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La promesa incumplida de la educación y el ministro Vexler

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Para lograr las competencias resulta inconducente apelar a consideraciones complicadas llenas de neblinas conceptuales. El escenario es simple y se despliega ante nuestros ojos.

Walter Peñaloza: Los propósitos de la educación.

La educación en el Perú sigue siendo, sin duda, una de las promesas dolorosamente incumplidas, como todas las actividades iniciadas e inconclusas de este país sumergido en un fárrago de leyes, reglamentos, directivas y otras reglas que no se cumplen.

El espectacular organigrama del Ministerio de Educación, que desde el primer momento intimida por su frondosidad es el vehículo de las operaciones. Una lectura de este organigrama desde el despacho ministerial hasta el despacho del director de centro educativo ubicado en los lugares más apartados del Perú, muestra que están separados en el papel por apenas cinco escalones, en los hechos existe un abismo insondable. Gestión de la calidad educativa con enormes carencias de calidad, especialmente lo que el subtítulo del libro del ministro indica: “Hacia una gestión curricular de calidad”.

Los ciudadanos, los maestros y todos los lectores debemos preocuparnos, cuando nos dicen con desembozo que fulano es un funcionario “de lujo”, antes de aplaudir debemos enterarnos qué contribución ha hecho en favor de la cultura. Somos candorosos, confiados y no pocas veces olvidadizos. Ocurre que después de muchos días, meses o años nos percatamos que se han graduado con tesis plagiadas hechas por terceros y otros más avezados aún, han fabricado sus certificados de estudios y han llegado hasta el posgrado con los mismos mecanismos desde la escuela hasta “Oxford”. Pero no queda allí, ahora se hace un cierto distingo: cuando ocurre con un congresista causa un poco de escándalo y cuando es un “alto funcionario”, se nota un cierto disimulo.

El profesor Vexler, autor de un libro titulado Enseñar y aprender (SM, 2014), es sin duda un profesional que algunos medios lo califican como académicamente muy competente. Los profesores, por ejemplo, querían saber qué piensa cuando escribe sobre los problemas centrales de la gestión del quehacer educativo. De las muchas violaciones a las reglas de citación llama la atención por su falta total de precisión aquella tomada supuestamente de un texto del periódico Altablero N° 42 (portal del Ministerio de Educación Nacional de Colombia), ubicada en la página 30 de su libro. Define gestión educativa, de una manera que quisiera confundirnos, como “un conjunto de procesos orientados al logro de óptimos índices (resultados educativos) de calidad mediante desempeños eficientes y ético-morales de los actores involucrados en un contexto de mejoramiento permanente”. Es un conglomerado de palabras, en cambio el lector notará, leyendo en el sitio web, que el texto citado es claro:

“La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos organizados que permiten que una institución o una secretaría de educación logren sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos directivos”. (https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-137440.html )

La lectura crítica y creativa de las fuentes que citan los que escriben, la relevancia y pertinencia de los textos citados, así como las referencias, no son meros adornos academicistas, son exigencias ineludibles. Es lo que hacen las comunidades científicas para comunicarse entre sus pares: teniendo en cuenta estándares de establecidas entre ellas. Entonces, a partir de esta idea, es totalmente entendible la medida de la influencia académica de un autor por encima de la pretensión subjetiva de considerarle importante. Dicho de modo simple, Hans Kelsen o H.L.A. Hart, son importantes, también influyentes, porque son citados por la comunidad de juristas, no porque lo dice un congresista o un ministro. A esto se debe que la medida de la calidad de los escritos de cualquier profesional es no solo la cantidad sino la calidad de las citas pertinentes. Ergo, las citas y las referencias de los trabajos del profesor Vexler carecen de calidad, no solo por sus fuentes para sustentar lo que es gestión del currículo.

Otro aspecto que llama la atención del pensamiento de nuestro ministro es su idea de la inteligencia, la cognición, el aprendizaje. Un enfoque anclado en el pasado, dejada de lado no solo una bibliografía básica obligadas sino los aportes de enorme relevancia como son la neurociencia cognitiva y la psicobiología. En su esquema mental no existe el cerebro, las emociones y la inteligencia ejecutiva. Esto se debe a su constructivismo pasatista y conservador donde el profesor, según su credo de adopción es un mediador y los aprendizajes se producen como aglomeraciones sin la presencia necesaria e imprescindible del cerebro. El aprendizaje como construcción a partir de la nada. Pontifica sobre creatividad sin hacer alusión a los lóbulos frontales, increíble, pero cierto. Escribir sobre educación sin enterarse de la existencia de la neurociencia, las emociones, el aprendizaje ejecutivo etc., es una temeridad.

Otro de sus clamorosos desvaríos es su idea de la tecnología educativa. En este aspecto el comportamiento adánico de nuestro autor es inexorable. Suele ocurrirnos a los peruanos que nos citamos los unos a otros porque pertenecemos a un grupo, olvidando a otros peruanos que aportaron. También es cierto que una de nuestras mayores carencias es la falta de estudios sobre tecnología, salvo los de Sagasti, y en especial sobre tecnología educativa, tal como lo hiciera en su momento el profesor Walter Peñaloza Ramella. Para entender mejor conviene decir que el diseño es el centro de la tecnología y, para el señor Vexler el diseño curricular es “un resumen de los aprendizajes básicos previstos o intensiones educativas que se espera alcancen los alumnos y alumnas” (p. 58) y como si esta confusión fuera poco: “conjunto de aprendizajes que se deben desarrollar en un área, grado, ciclo, nivel, modalidad educativa o periodo pedagógico” (p.76). Si esto es diseño imaginemos lo que hace la oficina correspondiente del Minedu.

Para finalizar, ¿qué piensa el profesor Vexler sobre evaluación? Si algunos analistas en educación se dieran el trabajo de leer y analizar lo que piensa el ministro acerca de la evaluación, sabríamos a qué atenernos. Se entendería mejor la acusación a los maestros sobre por qué no aceptan la evaluación diseñada por el Minedu y la evaluación engorrosa de los alumnos con “herramientas” cuya utilización ocuparía más tiempo que todas las horas que las clases. Dejando en claro que la evaluación es simplemente indispensable y la justificación de la certificación. Tan claro como que nuestro autor no es nuevo en el Minedu, una organización que debe ser evaluada.

Todo su empeño académico le permite sostener que la evaluación consiste en la “verificación del aprendizaje”, para perderse en competencias de aprendizaje, capacidades, conocimientos, valores y actitudes, haciendo gala de una vaguedad conceptual irritante. Según su concepción los criterios de evaluación están constituidos por “constructos hipotéticos, variables que pueden expresar una competencia, una capacidad”. Luego, define los “indicadores de logro” educativo como “señales, evidencias, indicios y consecuencias observables que en su conjunto permiten evaluar una competencia o un criterio de aprendizaje”. ¿Entiende el lector? Finalmente, los instrumentos de evaluación siguen siendo para él, el cuaderno, los apuntes de clase, las pruebas escritas. ¡Qué logro!

Pese a todo, a pesar de todo este embrollo “académico”, la inmensa mayoría de maestros han aprobado las evaluaciones en las que han participado. Puede deberse a varias hipótesis, elijamos dos: la primera, que la dependencia correspondiente del Minedu tiene un enfoque distinto al del ministro y, la segunda, que los maestros están comenzando a asumir en serio sus responsabilidades. Las dos hipótesis pueden ser ciertas.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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