Contáctanos

La modernización de la Refinería de Talara contra viento y marea

Publicado

en

Refinería de Talara

LA RENTABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL, ECONÓMICA

Si hubiese una clase empresarial capitalista moderna identificada con el desarrollo nacional de nuestro país, la presencia de una petrolera estatal fortalecida como Petroperú, gestionada con eficiencia y transparencia sería una necesidad, una condición técnico/ material para la producción y reproducción de la economía en razón del carácter estratégico e importancia de los combustibles.

En tal sentido, como se extraña la posición patriótica de don Luis Miró Quesada de la Guerra como director de “El Comercio” que hacia los años 40 y 50 del siglo pasado escribía editoriales por la recuperación del petróleo cuestionando la presencia ominosa de la IPC filial de la Standard Oil miembro de las Siete Hermanas.

Igualmente llamaría extrañeza la posición de conspicuos miembros de la oligarquía como Pedro Beltrán, Francisco Graña Garland, los banqueros Wiese, Miró Quesada que se oponían a la expansión de la IPC filial de la Standard Oil que pretendía explotar los yacimientos del desierto de Sechura, bajo el supuesto que existían importantes recursos hidrocarburíferos en su subsuelo.

En esos tiempos, la tesis patriótica que aglutinaba a miembros de la oligarquía, sectores industriales, clases medias, y trabajadores apostaba por la presencia del Estado en la explotación del petróleo por medio de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF) tanto en Piura y la selva.

Por ello, hacia fines del gobierno del presidente Oscar R. Benavides (1933/1939) un político que sería calificado de “derechas”, firmó el decreto donde se dio partida de nacimiento a la EPF, lo que sería el antecedente histórico de la petrolera estatal Petroperú S.A.

Su equivalente ahora sería que importantes representantes de los grupos económicos como Dionisio Romero, Roque Benavides, Rodríguez Pastor, Hochschild, Belmont, etc. entre otros se identifiquen con una petrolera estatal en salvaguarda de sus propios intereses y del interés público.

En Chile, sea el gobierno conservador, socialista o demócrata cristiano, el interés público exige la presencia de una petrolera estatal para el abastecimiento seguro, oportuno a precios competitivos ¡Sirva de ejemplo el caso de ENAP de Chile, con Pinochet o la Bachelet ha sido y es una garantía de seguridad energética!

¿POR QUÉ UNA PETROLERA FORTALECIDA?

Una empresa petrolera estatal fortalecida e integrada en sus diversas fases operativas explotación, refinación, transporte, distribución y comercialización (grifos), rentable, eficiente con producción de combustibles limpios. Abasteciendo de manera segura y oportuna a nivel nacional de combustibles a precios competitivos, allí donde no llegan las empresas privadas.

No hace mucho hasta el 2015 la única empresa que abastecía de combustibles a la región amazónica era Petroperú, a pesar que no podía recuperar el Impuesto General a la Ventas (IGV) del 18%, por la exoneración de impuestos que rige en la Amazonia.

Es decir, Petroperú tenía que pagar el 18% en sus compras de crudos, sea en la producción de la refinería de Iquitos, o los combustibles que se transportaban de la refinería de Talara a la selva. Por ser empresa pública el Ministerio de Economía y Finanzas no le devolvía ni le reconocía el IGV ni como crédito fiscal, lo pagado por la empresa estatal.

Ello le significaba un promedio de 250 millones de soles al año por ingresos no reconocidos. En la práctica era un subsidio que hacía la empresa a la economía de la selva que lamentablemente no se reflejaba en menores precios del transporte y flete.

En el mismo sentido, el último acuerdo con los representantes de los transportistas y el gobierno que paralizaron el país, con cientos de camiones obstaculizando en las carreteras el transporte de carga pesada. En conclusión, Petroperú por ser empresa estatal a pesar de su autonomía y estar sujeta al régimen privado, tendría que vender a un menor precio el diésel 2 para el transporte de carga pesada.

Ello le representaría otorgar un subsidio de por lo menos 22 millones de soles mensuales, solamente por ser una empresa del Estado. Ello podría ser posible si el MEF le reconoce el monto como subsidio explícito, que debe ser compensado de alguna manera. De lo contrario ¡Los platos rotos los asumiría Petroperú!

