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La renta petrolera en Perú y Bolivia

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Hidrocarburos refinería de petróleo

GRANDEZAS Y MISERIAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

En la segunda semana de febrero se reunirán las delegaciones de los gobiernos de Perú y Bolivia del sector hidrocarburos para intercambiar experiencias, información, y estudiar las posibilidades reales de las inversiones de la petrolera estatal boliviana YPFB en una serie de rubros que van desde el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), tendidos de ductos, participación en la distribución de gas natural en ocho provincias del centro del país, en tanques de almacenamiento, y hasta en una planta de licuefectación de gas natural en Ilo (Moquegua), para la exportación a terceros países.

En principio, debemos reconocer que estamos ante dos modelos alternativos de explotación de los recursos hidrocarburíferos. Por un lado un modelo liberal, de oferta y demanda donde el Estado peruano ha renunciado expresamente a la titularidad, a la propiedad sobre las “moléculas” del petróleo, gas y líquidos de gas natural.

Este modelo de “libre mercado” vigente en el conjunto de la economía, y especialmente en el sector de hidrocarburos se instauró en el Perú desde la Constitución de 1993 y la ley de hidrocarburos actual, donde se asume que los precios de los combustibles por ejemplo se determinan por la oferta y demanda, cuando en verdad se rigen por las leyes del mercado oligopólico, donde pocas empresas, las más fuertes concertan y controlan el mercado.

En esa lógica llevada al extremo, las autoridades del Gobierno peruano no podrían impedir las inversiones bolivianas en nuestro país, de abastecer con seguridad y respeto al medio ambiente a precios atractivos el gas natural (GN) y el gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado nacional.

En verdad, con los precios de los combustibles vigentes en nuestro país, la estatal boliviana YPFB espera obtener importantes beneficios, pues el mercado peruano de combustibles gracias a sus distorsiones es altamente rentable tanto en la producción como en la distribución.

Es más, legalmente YPFB no debiera tener ningún impedimento, pues cualquier persona jurídica, una empresa que tenga los capitales necesarios y dispuestos para invertir, puede explorar y explotar hidrocarburos, transportar, refinar, distribuir de forma mayorista y minorista combustibles, según la ley de hidrocarburos que rige en nuestro país.

EL MODELO BOLIVIANO

De otro lado, el modelo boliviano podría ser tildado de nacionalista, estatista y hasta de populista pero que ha sido efectivo para los objetivos del gobierno de Evo Morales desde mediados del 2006 a la fecha, dando estabilidad a un país que cambiaba de presidente cada año.

Es decir, como hemos venido sosteniendo en varios artículos, en Bolivia gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas natural una palanca para su desarrollo reduciendo significativamente la pobreza, disminuyendo las brechas sociales en un país que en los últimos tres años ha liderado el crecimiento económico de los países de América Latina.

Es más, con mayores ingresos fiscales de la renta petrolera que captura en relación al Estado peruano, con una creciente masificación interna que integra a las principales ciudades, y una industrialización con mayor valor agregado, teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB.

Todo ello ha sido posible con la nacionalización de los hidrocarburos, donde la petrolera estatal boliviana comercializa el 100% de los hidrocraburos tanto en el mercado interno y externo. Siendo el Estado el titular, propietario sobre los hidrocarburos de los cuales puede disponer plenamente a diferencia del Estado peruano.

RENTA PETROLERA

Por definición la renta petrolera es la diferencia entre el precio internacional de los hidrocarburos como el petróleo y los costos internos de producción. Esta diferencia o excedente siempre ha sido materia de conflicto, pues los capitales presionan por los más altos márgenes de utilidades frente al Estado y los trabajadores.

En el caso de los productos de la tierra como los minerales y los hidrocarburos la teoría de la renta diferencial y absoluta resulta de la mayor importancia para la capitalización o empobrecimiento de los países dotados con recursos naturales. Lamentablemente son pocos los países extractivistas en América Latina donde la explotación de materias primas generen riqueza para las mayorías.

