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La renta petrolera en Perú y Bolivia

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Hidrocarburos refinería de petróleo

GRANDEZAS Y MISERIAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

En la segunda semana de febrero se reunirán las delegaciones de los gobiernos de Perú y Bolivia del sector hidrocarburos para intercambiar experiencias, información, y estudiar las posibilidades reales de las inversiones de la petrolera estatal boliviana YPFB en una serie de rubros que van desde el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), tendidos de ductos, participación en la distribución de gas natural en ocho provincias del centro del país, en tanques de almacenamiento, y hasta en una planta de licuefectación de gas natural en Ilo (Moquegua), para la exportación a terceros países.

En principio, debemos reconocer que estamos ante dos modelos alternativos de explotación de los recursos hidrocarburíferos. Por un lado un modelo liberal, de oferta y demanda donde el Estado peruano ha renunciado expresamente a la titularidad, a la propiedad sobre las “moléculas” del petróleo, gas y líquidos de gas natural.

Este modelo de “libre mercado” vigente en el conjunto de la economía, y especialmente en el sector de hidrocarburos se instauró en el Perú desde la Constitución de 1993 y la ley de hidrocarburos actual, donde se asume que los precios de los combustibles por ejemplo se determinan por la oferta y demanda, cuando en verdad se rigen por las leyes del mercado oligopólico, donde pocas empresas, las más fuertes concertan y controlan el mercado.

En esa lógica llevada al extremo, las autoridades del Gobierno peruano no podrían impedir las inversiones bolivianas en nuestro país, de abastecer con seguridad y respeto al medio ambiente a precios atractivos el gas natural (GN) y el gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado nacional.

En verdad, con los precios de los combustibles vigentes en nuestro país, la estatal boliviana YPFB espera obtener importantes beneficios, pues el mercado peruano de combustibles gracias a sus distorsiones es altamente rentable tanto en la producción como en la distribución.

Es más, legalmente YPFB no debiera tener ningún impedimento, pues cualquier persona jurídica, una empresa que tenga los capitales necesarios y dispuestos para invertir, puede explorar y explotar hidrocarburos, transportar, refinar, distribuir de forma mayorista y minorista combustibles, según la ley de hidrocarburos que rige en nuestro país.

EL MODELO BOLIVIANO

De otro lado, el modelo boliviano podría ser tildado de nacionalista, estatista y hasta de populista pero que ha sido efectivo para los objetivos del gobierno de Evo Morales desde mediados del 2006 a la fecha, dando estabilidad a un país que cambiaba de presidente cada año.

Es decir, como hemos venido sosteniendo en varios artículos, en Bolivia gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas natural una palanca para su desarrollo reduciendo significativamente la pobreza, disminuyendo las brechas sociales en un país que en los últimos tres años ha liderado el crecimiento económico de los países de América Latina.

Es más, con mayores ingresos fiscales de la renta petrolera que captura en relación al Estado peruano, con una creciente masificación interna que integra a las principales ciudades, y una industrialización con mayor valor agregado, teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB.

Todo ello ha sido posible con la nacionalización de los hidrocarburos, donde la petrolera estatal boliviana comercializa el 100% de los hidrocraburos tanto en el mercado interno y externo. Siendo el Estado el titular, propietario sobre los hidrocarburos de los cuales puede disponer plenamente a diferencia del Estado peruano.

RENTA PETROLERA

Por definición la renta petrolera es la diferencia entre el precio internacional de los hidrocarburos como el petróleo y los costos internos de producción. Esta diferencia o excedente siempre ha sido materia de conflicto, pues los capitales presionan por los más altos márgenes de utilidades frente al Estado y los trabajadores.

En el caso de los productos de la tierra como los minerales y los hidrocarburos la teoría de la renta diferencial y absoluta resulta de la mayor importancia para la capitalización o empobrecimiento de los países dotados con recursos naturales. Lamentablemente son pocos los países extractivistas en América Latina donde la explotación de materias primas generen riqueza para las mayorías.

En la práctica lo que el Estado percibe de la renta petrolera, son los impuestos a las ganancias (Impuestos a la Renta) y las regalías por la explotación del petróleo, gas y líquidos de gas natural, que tributariamente se deducen como gasto.

Por el contrario, los capitales privados de la renta petrolera retienen las utilidades, las depreciaciones, amortizaciones, los pagos por capital de préstamos (intereses). Es más, se utiliza una serie de mecanismos tributarios para reducir la utilidad imponible, y “sacarle la vuelta” al fisco.

