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La libertad cautiva

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La libertad cautiva

La acusación de apología del terrorismo puede servir para enviar por largos años a la cárcel a artistas cuando así lo dispongan un general aficionado al Twitter y un procurador de sádicos exabruptos.

Mal momento ha elegido la administración peruana para ratificar que la censura es su estilo de gobernar y que en ello, se identifica a plenitud con la feroz dictadura de Alberto Fujimori.

El procedimiento policial y el anuncio de enjuiciamiento de los directores y creadores de la premiada obra de teatro “La Cautiva” ocurrieron al día siguiente de que en París, los gobernantes de casi todo el mundo marchaban por la Ciudad Luz condenando la brutalidad de la censura.

Tres individuos bestializados ametrallando al personal de una revista satírica en poco difieren con un Estado que se proclama democrático y que, sin embargo, mantiene en vigencia una Ley -la de Apología del Terrorismo- que puede servir para enviar por largos años a la cárcel a artistas cuando así lo disponen un general aficionado al Twitter y un procurador de sádicos exabruptos. Felizmente, han dado marcha atrás ante la repulsa internacional.

No se trata de un hecho aislado. Varias semanas atrás, el ministro de Interior penetró en una galería de pintura para condenar a gritos que se exhibiera las obras de personas que están en reclusión por supuesta pertenencia a un grupo terrorista.

Según los organizadores de la muestra, a quienes se enfrentó el ministro, los fondos a recaudarse estaban destinados a los hijos de los presos. Hasta donde sabemos la ley penal no prohíbe pintar a esas personas, ni condena a sus descendientes a morir de inanición.

Y algo todavía peor: desde su inauguración, el Ejecutivo ha estado empeñado en hacer aprobar una “Ley del Negacionismo” que serviría para perseguir cualquier expresión artística que supuestamente hiciera apología del terrorismo.

Lo dije entonces y es aplicable hoy: En supuesta defensa de la democracia, el precepto “antinegacionista” omitía y de esa manera justificaba el terrorismo de Estado, una forma de gobernar brutal, masiva, totalitaria y sangrienta que no es precisamente democrática.

Con su estudiado silencio, la tan propagandizada Ley reivindica o hace pasar por excesos justificables y comprensibles -y acaso repetibles- el estado de sitio y la paz de cementerios que se producen cuando un gobierno da carta blanca a las fuerzas armadas ocupen el país…es decir para que suplanten un terrorismo por otro.

Y parece que hoy se trata del mismo asunto. Según leemos en “El Comercio”, el argumento de la obra censurada es el siguiente:

“Una camilla de acero y una losa de cemento componen los elementos en escena. En la camilla está tendida María Josefa Flórez Galindo, de 14 años. Murió junto a sus padres, dos militantes senderistas, al irrumpir una patrulla del ejército en su casa. Orificio en el tórax causado por disparo de corta distancia es el reporte del forense.

Un técnico forense y un auxiliar cosen el cuerpo de la occisa. Pronto, un capitán y su tropa darán cuenta de ese cuerpo como si fuera una muñeca de carne. ‘A los padres los tiraron a una fosa y a esta la quieren para el festejo. […] Es su desquite y su recompensa’, le explica el técnico al consternado asistente primerizo. Para él, la escena resulta tan sórdida y absurda que incluso puede ser posible que la muchacha abra los ojos y le confiese sus temores, el miedo que sentía a sus padres y el amor que profesaba por sus abuelos, quienes iban a celebrar con ella su fiesta de 15 años. Allá afuera, la tropa espera su premio.”

El mismo periódico nos ilustra cómo este crimen fue cometido durante la guerra sucia según declaraciones recibidas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

¿Denunciar un crimen es delito? ¿Una obra de teatro debe de ser juzgada por un procurador de ademanes y cara irrepetibles?…

Hablemos claro. La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, Y en estos casos, estamos hablando de censura.

La censura es el estilo de gobernar que prefieren ejercer los gobierno débiles en apoyo popular pero feroces en armas de represión. Con ella se encorseta la imaginación y se empuja al intelectual y al artista hacia una constante autocensura y hacia un debilitamiento de la creación.

Se trata de un terrorismo contra el espíritu. Se trata de una especie de golpe de Estado en el cual la libertad y la inteligencia pierden sus puestos los cuales deben ser asumidos por la estupidez, el criollismo y la banalidad.

