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La libertad de creencia y el cardenal Cipriani

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La libertad de creencia y el cardenal Cipriani

Imagínese, estimado lector, que un día cualquiera un representante de nuestro Congreso propone una nueva ley que consiste en exhortar a todos los ciudadanos a obedecer y propagar los Diez Mandamientos en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en las iglesias, participen o no de la tradición judeocristiana; es decir, que ateos, budistas, musulmanes o de otras religiones o posturas filosóficas no puedan escapar de esta ley y tengan que cumplir con los famosos mandamientos que recibió Moisés.

Este ejemplo extremo, que bien puede sonar a broma y que implica una suerte de “legislatura divina y que da miedo”, existe. En 1996, el senado del Estado de Tennesseeen EE.UU. aprobó dicha ley, además de rechazar una enmienda que “eximía de tal obligación a los templos hindúes, musulmanes y budistas” (Wendy Kaminer: Durmiendo con los extraterrestres, p. 97).

Dicho en otras palabras, todos los ciudadanos, sin excepción, creyentes de diversas religiones y no creyentes, estaban obligados a ser objeto de esta forma de nueva evangelización.

Es verdad que la palabra “exhortar” es distinta a “obligar”. La primera no es una orden que debe ser cumplida pero crea una atmósfera que, tarde o temprano, puede terminar en la imposición. Como dice Kaminer, “Las cruzadas que persiguen destruir las fronteras entre iglesias y Estado constituyen una amenaza mucho mayor para la tolerancia religiosa que cualquier puñado de ateos evangélicos. Las teocracias habidas a lo largo de la historia así lo han puesto de manifiesto” (p. 26).

Esta reflexión viene al caso porque a raíz de la aprobación del Protocolo para el Aborto Terapéutico (PAT), así como de la demanda para el reconocimiento de la Unión Civil (UC) entre personas del mismo sexo, hemos visto desfilar a personajes que buscan —algunos por puro oportunismo político y otros por sus creencias fundamentalistas— destruir, justamente, las aún frágiles o débiles fronteras entre el Estado peruano y la religión.

Es decir, persiguen el regreso a un Estado teocrático en el cual “las tendencias sociales que criticaban los conservadores no eran pecados de humanismo secular, sino la consecuencia de una negativa de abrazar ciertas interpretaciones sectarias de las Escrituras” (p.82).

El conflicto, por lo tanto, con aquellos que se oponen al PAT o a la UC no es solo porque tengan ideas del siglo antepasado o, simplemente, porque sean conservadores, sino porque expresan un nuevo proyecto teocrático y reaccionario que trata de imponer sus propias ideas religiosas y liquidar cualquier atisbo de pluralismo democrático.

En este caso, la diversidad está prohibida como todo aquello que en este país vaya contra las Sagradas Escrituras y el credo neoliberal.

Que hoy los abanderados de esta posición sean el cardenal Juan Luis Cipriani, editorialistas de El Comercio como Martha Meier, sectores conservadores del PPC y del fujimorismo, medios de comunicación claramente alineados con el proyecto neoliberal, agencias encuestadoras ligadas, según observadores, a la dictadura fujimorista, es la mejor demostración de que todo este debate pasa por coordenadas políticas.

Estos sectores buscan imponer una agenda conservadora que incluye, no solo ideas contrarias a una real secularización del Estado, sino también al neoliberalismo como proyecto económico.

No es, por tanto, un asunto solo de “mujeres” o de las comunidades gay (GLBT), sino también de los sectores auténticamente liberales, democráticos y progresistas del país. Por eso llama poderosamente la atención la actitud —inaceptable, por cierto— del decano del Colegio Médico, César Palomino, quien, por atacar a la ministra de Salud y defender sus demandas gremiales, haya terminado de la mano del cardenal Juan Luis Cipriani y del peor conservadurismo.

En el fondo, lo que se juega hoy en el país no es solo el futuro del PAT o de la UC, sino las relaciones entre el Estado y las iglesias y sus autoridades, así como la posibilidad de una sociedad pluralista y moderna, lejos de toda imposición religiosa.

Por eso es inadmisible en un Estado que se dice laico, el trato que el cardenal Cipriani ha dado a los ministros de Justicia y de la Mujer cuando se refiere a ellos como “un tal Figallo” o una “tal Omonte” o al desear, entre líneas, que el “fuego del infierno” castigue a la ministra de Salud.

Ese es un trato que el Gobierno debería rechazar de plano, además de llamarle la atención no solamente por ser una autoridad religiosa que representa al Estado del Vaticano, por algo existe el Concordato, sino porque además es una institución que se beneficia con una subvención que el Estado peruano le entrega cada año a la Iglesia católica y que administra el Ministerio de Justicia.

No hay que olvidarse que la condición para que todos puedan tener o no un credo o una religión, no importa cuál fuera, es el respeto a todas ellas y su ubicación en el ámbito privado.