Grifo Petroperú

PMRT: RENTABILIDAD A PESAR DE TODO

En la presente coyuntura arrecia una campaña en contra el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), de parte de sectores supuestamente liberales que argumentan como siempre que mejor hubiese sido invertir los US$ 5,000 millones que costaría el proyecto en educación y salud, soslayando el carácter estratégico que tienen los combustibles en la reproducción del sistema económico.

Es más, argumentan que si solamente producimos un poco más de 50 mil barriles diarios, no tendría sentido ampliar la capacidad de planta de la refinería de Talara de 65 mil barriles diarios a 95 mil. Lo eficiente sería, se argumenta, importar el total o gran parte de los combustibles de terceros países.

Es decir, los sectores liberales apuestan por la vulnerabilidad energética, convertirnos en una “república bananera”, incapaz de producir sus propios combustibles, que representa una actividad industrial de valor agregado.

Es más, la seguridad energética no puede depender de las importaciones de crudo y derivados, menos aún si el país no tiene una flota mercante nacional de transporte de combustibles, pues en el pasado se privatizó la filial de Petroperú, Transoceánica responsable del transporte marítimo y cabotaje.

Tampoco se reconoce la rentabilidad del proyecto PMRT con una tasa del 7% como tasa interna de retorno (TIR) que pudo ser mayor si hubiese decisión política en un Estado cuyos representantes desde el 2012 a la fecha han bombardeado el proyecto, pues más de un ministro de Economía con supina ignorancia lo consideraba un “elefante blanco”.

NUEVOS PROCESOS INDUSTRIALES

Se soslaya que con la modernización y los nuevos procesos industriales como el retiro de azufre, la planta de tratamiento de crudos pesados, ampliación a una capacidad de refino de 95 mil barriles diarios, planta de ácido sulfúrico, nuevas plantas de craqueo catalítico y destilación al vacío, planta de nitrógeno, entre otras estaremos ante un refinería de las más modernas en esta parte del mundo.

Por ello, los márgenes de refino se ampliarán de US$ 3 a 5 US$, pasarán a US$ 12, a US$ 15, según el tipo de combustibles, con una producción de casi 44 mil barriles diarios de diésel 2 con 50 partes millón de azufre, es decir un combustible limpio. Este combustible tiene un mercado asegurado y creciente, donde la competencia no refina ni la mitad de este derivado.

La producción de gas licuado de petróleo (GLP) en Talara se incrementará en un 50% pasando a producir un promedio de 7,500 barriles diarios de GLP, que se aumentaría en 1,000 barriles adicionales, si Petroperú fuera responsable de la Planta de Fraccionamiento de Gas Pariñas que hasta el 2023 será operada por el Consorcio Savia.

Producto de su modernización gracias al PMRT se procesarán los más de 40 mil barriles diarios de crudo pesado que se extraerían de los lotes de la selva norte, tales como la producción del 192, 8, 67 y 95. Esta producción se exporta a precios castigados por su condición de crudo pesado, pero gracias al PMRT serán convertidos en gasolinas y diésel de buen octanaje y limpios

Igualmente gracias al PMRT se experimentará una reducción significativa en la producción de los petróleos industriales que serían aprovechados al máximo para producir gasolinas limpias. Es más, la competencia refinera La Pampilla de Repsol podrá procesar sus residuales industriales en la refinería de Talara, si hubiera política energética.

ÁCIDO SULFÚRICO RENTABLE

Al separar el contenido de azufre del petróleo sobre todo pesado que se produce en la selva norte y del que importa del Ecuador, ese azufre gracias a la tecnología será convertido en ácido sulfúrico (H2SO4), un insumo industrial de primordial importancia en la petroquímica básica.

Con el ácido sulfúrico se podrá cubrir las necesidades de los grandes proyectos mineros de cobre y oro que en la tecnología de la lixivialización para separar el contenido de cobre y oro, demandan importantes volúmenes de este insumo industrial. Es más, las sinergias entre el gas natural, los fosfatos de Bayóvar y el ácido sulfúrico podría dar partida de nacimiento a fertilizantes de mayor valor agregado, en lugar de estar exportando los fosfatos prácticamente como “piedra chancada”.

