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La renta petrolera en Perú y Bolivia

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Hidrocarburos refinería de petróleo

GRANDEZAS Y MISERIAS EN EL SECTOR DE HIDROCARBUROS

En la segunda semana de febrero se reunirán las delegaciones de los gobiernos de Perú y Bolivia del sector hidrocarburos para intercambiar experiencias, información, y estudiar las posibilidades reales de las inversiones de la petrolera estatal boliviana YPFB en una serie de rubros que van desde el abastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP), tendidos de ductos, participación en la distribución de gas natural en ocho provincias del centro del país, en tanques de almacenamiento, y hasta en una planta de licuefectación de gas natural en Ilo (Moquegua), para la exportación a terceros países.

En principio, debemos reconocer que estamos ante dos modelos alternativos de explotación de los recursos hidrocarburíferos. Por un lado un modelo liberal, de oferta y demanda donde el Estado peruano ha renunciado expresamente a la titularidad, a la propiedad sobre las “moléculas” del petróleo, gas y líquidos de gas natural.

Este modelo de “libre mercado” vigente en el conjunto de la economía, y especialmente en el sector de hidrocarburos se instauró en el Perú desde la Constitución de 1993 y la ley de hidrocarburos actual, donde se asume que los precios de los combustibles por ejemplo se determinan por la oferta y demanda, cuando en verdad se rigen por las leyes del mercado oligopólico, donde pocas empresas, las más fuertes concertan y controlan el mercado.

En esa lógica llevada al extremo, las autoridades del Gobierno peruano no podrían impedir las inversiones bolivianas en nuestro país, de abastecer con seguridad y respeto al medio ambiente a precios atractivos el gas natural (GN) y el gas licuado de petróleo (GLP) en el mercado nacional.

En verdad, con los precios de los combustibles vigentes en nuestro país, la estatal boliviana YPFB espera obtener importantes beneficios, pues el mercado peruano de combustibles gracias a sus distorsiones es altamente rentable tanto en la producción como en la distribución.

Es más, legalmente YPFB no debiera tener ningún impedimento, pues cualquier persona jurídica, una empresa que tenga los capitales necesarios y dispuestos para invertir, puede explorar y explotar hidrocarburos, transportar, refinar, distribuir de forma mayorista y minorista combustibles, según la ley de hidrocarburos que rige en nuestro país.

EL MODELO BOLIVIANO

De otro lado, el modelo boliviano podría ser tildado de nacionalista, estatista y hasta de populista pero que ha sido efectivo para los objetivos del gobierno de Evo Morales desde mediados del 2006 a la fecha, dando estabilidad a un país que cambiaba de presidente cada año.

Es decir, como hemos venido sosteniendo en varios artículos, en Bolivia gracias a la nacionalización sobre los hidrocarburos, el país altiplánico ha tenido en la explotación del gas natural una palanca para su desarrollo reduciendo significativamente la pobreza, disminuyendo las brechas sociales en un país que en los últimos tres años ha liderado el crecimiento económico de los países de América Latina.

Es más, con mayores ingresos fiscales de la renta petrolera que captura en relación al Estado peruano, con una creciente masificación interna que integra a las principales ciudades, y una industrialización con mayor valor agregado, teniendo como protagonista central a la petrolera estatal YPFB.

Todo ello ha sido posible con la nacionalización de los hidrocarburos, donde la petrolera estatal boliviana comercializa el 100% de los hidrocraburos tanto en el mercado interno y externo. Siendo el Estado el titular, propietario sobre los hidrocarburos de los cuales puede disponer plenamente a diferencia del Estado peruano.

RENTA PETROLERA

Por definición la renta petrolera es la diferencia entre el precio internacional de los hidrocarburos como el petróleo y los costos internos de producción. Esta diferencia o excedente siempre ha sido materia de conflicto, pues los capitales presionan por los más altos márgenes de utilidades frente al Estado y los trabajadores.