El otro camino es la teocracia y una sociedad organizada en función a una religión única, en la cual, como manifiesta el fundamentalista Charles Colson: “Solo la Iglesia puede decidir de manera colectiva en qué punto un gobierno se vuelve lo suficiente corrupto para que un creyente deba seguir tolerándolo” (p.91). De ahí al “alzamiento religioso” cuando un gobierno es calificado de “impío” hay un solo paso y eso lo sabe bien Cipriani.

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Política

AG se las verá hoy con fiscal Pérez

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Alan García Pérez - José Domingo Pérez Gómez

El expresidente Alan García, quien hoy se verá frente a frente con José Pérez, el implacable fiscal que envió a la cárcel a Keiko Fujimori, quien lo quiere interrogar sobre el Metro de Lima, obra para la cual Odebrecht ha confesado que pagó sobornos por 24 millones de dólares, de los que el líder aprista y sus seguidores juran que él no sabe nada.

La información trascendida del Ministerio Público indica que el eficiente fiscal ha preparado minuciosamente la estrategia de su interrogatorio y ha recibido nuevas informaciones de Brasil sobre el caso.

Los méritos de Pérez llevaron al congresista Yonhy Lescano a manifestar que por primera vez García será interrogado por un fiscal valiente y comprometido con la lucha anticorrupción, que no caerá en las maniobras de AG.

¿QUIÉN COBRÓ LOS 14 MILLONES?

Uno de los misterios que tendrá que desentrañar Pérez es el de 14 millones de dólares de las coimas cuyo destino se desconoce, pues solo se ha encontrado aproximadamente diez millones en cuentas de Andorra, a nombre de funcionarios de segunda y tercera línea, como el exviceministro Jorge Cuba y los exfuncionarios Edwin Luyo, Mariella Huerta y Santiago Chau, la exvoleibolista Jessica Tejada, su sobrino Víctor Muñoz y a su asesor Miguel Navarro.

Navarro, desde la cárcel, ha declarado que Cuba coordinaba directamente el tema del Metro con García y habría sido designado por Roxanne Cheesman, pareja del exgobernante aprista.

Entre los ingredientes de la expectativa destaca la versión de que Cuba se habría ofrecido como colaborador eficaz, lo que solo podría conseguir si delata a un involucrado de rango mayor al suyo y solo hay dos, el exministro Enrique Cornejo y García.

MÁS INDICIOS

Otro indicio adverso a García es el gran interés en sacar adelante la obra e impulsar para ellos normas de excepción que favorecieron a Odebrecht, dictadas tras reuniones con ejecutivos de Odebrecht, aunque García sostiene que solo buscaba terminar la obra en su último gobierno y si otros se aprovecharon, que paguen con la cárcel.

Pérez consideraría estos elementos y otros que habría obtenido para armar un caso que complicaría a García. Ya antes el aprista ha intentado sacarlo del caso sin éxito. Además, Barata ha dicho que Odebrecht entregó 200 mil dólares a la campaña de García el 2006, cuando ganó la elección.

En la etapa previa al interrogatorio, García ha intentado desacreditar al fiscal Pérez, recogiendo la afirmación del fiscal Pedro Chávarry, de que Pérez coordina con el gobierno, y sostiene que el gobierno interviene en el sistema de justicia, lo que para muchos crea condiciones para cuestionar al fiscal si las cosas le salen mal en el interrogatorio.

OTRA CUENTA

Pero García tiene otros temas pendientes con la justicia, como la denuncia contra él y su esposa Pilar Nores por presunto enriquecimiento ilícito, que fue archivada por el Ministerio Público debido a una acción de amparo que presentó la defensa de AG lo que bloqueó una investigación de la Fiscalía, según el expremier.

La denuncia fue presentada el 22 de diciembre del 2015 por la militante aprista Ángela Arminda Valdez Rivera, quien, señaló que la Fiscalía debería investigar las supuestas millonarias fortunas inmobiliarias que García y Nores poseen en diversos países.

Para Cateriano, la Fiscalía de la Nación encarpetó la indagación a García Pérez porque este presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial contra el proceso que tenía dentro de la Megacomisión del Congreso que investigó el presunto mal manejo financiero durante su segunda gestión presidencial.

Entonces, el recurso fue aceptado por la Corte y provocó que el MP no pueda avanzar. “En conclusión: no hubo investigación fiscal y tampoco judicial. La acción de amparo que presentó Alan García impidió la indagación. AG es el único funcionario público con esta clase de privilegios. La técnica de siempre: no aclara, tergiversa, obstruye y logra archivamientos”, manifestó Cateriano.