En la práctica lo que el Estado percibe de la renta petrolera, son los impuestos a las ganancias (Impuestos a la Renta) y las regalías por la explotación del petróleo, gas y líquidos de gas natural, que tributariamente se deducen como gasto.

Por el contrario, los capitales privados de la renta petrolera retienen las utilidades, las depreciaciones, amortizaciones, los pagos por capital de préstamos (intereses). Es más, se utiliza una serie de mecanismos tributarios para reducir la utilidad imponible, y “sacarle la vuelta” al fisco.

Por último, los trabajadores del sector perciben de la renta petrolera la llamada participación en las utilidades, distribución que interesadamente se ha fijado sobre el 5% de la renta distribuible, cuando a los trabajadores que operan en los sectores extractivos como la minería e hidrocarburos les debiera corresponder el 8% de la renta.

De allí que la pugna, la oposición de intereses en la explotación de los recursos naturales no renovables en la historia de América Latina ha transitado por la mayor o menor participación del Estado en la riqueza en representación de la Nación sobre la renta petrolera.

GRANDEZAS Y MISERIAS FISCALES

Para el caso que nos interesa en una comparación entre Perú y Bolivia, podemos afirmar que el estado del país altiplánico captura una mayor porción de la renta petrolera de los recursos hidrocarburíferos en relación al Estado peruano gracias a la nacionalización del 2006.

Incluso esta mayor participación del estado boliviano sobre la riqueza ha sido reconocida por organismos multilaterales como el Banco Mundial y FMI que están libres de simpatías socializantes o populistas.

Sin embargo, debemos señalar que esta bonanza gasífera ha llegado a su término en los últimos dos años por la depresión de los precios del petróleo dado que los precios del gas natural boliviano que se exporta al Brasil y Argentina están atados, indexados a los precios del crudo, cuestión que no sucede en nuestro país.

Al margen del tamaño de las economías estimado por el indicador clásico como el valor de la producción de bienes y servicios (PBI), pues la economía peruana sería casi cinco veces más grande y tres veces más poblada que la boliviana, con una producción de hidrocarburos más o menos equivalente, pues si ellos producen más gas natural, en nuestro país se explota más petróleo y líquidos de gas natural.

Lo que interesa demostrar es el ingreso fiscal que percibe el Estado peruano versus el boliviano. Para ello presentamos un cuadro resumen “Comparación de los Ingresos Fiscales Generados por la Actividad de Hidrocarburos de Perú y Bolivia” en el período 2011 al 2017 expresados en millones de dólares corrientes.

Al margen del valor de los dólares en Perú y Bolivia, el denominado “poder de compra”, pues en el país altiplánico con US$ 100 se compra más bienes y servicios en relación a nuestro país, podemos concluir que el fisco boliviano percibe mayores ingresos sea por impuestos, regalías, patentes y penalizaciones en todos los años del período considerado gracias a la nacionalización.

Por el contrario, en el período 2011/2017 el Estado peruano ha captado sea por ingresos tributarios como los selectivos, más el Impuesto a la Renta menos las devoluciones tributarias. A ello se debería sumar las regalías que percibe por la explotación de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural.

BONANZA Y CAÍDA

Por tanto, en un año de bonanza como el 2012 cuando los precios del petróleo promediaban los US$ 100 el barril, el fisco peruano percibía ingresos fiscales por la explotación de petróleo, gas y líquidos de gas natural, sobre todo proveniente de los lotes de Camisea, lotes 88, y 56 la suma de US$ 3,486 millones, y el fisco boliviano US$ 4,292 millones.

En el 2015 cuando los precios del crudo se caen a los US$ 50 el barril, el Estado peruano percibió por la explotación de hidrocarburos apenas el valor de US$ 1,383 millones mientras el fisco boliviano capturó US$ 3,839 millones.