Tanto interna como externamente hay un mercado para el ácido sulfúrico, en especial antes de la crisis del 2008 cuando su precio se cotizaba hasta por un valor de US$ 300 la tonelada. Ahora su precio es mucho menor pero este sería un subproducto rentable.

PROBLEMAS EMPRESARIALES

En verdad, debiera preocupar la demora en la construcción del PMRT y las paralizaciones de empresas contratistas con la española Técnica Reunidas, por diversos incumplimientos de pago, problema que compartimos por los evidentes sobrecostos pactados en el contrato. En el fondo es evidente la falta de financiamiento y el pobre respaldo del Estado a un proyecto necesario y rentable a pesar de todo.

Estos problemas en parte se explicarían por la pretensión original de Técnicas Reunidas de hacerse responsable de las inversiones auxiliares que fueron proyectadas inicialmente por Petroperú en no más de US$ 900 millones, y que los españoles aspiraban incrementar sustancialmente por encima de los US$ 1,250 millones. Al no haber acuerdo fueron licitadas recién en el 2017 con todos los problemas que ello conlleva a un valor de US$ 765 millones.

Sin embargo, compartimos la preocupación sobre estas demoras y la falta de acuerdo entre las empresas que han sido subcontratadas por la española Técnicas Reunidas, pues ello implicará mayores costos financieros si la postergación de la entrega va más allá de los plazos contratados. Entre moras y castigos resultan previsibles millonarias compensaciones que tendría que asumir Petroperú.

En verdad, la falla de origen está relacionada con el modelo de modernización del PMRT por partes donde la responsabilidad mayor está a cargo de Técnica Reunidas valorizadas en US$ 2,685 millones por las unidades en proceso que se mantiene invariable en el tiempo.

El valor en las inversiones auxiliares ha sido valorizado en US$ 765 millones a cargo de otras empresas y está demostrando sus limitaciones, cuando debió ser la misma Técnica Reunidas desde un principio (2010) la responsable del conjunto de la inversión.

Estos desacuerdos empresariales son una práctica común en el sector de hidrocarburos, pues cada lado trata de jalar “agua para su molino”. Al margen de las instancias internacionales por futuros litigios que se puedan manifestar el Gobierno en representación del Estado peruano debe asumir su responsabilidad, de un proyecto mal tratado y torpedeado por gobiernos anteriores.

En tal sentido, se debiera entender que la integridad vertical con lotes petroleros propios en sus operaciones le daría un mayor flujo de caja para financiar las inversiones del PMRT. A pesar de todo, contra viento y marea el proyecto en su parte principal tiene un avance físico del 73% y sería una desgracia que se siga retrasando por falta de financiamiento de una inversión que ha sido declarada de interés público.

Seguir leyendo
Anuncio

Política

Rabietas de fujimoristas

Publicado

en

Karina Beteta

Las duras críticas contra Karina Beteta, Milagros Takayama y Milagros Salazar, quienes inicialmente se negaron a firmar la resolución que recomienda la destitución e inhabilitación de Pedro Chávarry hicieron que las congresistas fujimoristas den marcha atrás en sus intentos por blindar al fiscal supremo. Consultados por Diario UNO aseguran que la actitud de las legisladoras de Fuerza Popular es una expresión clara del perfil autoritarista del fujimorismo.

“RABIETA”

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos, calificó como “una rabieta” la actitud de las congresistas fujimoristas Beteta Takayama y Salazar, al no poder blindar al fiscal supremo Pedro Chávarry ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Es una rabieta de no haber podido blindar en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a Pedro Chávarry y entonces tienen esta actitud”, sostuvo el legislador a Diario UNO.

Tras señalar que el gesto de las congresistas es contrario a la práctica parlamentaria, Cevallos aseguró que esto demuestra la intolerancia del fujimorismo y “la poca costumbre que tiene de mantener el control en sus decisiones estratégicas”.

Asimismo, afirmó que Fuerza Popular sigue manteniendo un claro perfil autoritario que se demuestra cada vez que se trata de defender la impunidad de personajes vinculados a la corrupción.

BLINDAJE

Por su parte, el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce afirmó que la actitud de las congresistas fujimoristas y su posterior cambio de parecer confirman la actitud fujimorista de intentar blindar a Pero Chávarry.