En el caso de los productos de la tierra como los minerales y los hidrocarburos la teoría de la renta diferencial y absoluta resulta de la mayor importancia para la capitalización o empobrecimiento de los países dotados con recursos naturales. Lamentablemente son pocos los países extractivistas en América Latina donde la explotación de materias primas generen riqueza para las mayorías.

En la práctica lo que el Estado percibe de la renta petrolera, son los impuestos a las ganancias (Impuestos a la Renta) y las regalías por la explotación del petróleo, gas y líquidos de gas natural, que tributariamente se deducen como gasto.

Por el contrario, los capitales privados de la renta petrolera retienen las utilidades, las depreciaciones, amortizaciones, los pagos por capital de préstamos (intereses). Es más, se utiliza una serie de mecanismos tributarios para reducir la utilidad imponible, y “sacarle la vuelta” al fisco.

Por último, los trabajadores del sector perciben de la renta petrolera la llamada participación en las utilidades, distribución que interesadamente se ha fijado sobre el 5% de la renta distribuible, cuando a los trabajadores que operan en los sectores extractivos como la minería e hidrocarburos les debiera corresponder el 8% de la renta.

De allí que la pugna, la oposición de intereses en la explotación de los recursos naturales no renovables en la historia de América Latina ha transitado por la mayor o menor participación del Estado en la riqueza en representación de la Nación sobre la renta petrolera.

GRANDEZAS Y MISERIAS FISCALES

Para el caso que nos interesa en una comparación entre Perú y Bolivia, podemos afirmar que el estado del país altiplánico captura una mayor porción de la renta petrolera de los recursos hidrocarburíferos en relación al Estado peruano gracias a la nacionalización del 2006.

Incluso esta mayor participación del estado boliviano sobre la riqueza ha sido reconocida por organismos multilaterales como el Banco Mundial y FMI que están libres de simpatías socializantes o populistas.

Sin embargo, debemos señalar que esta bonanza gasífera ha llegado a su término en los últimos dos años por la depresión de los precios del petróleo dado que los precios del gas natural boliviano que se exporta al Brasil y Argentina están atados, indexados a los precios del crudo, cuestión que no sucede en nuestro país.

Al margen del tamaño de las economías estimado por el indicador clásico como el valor de la producción de bienes y servicios (PBI), pues la economía peruana sería casi cinco veces más grande y tres veces más poblada que la boliviana, con una producción de hidrocarburos más o menos equivalente, pues si ellos producen más gas natural, en nuestro país se explota más petróleo y líquidos de gas natural.

Lo que interesa demostrar es el ingreso fiscal que percibe el Estado peruano versus el boliviano. Para ello presentamos un cuadro resumen “Comparación de los Ingresos Fiscales Generados por la Actividad de Hidrocarburos de Perú y Bolivia” en el período 2011 al 2017 expresados en millones de dólares corrientes.

Al margen del valor de los dólares en Perú y Bolivia, el denominado “poder de compra”, pues en el país altiplánico con US$ 100 se compra más bienes y servicios en relación a nuestro país, podemos concluir que el fisco boliviano percibe mayores ingresos sea por impuestos, regalías, patentes y penalizaciones en todos los años del período considerado gracias a la nacionalización.

Por el contrario, en el período 2011/2017 el Estado peruano ha captado sea por ingresos tributarios como los selectivos, más el Impuesto a la Renta menos las devoluciones tributarias. A ello se debería sumar las regalías que percibe por la explotación de petróleo, gas natural y líquidos de gas natural.

BONANZA Y CAÍDA

Por tanto, en un año de bonanza como el 2012 cuando los precios del petróleo promediaban los US$ 100 el barril, el fisco peruano percibía ingresos fiscales por la explotación de petróleo, gas y líquidos de gas natural, sobre todo proveniente de los lotes de Camisea, lotes 88, y 56 la suma de US$ 3,486 millones, y el fisco boliviano US$ 4,292 millones.