En el 2017 con ingresos del petróleo que promedian los US$ 52 el barril prácticamente los ingresos fiscales en el Perú se mantienen sobre los US$ 1,380 millones, mientras los ingresos fiscales en Bolivia se derrumban para llegar a ser de US$ 1,860 millones.

De allí del interés de la petrolera YPFB de diversificar el mercado de las exportaciones de gas natural que por contrato están destinadas hacia el Brasil y en menor medida a la Argentina.

Ello explica también la aplicación de las políticas de valor agregado como la producción de urea y la apuesta por la petroquímica avanzada que les permitirá producir plásticos a partir del 2021, pues la industrialización del gas natural le otorga un mayor valor de mercado al producto final, todo lo contrario a nuestro país.

PRODUCCIÓN Y PRECIOS

En el 2012 en el Perú las empresas producían 1,199 millones de pies cúbicos de gas natural por día con precios en boca de pozo que no superaban los US$ 3 por millón de BTU que es una medida de calor que resulta equivalente a casi 1,000 pies cúbicos en volumen.

Para que se entienda la tremenda riqueza que se concentran en las empresas productoras de gas, podemos afirmar que aproximadamente el 50% de un millón de BTU (US$ 1.5) resulta equivalente en términos caloríferos a un balón de 10 kilos de GLP que se vende a más de US$ 10. De allí, la importancia de la masificación de la cultura del gas natural en nuestro país, para tener un energético barato, limpio y competitivo al servicio de las mayorías.

Por tanto, se puede estimar las espectaculares utilidades privadas que tienen plantas de fraccionamiento de líquidos de gas natural que se extraen y se separan del gas natural para procesar GLP, como es el caso de Pluspetrol, Savia, Graña y Montero en nuestro país. A ello debe sumarse las ganancias y distorsiones del precio en la cadena del envasado y distribución.

Comparación de los ingresos fiscales generados por la actividad de hidrocarburos de Perú y Bolivia

LGN MÁS CRUDO

Si bien Bolivia en el 2017 produce un poco más de 2,000 millones de pies cúbicos diarios, y 59,326 barriles diarios entre petróleo y líquidos de gas natural según la información proporcionada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, con lo cual ha masificado la cultura del gas imponiendo un modelo de valor agregado al servicio de las mayorías bolivianas.

En cambio en nuestro país producimos para el mismo año 1,252 millones de pies cúbicos, se reinyectan más de 300 millones de pies cúbicos diarios en el lote 88, pues el negocio rentable, el lomo fino es la producción de líquidos (LGN) que tiene referentes internacionales, mientras el precio del gas natural del lote 88, es un precio regulado, barato que mayormente es aprovechado en un 70% por un cogollo de empresas eléctricas, que queman gas barato y venden energía cara.

En resumen, en un nuevo modelo de acumulación donde el Estado peruano recupere la soberanía sobre los recursos naturales como los hidrocarburíferos (petróleo, gas y líquidos de gas natural), podremos aumentar la participación del fisco en la renta petrolera, masificar la cultura del gas natural a lo largo y ancho del país e industrializar un recurso al servicio del país.

EXPORTACIÓN A PRECIOS DE OPROBIO

Debe indicarse que de la producción diaria de gas natural que promedia los 1,200 millones de pies cúbicos, aproximadamente 430 a 450 millones de pies cúbicos se exportan hacia México a precios castigados pues tienen como marcador el precio Henri Hub vigente en el mercado norteamericano, precio que desde la crisis financiera de fines del 2008 se ha tirado al piso, gracias a los extraordinarios excedentes que tiene EE.UU. gracias al gas de piedra o gas enquisto (shale gas).

Por una fórmula contractual en el contrato de exportación de gas natural proveniente del lote 56 firmado durante el gobierno de Toledo, con participación de PPK se pactó que el precio vigente en el contrato de exportación sería el marcador Henri Hub menos un 9% que hacia el 2004/2005 se mantenía sobre los US$ 10 el millón de BTU, por ello en ese entonces, el contrato de exportación era percibido apetitoso y rentable para las empresas consorciadas en Perú LNG (Hunt Oil, SK de Corea, Repsol etc.)