“Se negaron a firmar y luego cambian de opinión; esto confirma la actitud que ha tenido el fujimorismo de manera permanente, de intentar blindar a Pedro Chávarry”, señaló a Diario UNO.

Asimismo, Arce sostuvo que frente a la lucha contra la corrupción tiene que haber una posición de transparencia “pero acá ha habido blindaje”.

CAMBIO DE PARECER

Las legisladoras de Fuerza Popular, Karina Beteta, Milagros Takayama y Milagros Salazar, inicialmente se negaron a firmar el acta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en la cual se registra el acuerdo que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Durante el pleno del Congreso y con el fin que suscriban el acuerdo que aprobó por mayoría el informe del legislador de Concertación Parlamentaria (CP), Juan Sheput, un trabajador del Parlamento se acercó a las mencionadas legisladoras pero estas se negaron a firmar.

El informe recomienda denunciar a Pedro Chávarry por el delito de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal.

Ayer en la tarde, la congresista Takayama declaró que no había firmado el documento porque consideraba que no era obligatorio en su caso porque ella votó en contra del informe. “Solo están obligados de firmar los que votaron a favor”, señaló a la prensa.

Horas más tarde el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, informó que las congresistas Takayama, Beteta y Salazar finalmente firmaron el expediente.

OBSTRUYENDO

De acuerdo al procedimiento parlamentario, para que el acta del acuerdo llegue a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y posteriormente al titular del Parlamento, Daniel Salaverry, se requiere de las firmas de todos los integrantes del grupo de trabajo como lo son las tres legisladoras. Solo de esa manera, Salaverry, podrá convocar a la Comisión Permanente para que evalúe el informe.

DENUNCIA

El congresista del Frente Amplio (FA) Marco Arana evaluaba denunciar ante la Comisión de Ética a Beteta, Takayama y Salazar por negarse a firmar el acta, advirtiendo que las legisladoras obstruían el procedimiento parlamentario al no firmar el documento que recoge la votación del informe que recomienda la destitución e inhabilitación por 10 años del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Arana, antes del cambio de parecer de las congresistas, reconoció que no se puede obligar a las legisladoras a firmar el documento, pero sí se puede informar de su negativa y dejar constancia que ellas votaron en contra de acusar al fiscal supremo, tal como consta en el diario de debates del Congreso.

Al respecto, Richard Arce, tras asegurar que el propio presidente de la Subcomisión, César Segura, dijo que le llegaron órdenes para no agendar el tema, indicó que el fujimorismo tendrá que responder por los blindajes y que “no se salvará” de una acusación constitucional ni de un proceso penal.

“Ellos tienen mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Recuerde cuántas acusaciones se han presentado con argumentos contundentes y fueron archivados usando su mayoría”, acotó.

Sobre esto mismo, Juan Sheput, de Concertación Parlamentaria, y encargado de elaborar el informe que fue aprobado en la Subcomisión, manifestó que están buscando dilatar el debate.

“Es una forma de que esto se dilate, pues el oficial mayor tiene que recibir el dictamen con los resultados de la sesión con firmas de todas las personas involucradas, sobre todo de aquellas que han votado a favor de algún tipo de compromiso en la Subcomisión”, expresó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

Seguir leyendo

Política

Fuerza Popular aspira al control absoluto del país

Publicado

en

Juan José Quispe - Miguel Jugo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, afirmó que el procedimiento establecido para plantear una cuestión de confianza es intangible y no puede ser reformada, incluso por un proyecto de reforma constitucional como plantea la bancada de Fuerza Popular.

Indicó que esta propuesta busca modificar el artículo 133 de la Constitución Política, respecto a la posibilidad de reconstituir el Gabinete Ministerial sin la presencia de alguno de los ministros salientes, cuando este aspecto fue declarado como inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) ante un cambio en el Reglamento del Congreso.

“Lo que dice el Tribunal Constitucional (en su fallo sobre la cuestión de confianza) es que es una institución intangible y es materia no reformable, porque es una garantía de un auténtico estado de derecho y de equilibrio de poderes”, manifestó.

Zeballos precisó que el argumento jurídico del TC dice que la cuestión de confianza es entendida como una facultad del Poder Ejecutivo, cuya finalidad esencial es servir de contrapeso a la potestad que tiene el Congreso de la República.