NO SE HIZO MUCHO

Respecto a este caso, Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló que el fiscal supremo Pablo Sánchez hizo oficios a entidades bancarias, determinó que no hubo enriquecimiento ilícito con el cotejo de sus declaraciones juradas y archivó el caso.

Indicó sobre Pilar Nores que aunque no fue funcionaria pública, la denuncia tenía que haber recaído en una fiscalía común, para que investigue el delito que le corresponde. Producto de la acción de amparo el caso fue archivado en agosto del 2018.

FACTOR NORES

Para Valdez, “García y Nores se mantienen unidos por la fortuna que tienen que compartir, hay algo que no les permite a ambos romper el vínculo del matrimonio, aunque García tiene otra pareja y un hijo”.

Aseguró que Nores es involucrada en la denuncia porque faltando unos meses para que culmine el segundo periodo presidencial de García ellos hacen un régimen de separación de bienes, si ellos están casados por qué optan por esta figura legal. Y así los bienes pasan a ser protegidos por el nombre de Pilar Nores.

Indicó que las pruebas son de los documentos que ha obtenido de los registros públicos, y que las puede obtener cualquier ciudadano.

¿Por qué hay un silencio total? ¿Por qué nunca se le llamó a Pilar Nores a declarar?”, cuestionó Valdez.

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Política

AG no le teme a nadie

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Javier Velásquez Quesquén

Javier Velásquez Quesquén, legislador del Apra, afirmó que no existe ninguna razón para que AG no acuda a la diligencia y sienta algún tipo de temor ante el eventual interrogatorio.

“Lo de mañana (hoy) va a ser una diligencia. El presidente ha respondido estas últimas semanas, 42 o 46 veces ha ido al Ministerio Público y no hay razón para no hacerlo mañana (hoy). ¿Por qué habría de tener miedo?”, aseveró.

“García va a continuar mañana (hoy) con su declaración como también hay otras dos o tres investigaciones en las que nosotros, y digo nosotros porque también hay otra investigación en la que los que fuimos parlamentarios en el 2006, hemos sido llamados por este fiscal para dar nuestro testimonio. ¿Por qué vamos a tener temor, si no tenemos nada que ocultar?”, resaltó.

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Política

Ni candidatura ni cierre del Congreso, asegura Vizcarra

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra reafirmó que no será candidato en las elecciones generales de 2021 y que no ve necesario, en el corto ni el mediano plazo, usar la herramienta constitucional de cerrar el Congreso de la República

“No, no voy a ser candidato en el año 2021. Lo descarto absolutamente”, aseveró el mandatario en una entrevista con Semana Económica, en la que su administración trabajará “con mucha responsabilidad, con mucha transparencia hasta el 28 de julio del 2021”.

CIERRE DEL CONGRESO

“Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección, lo que generaría una distorsión en decisiones importantes que tomamos día a día”, remarcó.

Sobre la recurrente demanda de amplios sectores sociales y políticos de cerrar el Parlamento, manifestó que la cuestión de confianza es una herramienta constitucional que el Ejecutivo puede usar para mantener el equilibrio de poderes.

“¿Y cuándo se usa? Cuando sea necesario. Yo no veo ahorita ninguna posibilidad, en el corto ni mediano plazo, de necesitar esa herramienta. En consecuencia, la herramienta está ahí para que se use en caso sea necesario, pero yo, actualmente, en función de los acontecimientos, no veo ninguna necesidad de usarla”, aseveró.

DIÁLOGO CON TODOS

Al reiterar la decisión de conversar con los diversos partidos, anunció que en los próximos días establecerá un diálogo con el Congreso de la República, a través de su presidente, Daniel Salaverry, quien a su vez señalo que se ha iniciado una nueva relación con el gobierno.

“El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer, pero a nivel de instituciones. Y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Estamos dialogando, pero en esta coyuntura estamos priorizando el diálogo con las autoridades que recientemente todos los peruanos han elegido como sus alcaldes y gobernadores”, explicó.

Sobre el diálogo con el Legislativo, precisó que el objetivo es establecer lineamientos claros sobre qué cosas no debe legislar ese poder del Estado al recordar que muchas normas que ha dictado comprometen el presupuesto pese a que el Legislativo carece de iniciativa de gasto.

FUERZA POPULAR Y REFERÉNDUM

De otro lado, sobre la crisis de Fuerza Popular, el mandatario dijo que quizás sea conveniente por el momento que “estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora”, a la espera que el partido fujimorista “se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos”.

Vizcarra recordó que al asumir la Presidencia el 23 de marzo último, planteó la iniciativa de establecer un pacto social que definió como “un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar un rumbo común hacia el desarrollo”, aunque no logró acogida.

ALGO MÁS

Ratificó la opinión de que no debe aprobarse en el referéndum del 9 de diciembre la reforma sobre bicameralidad porque la propuesta original del Ejecutivo sobre el tema fue “desnaturalizada” por el Congreso.

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