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La maldición del oro en La Libertad

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Minería mineros

US$ 23 MIL MILLONES DE RIQUEZA DESPERDICIADA

Las entrañas de las montañas de esa región son fuente de gran riqueza

El departamento de La Libertad es considerado rico, de mayores ingresos per cápita en relación al promedio nacional, porque detenta las mejores tierras dedicadas a la agroexportación; es un centro turístico por excelencia gracias a la presencia mochica/chimú, es tierra de grandes orfebres, artesanos, y de una excelsa gastronomía de reconocimiento mundial.

Es también un importante productor minero, sobre todo de oro y plata, tan es así que ha desplazado al departamento vecino de Cajamarca del primer lugar en la producción aurífera.

Como correlato de la riqueza, La Libertad es la región considerada con los más altos índices de criminalidad después de Lima; es más, el norte del país es el centro de la violencia e inseguridad ciudadana.

Allí operan bandas que exigen cupos al empresariado emergente y popular y una creciente presencia del crimen organizado con sicarios juveniles, más una presencia expandida del narcotráfico y la informalidad minera. Es decir, riqueza y violencia es una unidad indisoluble.

MÁS QUE CAJAMARCA

En cuanto a la actividad minera, ha desplazado a la región de Cajamarca del liderazgo en la producción de concentrados de oro, que dicho sea de paso, comparte con las provincias colindantes del departamento liberteño la misma geología con un gran potencial por explotar, a pesar de mineral extraído desde la colonia en especial de oro, plata y cobre.

Expresión de la riqueza generada gracias a la minería en La Libertad son las transferencias por concepto de canon minero que entre el 2009 y el 2018 han superado los 3,761 millones de soles, el cual tiene su fuente en el Impuesto a la Renta abonado por las empresas mineras que explotan la riqueza minera, con un relativo éxito en relación a los conflictos sociales.

Se debe tener presente que el canon minero está determinado por el 50 % del Impuesto a la Renta pagado por los titulares mineros, por tanto el 100 % sería el total del Impuesto a la Renta captado por el fisco por la actividad minera metálica y no metálica.

Siempre hemos sostenido que el canon minero es una renta derivada que está sujeta a las deducciones del costo de ventas, gastos administrativos y gastos de venta más los gastos financieros.

Es decir, la determinación de la renta imponible está condicionada a las diversas deducciones producto de los beneficios tributarios propios de la actividad minera, y todas las consideraciones de gastos que disminuyen la renta imponible sobre la cual se aplica el 8 % de participación de las utilidades de los trabajadores y sobre todo la tasa del 30 % del Impuesto a la Renta, que es la base del canon minero.

Alexander Manuel Pérez Gutiérrez (a) “Gringasho”

En Trujillo campean las bandas de extorsionadores y el sicariato juvenil.

¿CUÁNTA RIQUEZA AURÍFERA?

En dicho departamento operan importantes empresas que explotan fundamentalmente el oro en operaciones de tajo abierto como Barricik Misquichilca con su proyecto Lagunas Norte, y las minas subterráneas tales como Consorcio Minero Horizonte, Minera Aurífera Retamas, Compañía Minera Poderosa, Santa Rosa, entre las más importantes.

Es también un departamento donde la minería artesanal se expande y articula a la producción formal, como sería el caso de Minera Poderosa que considera en su costo de producción los montos pagados a los mineros artesanales. Por tanto, en la producción aurífera encontramos a la gran minería, mediana, pequeña minería conjuntamente con la minería artesanal e informal.

El cuadro “Producción de Oro de la Región La Libertad” en el período 2001/ 2017 nos expone una realidad que explicaría la creciente violencia urbana en las principales ciudades de dicho departamento. Existiría una correlación entre la inseguridad urbana y la creciente riqueza minera sobre todo aurífera.

ENORME RIQUEZA

Así en el período de diecisiete años podemos constatar la creciente producción del metal amarillo que transita de las 487 mil onzas en el 2001 que se estarían explicando por las mineras medianas como Poderosa, Horizonte, Retamas que a pesar de su producción obtenida en minas de socavón con profundos túneles, con bajos salarios en relación a la riqueza obtenida.

Debiera ser evidente que con la presencia del proyecto de Lagunas Norte a partir del 2005 de la transnacional Barrick, la producción se incrementa llegando a un máximo de 1.8 millones de onzas en el 2008 para ir disminuyendo lentamente para sumar los 1’381,000 es decir, un millón trescientos ochenta y un mil onzas de oro equivalente, según la información registrada en el Ministerio de Energía y Minas.