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Política

Fiscal: Los US$ 100 mil que cobró García serían por favores en el Tren Eléctrico

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal Lava Jato, José Pérez Gómez está convencido que la constructora Odebrecht pagó los 100 mil dólares por la Caja 2 destinada a coimas al expresidente Alan García Pérez, por una conferencia ofrecida en Sao Paulo en 2012; en realidad fue una recompensa por favorecer a la empresa para la adjudicación y ejecución de obras de los tramos 1 y 2 del Tren Eléctrico.

Ese fue uno de los fundamentos del fiscal ante el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, quien, en atención a la consistencia de sus argumentos, dictó orden de no salida del país para el expresidente García, por 18 meses, para que responda por los delitos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias.

“Ahora sí se le va a investigar al ciudadano Alan García como corresponde por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht”, dijo el fiscal en la culminación de su alegato.

COLABORADOR CUBA

Tras la audiencia, el exgobernante aprista y su abogado revelaron que el fiscal, además de la información nueva sobre el caso que le ha llegado de Brasil, tendría ya como colaborador eficaz al exviceministro Jorge Cuba Hidalgo, quien podría incriminarlo.

El abogado, Erasmo Reyna, declaró que se ha enterado de que Cuba Hidalgo, preso preventivamente por haber recibido parte de la coima de US$ 23.9 millones pagada por Odebrecht por el Tren, se habría acogido a la colaboración eficaz, sobre la base de imputar actos ilícitos al expresidente, a cambio de su libertad.

Según Reyna, Cuba se negó inicialmente a inculpar a García, por lo que su declaración fue rechazada por el fiscal, tras lo cual aceptó incriminarlo “Si esto es cierto lo vamos a denunciar”, dijo.

“CUALQUIER DELINCUENTE”

También García señaló que ofrecen beneficios a “cualquier delincuente”, en obvia alusión a Cuba, para que lo incrimine.

“Se está ofreciendo, de la manera más criminal, beneficios a cualquier delincuente para que pueda incriminar sin ninguna prueba al señor García. Yo responderé a eso y, aprovechando estos 18 meses, estaré a disposición para presentar contrapruebas. Todo el que dice algo, tiene que probarlo, no basta con su dicho”, expresó.

El expresidente García no asistió a la vista de la causa. Sin embargo, en la puerta de su casa dijo a la prensa:

“Acepto el destino, y estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Yo soy el más dispuesto a que las investigaciones se hagan y déjenme decirles que para mí no es ningún castigo poder estar 18 meses en el Perú”.

HUBO PACTO COLUSORIO PREVIO

Pérez dijo al juez que Odebrecht entregó recientemente a su despacho la documentación sobre el pago a García por dar una conferencia en Sao Paulo, Brasil, en mayo del 2012, “indicando que toda esta operación ha sido estructurada, construida o confeccionada en forma retroactiva a través de contratos de prestación de servicios”.

Y, añadió que el Ministerio Público cuenta con indicios sobre presuntos actos ilícitos de concertación o colusión de García y otros investigados, pues en su condición de funcionario del más alto nivel habría favorecido a la empresa Odebrecht con el proyecto del Tren.

A juicio del fiscal, los US$ 100 mil pagados por Odebrecht a García Pérez con fondos de su “Departamento de Coimas”, sería “un activo ilícito que se habría generado cuando ocupaba el cargo de presidente de la República, como consecuencia del pacto colusorio al que arribó con funcionarios de Odebrecht en los procesos de licitación del proyecto Tren Eléctrico – línea 1 – tramos 1 y 2”.

LAVADO DE ACTIVOS

Sobre el presunto delito de lavado de activos, el fiscal, arguyó que hay grave sospecha de que AGP habría cometido ese delito en la modalidad de “actos de conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento”, al haber recibido los US$100 mil corruptos de Odebrecht, a través del Estudio Espinola Consultoría Jurídica, por la conferencia que dictó, en Sao Paulo, Brasil, en 2012.

También remarcó su pedido de arraigo del expresidente, porque residiendo en Madrid, España, informó a la Fiscalía que su domicilio es en Lima, en Miraflores.