Sin embargo, con el derrumbe del precio del gas natural en EE.UU. el marcador Henri Hub se tiró al piso y desde esa fecha hasta hoy no supera los niveles de US$ 3 el millón de BTU, con el abono de regalías miserables para el fisco peruano, por la aplicación de la fórmula del “net back price” (precio hacia atrás)

Por ello, las empresas reexportaban el gas de México hacia otros mercados más rentables, con ello le sacaban la vuelta al Estado peruano, pues las regalías que debían pagar se fijaban sobre los precios de oprobio y no sobre los precios finales, como los vigentes en Corea del Sur o Japón que en algún momento se fluctuaron sobre los US$ 15 el millón de BTU.

Lo cierto y evidente es que los precios del gas natural de exportación del lote 56 debieran revisarse, como debiera renegociarse un contrato lesivo a los intereses del país, para promover una genuina masificación de la cultura del gas natural.

Por el contrario, en Bolivia gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, los precios del gas natural para la exportación están amarrados al precio del petróleo, por ello en promedio los precios que percibe la estatal petrolera boliviana YPFB fluctúan sobre los US$ 5 a 6 por millón de BTU, precios que duplican a los vigentes en nuestro país, y de lejos superan los precios base del gas de exportación 0.52 centavos de dólar por millón de BTU.

Si a ello se suma que las tasas de regalías en el vecino país promedian el 50% al margen del Impuesto a la Renta, mientras en nuestro país solamente las regalías de los hidrocarburos del lote 88 abonan el 37.24%, mientras las regalías del lote 57 son equivalentes a una tasa de 5%, y las regalías aplicadas al lote 56 tienen una fórmula especial que pueden ser del 38% sobre un precio mínimo de US$ 0.52 centavos por millón de BTU, es decir se cobra una regalía de oprobio que este gobierno se comprometió a renegociar.

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Política

Hacia la unidad de la izquierda

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en

M archa protesta con la bandera nacional

Diario Uno entrevistó a dirigentes de Nuevo Perú, Juntos por el Perú y Perú Libre para conocer desde sus propias comisiones políticas los alcances de la alianza política anunciada en las últimas horas.

Para Álvaro Campana, secretario general deNuevo Perú, la articulación con otras fuerzas de izquierda es una tarea perseguida desde el inicio de la gestión de la comisión política y del propio Congreso fundacional del movimiento liderado por Verónika Mendoza.

UNA PLATAFORMA DE CAMBIO

“No es una decisión de último momento. Siempre fue una tarea importante articular las fuerzas políticas de izquierda y movimientos sociales para generar una gran plataforma de cambio. Un instrumento que nos permita construir una mayoría social, política y electoral. Y esto es al margen de la inscripción de Nuevo Perú, que la vamos a seguir buscando”, afirmó.

Campana recordó que Nuevo Perú ha sido protagonista en alguna medida en el desenlace del cierre del Congreso, y por tanto consideró necesario incidir en la salida de la crisis actual que vive el país y que no creen que se haya terminado. Asimismo, remarcó la necesidad de “construir una alternativa democrática, ciudadana y constituyente”. “¿Con quién la vamos a hacer si no es con las fuerzas de izquierda, con las organizaciones sociales, con los sectores ciudadanos?”, preguntó.

El vocero de Nuevo Perú recordó que “los dos poderes del Estado que se han mantenido en pugna, el Ejecutivo y Legislativo, han estado manejados por fuerzas de derecha”, y que, si bien es cierto que durante la crisis ha habido participación de la ciudadanía en las calles con movilizaciones, “esto no ha terminado de generar una alternativa de cambio”.

LA DERECHA NO QUIERE RIVALES

“Es evidente que la derecha no quiere que participemos en el proceso electoral. Un ejemplo es que aún no existe un reglamento de las leyes de la reforma política. Mira cuántos meses han pasado y todavía no podemos comprar un kit electoral para poder inscribir nuestra organización política. Con ello impiden que podamos inscribirnos y participar, nos impiden existir legalmente como organización a pesar de que tenemos bases a nivel nacional, participamos aún en la Comisión Permanente del Congreso”, denunció.

