala creó en el año 2012 el programa Beca 18, otorgada a aquellos en condición de pobreza o vulnerabilidad social.

Dentro de la oferta de becas existen 8 modalidades según poblaciones y carreras: para jóvenes indígenas en carreras de Educación Intercultural Bilingüe; comunidades nativas; miembros de las Fuerzas Armadas; jóvenes del VRAEM; del Huallaga; víctimas del conflicto armado interno, llamadas becas REPARED; jóvenes que han vivido en albergues; y las becas ordinarias para diversas carreras que el Estado considera prioritarias.

Beca 18 fue el programa estrella del gobierno de Ollanta Humala. No era de extrañar que a donde llegase el presidente, lo esperaba una multitud de jóvenes de buzos rojos con el logo de Beca 18, convocados con carácter obligatorio para escucharlo y aplaudirlo. ¡Horrible! Como si recibir los beneficios que le corresponde a un ciudadano por derecho, lo obligue a participar en actividades masivas para aplaudir al “benefactor”.

La inversión en Beca 18 es enorme. En el año 2013 se otorgaron 3,854 becas con 151.9 millones de soles; en el 2014, 8275 becas con 327.6 millones; y en el 2015 fueron 13,000 becas con 416 millones de soles. A partir del 2016 la historia cambio radicalmente, en el 2016 se otorgaron 5000 becas y para el presente año 4000. Es verdad que con PPK no se han repetido los baños de masa juvenil en estadios llenos, pero es clarísimo que Beca 18 no es más un programa favorito del gobierno.

A PASO DE CANGREJO
La nueva directora ejecutiva de PRONABEC Marushka Checobar, ha hecho algunos anuncios en video por las redes sociales poco populares entre los jóvenes becarios y postulantes: 1) Descentralización: Se buscaría que los becarios obtengan la beca en instituciones formadoras en su propia región; y 2) Se instalaría un sistema de acompañamiento y seguimiento más personalizado para atender situaciones que pueden poner en peligro la pérdida de la beca.

Del segundo anuncio no se sabe nada, por el contrario los gestores de PRONABEC acuden menos a las universidades e institutos, lo cual hace sospechar una reducción de estos especialistas. Sobre lo primero sí se ha aplicado, habiendo destinado becarios a universidades e institutos pedagógicos y tecnológicos de regiones, muchos de ellos institutos del Estado, a los cuales se les incrementa alumnado pero no presupuesto para que mejoren sus servicios y gestiones a favor de sus estudiantes.

Queda claro que la reducción de becarios y la llamada “descentralización del programa” obedece a una sustancial disminución del presupuesto, pero además a la reducción del programa. ¿En qué terminará? ¿Cómo lograrán acceder a la educación superior toda esa población juvenil en pobreza y riesgo?

DERECHO A LA EDUCACIÓN
En el 2010, el Perú fue la sede del XX Congreso Panamericano del Niño y tuve la suerte de facilitar los talleres con niños y jóvenes representantes de diversas organizaciones de Latinoamérica. Cuando tocó analizar la educación, los niños dieron un debate interesante: Si es que los países debían otorgar becas para todos los que necesiten o lo que debería hacerse era asegurar el derecho universal a la educación. Concluyeron que los Estados debían asegurar el derecho universal a la educación de todas las personas, niños, jóvenes o adultos, pero mientras se logra, debería haber becas para quienes más lo necesiten. Simple y claro.

A DEFENDER EL PROGRAMA BECA 18
Toda acción social y política es perfectible. Beca 18 ha cumplido apenas 5 años y puede mejorarse, sin duda, pero no puede reducirse mientras la inversión en educación en el Perú sea tan solo del 3.6 % del PBI. ¿Cuáles serán las oportunidades de nuestros jóvenes más pobres y vulnerados? ¿Cómo cerraremos la brecha de 20,000 maestros en EIB que aún faltan para atender al 1.5 millones de niños y niñas indígenas? ¿Cómo las comunidades pueden cambiar su historia sin profesionales y técnicos que aporten al desarrollo? ¿Cómo pueden convertirse en profesionales los jóvenes que pasaron su vida en un albergue porque sus familias ya no están o no pudieron hacerse cargo de ellos?

Por otro lado, es urgente evaluar las condiciones de las instituciones que recepcionan becarios, no queremos que los jóvenes obtengan un cartón sino que alcancen la mejor formación profesional. Si el mejor destino de los becarios son las instituciones superiores estatales, que así sea, pero eso implica invertir en esas instituciones, dotarlas de infraestructura, laboratorios, bibliotecas, y todo lo necesario para que brinden servicios de calidad a todos sus estudiantes. Es increíble, pero estamos hablando del mismo sector Educación, con sus instituciones formadoras universitarias, técnicas y pedagógicas, por un lado, y con su PRONABEC por el otro. Pareciera que falta diálogo y planificación.

Es muy serio lo que está sucediendo y por eso la ciudadanía en pleno debemos defender el Programa Beca 18 sin dejar de defender el derecho a la educación. Nuestros jóvenes de hoy, los más pobres y vulnerados, lo merecen y lo necesitan.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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