QUIEREN DESNATURALIZAR MANDATO CONSTITUCIONAL

“De Fuerza Popular lo que se puede esperar es cualquier cosa, ¿no? Pero lo cierto es que ellos saben es que modificar la Constitución les va ocasionar un tiempo mayor, porque tienen que hacerlo en dos legislaturas, hay que esperar varios meses”, dijo el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Lo que están haciendo es desnaturalizar el mandato constitucional para querer modificar el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso lo pueden modificar ellos, pero también no pueden ir más allá de la norma constitucional”, destacó.

“Entonces, al modificar el reglamento del Congreso lo que están haciendo es empoderarse como un grupo político y esterilizar la cuestión de confianza para que el Ejecutivo no pueda lograr entablar la cuestión de confianza con los parámetros que están impuestos ahora, modificarlos y evitar que el Presidente cierre el Congreso de una manera constitucional”, explicó.

NOS LLEVAN AL ABISMO

“Ya el presidente Vizcarra lo ha dicho muy claramente que la cuestión de confianza está allí y que quizá lo pueda utilizar en su momento por todos los estropicios y atrocidades que está haciendo el Congreso”, observó.

“Pero no la está utilizando, en base a eso lo que están haciendo los congresistas es querer enmendarle la plana a la figura de cuestión de confianza, para que cuando el Presidente termine de hacerlo finalmente no pueda realizarlo por la modificación del reglamento y tengamos un Congreso empoderado, un Congreso al que no se le pueda pedir nuevas elecciones y finalmente terminar en este mandato que tienen ellos como congresistas, pero que finalmente lo que están haciendo es buscar leyes en favor de un grupo político como es el fujimorismo”, puntualizó.

“Esta figura de la señora Aramayo junto a las señoras Beteta y Bartra, ya sabemos a qué nos llevan: nos están llevando al abismo en el lado constitucional, neutralizar al Presidente a través de la cuestión de confianza y lograr el control absoluto del país, y el trasfondo más claro es buscar alguna norma que pueda beneficiar a Keiko Fujimori para que finalmente termine saliendo no por un mandato judicial, sino por una situación de una ley especial y seguir a una serie de personajes como Becerril, Mamani y Chávarry, para que puedan conseguir sus fines como lo dijo el señor Domingo Pérez y el señor Concepción Carhuancho”, concluyó Quispe.

FUERZA POPULAR PERDIÓ LA BRÚJULA

“Fuerza Popular en realidad perdió la brújula, no tiene objetivos claros respecto al país y simplemente reacciona sobre situaciones que puedan afectar al presidente Vizcarra y en realidad lo que están haciendo es afectar la gobernabilidad”, dijo el analista Miguel Jugo.

“Yo creo que ellos están mal encaminados y lo mejor que podrían hacer es tratar de ubicarse qué es lo que el país requiere, porque esto es un descalabro y ellos no están quedando bien con el país”, cuestionó.

“Hay una resolución constitucional que impide la modificación. Eso de vacar al primer ministro y de que se vayan los demás, son ideas de Mauricio Mulder que puede provocar el foul y creo que eso no resuelve los principales problemas que tenemos los peruanos”, subrayó.

“El país requiere cambios fundamentales en la política, en la justicia, en muchos ámbitos y esta es la oportunidad de hacerlo. El Congreso lo que ha hecho en los últimos años es defender a corruptos, tratar de oponerse a lo que es justo”, remarcó.

ALGO MÁS

“Ellos se niegan a acatar el mandato del referéndum y eso el país no lo recibe bien. Ellos deben ponerse en consonancia. El otro día nos hemos enterado que la Comisión de Constitución fue a Loreto y allí recibieron las quejas del pueblo; la situación del país empeora y todos queremos que mejore”, concluyó Jugo.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

Seguir leyendo

Política

Sobre el suicidio de Alan García y lo que queda del APRA

Publicado

en

Alan García Pérez

La Revista Ideele me ha solicitado amablemente una reflexión acerca de lo sucedido el 17 de abril último en que el expresidente Alan García se dio un disparo, terminando con su vida, para evitar que se concretara la diligencia judicial de su detención preliminar, solicitada por la Fiscalía y ordenada por el Poder Judicial.

