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La libertad de creencia y el cardenal Cipriani

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La libertad de creencia y el cardenal Cipriani

Imagínese, estimado lector, que un día cualquiera un representante de nuestro Congreso propone una nueva ley que consiste en exhortar a todos los ciudadanos a obedecer y propagar los Diez Mandamientos en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en las iglesias, participen o no de la tradición judeocristiana; es decir, que ateos, budistas, musulmanes o de otras religiones o posturas filosóficas no puedan escapar de esta ley y tengan que cumplir con los famosos mandamientos que recibió Moisés.

Este ejemplo extremo, que bien puede sonar a broma y que implica una suerte de “legislatura divina y que da miedo”, existe. En 1996, el senado del Estado de Tennesseeen EE.UU. aprobó dicha ley, además de rechazar una enmienda que “eximía de tal obligación a los templos hindúes, musulmanes y budistas” (Wendy Kaminer: Durmiendo con los extraterrestres, p. 97).

Dicho en otras palabras, todos los ciudadanos, sin excepción, creyentes de diversas religiones y no creyentes, estaban obligados a ser objeto de esta forma de nueva evangelización.

Es verdad que la palabra “exhortar” es distinta a “obligar”. La primera no es una orden que debe ser cumplida pero crea una atmósfera que, tarde o temprano, puede terminar en la imposición. Como dice Kaminer, “Las cruzadas que persiguen destruir las fronteras entre iglesias y Estado constituyen una amenaza mucho mayor para la tolerancia religiosa que cualquier puñado de ateos evangélicos. Las teocracias habidas a lo largo de la historia así lo han puesto de manifiesto” (p. 26).

Esta reflexión viene al caso porque a raíz de la aprobación del Protocolo para el Aborto Terapéutico (PAT), así como de la demanda para el reconocimiento de la Unión Civil (UC) entre personas del mismo sexo, hemos visto desfilar a personajes que buscan —algunos por puro oportunismo político y otros por sus creencias fundamentalistas— destruir, justamente, las aún frágiles o débiles fronteras entre el Estado peruano y la religión.

Es decir, persiguen el regreso a un Estado teocrático en el cual “las tendencias sociales que criticaban los conservadores no eran pecados de humanismo secular, sino la consecuencia de una negativa de abrazar ciertas interpretaciones sectarias de las Escrituras” (p.82).

El conflicto, por lo tanto, con aquellos que se oponen al PAT o a la UC no es solo porque tengan ideas del siglo antepasado o, simplemente, porque sean conservadores, sino porque expresan un nuevo proyecto teocrático y reaccionario que trata de imponer sus propias ideas religiosas y liquidar cualquier atisbo de pluralismo democrático.

En este caso, la diversidad está prohibida como todo aquello que en este país vaya contra las Sagradas Escrituras y el credo neoliberal.

Que hoy los abanderados de esta posición sean el cardenal Juan Luis Cipriani, editorialistas de El Comercio como Martha Meier, sectores conservadores del PPC y del fujimorismo, medios de comunicación claramente alineados con el proyecto neoliberal, agencias encuestadoras ligadas, según observadores, a la dictadura fujimorista, es la mejor demostración de que todo este debate pasa por coordenadas políticas.

Estos sectores buscan imponer una agenda conservadora que incluye, no solo ideas contrarias a una real secularización del Estado, sino también al neoliberalismo como proyecto económico.

No es, por tanto, un asunto solo de “mujeres” o de las comunidades gay (GLBT), sino también de los sectores auténticamente liberales, democráticos y progresistas del país. Por eso llama poderosamente la atención la actitud —inaceptable, por cierto— del decano del Colegio Médico, César Palomino, quien, por atacar a la ministra de Salud y defender sus demandas gremiales, haya terminado de la mano del cardenal Juan Luis Cipriani y del peor conservadurismo.

En el fondo, lo que se juega hoy en el país no es solo el futuro del PAT o de la UC, sino las relaciones entre el Estado y las iglesias y sus autoridades, así como la posibilidad de una sociedad pluralista y moderna, lejos de toda imposición religiosa.

Por eso es inadmisible en un Estado que se dice laico, el trato que el cardenal Cipriani ha dado a los ministros de Justicia y de la Mujer cuando se refiere a ellos como “un tal Figallo” o una “tal Omonte” o al desear, entre líneas, que el “fuego del infierno” castigue a la ministra de Salud.

Ese es un trato que el Gobierno debería rechazar de plano, además de llamarle la atención no solamente por ser una autoridad religiosa que representa al Estado del Vaticano, por algo existe el Concordato, sino porque además es una institución que se beneficia con una subvención que el Estado peruano le entrega cada año a la Iglesia católica y que administra el Ministerio de Justicia.

No hay que olvidarse que la condición para que todos puedan tener o no un credo o una religión, no importa cuál fuera, es el respeto a todas ellas y su ubicación en el ámbito privado.

El otro camino es la teocracia y una sociedad organizada en función a una religión única, en la cual, como manifiesta el fundamentalista Charles Colson: “Solo la Iglesia puede decidir de manera colectiva en qué punto un gobierno se vuelve lo suficiente corrupto para que un creyente deba seguir tolerándolo” (p.91). De ahí al “alzamiento religioso” cuando un gobierno es calificado de “impío” hay un solo paso y eso lo sabe bien Cipriani.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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