La renegociación de los contratos

La situación del contrato de Camisea y la del sistema de peaje en el distrito de Puente Piedra ha dividido a los políticos y algunos abogados en dos grupos: quienes sostienen que los contratos son irrevisables e inconmovibles; y aquellos que argumentan su renegociación.

Los primeros se amparan en la norma absoluta, heredada del Derecho Romano, del pacta sunt servanda, según la cual los contratos deben cumplirse de cualquier manera excepto cuando el objeto de su cumplimiento ha devenido en imposible. A esa única excepción se le sumó, luego, el criterio compasivo del Derecho Canónico que extendió la posibilidad de replantear un contrato si es que las partes presuponen, con antelación, las condiciones de su posible y futura revisión por causas sobrevinientes, y que los profesores conocemos como el rebus sic stantibus.

Sin embargo, en el moderno derecho internacional del comercio, los contratos son de largo plazo, los riesgos varían y se multiplican debido a los drásticos e inesperados cambios financieros, tecnológicos, energéticos y el comportamiento de los mercados que desequilibran la relación que tenían los contratantes al momento de su celebración, lo que ha permitido abrir paso al criterio de la imprevisión (hardship) según el cual si las condiciones bajo las cuales se suscribió un contrato varían de manera tal que afectan a una de las partes de manera desigual y ostensible, es factible su renegociación.

El hardship es una influencia del sistema jurídico anglosajón que se impone en el mundo merced a la influencia de las economías comerciales más poderosas y ha sido recepcionado en el ordenamiento internacional como los Principios del UNIDROIT sobre la contratación comercial internacional, los Principios del Derecho Europeo, el Marco común de referencia (Draft of a Common Frame of Reference), la Cámara de Comercio Internacional de Paris y la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa Internacional de mercancías, de la cual forma parte el Perú.

De tal manera que la posibilidad de que el Gobierno peruano o la Municipalidad de Lima renegocien el contrato de Camisea o el de la pista en la Panamericana Norte, es legalmente posible, razonable y justa para los intereses nacionales. Sin embargo, este planteamiento deberá formularse sin demora injustificada, con indicación de los fundamentos en lo que se basa.

El efecto dañino de su ejecución debería ser expuesto inmediatamente, pues en caso contrario la otra parte puede aducir el principio de los actos propios (estopel) según el cual si el contratante afectado ha admitido y soportado la excesiva onerosidad no puede más tarde reclamar amparándose en los mismos fundamentos.

Otra cuestión es la capacidad, y poder negociador que tenga el Gobierno o la Municipalidad para plantear esa renegociación. La capacidad está constituida por la posibilidad de maniobra que se tenga con la otra parte, como es el criterio de reciprocidad comercial, el beneficio de las empresas constructoras, de las cuales ninguna es de bandera peruana, y la relación con otros commodities.

Pero también la débil posición de las empresas brasileras de construcción, como Odebrecht, por los evidentes y confesos actos de corrupción. Finalmente el poder está determinado por la identidad del gobernante o la del Alcalde con los intereses del Perú o de la ciudad, y su firmeza frente a los actos de corrupción.

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