Esto sucedió en el marco de las investigaciones sobre uno de los procesos penales iniciados para combatir a la megacorrupción —que golpea sañudamente a nuestro país desde hace varios años—, y sancionar debidamente a los culpables, en el marco de las leyes y con las garantías del debido proceso.

Es difícil cumplir con lo solicitado, pues no se trata solo de reflexionar sobre el suicidio de una persona, lo que no es ni puede ser tema sobre el cual agrade conversar o escribir, sino porque en este caso se trata de las circunstancias en que ocurrió el hecho, y por tratarse de alguien que fue alto dirigente y, durante bastantes años, para muchos, líder del APRA (PAP), luego de la muerte en 1979 de Víctor Raúl Haya de la Torre, el incuestionable líder histórico de esa APRA muy distinta a la de ahora.

De ese partido que fue como mi segundo hogar y en el cual activé durante gran parte de mi vida*. Y porque, además, la persona que consumó su suicidio tuvo muchísimo poder —entregado por quienes en su momento confiaron plenamente en él— y fue en dos ocasiones presidente del Perú.

Complicado, además, porque este hecho trágico (quitarse la vida, haciendo con ello más dificultoso para los encargados de administrar justicia, que se llegue a conocer la verdad) tiene implicancias profundas y complejas para el Perú y, cómo no, para el APRA, la organización política decana del país fundada por Haya de la Torre en 1930.

Por ello, es necesario ubicar lo sucedido en un contexto mayor de reflexión —habida cuenta de los hechos: signos exteriores de riqueza, pruebas plenas, evidencias, y testimonios corroborantes— de lo que puede significar para el Perú empezar a terminar con la megacorrupción instalada en los más altos niveles del Estado, lo cual ha frenado y frustrado las posibilidades de un sostenido desarrollo nacional en libertad, en democracia, y respetando los derechos humanos de todos sus ciudadanos.

El suicidio de Alan García

Expresado públicamente el pésame a la señora madre, hijos y otros seres queridos del expresidente por este hecho de sangre inaudito e inexplicable, la vida debe proseguir.

Sin embargo, así como fue impactante el hecho de descerrajarse un disparo con arma de fuego como consecuencia de la decisión exclusivamente personal de Alan García, también debe ser materia de un sereno y razonable primer análisis, donde prevalezca rigurosamente la consideración objetiva de los antecedentes conocidos, la lógica, las pruebas y los elementos de convicción.

Y finalmente, el sentido común, como telón de fondo y marco general, sin forzar interpretaciones extravagantes, antojadizas o interesadas, sobre hechos, actitudes y evidencias que caen por su propio peso.

La reacción normal y previsible de una persona que se sabe y se siente inocente de delitos o crímenes que se le imputan, es defender tenazmente su inocencia, siempre, con toda su inteligencia, sus fuerzas y argumentos en busca de la verdad.

No rehúye ni evade. Si hay complejidad o sofisticación en los delitos o crímenes perpetrados, pues la persona inocente procede a explicar esa complejidad y, acto seguido, procede al deslinde transparente de responsabilidades y al careo correspondiente con coimputados, si los hubiere, o con los testigos de cargo, en el marco de la razón y de las reglas del debido proceso en un estado constitucional de derecho.

A esta conclusión llegó el gobierno de Uruguay cuando en diciembre del año pasado le denegó el asilo diplomático —solicitado dos semanas antes— y le pidió que se retirara de la residencia uruguaya en Lima. El señor García Pérez no era un perseguido político.

Y, si de honor y dignidad se trata, pues la persona inocente defenderá con más decisión y tenacidad su inocencia, precisamente, para salvar el honor y la dignidad de su nombre y el de sus progenitores e hijos.

Pero ¿qué ocurrió el miércoles 17 de abril? Lo impensable para la inmensa mayoría de peruanos, inclusive para los fiscales y para los miembros de la Policía Nacional que intervinieron en la diligencia.

Excepto, aparentemente, para su entorno de colaboradores inmediatos, inclusive algunos congresistas que el país conoce bien, y cuya pasividad y silencio, desde la noche anterior a la diligencia y hasta momentos antes del suicidio, es inexplicable; no obstante, tener ellos conocimiento de fuertes indicios que el señor García podría atentar contra su vida y saber que tenía en posesión varias armas de fuego.