Según la fuente oficial con información registrada por la Dirección General de Minería (DGM) del propio ministerio en el período 2001/2017 solamente en el departamento la producción formal registrada ha sido de 22’375,000, léase veinte dos millones trescientos setenta y cinco mil onzas troy de oro, que estimadas a los precios internacionales año por año totalizan un valor de 23 mil millones de dólares solamente en la producción del metal amarillo. Ver cuadro.

Por ello debiera interesar cuánto de esta riqueza se ha quedado en el país y en la región. ¿Cuánto de esta riqueza se reinvierte en salarios y otros beneficios laborales, y en compras a la industria local, regional y nacional? Asimismo, debiera interesar saber ¿cuánto de esta riqueza es captada por el Estado como Impuesto a la Renta y otros ingresos fiscales?

Barras lingotes de oro

EL ORO Y EL CANON

Si consideramos el canon minero transferido al departamento de La Libertad en el 2017 sumó los 255 millones de soles que por definición legal corresponde al 50 % del Impuesto a la Renta pagado por todos los titulares mineros que explotan reservas mineras, sobre todo de oro y plata en dicha región. Por extensión podemos asumir que el 100 % del Impuesto a la Renta sería correspondiente a los 500 millones de soles, que al tipo de cambio promedio de S/ 3.30 por dólar sería un ingreso fiscal equivalente a los US$ 151 millones.

Por tanto si relacionamos la riqueza minera aurífera del 2016 bajo el supuesto que solamente se explota oro en dicho departamento, donde con la producción de 1.4 millones de onzas que al precio promedio de US$ 1,251 la onza determina un valor aquivalente a los US$ 1,765 millones.

En tal sentido, el Impuesto a la Renta que constituye la base del canon minero (50 % del impuesto) se capta sobre el ingreso del año anterior. Por ley las empresas abonan mes a mes el Impuesto a la Renta, y en el mes de marzo de cada año regularizan el impuesto y presentan la declaración jurada correspondiente al año anterior. Así, el canon minero distribuido en el período julio 2017 – julio 2018, corresponde al Impuesto a la Renta pagado por el ejercicio del año anterior que serían las utilidades imponibles, es decir la riqueza que capta el Estado por el ejercicio 2016.

Ello significa que el 100 % del Impuesto a la Renta captado en el 2016 del cual el 50 % del mismo es distribuido como canon a partir de julio del 2017. Por ello, la participación directa del Estado resulta equivalente a los US$ 151 millones que representa apenas el 8.5 % del valor del oro generado en el 2016 (US$ 1,765 millones).

Por tanto, se se sumará la riqueza obtenida por la producción de la plata, cobre, zinc y de la llamada minería no metálica prácticamente se podría reducir que la participación del Estado en la riqueza minera es francamente ridícula, de allí la incapacidad del Estado para enfrentar y resolver las múltiples necesidades sociales en especial la falta de seguridad ciudadana.

EPÍLOGO

Por tal motivo, podemos afirmar que los recursos fiscales que capta el Estado por la explotación minera en el departamento de La Libertad y en el país en general representa una cifra franciscana, mínima, que no guardan proporción con la riqueza creada. De allí que se tiene que reformar el marco tributario de la minería, pues es un sector que goza de una serie de beneficios tributarios que afectan la caja fiscal.

Por ello el gobierno regional, y locales no tienen los suficientes recursos para enfrentar las múltiples necesidades de inversión en infraestructura, desarrollo agrícola, educación y salud de calidad. Ello es peor si se consideran los altos niveles de corrupción de las autoridades regionales que quedaron resumidas en una frase lamentable del líder de la llamada Alianza para el Progreso a sus partidarios: “Hay plata como cancha”.

Producción de oro de la región de La Libertad

ALGO MÁS

Próximos a un proceso electoral y con la excusa del despilfarro, ineficiencia del gasto y elevados niveles de corrupción en los gobiernos locales y regionales, el Gobierno aspira cambiar la distribución del canon minero, en especial la parte que corresponde al distrito (105) y provincia productora (25 %), cuando lo moderno y progresista es darle término a las múltilples perforaciones tributarias, exoneraciones y beneficios tributarios que goza en especial el sector minero, que afectan la caja fiscal.

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Política

Es una mordaza a la información

Publicado

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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