En el 2015 cuando los precios del crudo se caen a los US$ 50 el barril, el Estado peruano percibió por la explotación de hidrocarburos apenas el valor de US$ 1,383 millones mientras el fisco boliviano capturó US$ 3,839 millones.

En el 2017 con ingresos del petróleo que promedian los US$ 52 el barril prácticamente los ingresos fiscales en el Perú se mantienen sobre los US$ 1,380 millones, mientras los ingresos fiscales en Bolivia se derrumban para llegar a ser de US$ 1,860 millones.

De allí del interés de la petrolera YPFB de diversificar el mercado de las exportaciones de gas natural que por contrato están destinadas hacia el Brasil y en menor medida a la Argentina.

Ello explica también la aplicación de las políticas de valor agregado como la producción de urea y la apuesta por la petroquímica avanzada que les permitirá producir plásticos a partir del 2021, pues la industrialización del gas natural le otorga un mayor valor de mercado al producto final, todo lo contrario a nuestro país.

PRODUCCIÓN Y PRECIOS

En el 2012 en el Perú las empresas producían 1,199 millones de pies cúbicos de gas natural por día con precios en boca de pozo que no superaban los US$ 3 por millón de BTU que es una medida de calor que resulta equivalente a casi 1,000 pies cúbicos en volumen.

Para que se entienda la tremenda riqueza que se concentran en las empresas productoras de gas, podemos afirmar que aproximadamente el 50% de un millón de BTU (US$ 1.5) resulta equivalente en términos caloríferos a un balón de 10 kilos de GLP que se vende a más de US$ 10. De allí, la importancia de la masificación de la cultura del gas natural en nuestro país, para tener un energético barato, limpio y competitivo al servicio de las mayorías.

Por tanto, se puede estimar las espectaculares utilidades privadas que tienen plantas de fraccionamiento de líquidos de gas natural que se extraen y se separan del gas natural para procesar GLP, como es el caso de Pluspetrol, Savia, Graña y Montero en nuestro país. A ello debe sumarse las ganancias y distorsiones del precio en la cadena del envasado y distribución.

Comparación de los ingresos fiscales generados por la actividad de hidrocarburos de Perú y Bolivia

LGN MÁS CRUDO

Si bien Bolivia en el 2017 produce un poco más de 2,000 millones de pies cúbicos diarios, y 59,326 barriles diarios entre petróleo y líquidos de gas natural según la información proporcionada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, con lo cual ha masificado la cultura del gas imponiendo un modelo de valor agregado al servicio de las mayorías bolivianas.

En cambio en nuestro país producimos para el mismo año 1,252 millones de pies cúbicos, se reinyectan más de 300 millones de pies cúbicos diarios en el lote 88, pues el negocio rentable, el lomo fino es la producción de líquidos (LGN) que tiene referentes internacionales, mientras el precio del gas natural del lote 88, es un precio regulado, barato que mayormente es aprovechado en un 70% por un cogollo de empresas eléctricas, que queman gas barato y venden energía cara.

En resumen, en un nuevo modelo de acumulación donde el Estado peruano recupere la soberanía sobre los recursos naturales como los hidrocarburíferos (petróleo, gas y líquidos de gas natural), podremos aumentar la participación del fisco en la renta petrolera, masificar la cultura del gas natural a lo largo y ancho del país e industrializar un recurso al servicio del país.

EXPORTACIÓN A PRECIOS DE OPROBIO

Debe indicarse que de la producción diaria de gas natural que promedia los 1,200 millones de pies cúbicos, aproximadamente 430 a 450 millones de pies cúbicos se exportan hacia México a precios castigados pues tienen como marcador el precio Henri Hub vigente en el mercado norteamericano, precio que desde la crisis financiera de fines del 2008 se ha tirado al piso, gracias a los extraordinarios excedentes que tiene EE.UU. gracias al gas de piedra o gas enquisto (shale gas).