¿Por qué no alertaron a la Policía Nacional o a la Fiscalía de la Nación de esa posibilidad fatal y por qué ninguno de esos congresistas o dirigentes políticos de su entorno inmediato y de confianza ni siquiera estuvo acompañando a su “compañero presidente” desde la noche anterior, dentro o fuera de su domicilio, en la misma mañana de los hechos?

Días antes, —sobre todo a través de los informes valientes y rigurosos de los periodistas de investigación Gustavo Gorriti y Romina Mella—, se había conocido públicamente la existencia de vouchers o transferencias bancarias —de varios millones de dólares en presuntas megacoimas— atribuidas y hechas a favor de Luis Nava Guibert, —según confesión de Jorge Barata, máximo ejecutivo de Odebrecht en el Perú.

Transferencias bancarias desde cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) hechas por Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú designado durante el gobierno de A. García y hombre de absoluta confianza del expresidente.

Como sabemos, el señor Nava fue secretario de la Presidencia de la República durante los dos periodos de gobierno de Alan García, designado por el mismo expresidente, hombre de su absoluta confianza también y a quien se veía permanentemente muy cerca del entonces presidente, atento a cualquier indicación o directiva de él, en la gran mayoría de actos públicos oficiales, año tras año.

Al momento de escribir estas líneas, Luis Nava Mendiola, hijo de Nava Guibert, —quien salió del país el mismo día que se ordenó su detención preliminar—, ha regresado al Perú luego de confirmar ante los fiscales, en la ciudad de Miami, EE. UU., la veracidad de lo declarado por el ejecutivo de Odebrecht, y que él solo se limitaba a transportar al señor Barata a donde se encontraba su padre para entregarle grandes cantidades de dinero.

Nava Mendiola, cuyo nombre también se registra como receptor de medio millón de dólares de Odebrecht, se encuentra, por ahora, con orden de comparecencia restringida.

Estos son los antecedentes inmediatos más relevantes a la muerte autoinfligida por Alan García Pérez ese 17 de abril y que derivaron en la orden judicial de arresto preliminar que jamás pudo cumplirse. El proceso penal ha de continuar y el dictamen fiscal deberá contener todos los elementos de convicción que finalmente serán materia de sentencia judicial. Y aquí me detengo en este aspecto.

Bancada apristas - Luciana León - Mauricio Mulder - Jorge del Castillo

Distorsiones, fanatismos y campañas mendaces

Sin embargo, no obstante ser de público conocimiento todo lo anterior, los dirigentes del entorno inmediato del fallecido expresidente iniciaron una inexplicable, absurda y violenta campaña verbal de negación de los hechos y de distorsión, cuestionando el hecho central que Alan García se había quitado la vida por su propia decisión y pretendiendo culpar de su suicidio a los periodistas de investigación que acopiaron la información de la fiscalía brasileña y la hicieron pública, a los fiscales encargados del caso y a los mismos policías que intervinieron en la diligencia.

La reacción de esos dirigentes, que debió ser de reconocimiento cabal de lo acontecido, con hidalguía y sinceridad ante el país, se tornó, por el contrario, en un grotesco espectáculo mendaz, que el país ha atestiguado y que ha hundido aún más en el descrédito, en la debacle moral y en el rechazo popular al otrora poderoso partido de Haya de la Torre.

¿En qué condiciones deja Alan García al APRA?

El APRA fue mi partido durante gran parte de mi vida, y en el pasado fortaleció sus cuadros políticos, su mística, su organización y su gravitación política precisamente enfrentando adversidades y persecuciones en las peores circunstancias. Y en ningún momento, ni Haya ni ninguno de los dirigentes o militantes se suicidó o pretendió suicidarse, lo cual habría sido absolutamente impensable.

Pero el APRA de Haya pudo resistir la adversidad y erguirse frente a ella porque, aún en medio de aciertos y desaciertos, como ocurre con toda obra humana, prevaleció la autenticidad de la prédica y la propuesta de transformación democrática y, sobre todo, la honestidad y honradez de sus máximos dirigentes.

Hoy el PAP, luego del segundo gobierno de Alan García, ante la inmensa mayoría ciudadana, está asociado con la corrupción y por ello es rechazado por esas mayorías. Es como si ese peso histórico se hubiera volcado contra el mismo partido.