Por último, los trabajadores del sector perciben de la renta petrolera la llamada participación en las utilidades, distribución que interesadamente se ha fijado sobre el 5% de la renta distribuible, cuando a los trabajadores que operan en los sectores extractivos como la minería e hidrocarburos les debiera corresponder el 8% de la renta.

De allí que la pugna, la oposición de intereses en la explotación de los recursos naturales no renovables en la historia de América Latina ha transitado por la mayor o menor participación del Estado en la riqueza en representación de la Nación sobre la renta petrolera.

GRANDEZAS Y MISERIAS FISCALES

Para el caso que nos interesa en una comparación entre Perú y Bolivia, podemos afirmar que el estado del país altiplánico captura una mayor porción de la renta petrolera de los recursos hidrocarburíferos en relación al Estado peruano gracias a la nacionalización del 2006.

Incluso esta mayor participación del estado boliviano sobre la riqueza ha sido reconocida por organismos multilaterales como el Banco Mundial y FMI que están libres de simpatías socializantes o populistas.

Sin embargo, debemos señalar que esta bonanza gasífera ha llegado a su término en los últimos dos años por la depresión de los precios del petróleo dado que los precios del gas natural boliviano que se exporta al Brasil y Argentina están atados, indexados a los precios del crudo, cuestión que no sucede en nuestro país.

Al margen del tamaño de las economías estimado por el indicador clásico como el valor de la producción de bienes y servicios (PBI), pues la economía peruana sería casi cinco veces más grande y tres veces más poblada que la boliviana, con una producción de hidrocarburos más o menos equivalente, pues si ellos producen más gas natural, en nuestro país se explota más petróleo y líquidos de gas natural.

Lo que interesa demostrar es el ingreso fiscal que percibe el Estado peruano versus el boliviano. Para ello presentamos un cuadro resumen “Comparación de los Ingresos Fiscales Generados por la Actividad de Hidrocarburos de Perú y Bolivia” en el período 2011 al 2017 expresados en millones de dólares corrientes.

Al margen del valor de los dólares en Perú y Bolivia, el denominado “poder de compra”, pues en el país altiplánico con US$ 100 se compra más bienes y servicios en relación a nuestro país, podemos concluir que el fisco boliviano percibe mayores ingresos sea por impuestos, regalías, patentes y penalizaciones en todos los años del período considerado gracias a la nacionalización.

Por el contrario, en el período 2011/2017 el Estado peruano ha captado sea por ingresos tributarios como los selectivos, más el Impuesto a la Renta menos las devoluciones tributarias. A ello se debería sumar las regalías que percibe por la explotación de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural.

BONANZA Y CAÍDA

Por tanto, en un año de bonanza como el 2012 cuando los precios del petróleo promediaban los US$ 100 el barril, el fisco peruano percibía ingresos fiscales por la explotación de petróleo, gas y líquidos de gas natural, sobre todo proveniente de los lotes de Camisea, lotes 88, y 56 la suma de US$ 3,486 millones, y el fisco boliviano US$ 4,292 millones.

En el 2015 cuando los precios del crudo se caen a los US$ 50 el barril, el Estado peruano percibió por la explotación de hidrocarburos apenas el valor de US$ 1,383 millones mientras el fisco boliviano capturó US$ 3,839 millones.

En el 2017 con ingresos del petróleo que promedian los US$ 52 el barril prácticamente los ingresos fiscales en el Perú se mantienen sobre los US$ 1,380 millones, mientras los ingresos fiscales en Bolivia se derrumban para llegar a ser de US$ 1,860 millones.

De allí del interés de la petrolera YPFB de diversificar el mercado de las exportaciones de gas natural que por contrato están destinadas hacia el Brasil y en menor medida a la Argentina.

Ello explica también la aplicación de las políticas de valor agregado como la producción de urea y la apuesta por la petroquímica avanzada que les permitirá producir plásticos a partir del 2021, pues la industrialización del gas natural le otorga un mayor valor de mercado al producto final, todo lo contrario a nuestro país.

PRODUCCIÓN Y PRECIOS

En el 2012 en el Perú las empresas producían 1,199 millones de pies cúbicos de gas natural por día con precios en boca de pozo que no superaban los US$ 3 por millón de BTU que es una medida de calor que resulta equivalente a casi 1,000 pies cúbicos en volumen.

Para que se entienda la tremenda riqueza que se concentran en las empresas productoras de gas, podemos afirmar que aproximadamente el 50% de un millón de BTU (US$ 1.5) resulta equivalente en términos caloríferos a un balón de 10 kilos de GLP que se vende a más de US$ 10. De allí, la importancia de la masificación de la cultura del gas natural en nuestro país, para tener un energético barato, limpio y competitivo al servicio de las mayorías.

