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La prisión y la pesadilla

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La prisión y la pesadilla

Más que un régimen político, la democracia es un estilo de vida con fines y valores, con respeto por la discrepancia

Una noche de junio de 1950, el general Manuel Odría, dictador del Perú, tuvo una pesadilla. Soñó que el único candidato que le hacía frente en las próximas elecciones presidenciales, el general Ernesto Montagne, lo derrotaba ignominiosamente.

Odría había asumido el mando supremo de la República en 1948 luego de dar un golpe de estado contra el doctor Bustamante y Rivero. Sin embargo, aspiraba a ser un presidente constitucional, y por ello, dos años más tarde, había convocado a elecciones.

Aterrado por el sueño, llamó al general Zenón Noriega, su compadre, a quien había encomendado el Ministerio de Gobierno. Seguramente discutieron:

—Te dije que lo sacaras del juego… que le encontraras un pariente, un amigo o un vecino aprista, y que lo acusaras de cómplice.

—He hecho algo mejor que eso, Manuel. El Jurado Nacional de Elecciones es nuestro. Ya están preparadas las ánforas, y todos los votos dicen Odría, Odría, Odría…

De todas maneras, a Montagne lo metieron en la cárcel. Una semana después, un día como hoy, como candidato único, el general Odría resultaba electo presidente del Perú.

Lo recuerdo porque este suceso trágico y también risible de hace 64 años se acaba de repetir. El profesor Gregorio Santos, presidente de la región Cajamarca, ha sido condenado a pasar 14 meses de prisión preventiva por supuestas irregularidades económicas no probadas en su gestión.

Tres situaciones hacen que la prisión de Santos se parezca a la del general Montagne durante el odriato.

La primera: Santos es el candidato al parecer mayoritario para ocupar otra vez la presidencia de la región. Su encarcelamiento durante 14 meses parece dirigido a desbancarlo.

La segunda: La extraña decisión de la jueza no se ajusta a las condiciones prescritas en el artículo 268 y siguientes del Código Procesal Penal para imponer prisión preventiva a un ciudadano. La posibilidad de que Santos se diera a la fuga está completamente descartada por la función pública que ejerce y por su propia candidatura.

El hecho de que durante estos años recientes se le haya iniciado 38 procesos judiciales y que todos hayan sido desestimados uno por uno hace suponer que, en este caso, el criterio de la jueza ha sido subjetivo, arbitrario y acaso dictado por instancias políticas.

La tercera: Al lado de la mayoría de los cajamarquinos, Santos persiste en oponerse al proyecto minero Conga. Esta lucha es para defender el agua, la vida y la pureza de los aires de las comunidades campesinas que viven en su entorno. De seguir en sus planes, la corporación minera Newmont-Yanacocha puede afectar gravemente el equilibrio ecológico de esta zona habitada por miles de familias que dependen directamente del agua.

Poner a Santos en el penal de Piedras Gordas acompaña sospechosamente al anuncio de que las empresas mineras van a continuar sus trabajos como si se tratara de una forma de acallar a los opositores. Va junto también a un puñado de medidas económicas anunciadas por el gobierno para supuestamente estimular la inversión, y parece ser una de ellas.

Casi al mismo tiempo, se revela una contradicción en el gobierno. El nuevo ministro de Interior, Daniel Urresti, afronta una acusación grave. Se le acusa de haber participado en la muerte de un periodista a quien después de abalearlo lo dinamitaron. Aunque su caso judicial está mucho más avanzado, el Presidente lo nombró hace muy poco.

El Presidente alega en favor de Urresti la presunción de inocencia. ¿No tendría más sentido reconocérsela a Gregorio Santos cuyo proceso ni siquiera se ha iniciado?

Más que un régimen político, la democracia es un estilo de vida con fines y valores, con respeto por la discrepancia, por la justicia, por la libertad y por la dignidad humana. La democracia es una actitud del espíritu. Cuando no lo es, resulta tan solo una pesadilla de palacio.

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Política

Derrochan la plata del pueblo para venganza política

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Bancada de Fuerza Popular fujimoristas

Daniel Salaverry anunció que auditaría las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado cuando eran presidentes del Congreso. A decir de varios congresistas hay numerosas sorpresas, porque se registra un aumento dispendioso del presupuesto y de trabajadores.

Además, se ha favorecido a personas cercanas a Fuerza Popular o “aportantes”, y se ha contratado a “trabajadores fantasmas” sin que les importe para nada el uso de ese dinero que el pueblo da con el pago de sus impuestos.

Por ejemplo, del presupuesto total S/ 709’777.837 en el 2018, de ese monto, S/ 13’800.000 estuvo destinado a proyectos (obras mínimas) y la mayor parte fue para los gastos corrientes y el pago de planillas: S/ 695’977.837. O sea, una minucia para legislar.

De este último monto, 255 millones de soles se van en prestaciones sociales y otros gastos, mientras que S/ 440’490.516 quedan principalmente para el pago de las planillas del personal actual, además de las llamadas “otras retribuciones”, dice un informe periodístico.

ES SU BOTÍN

“Fuerza Popular ha convertido el Congreso en su botín y no solo ha servido para el movimiento de todo su accionar político. Porque si hablamos de cuando eran 73 congresistas, 7 asesores cada uno multiplique usted”, dijo Wilbert Rozas de Frente Amplio.