El PAP, bajo esta dirigencia, en los últimos lustros se ultraderechizó, arrió sus banderas de justicia social con libertad y derechos humanos, se puso del lado de los poderosos y llegó a llamar “ciudadanos de segunda categoría” a nuestros compatriotas de los andes y de la selva que se atrevieron a defender sus tierras, su agua y la pureza de su aire.

Y aún en medio de procesos penales por corrupción que involucran a los expresidentes Toledo, Humala y Kuczynski, y a la excandidata presidencial Keiko Fujimori; el rechazo y el repudio al APRA es proporcional a la influencia, gravitación y esperanzas que tuvo y concitó durante décadas.

Todo esto por responsabilidad directa de quienes se presentan como dirigentes máximos y hasta “líderes”. Esto es una gran traición a esa APRA del pasado, a Haya de la Torre y a quienes lucharon hasta perder la vida por esos ideales superiores.

¿Qué ocurrirá en el futuro próximo y más allá de él?

Por el momento, aventurar una respuesta sería entrar en el terreno de lo insondable.

*En lo personal, creo pertinente señalar que nací en hogar aprista, cuando en el Perú regía la dictadura militar de Manuel Odría. Mi padre, Romeo E. Salgado, a los 20 años de edad, fue co-fundador de la Federación Aprista Juvenil (FAJ) en 1934, luego que en 1932 (bajo la dictadura de Luis M. Sánchez Cerro) estuviera a punto de ser ejecutado extrajudicialmente junto con otros jóvenes apristas en el Callao. He sido dirigente del Comando Universitario Aprista (CUA) en la Universidad Católica de 1973 a 1977, secretario general de comités apristas en los EE.UU. (1979 – 1984) y en años ulteriores (1989-1992) secretario nacional de Relaciones Internacionales del Partido Aprista Peruano.

 

LUIS ALBERTO SALGADO T
REVISTA IDEELE

Seguir leyendo
Publicidad

Lo más reciente

Karina Beteta Karina Beteta
Políticahace 21 horas

Rabietas de fujimoristas

Las duras críticas contra Karina Beteta, Milagros Takayama y Milagros Salazar, quienes inicialmente se negaron a firmar la resolución que...

Juan José Quispe - Miguel Jugo Juan José Quispe - Miguel Jugo
Políticahace 21 horas

Fuerza Popular aspira al control absoluto del país

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, afirmó que el procedimiento establecido para plantear una cuestión de confianza...

Alan García Pérez Alan García Pérez
Políticahace 21 horas

Sobre el suicidio de Alan García y lo que queda del APRA

La Revista Ideele me ha solicitado amablemente una reflexión acerca de lo sucedido el 17 de abril último en que...

Óscar Valverde Ayala Óscar Valverde Ayala
Políticahace 21 horas

La ciencia está de luto

La comunidad científica del país está de duelo por el sensible fallecimiento del destacado matemático Óscar Valverde Ayala, quien desde...

Ayuda humanitaria a Venezuela Ayuda humanitaria a Venezuela
Políticahace 21 horas

EEUU decide atacar el programa de alimentos CLAP de Venezuela

Si bien a EE.UU. le gusta caracterizar sus esfuerzos de cambio de régimen en Venezuela como humanitarios en su naturaleza,...

Edwin Oviedo Edwin Oviedo
Políticahace 21 horas

Mejor es reírse

Soy tan inocente como que Perú es campeón mundial de fútbol

Melissa Peschiera Melissa Peschiera
Políticahace 21 horas

La voz clara

“Fue un feminicidio y hubo acoso sexual reiterado, aunque la víctima no hiciera la denuncia. Las mujeres no denuncian porque...

Jorge Meléndez Jorge Meléndez
Políticahace 21 horas

La palabra

“Hay quienes se vanaglorian de tener partidos políticos pero no hacen vida partidaria, se forman cúpulas o clubes de amigos...

Yonhy Lescano Yonhy Lescano
Políticahace 21 horas

En el twitter

Pura pantalla “Los líos internos en el Congreso entre fujimoristas y seudo exfujimoristas es pura pantalla. Todos ellos estarán de...

Pataditashace 21 horas

Pataditas – 24 mayo 2019

PJ condena a congresista de Fuerza Popular La Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, informó...

Anuncio
Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.