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La otra batalla por Lima

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Ollanta Humala

Es claro que lo que se viene es una suerte de segunda batalla, ya no por Lima sino más bien por el futuro del progresismo en el país.

La escena no podía ser más premonitoria de lo que se viene para Lima. Sentados en la misma mesa en el teatro Municipal estaban Luis Castañeda Lossio, Ollanta Humala y Juan Luis Cipriani. Una suerte de trenza que graficaba cuál es el nuevo poder en la ciudad y que no es otro, recordando la frase de Giovanni Sartori, que el de la cruz y la espada, es decir un poder conservador,

Es cierto que son viejas alianzas. Solidaridad Nacional es un aliado del nacionalismo en el Congreso hace ya buen tiempo. Lo mismo se puede decir del vínculo político que existe entre el Cardenal y Castañeda. En realidad, a los tres, cumpliendo roles distintos, no les gustaba la administración de Susana Villarán en el municipio de Lima. Y si bien no suelo emplear la palabra conspiración se puede afirmar que los tres, por razones distintas, conspiraron estos cuatro años contra la alcaldesa de Lima.

Castañeda por el escándalo COMUNICORE y otras perlas más que lo mostraban como un político corrupto. Su respuesta fue promover entre bambalinas la vacancia de la alcaldesa desde el primer día que ocupó el sillón municipal. Cipriani por el apoyo de Villarán a las demandas GLBT y porque es una católica que pertenece, como se dice, a otro rebaño, muy distinto, por cierto, al Opus Dei que es donde “milita” el Cardenal. Humala porque siempre vio a la alcaldesa como una futura competidora política, sobre todo de Nadine Heredia.

El presidente Humala optó por establecer una alianza preferencial con el Callao y con algunos alcaldes distritales en detrimento de la ciudad de Lima y de la propia administración municipal de la capital del país.

Y a todo ello debemos sumarle la feroz y feraz campaña de la mafia, de la derecha (APRA, un sector del PPC y otros grupos) y de sus brazos políticos mediáticos, que convirtieron a Lima no solo en un campo de batalla sino también de experimentación de nuevas estrategias políticas, para castigar y advertir que el progresismo y las izquierdas no deben ni pueden ser actores relevantes en las próximas elecciones.

Es claro, en ese sentido, que lo que se viene es una suerte de segunda batalla ya no por Lima sino más bien por el futuro del progresismo en el país.

No es extraño, en este contexto, que Castañeda haya entrado al municipio de Lima, como se dice, con el pie en alto. El despido de miles de trabajadores, incluyendo a varios centenares de trabajadoras mujeres del Serenazgo, el cierre temporal del Parque de la Reserva, y definitivo al parecer, de la Escuela Taller de Lima; así como la amenaza que se cierne sobre otras áreas como cultura, mujer, salud; la anunciada desaparición del Festival de Arte Escénico de Lima (FAEL), y la puesta en duda de la continuidad de la reforma del transporte y del programa Barrio Mío, etc.; son pruebas más que suficientes de que el principal objetivo de Castañeda y la nueva administración no es solo declarar a Lima en emergencia para ocultar la falta de planes para la ciudad y el “currículo” de sus nuevos gerentes, sino también para “demostrar” que la gestión de Villarán fue una equivocación como también su elección. Lo que busca, en realidad, es deslegitimar críticas futuras y cualquier intento de fiscalización a su gestión.

Sin embargo, esta no será una tarea fácil porque más allá de los errores cometidos estos cuatro años por la administración Villarán, lo cierto es que ha dejado, además de una serie de obras que tendrán que ser terminadas por el alcalde Castañeda, un conjunto de reformas y planes para la ciudad que no pueden ser obviados.

Si Castañeda cree que tiene el camino libre para convertir el municipio de Lima, como fue en sus anteriores administraciones, en una suerte de coto cerrado, se equivoca. Castañeda no puede gobernar, por más aliado que sea del gobierno, como en el pasado, es decir asociado a los lobbys de la construcción, a sus clientelas políticas y a las mafias limeñas.

Por eso sería un error si las izquierdas dejan actuar libremente a Castañeda. Más aún cuando uno de sus objetivos es desprestigiar lo que fue, más allá de toda discusión, una administración progresista en Lima.

No hay que olvidarse que uno de los principales objetivos de esta campaña promovida por la derecha es lograr que la presencia del progresismo en las próximas elecciones sea mínima, por no decir que desaparezca como fuerza política.

Es probable que una propuesta como esta genere en las fuerzas de izquierda un debate público. Para un sector, el gobierno municipal de Villarán no fue progresista. Eso quedó demostrado con el no apoyo, de una parte de la izquierda, a su candidatura a la reelección y con la presentación de listas diferenciadas en algunos distritos de Lima, por cierto con poca fortuna.

Dejar las manos libres a Castañeda y demás críticos de la administración Villarán es, en la práctica, abstenerse de una polémica que sin duda será uno de los puntos centrales de la futura campaña electoral. Además, Lima es una plaza importante por su número de electores.

No tomar en cuenta estos hechos, no responder a la campaña liquidadora que han empezado Castañeda y otras fuerzas de derecha y mafiosas contra la gestión Villarán, es el mejor servicio que se puede hacer a nuestros adversarios.

Es necesario, por ello, que las izquierdas sean parte de la movilización ciudadana que viene gestándose contra el retroceso en Lima, convocando a los afectados y a los que apuestan por una gestión democrática y progresista de la ciudad y del país.

Todos esperamos que este quince de enero, día de la cuarta marcha contra la llamada ley Pulpín, veamos desfilar por las calles a los jóvenes junto con los trabajadores municipales despedidos ilegal y arbitrariamente por Castañeda, demandando un trabajo digno y una ciudad para todas y todos los limeños.

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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