Expresó que estamos hablando de un ejército de gente o supuestos “aportantes”, porque en realidad no aportaron nada, más bien los han convertido en cómplices y se manejaba el Congreso como una institución para insultar a los otros congresistas”, dijo.

Denunció que se manejaba a los troles para los fines que todos conocen. Espero que el señor Salaverry, que también fue parte de ellos y conoce por dentro al monstruo, porque ha militado allí, haga que de manera inmediata se conozca la auditoría.

“Ojalá -concluyó-, que no sea un ajuste de cuentas entre ellos, sino que sea una reorganización del Congreso, y exista una verdadera meritocracia tal y como todos lo piden.

SE MALGASTABA LA PLATA

“Bueno, el derroche del presupuesto del Congreso de la República por parte de Fuerza Popular ha sido porque, como han sido mayoría parlamentaria, han hecho lo que han querido”, dijo Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

Observó que se ha visto cómo se repartían flores, se compraban computadoras, televisores, entre otras cosas; se gastaba la plata de peruanos en perjuicio de los más pobres del país que exigían atención a sus demandas, denunció.

“Creo que la auditoría que se está haciendo está bien, pero que se ponga en conocimiento de todo el dinero que se ha gastado, es una cantidad inmensa, que incluye a ‘trabajadores fantasmas’, allegados”, precisó.

Continuó afirmando que ellos no han querido legislar a favor del pueblo sino en beneficio propio y también para los grupos de poder económico. Yo creo que los peruanos y peruanas deben estar atentos porque debe haber delitos por el dinero mal usado que se pudo emplear para hacer colegios, hospitales, etc., concluyó Gerónimo López.

AGENCIA DE EMPLEOS

Al Congreso, ha señalado el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, han ingresado 800 trabajadores en la gestión de Galarreta y Salgado. Lo que pasa es que el Congreso se ha usado como si fuera una agencia de empleos, como una empresa particular por al fujimorismo y sus aliados.

Remarcó que son recursos del Estado, del pueblo peruano. Los trabajadores que ingresen al Congreso, los absolutamente necesarios de acuerdo a su capacitación y al sector donde son más necesarios, como asesorías para las comisiones, deben ingresar no para resolver deudas políticas o agredir a los otros congresistas.

Dijo que no se pueden manejar los recursos del Congreso con esa direccionalidad, para devolver favores a los amigos o usar a los subcontratados como un arma política o contra la oposición.

“Nosotros esperamos que se definan cuáles son las verdaderas necesidades del Congreso, cuánto se ha manejado. Salaverry pueda ser que lo ha hecho como un mea culpa o porque no quiere ser arrastrado por el descrédito”, comentó Cevallos.

Afirmó que en el caso de los trabajadores fantasma no solamente era un asunto de ética sino que había delito. El trabajo administrativo del Congreso es evaluar los currículo, corroborar la validez de ese currículo, de las funciones del trabajador, de su asistencia, para evitar irregularidades.

ALGO MÁS

Hay más de 34 trabajadores con contratos determinados sin que les corresponda. O sea: han contratado personal y les han hecho contratos de tal manera que si son despedidos, pueden hacer un juicio. Porque en verdad se necesitan 5 años para que pasen a planilla. Y lo que se ha hecho es asegurar a algunos fujimoristas o “aportantes”, en lugares claves del Congreso para usarlos a favor de la bancada naranja.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Barata dirá dónde están los 25 millones de dólares

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Jorge Barata

En declaraciones a los fiscales peruanos integrantes del Equipo Lava Jato en Curitiba, Brasil, el exsecretario del Consorcio Conirsa Sergio Nogueira confesó que se pagaron 45 millones de dólares en sobornos por la obtención de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Nogueira resaltó que Odebrecht pagó el 70% de esa cantidad y el restante 30% fue aceptado por las socias peruanas: ICCGSA, JJCamet, Graña y Montero.

En el 2017 Barata manifestó que la constructora brasileña le entregó 20 millones de dólares al prófugo expresidente Alejandro Toledo. Respecto a los 25 millones de dólares restantes en coimas, Nogueira señaló que Jorge Barata, quien dará su testimonio en el mes de marzo, es quien conoce al detalle la repartición de la coima.

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Política

Keiko Fujimori declara ante la Fiscalía

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Joaquín Ramírez - Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien cumple 36 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos bajo la modalidad de crimen organizado, declaró ante un fiscal como parte de las pesquisas contra Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido naranja.

Ramírez presuntamente habría recibido de Keiko Fujimori la suma de 15 millones de dólares para lavarlos en su negocio de grifos.

Además, el piloto Jesús Vásquez, colaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), señaló ante la Fiscalía que Joaquín Ramírez le dijo que había lavado dinero a pedido de Keiko Fujimori para la campaña presidencial del 2011.

La diligencia a Keiko Fujimori se inició a las 9 de la mañana en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida desde noviembre del 2018.

El fiscal de lavado de activos a cargo de la investigación es Wilson Salazar Reque, quien coordino previamente con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el acondicionamiento del lugar donde se llevaría a cabo la declaración.

No obstante, el encargado de efectuar el interrogatorio fue el fiscal adjunto Jorge García, quien hizo su ingreso al penal a las 9:30 de la mañana.

Se informó también que la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, llegó al Penal Anexo de Mujeres al promediar las 8:30 de la mañana. El viernes 15 de febrero, Joaquín Ramírez declaró ante la Fiscalía de lavado de activos también como parte de esta investigación.

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