“No es el Ministerio Público quien viene formulando juicios sin evidencia. Por el contrario, hemos dado cuenta en la presentación de nuestro requerimiento de que ahora sí se le va a investigar como corresponde al ciudadano Alan García por haber recibido dinero de la empresa Odebrecht”.

GARCÍA

En su diálogo con la prensa, más sereno que en días pasados, sobre el origen de los 100 mil dólares cobrados por su conferencia en Brasil, en la “Caja 2” de Odebrecht, García dijo: “Yo no lo sé… ¿Quién sabía que Odebrecht era un sindicato que estaba corrompiendo?”.

Luego se explayó tratando de darle un contexto político a su caso y presentándose como víctima. “Se busca crear hogueras para distraer al país. Es una escalada para distraer al Perú de otros problemas, como el desempleo, la anemia, los precios y la falta de crecimiento nacional”.

También acusó a la Fiscalía de estar urdiendo una supuesta colaboración eficaz para incriminarlo indebidamente.

El expresidente García no asistió a la vista de la causa. Sin embargo, la siguió por televisión y luego de la emisión de la decisión del juez, en la puerta de su casa dijo a la prensa:

“Acepto el destino, y estoy dispuesto a colaborar con la justicia. Yo soy el más dispuesto a que las investigaciones se hagan y déjenme decirles que para mí no es ningún castigo poder estar 18 meses en el Perú”.

Erasmo Reyna, defensor de García, expuso ante el juez que su defendido acepta permanecer en el país por 18 meses por orden judicial y rechazó todas las imputaciones esgrimidas por el fiscal arguyendo que nadie y menos su defendido pudo sospechar en 2012, que Odebrecht usaba estudios de abogados para realizar operaciones delictivas con dinero “negro”.

ALGO MÁS

El juez Sánchez desestimó el allanamiento de García ante el pedido de impedimento de salida del país, porque esa figura no está contemplada penalmente, y dijo que puede interpretarse como aceptación de los fundamentos del fiscal Pérez.

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Política

Quieren hacerme daño, denuncia Reátegui

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Rolando Reátegui

El congresista fujimorista Rolando Reátegui denunció amenazas a su vida por declarar ante el fiscal José Pérez sobre el lavado de dinero de oscuro origen con el uso de aportantes falsos y simuladas actividades de recaudación de fondos (cocteles y rifas) para la campaña electoral de Keiko Fujimori en 2011.

Según un adelanto de la entrevista que difundirá esta noche el programa “Cuarto Poder”, dijo también que “están tratando de encontrar mil detalles para hacerme daño”.

En el avance de la entrevista, Reátegui declara haberse enterado de que en reuniones de Fuerza Popular de Lima Este, dirigentes del partido de Keiko hablaron de hacerle daño “a como dé lugar”.

“SICARIOS”

“De cuándo acá nos hemos convertido en sicarios. Hay amenazas, por supuesto; veladas, por supuesto”, comentó con evidente preocupación.

El representante de la región San Martín y hasta su delación integrante del círculo de confianza de Keiko Fujimori, decidió ofrecerse como colaborador de la Fiscalía al ver su situación comprometida por las pesquisas que habían obligado a su esposa a vivir clandestinamente.

Dio así al fiscal minuciosa información sobre cómo ayudó a buscar aportantes falsos para la campaña de 2011 y contó detalladamente que la operación de enmascaramiento del dinero de la campaña la dio la propia jefa de su partido, sometida a prisión preventiva, decisión judicial basada en buena medida en la información facilitada por Reátegui.

CARTA A KEIKO

En una carta a Keiko Fujimori, que envió a modo de explicaciones, le dijo que se vio obligado a hablar ante la Fiscalía por lealtad a su familia, en vista de que la cúpula de su partido lo había dejado solo, al igual que a los aportantes falsos.

Remarcó que los implicados en San Martín en los aportes falsos no sabían la procedencia del dinero y callaron durante un año y “enfrentaron el proceso con lealtad y confiando en la defensa legal del partido”, pero fueron abandonados.

Reátegui, por su confesión, será beneficiado con una rebaja de su condena, pero igual será procesado por haber recibido de los dirigentes de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, 50 mil dólares para fraccionarlos en sumas más pequeñas y entregar estas para su depósito bancario a la cuenta de Fuerza Popular, como aportes de campaña.