Por una fórmula contractual en el contrato de exportación de gas natural proveniente del lote 56 firmado durante el gobierno de Toledo, con participación de PPK se pactó que el precio vigente en el contrato de exportación sería el marcador Henri Hub menos un 9% que hacia el 2004/2005 se mantenía sobre los US$ 10 el millón de BTU, por ello en ese entonces, el contrato de exportación era percibido apetitoso y rentable para las empresas consorciadas en Perú LNG (Hunt Oil, SK de Corea, Repsol etc.)

Sin embargo, con el derrumbe del precio del gas natural en EE.UU. el marcador Henri Hub se tiró al piso y desde esa fecha hasta hoy no supera los niveles de US$ 3 el millón de BTU, con el abono de regalías miserables para el fisco peruano, por la aplicación de la fórmula del “net back price” (precio hacia atrás)

Por ello, las empresas reexportaban el gas de México hacia otros mercados más rentables, con ello le sacaban la vuelta al Estado peruano, pues las regalías que debían pagar se fijaban sobre los precios de oprobio y no sobre los precios finales, como los vigentes en Corea del Sur o Japón que en algún momento se fluctuaron sobre los US$ 15 el millón de BTU.

Lo cierto y evidente es que los precios del gas natural de exportación del lote 56 debieran revisarse, como debiera renegociarse un contrato lesivo a los intereses del país, para promover una genuina masificación de la cultura del gas natural.

Por el contrario, en Bolivia gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, los precios del gas natural para la exportación están amarrados al precio del petróleo, por ello en promedio los precios que percibe la estatal petrolera boliviana YPFB fluctúan sobre los US$ 5 a 6 por millón de BTU, precios que duplican a los vigentes en nuestro país, y de lejos superan los precios base del gas de exportación 0.52 centavos de dólar por millón de BTU.

Si a ello se suma que las tasas de regalías en el vecino país promedian el 50% al margen del Impuesto a la Renta, mientras en nuestro país solamente las regalías de los hidrocarburos del lote 88 abonan el 37.24%, mientras las regalías del lote 57 son equivalentes a una tasa de 5%, y las regalías aplicadas al lote 56 tienen una fórmula especial que pueden ser del 38% sobre un precio mínimo de US$ 0.52 centavos por millón de BTU, es decir se cobra una regalía de oprobio que este gobierno se comprometió a renegociar.

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Política

Toledo se salvaría

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Alejandro Toledo Manrique

Alejandro Toledo, expresidente de Perú y examigo de Maiman, se paseaba y bebía el mejor licor en los EEUU, como Pedro en su casa. Pero fue detenido y pasado mañana se verá su caso por el pedido de su extradición en Perú.

Sin embargo, si se comprueba que tiene doble nacionalidad o que ya renunció a la peruana por la norteamericana, el pedido de extradición se verá entrampado porque EEUU siempre defiende a sus connacionales.

Si no ha sucedido lo anterior, dependerá del cuadernillo de extradición presentado por el abogado sobre su caso y, al parecer, está mejor fundamentado y documentado.

De ser así, se habrán acabado las gollerías de las que gozaba. Y no solo él, también su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, quienes estarían en la danza por Ecoteva.

DEPENDERÁ DEL CUADERNILLO

“El pago de la fianza va a depender mucho de la corte de los EEUU y del acervo documentario que haya presentado la Fiscalía para determinar la vinculación del delito por el cual está siendo investigado Toledo, que permita establecer una suerte de veracidad para el tribunal americano”, comentó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Hay una posibilidad de que pagando una fianza podría (lo pongo en condicional) seguir su proceso en libertad, una caución bastante elevada que fácilmente la podría pagar con todo lo que se ha llevado”, precisó.

“Lo importante es que la Fiscalía ha hecho acopio de mayor información de su examigo Maiman y que ya está el pedido de homologación en el Poder Judicial, así como se hizo con el acuerdo con Odebrecht; cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, la Fiscalía, una vez que ha corroborado la información, ha llegado a un acuerdo, este tiene que ser validado por el Poder Judicial”, explicó.

