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La más infame de las violencias

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La más infame de las violencias

El caso del padrastro abusador de San Isidro ha puesto sobre el tapete un problema grave, que afecta a diario a miles de niños.

El lunes, cuando los jóvenes mostraban su algarabía por la derogatoria de la “Ley Pulpín”, pues saben que con sus movilizaciones lograron que se diera marcha atrás al proyecto; en otro lado de Lima, en San Isidro, una joven grababa en un estacionamiento a un niño cuando era introducido a la fuerza dentro de un carro por un sujeto, quien -según testigos- golpeó al menor contra el asiento delantero reiteradas veces hasta ocasionarle una hemorragia en el rostro.

El hecho irrumpió las redes sociales, cuando Romy Schroth, la testigo, colgó la grabación con una nota que decía: Por favor!!! Compartir esta nota!!!! Este niño necesita nuestra ayuda !!!!. Seguidamente, la televisión en forma reiterada mostró las escenas violentas del vil sujeto contra el niño de cinco años, quedando grabadas en la memoria colectiva.

LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS
Lo cierto es que este hecho marca el grado de violencia que los adultos cometen contra los niños, sin importarles sus derechos; la misma que no solo es la practicada por los mayores, sino, además, por la sociedad, mediante la ausencia de políticas que atiendan la situación de agresión que viven los niños y niñas y que debe ser combatida en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, que este año cumple 25 de su aprobación.

Es bueno recordar entonces que, en noviembre del año pasado, se planteó denominar el año 2015, “Año de la Dignidad de las Niñas y Niños por una Infancia sin Violencia” con el fin de disminuir la violencia física y psicológica contra los niños que afecta al 60% de niños menores tal como refiere Save for Children. Las Naciones Unidas han recomendado a los gobiernos modificar sus legislaciones para prohibir el castigo físico y humillante que sufren los niños.

Hasta el momento, Costa Rica, Uruguay, Brasil, Venezuela y Argentina han aprobado las modificaciones de sus leyes. Se quiso que el Perú fuera el siguiente país en aprobar la modificación de sus normas y en esa dirección se estuvo trabajando la Moción de Orden del Día 09103, que proponía al Poder Ejecutivo, impulsar políticas públicas que protejan la integridad de los niños y niñas frente a cualquier situación de violencia. Sin embargo, se dio la espalda a la terrible problemática que viven los niños, declarando este año, el “Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”.

SITUACIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL
En el Perú una de las dificultades para enfrentar el problema de la violencia infantil es la falta de información sobre el tema, no existen estudios a nivel nacional que permitan conocer la real magnitud de la violencia contra los niños y niñas, aunque, en octubre, el Ministerio de la Mujer reportó 7,000 casos de violencia contra menores en el Perú.

Los estudios existentes son parciales, como el realizado en 2011 por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) que concluyó que la violencia contra los niños se da con mayor frecuencia en el hogar, causada por los padres o algún otro miembro de la familia y que el tipo de violencia física contra los niños más frecuente es la violencia moderada: 27,4 por ciento de los niños que formaron parte de este estudio habían sido castigados por medio de sanciones que implica lastimarlos con algún objeto; el 14,7 por ciento ha sido víctima de violencia leve y un 6,4 por ciento de violencia severa, como quemaduras o laceraciones.

Asimismo, se encontró que la violencia infantil no solo trae consecuencias a corto plazo, sino, también, puede llegar a afectar el desarrollo a largo plazo de los niños. Es más, puede llevarlos a la muerte.

GRABAR Y DENUNCIAR LA AGRESIÓN
Antes de concluir con estas ideas, es bueno exhortar a la población a no quedarse callada y no normalizar actos de violencia de padres a hijos, pues debemos entender que la violencia no es algo normal, no se debe permitir castigo físico, ni sicológico alguno contra un niño.

Y cuando seamos testigos de estos repudiables hechos, actuar como lo hizo Romy Schroth, la joven ciudadana que grabó y denunció el maltrato del hombre a su hijastro de 5 años… Porque un país que no cuida a sus niños es un país que no merece existir.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

ALGO MÁS

Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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