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La libertad cautiva

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La libertad cautiva

La acusación de apología del terrorismo puede servir para enviar por largos años a la cárcel a artistas cuando así lo dispongan un general aficionado al Twitter y un procurador de sádicos exabruptos.

Mal momento ha elegido la administración peruana para ratificar que la censura es su estilo de gobernar y que en ello, se identifica a plenitud con la feroz dictadura de Alberto Fujimori.

El procedimiento policial y el anuncio de enjuiciamiento de los directores y creadores de la premiada obra de teatro “La Cautiva” ocurrieron al día siguiente de que en París, los gobernantes de casi todo el mundo marchaban por la Ciudad Luz condenando la brutalidad de la censura.

Tres individuos bestializados ametrallando al personal de una revista satírica en poco difieren con un Estado que se proclama democrático y que, sin embargo, mantiene en vigencia una Ley -la de Apología del Terrorismo- que puede servir para enviar por largos años a la cárcel a artistas cuando así lo disponen un general aficionado al Twitter y un procurador de sádicos exabruptos. Felizmente, han dado marcha atrás ante la repulsa internacional.

No se trata de un hecho aislado. Varias semanas atrás, el ministro de Interior penetró en una galería de pintura para condenar a gritos que se exhibiera las obras de personas que están en reclusión por supuesta pertenencia a un grupo terrorista.

Según los organizadores de la muestra, a quienes se enfrentó el ministro, los fondos a recaudarse estaban destinados a los hijos de los presos. Hasta donde sabemos la ley penal no prohíbe pintar a esas personas, ni condena a sus descendientes a morir de inanición.

Y algo todavía peor: desde su inauguración, el Ejecutivo ha estado empeñado en hacer aprobar una “Ley del Negacionismo” que serviría para perseguir cualquier expresión artística que supuestamente hiciera apología del terrorismo.

Lo dije entonces y es aplicable hoy: En supuesta defensa de la democracia, el precepto “antinegacionista” omitía y de esa manera justificaba el terrorismo de Estado, una forma de gobernar brutal, masiva, totalitaria y sangrienta que no es precisamente democrática.

Con su estudiado silencio, la tan propagandizada Ley reivindica o hace pasar por excesos justificables y comprensibles -y acaso repetibles- el estado de sitio y la paz de cementerios que se producen cuando un gobierno da carta blanca a las fuerzas armadas ocupen el país…es decir para que suplanten un terrorismo por otro.

Y parece que hoy se trata del mismo asunto. Según leemos en “El Comercio”, el argumento de la obra censurada es el siguiente:

“Una camilla de acero y una losa de cemento componen los elementos en escena. En la camilla está tendida María Josefa Flórez Galindo, de 14 años. Murió junto a sus padres, dos militantes senderistas, al irrumpir una patrulla del ejército en su casa. Orificio en el tórax causado por disparo de corta distancia es el reporte del forense.

Un técnico forense y un auxiliar cosen el cuerpo de la occisa. Pronto, un capitán y su tropa darán cuenta de ese cuerpo como si fuera una muñeca de carne. ‘A los padres los tiraron a una fosa y a esta la quieren para el festejo. […] Es su desquite y su recompensa’, le explica el técnico al consternado asistente primerizo. Para él, la escena resulta tan sórdida y absurda que incluso puede ser posible que la muchacha abra los ojos y le confiese sus temores, el miedo que sentía a sus padres y el amor que profesaba por sus abuelos, quienes iban a celebrar con ella su fiesta de 15 años. Allá afuera, la tropa espera su premio.”

El mismo periódico nos ilustra cómo este crimen fue cometido durante la guerra sucia según declaraciones recibidas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

¿Denunciar un crimen es delito? ¿Una obra de teatro debe de ser juzgada por un procurador de ademanes y cara irrepetibles?…

Hablemos claro. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, Y en estos casos, estamos hablando de censura.

La censura es el estilo de gobernar que prefieren ejercer los gobierno débiles en apoyo popular pero feroces en armas de represión. Con ella se encorseta la imaginación y se empuja al intelectual y al artista hacia una constante autocensura y hacia un debilitamiento de la creación.

Se trata de un terrorismo contra el espíritu. Se trata de una especie de golpe de Estado en el cual la libertad y la inteligencia pierden sus puestos los cuales deben ser asumidos por la estupidez, el criollismo y la banalidad.

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Política

Derrochan la plata del pueblo para venganza política

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Bancada de Fuerza Popular fujimoristas

Daniel Salaverry anunció que auditaría las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado cuando eran presidentes del Congreso. A decir de varios congresistas hay numerosas sorpresas, porque se registra un aumento dispendioso del presupuesto y de trabajadores.

Además, se ha favorecido a personas cercanas a Fuerza Popular o “aportantes”, y se ha contratado a “trabajadores fantasmas” sin que les importe para nada el uso de ese dinero que el pueblo da con el pago de sus impuestos.

Por ejemplo, del presupuesto total S/ 709’777.837 en el 2018, de ese monto, S/ 13’800.000 estuvo destinado a proyectos (obras mínimas) y la mayor parte fue para los gastos corrientes y el pago de planillas: S/ 695’977.837. O sea, una minucia para legislar.

De este último monto, 255 millones de soles se van en prestaciones sociales y otros gastos, mientras que S/ 440’490.516 quedan principalmente para el pago de las planillas del personal actual, además de las llamadas “otras retribuciones”, dice un informe periodístico.

ES SU BOTÍN

“Fuerza Popular ha convertido el Congreso en su botín y no solo ha servido para el movimiento de todo su accionar político. Porque si hablamos de cuando eran 73 congresistas, 7 asesores cada uno multiplique usted”, dijo Wilbert Rozas de Frente Amplio.