“La Fiscalía tiene ese pedido o se lo va hacer al Poder Judicial, porque ha corroborado, ha comprobado, que toda la información que tiene y que le ha dado el examigo de Toledo, es cierta”, anotó.

NO SE DESCARTA LA CAUCIÓN

“Va a depender mucho de esta primera audiencia que va a tener Toledo… Yo no descartaría la caución, lo que seguramente su defensa va a solicitar al tribunal de los EEUU”, sostuvo.

“Si por delitos más graves ha habido caución, entonces por un delito de corrupción también pueden ponerle una caución. Podría librarla Toledo, pero todo está condicionado a lo que el abogado contratado por el Estado peruano presente ante el tribunal”, subrayó.

“Yo creo que en este caso se va a presentar un segundo pedido de extradición por Ecoteva, con pruebas mucho más fehacientes. En resumen, le está llegando la hora, pero este procedimiento demorará por lo menos un año en que podamos traer a Toledo”, afirmó.

¿LE LLEGÓ LA HORA?

“Pero, vuelvo a reiterar que le llegó la hora al señor Toledo. Pero, las cosas se podrían complicar si él demuestra la nacionalidad norteamericana. Eso sería grave para los fines de extradición, porque todos sabemos que EEUU protege a sus connacionales bastante fuerte”, advirtió.

“Y en ese sentido -agregó- sería un doble trabajo en caso Toledo pase a la nacionalidad americana. Vamos a ver ahora si nuestro expresidente sigue siendo peruano o ya es americano-peruano o ya renunció a la nacionalidad peruana. No lo sabemos”, declaró.

“En este procedimiento vamos a poder comprobar dos cosas: uno, si sigue siendo peruano o tiene ambas nacionalidades; y dos, si la Fiscalía se ha preocupado a través de conductos que establecen los medios procesales allá en el país y asociarla a un mayor acervo documentario concerniente a Toledo, con el cual se le está vinculando, y con la acusación de Ecoteva que debe sumarse a la anterior”, subrayó.

ALGO MÁS

“Solo así podemos pedir la extradición, en caso contrario, Toledo estaría fuera con una elevada caución”, dijo el jurista Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Fue detenido por recibir sobornos de Odebrecht

Publicado

en

Odebrecht

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue detenido el martes 16 de julio por las autoridades estadounidenses, a solicitud de la Fiscalía de Perú que ha apelado a la cooperación internacional con la finalidad de facilitar su proceso de deportación.

Toledo, cuyo mandato abarcó el período 2001-2006, es señalado de recibir sobornos por el conocido caso de la empresa brasileña Odebrecht, que ha salpicado a mandatarios de toda la región, incluyendo a sus homólogos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el fallecido, Alan García.

LAVADO DE DINERO

La justicia peruana también señala a Toledo por los delitos de lavado de dinero a través de la creación de la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica y representada por su suegra, Eva Fernenbug, detalla Europa Press. En el caso también se señala a su esposa, Eliane Karp.

El exmandatario ha negado tales acusaciones y ha instado a presentar las pruebas que lo incriminan. Sin embargo, el testimonio de su amigo de infancia, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó la intención de Toledo de crear el consorcio en una transacción calculada en 20 millones de dólares.

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Política

Pueblo quiere Congreso sin requisitoriados

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Congreso de la República del Perú

No se trata del levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes de su elección. En tales casos, no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema o del Congreso.

Actualmente, el procedimiento está a cargo del propio Congreso, poder del Estado que, de acuerdo a las estadísticas, rechaza la mayoría de las solicitudes de levantamiento de fuero parlamentario, como se ha observado en recientes casos escandalosos

“La primera de las reformas aprobadas impone una suerte de valla a la presencia de personajes corruptos en el Congreso en la medida que impide candidatear si hay una sentencia firme”, afirmó Carlos Monge, analista político.