CRIMIMALIZACIÓN DE LOS DISIDENTES

Campana enfatizó que no se puede relativizar la lucha contra la corrupción, y recordó que el comunicado de Nuevo Perú exigió que las investigaciones se realicen a fondo. Sin embargo, también advirtió que hay que tener cuidado respecto al avance de una “judicialización de la política” y de la criminalización de la gente disidente del modelo hegemónico. “Nosotros vamos a insistir en la lucha contra la corrupción. Juntos por el Perú no es Yehude Simon y Perú Libre no es Cerrón”, expresó.

Finalmente, Campana aclaró que Nuevo Perú no abandonará las banderas respecto a los derechos de los trabajadores, ni de los pueblos indígenas, diversidad sexual, igualdad de género ni de la defensa del medio ambiente. “Pero en un frente tú no te juntas con el que es idéntico a ti; te juntas en función a similitudes y sabiendo que hay diferencias. Esas diferencias deben ser tratadas en el marco de la lucha política. En ese sentido tenemos clarísimo cuales son nuestras banderas y vamos a seguir insistiendo con ellas”, afirmó.

M archa protesta con la bandera nacional en Plaza San Martín

PERSECUCIÓN JUDICIAL

Por su parte, el secretario general de Perú Libre, Arturo Cárdenas, recalcó que existe un “reclamo insistente del pueblo peruano que quiere ver unida a toda la izquierda”, y que mientras que no se logre ello “vamos a seguir recibiendo el castigo del pueblo en cada proceso electoral”.

Consideró además que la unidad de la izquierda es fundamental para refundar “esta república limeña que solo se ha concentrado en la capital”. “Necesitamos un Perú libre para las grandes mayorías, no sólo privilegiar una minoría que tiene capturado el Estado desde hace 200 años”, agregó.

Respecto a los cuestionamientos sobre Vladimir Cerrón, Cárdenas advirtió que se está consumando una “persecución judicial” en su contra. “Es similar a lo que ocurre con Lula. En Brasil utilizaron un desprestigio mediático para acusar a Lula como corrupto y luego vino una persecución judicial para bloquear toda candidatura y favorecer a Jair Bolsonaro. Luego el favor fue escandalosamente devuelto, nombrando a Sergio Moro, que había sentenciado a Lula, con un ministerio. Al final se reveló cómo conspiraron para encarcelar a Lula”, explicó.

Cárdenas advirtió que “la derecha está desesperada porque no tiene candidato ni plan de gobierno, pero quiere perpetuar este modelo neoliberal que viene fracasando en Argentina, en Ecuador y ahora en Chile”, y que por eso “ha arremetido con fuerza y pretende liquidar el liderazgo de Vladimir Cerrón etiquetándolo como corrupto y con esa persecución judicial que casi se ha consumado”.

MADUREZ POLÍTICA ES CLAVE

En tanto, el secretario general de Patria Roja, integrante de Juntos por el Perú, Manuel Guerra, afirmó que para superar el modelo neoliberal impuesto por el fujimorismo se requiere la unión de todos los sectores de la izquierda. “No se puede abrir un nuevo rumbo al país si no estamos unidos. La población quiere un cambio en el país, estamos en una descomposición moral muy grande y hay que aprovechar esta oportunidad con un programa claramente antineoliberal”, añadió.

Guerra remarcó que la derecha hará todo lo posible por mantener la fragmentación política y social en la izquierda, ya que la unión de estos sectores afectaría a sus intereses particulares.

“Quienes representamos a sectores de izquierda debemos actuar con madurez y poner por delante los intereses del país y de la gente. Si logramos esto, la unidad va a ser posible y duradera porque tendrá bases consistentes. Pero si nos dejamos llevar por apetitos personales, por pequeñas diferencias o temas estrictamente coyunturales, ahí la unidad será difícil de lograr. Y si se logra, sería muy efímera”, advirtió.