Expresó que estamos hablando de un ejército de gente o supuestos “aportantes”, porque en realidad no aportaron nada, más bien los han convertido en cómplices y se manejaba el Congreso como una institución para insultar a los otros congresistas”, dijo.

Denunció que se manejaba a los troles para los fines que todos conocen. Espero que el señor Salaverry, que también fue parte de ellos y conoce por dentro al monstruo, porque ha militado allí, haga que de manera inmediata se conozca la auditoría.

“Ojalá -concluyó-, que no sea un ajuste de cuentas entre ellos, sino que sea una reorganización del Congreso, y exista una verdadera meritocracia tal y como todos lo piden.

SE MALGASTABA LA PLATA

“Bueno, el derroche del presupuesto del Congreso de la República por parte de Fuerza Popular ha sido porque, como han sido mayoría parlamentaria, han hecho lo que han querido”, dijo Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

Observó que se ha visto cómo se repartían flores, se compraban computadoras, televisores, entre otras cosas; se gastaba la plata de peruanos en perjuicio de los más pobres del país que exigían atención a sus demandas, denunció.

“Creo que la auditoría que se está haciendo está bien, pero que se ponga en conocimiento de todo el dinero que se ha gastado, es una cantidad inmensa, que incluye a ‘trabajadores fantasmas’, allegados”, precisó.

Continuó afirmando que ellos no han querido legislar a favor del pueblo sino en beneficio propio y también para los grupos de poder económico. Yo creo que los peruanos y peruanas deben estar atentos porque debe haber delitos por el dinero mal usado que se pudo emplear para hacer colegios, hospitales, etc., concluyó Gerónimo López.

AGENCIA DE EMPLEOS

Al Congreso, ha señalado el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, han ingresado 800 trabajadores en la gestión de Galarreta y Salgado. Lo que pasa es que el Congreso se ha usado como si fuera una agencia de empleos, como una empresa particular por al fujimorismo y sus aliados.

Remarcó que son recursos del Estado, del pueblo peruano. Los trabajadores que ingresen al Congreso, los absolutamente necesarios de acuerdo a su capacitación y al sector donde son más necesarios, como asesorías para las comisiones, deben ingresar no para resolver deudas políticas o agredir a los otros congresistas.

Dijo que no se pueden manejar los recursos del Congreso con esa direccionalidad, para devolver favores a los amigos o usar a los subcontratados como un arma política o contra la oposición.

“Nosotros esperamos que se definan cuáles son las verdaderas necesidades del Congreso, cuánto se ha manejado. Salaverry pueda ser que lo ha hecho como un mea culpa o porque no quiere ser arrastrado por el descrédito”, comentó Cevallos.

Afirmó que en el caso de los trabajadores fantasma no solamente era un asunto de ética sino que había delito. El trabajo administrativo del Congreso es evaluar los currículo, corroborar la validez de ese currículo, de las funciones del trabajador, de su asistencia, para evitar irregularidades.

ALGO MÁS

Hay más de 34 trabajadores con contratos determinados sin que les corresponda. O sea: han contratado personal y les han hecho contratos de tal manera que si son despedidos, pueden hacer un juicio. Porque en verdad se necesitan 5 años para que pasen a planilla. Y lo que se ha hecho es asegurar a algunos fujimoristas o “aportantes”, en lugares claves del Congreso para usarlos a favor de la bancada naranja.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Barata dirá dónde están los 25 millones de dólares

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Jorge Barata

En declaraciones a los fiscales peruanos integrantes del Equipo Lava Jato en Curitiba, Brasil, el exsecretario del Consorcio Conirsa Sergio Nogueira confesó que se pagaron 45 millones de dólares en sobornos por la obtención de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Nogueira resaltó que Odebrecht pagó el 70% de esa cantidad y el restante 30% fue aceptado por las socias peruanas: ICCGSA, JJCamet, Graña y Montero.

En el 2017 Barata manifestó que la constructora brasileña le entregó 20 millones de dólares al prófugo expresidente Alejandro Toledo. Respecto a los 25 millones de dólares restantes en coimas, Nogueira señaló que Jorge Barata, quien dará su testimonio en el mes de marzo, es quien conoce al detalle la repartición de la coima.

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Política

Keiko Fujimori declara ante la Fiscalía

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Joaquín Ramírez - Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien cumple 36 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos bajo la modalidad de crimen organizado, declaró ante un fiscal como parte de las pesquisas contra Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido naranja.

Ramírez presuntamente habría recibido de Keiko Fujimori la suma de 15 millones de dólares para lavarlos en su negocio de grifos.

Además, el piloto Jesús Vásquez, colaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), señaló ante la Fiscalía que Joaquín Ramírez le dijo que había lavado dinero a pedido de Keiko Fujimori para la campaña presidencial del 2011.

La diligencia a Keiko Fujimori se inició a las 9 de la mañana en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida desde noviembre del 2018.

El fiscal de lavado de activos a cargo de la investigación es Wilson Salazar Reque, quien coordino previamente con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el acondicionamiento del lugar donde se llevaría a cabo la declaración.

No obstante, el encargado de efectuar el interrogatorio fue el fiscal adjunto Jorge García, quien hizo su ingreso al penal a las 9:30 de la mañana.

Se informó también que la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, llegó al Penal Anexo de Mujeres al promediar las 8:30 de la mañana. El viernes 15 de febrero, Joaquín Ramírez declaró ante la Fiscalía de lavado de activos también como parte de esta investigación.

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