Por tanto, se puede estimar las espectaculares utilidades privadas que tienen plantas de fraccionamiento de líquidos de gas natural que se extraen y se separan del gas natural para procesar GLP, como es el caso de Pluspetrol, Savia, Graña y Montero en nuestro país. A ello debe sumarse las ganancias y distorsiones del precio en la cadena del envasado y distribución.

Comparación de los ingresos fiscales generados por la actividad de hidrocarburos de Perú y Bolivia

LGN MÁS CRUDO

Si bien Bolivia en el 2017 produce un poco más de 2,000 millones de pies cúbicos diarios, y 59,326 barriles diarios entre petróleo y líquidos de gas natural según la información proporcionada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, con lo cual ha masificado la cultura del gas imponiendo un modelo de valor agregado al servicio de las mayorías bolivianas.

En cambio en nuestro país producimos para el mismo año 1,252 millones de pies cúbicos, se reinyectan más de 300 millones de pies cúbicos diarios en el lote 88, pues el negocio rentable, el lomo fino es la producción de líquidos (LGN) que tiene referentes internacionales, mientras el precio del gas natural del lote 88, es un precio regulado, barato que mayormente es aprovechado en un 70% por un cogollo de empresas eléctricas, que queman gas barato y venden energía cara.

En resumen, en un nuevo modelo de acumulación donde el Estado peruano recupere la soberanía sobre los recursos naturales como los hidrocarburíferos (petróleo, gas y líquidos de gas natural), podremos aumentar la participación del fisco en la renta petrolera, masificar la cultura del gas natural a lo largo y ancho del país e industrializar un recurso al servicio del país.

EXPORTACIÓN A PRECIOS DE OPROBIO

Debe indicarse que de la producción diaria de gas natural que promedia los 1,200 millones de pies cúbicos, aproximadamente 430 a 450 millones de pies cúbicos se exportan hacia México a precios castigados pues tienen como marcador el precio Henri Hub vigente en el mercado norteamericano, precio que desde la crisis financiera de fines del 2008 se ha tirado al piso, gracias a los extraordinarios excedentes que tiene EE.UU. gracias al gas de piedra o gas enquisto (shale gas).

Por una fórmula contractual en el contrato de exportación de gas natural proveniente del lote 56 firmado durante el gobierno de Toledo, con participación de PPK se pactó que el precio vigente en el contrato de exportación sería el marcador Henri Hub menos un 9% que hacia el 2004/2005 se mantenía sobre los US$ 10 el millón de BTU, por ello en ese entonces, el contrato de exportación era percibido apetitoso y rentable para las empresas consorciadas en Perú LNG (Hunt Oil, SK de Corea, Repsol etc.)

Sin embargo, con el derrumbe del precio del gas natural en EE.UU. el marcador Henri Hub se tiró al piso y desde esa fecha hasta hoy no supera los niveles de US$ 3 el millón de BTU, con el abono de regalías miserables para el fisco peruano, por la aplicación de la fórmula del “net back price” (precio hacia atrás)

Por ello, las empresas reexportaban el gas de México hacia otros mercados más rentables, con ello le sacaban la vuelta al Estado peruano, pues las regalías que debían pagar se fijaban sobre los precios de oprobio y no sobre los precios finales, como los vigentes en Corea del Sur o Japón que en algún momento se fluctuaron sobre los US$ 15 el millón de BTU.

Lo cierto y evidente es que los precios del gas natural de exportación del lote 56 debieran revisarse, como debiera renegociarse un contrato lesivo a los intereses del país, para promover una genuina masificación de la cultura del gas natural.

Por el contrario, en Bolivia gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, los precios del gas natural para la exportación están amarrados al precio del petróleo, por ello en promedio los precios que percibe la estatal petrolera boliviana YPFB fluctúan sobre los US$ 5 a 6 por millón de BTU, precios que duplican a los vigentes en nuestro país, y de lejos superan los precios base del gas de exportación 0.52 centavos de dólar por millón de BTU.

Si a ello se suma que las tasas de regalías en el vecino país promedian el 50% al margen del Impuesto a la Renta, mientras en nuestro país solamente las regalías de los hidrocarburos del lote 88 abonan el 37.24%, mientras las regalías del lote 57 son equivalentes a una tasa de 5%, y las regalías aplicadas al lote 56 tienen una fórmula especial que pueden ser del 38% sobre un precio mínimo de US$ 0.52 centavos por millón de BTU, es decir se cobra una regalía de oprobio que este gobierno se comprometió a renegociar.

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Política

Lo dejaron solo

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en

Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

Publicado

en

Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

Publicado

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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