Para la operación, el congresista convenció a falsos donantes que se prestaron para la simulación, entre ellos nada menos que la esposa deReátegui, otros familiares y dirigentes fujimoristas de su región.

El entrevistado reconoció por otra parte que Fuerza Popular subestimó al fiscal Pérez, cuya estrategia combinó presiones con la oportunidad de declarar a cambio de un trato judicial menos duro.

ALGO MÁS

Para Reátegui, el partido de Keiko se equivocó también al seguir la estrategia de fuerzas políticas más experimentadas –evidente alusión al aprismo- que lo llevaron a blindar al fiscal Pedro Gonzalo Chávarry.

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Política

Premier advierte que sería catastrófico que Congreso intente blindar a Mamani

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César Villanueva

La grave ofensa a todas las mujeres inferida por el congresista Moisés Mamani al manosear a una aeromoza brasileña en un avión en Juliaca, hace cada vez más fuerte la demanda de que el pleno del Congreso dominado por el fujimorismo deje de lado las contemplaciones y desafuere sumariamente al parlamentario.

Así lo demandaron personalidades como el presidente de Transparencia, Allan Wagner, y la parlamentaria Gloria Montenegro, en contraste con la posición de Fuerza Popular, que solo lo ha suspendido y donde hay elementos que oscilan entre minimizar el grave incidente y pretender, pese a las evidencias, respetarse la presunción de inocencia de Mamani.

“El congresista Mamani desprestigia al Congreso y al partido que pertenece. Además de su amplio prontuario, que debiera haberle impedido llegar al Congreso, su último desatino lo revela como un ser abusivo y despreciable. Las abrumadoras evidencias demandan su inmediato desafuero”, manifestó Wagner.

CATASTRÓFICO

En fuentes parlamentarias, se informó que Mamani podría chantajear a su partido amenazando con revelar los entretelones del papel que jugó engañando a congresistas y funcionarios para inducirlos a ofrecerle obras para Puno a cambio de que, en marzo pasado, no vote por vacar a Pedro Pablo Kuczynski, lo que después hizo público en videos y audios, obligando al expresidente a renunciar.

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, declaró que sería catastrófico que el Congreso no entienda lo grave de la situación por la que atraviesa el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, quien solo fue suspendido temporalmente por su bancada.

“No creo que el Congreso no entienda que esta es una situación crítica y trate de encubrir acciones como esta. Sería catastrófico”, declaró Villanueva a Perú21.

“Un congresista es una persona pública, se supone que tiene que respetar las normas, la educación y el tema ético. Si se comprueba que realmente fue así, debe afrontar”, agregó, al señalar que el Gobierno combate la violencia contra la mujer, por lo que pidió una investigación y una sanción para el legislador, de comprobarse lo ocurrido.

Villanueva puso además en duda la versión de Mamani, de que sufrió una descompensación. “No creo que una empresa como Latam tome una acción que no compruebe”, agregó.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL

La congresista de Alianza para el Progreso (APP), Gloria Montenegro, dijo que su bancada analizará la presentación de una denuncia constitucional contra Mamani, medida que también consideran las bancadas de Nuevo Perú y el Frente Amplio.

“Tenemos que hablarlo como bancada, estamos regresando de las visitas de representación en nuestras regiones y he dejado un mensaje al vocero para ver el tema en una reunión que tendríamos a más tardar el lunes”, declaró.

“Este señor (Mamani) debe tener una denuncia constitucional” y debe ser desaforado, aseveró la parlamentaria, al plantear que “personas como Mamani nunca debieron pisar el Congreso”, pues su comportamiento hace quedar muy mal al país, pues su conducta ha sido noticia internacional.

COMISIÓN DE ÉTICA

Montenegro dijo esperar que la Comisión de Ética Parlamentaria, que fue convocada para mañana para tratar el caso, contemple la máxima sanción posible contra Mamani, que es de 120 días de suspensión, además de la denuncia constitucional.

“Mamani dice que están afectando su imagen, ¿cuál imagen? Espero que no lo vayan a blindar o proteger, sería como dispararse a los pies”, añadió.

ALGO MÁS

La aeromoza brasileña víctima de la agresión sexual de Mamani lo denunció en cuanto llegó a Lima ante la fiscal del Callao, Rocío Sánchez, una de las que descubrió la red corrupta de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

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