“Allí había una primera valla. El tema de la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la manera como el Congreso ha venido usando sus prerrogativas para protegerlo de acciones en curso sobre delitos que se han cometido antes de ser parlamentarios”, acentuó.

QUE NO SEA EL CONGRESO

“Como se sabe cuando hay una investigación abierta sobre un delito cometido fuera de la función parlamentaria el Poder Judicial no puede directamente investigar al congresista, sino que tiene que oficiar al propio Parlamento y el Parlamento a su Comisión de Ética para que decida si le levantan o no la inmunidad parlamentaria”, explicó.

“Como el Parlamento tiene la capacidad de decir que no, porque no le parece suficiente, está utilizando mecanismos de la inmunidad parlamentaria para convertirlo en un mecanismo de impunidad, de protección”, remarcó.

“La reforma que el Ejecutivo plantea es que ya no sea el propio Congreso el que decida si se le quita o no la inmunidad parlamentaria al congresista frente al requerimiento del Poder Judicial”, puntualizó.

“El planteamiento original era que sea la Corte Suprema o cualquier entidad que no sea el propio Congreso, porque allí hay conflicto manifiesto de intereses. Porque en la práctica se ha usado como un mecanismo para asegurar impunidad de los amigos de la mayoría”, denunció.

ESTO ES MUY IMPORTANTE

“Creo que esto es muy, muy importante porque hemos visto en estos años cómo la mayoría fujimorista, sobre todo, ha tenido la capacidad para proteger y dejar fuera de investigaciones judiciales a un grupo ya bastante grande de parlamentarios, que obviamente han cometido delitos de toda índole, incluidos delitos electorales a la hora de candidatear, falsificando documentos y datos. Es un tema absolutamente fundamental”, anotó.

“No está en juego en realidad, eso hay que aclararlo, la inmunidad parlamentaria. No está en juego que el parlamentario esté protegido de acusaciones debido a sus funciones parlamentarias, de que alguien quiera sacarlo del Parlamento por una discrepancia. Eso no está en juego”, deslindó.

“Eso hay que protegerlo, porque el parlamentario tiene que poder tener la confianza de legislar y fiscalizar, sin tener miedo de la venganza, de un particular o de un sector del Estado”, aclaró.

FUJIMORISMO Y EL CABALLAZO

“Lo que es inaceptable es que yo falsifiqué toda la información sobre mi educación a la hora de presentar mi documentación y ese es un delito cometido antes de ser elegido parlamentario; ahora puedo durante cinco años evadir la justicia, con el agravante de que la Comisión de Ética no me levante la inmunidad”, observó.

“Eso es lo que se quiere evitar dándole la decisión a un ente que no sea el Congreso y sea por ejemplo la Corte Suprema. Se comparte la preocupación de muchos, porque estamos a 16 y se supone que el día 25 se acaba la Legislatura. Quedan pendientes 2 o 3 reformas, que son complejas, que son importantes”, advirtió.

“Me da la impresión de que el fujimorismo está jugando con llegar a la última hora y llegar al límite para aprobar al caballazo cualquier cosa. Lo que falta ver, además, es cómo reacciona el presidente Vizcarra y el Ejecutivo frente a lo que se está aprobando”, indicó.

“Le dieron el voto de confianza, pero en la reforma de las primarias el Congreso ha reformado groseramente las propuestas. Los partidos registrados se la llevan fácil y los nuevos tienen que registrar votos de la ciudadanía. Eso es completamente inconstitucional; no se le puede poner vallas a los partidos nuevos”, analizó.

ALGO MÁS

¿Qué va hacer Vizcarra contra eso? Dirá ‘bueno, eso es lo que se ha podido conseguir’, o decir ‘se han burlado de la confianza’ y disolvería el Congreso o podría convocar a un referéndum para que la gente sea la que decida. Yo creo que este es el camino”, concluyó Monge.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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