Finalmente, Guerra consideró que sería un error si la izquierda se une solo para el 2020. “El Perú necesita cambios de verdad y eso no se va a lograr con la elección parlamentaria. Tenemos que pensar en el largo plazo, y el paso que damos nos genera expectativas. Hay que cuidar y reforzar esta unidad para que no se disuelva con el proceso concreto del 2020”, apuntó.

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Editorial

Hay que prevenir los huaycos y desbordes

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Más vale tarde que nunca. El presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín, Neptalí Sánchez Figueroa, ha dado la voz de alerta en declaraciones a la estatal agencia de noticias Andina. Al menos 150 puntos de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín deben ser intervenidos inmediatamente por las autoridades para evitar cualquier riesgo de desborde por efecto de las lluvias en la sierra de Lima durante los meses de verano. A ello hay que añadir que para la llegada del verano quedan solo dos meses.

El funcionario ha explicado que en total han sido identificados 302 puntos críticosy, por lo menos, en la mitad de ellos existe peligro extremo y requieren intervención inmediata. Además, lamentó Sánchez Figueroa lamentó que los ríos de Lima sigan siendo el botadero de basura de mucha gente, pero además que estos sean afectados por empresas que extraen del cauce grandes rocas -que son su protección natural- para usarlas en los cimientos de las construcciones. Como se puede apreciar, la situación realmente requiere de la intervención de las autoridades.

La pregunta del millón, como siempre, es ¿por qué todos los años se espera la crecida de los ríos para ponerse a trabajar cuando ya están empezando los desbordes? ¿No sería, acaso, más fácil y menos costoso que todas las instituciones participaran en un plan conjunto para mantener la limpieza de los cauces y evitar que los pobladores se instalen cerca de las zonas en donde hay riesgo de desbordes? Bueno, nosotros nos preguntamos, simplemente, y son las autoridades pertinentes –los gobernadores regionales, los alcaldes y las autoridades del Gobierno los encargados de coordinar acciones para que la población no corra riesgos innecesarios.

Esperemos que esta vez las autoridades pertinentes, especialmente de los municipios de distritos ribereños, tengan la sensatez y el sentido común de trabajar para que los ríos no se salgan de su cauce y no ocasionen grandes pérdidas a campesinos y pobladores asentados en las cercanías. Esperemos que esta vez nuestras autoridades hayan escuchado la voz de alerta y no esperen el último minuto porque quizá para entonces puede ser demasiado tarde.

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Política

Fuerza Popular valida disolución del Congreso al participar en elecciones

Publicado

en

Jorge Meléndez

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, dijo hoy que Fuerza Popular valida la disolución constitucional del Congreso al acordar participar en las elecciones congresales de enero de 2020.

“En la práctica están aceptando (…) En esta oportunidad, si ellos participan evidentemente están validando todo lo que ha acontecido en el país”, señaló en canal N.

Tras referir que Fuerza Popular está en su derecho de postular como agrupación política, recordó que en la comunidad internacional es clara la idea de que la disolución del Congreso se dio bajo el marco de la Constitución.

Mencionó, por ejemplo, que la opinión brindada por la Organización de Estados Americanos (OEA) ayuda a estabilizar la situación del país.

Ahora, remarcó, queda encaminar una elección congresal transparente con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fuerza Popular acordó hoy que participará en las próximas elecciones congresales y que la elección de sus candidatos se realizará a través de delegados de los comités provinciales.

La decisión fue adoptada durante un congreso nacional celebrado en su local partidario de Paseo Colón, en el Cercado de Lima, donde solo participaron los delegados de la organización política.

El Poder Ejecutivo ha convocado a elecciones congresales para el 26 de enero del 2020. Los congresistas elegidos en dicho proceso electoral cumplirán funciones hasta julio de 2021.

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