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La ley Confiep y el lobby por 93,000 millones de soles

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Confiep

DESNACIONALIZANDO LA ECONOMÍA DEL PERÚ

En el Congreso el 16 de abril de 2019 se discutieron no uno, sino dos proyectos de ley, entrelazados. Un proyecto sobre Fusiones, para evitar posiciones de dominio, y otro proyecto vinculado a Elusiones, para revisar operaciones sospechosas de quienes buscan dejar de pagar impuestos en deuda con el Estado.

Ambos proyectos de ley son exigencias del lobby neoliberal de la Confiep, que luego de su asocio con Odebrecht en Lava Jato, pretende ahora un nuevo pacto lobista para evitar que el Estado, aplicando las leyes vigentes, recupere para sus fines sociales la suma de 93,000 millones de soles, que le deben grupos empresariales que han incumplido las leyes ( 17,000 millones por beneficios tributarios, 16,000 millones por devoluciones, 40,000 millones por evasión tributaria, y 20,000 millones por deudas tributarias judicializadas).

Paquetazo desnacionalizador neoliberal

No es casual que el artículo segundo dice: ámbito de aplicación de la ley. Se refiere al umbral previsto en los artículos 5 y 6, que pueden realizarse dentro o fuera del país siempre que produzcan efectos en todo o en parte de todo el territorio nacional, aun cuando dicho acto se haya producido en el extranjero.

Esa misma condición fuera del Perú, fuera de la soberanía nacional es lo que está en la otra ley que se va a discutir en los próximos días, una ley que les entrega el país. Esta norma es nefasta para la Nación, contraria al interés de la Patria.

A los capitales que son dominantes en el sector bancario, busca entregar la soberanía, la economía y la vida y medio ambiente de la Patria, para que se lleven los próximos años el oro, el cobre, la minería, la pesca, la agricultura y dejar al país empobrecido, limitado, saqueado y destruido.

Estos recursos endeudados son de grandes grupos empresariales, vinculados a bancos y a empresas extranjeras, que buscan impedir que estos recursos sirvan al conjunto del país. El lobby de grandes empresas busca que la norma antielusiva no se aplique y no sea retroactiva, y presiona para que no se multe a las compañías infractoras, afectando gravemente la economía nacional, popular y de la vida social de los peruanos.

En medio del estallido de las corruptelas de Odebrecht, y de los grupos económicos y de poder asociados a ella, se pretende ahora aplicar un inmenso paquetazo desnacionalizador neoliberal, cuyos ejes son precarizar el empleo y la vida de las personas, dejar de pagar las deudas empresariales al Estado, acrecentar la concentración de la economía en manos de empresas extranjeras, e intensificar la reprimarización extractivista de los recursos naturales (en minería, petróleo, amazonia, pesca). Y, especialmente, someter la economía nacional a las empresas multinacionales y a los bancos y circuitos de financiación y control especulativo de la economía.

Estamos al borde de una crisis muy fuerte del país. Se impulsa la concentración de la economía como básicamente extractivista, para ser subordinada a la inversión extranjera, en especial de empresas extranjeras en hidrocarburos, minería, pesca, agroexportador, servicios, agua, transporte y urbanos comerciales.

Se busca imponer la crisis de la producción nacional y frustrar las posibilidades del valor agregado y articulado nacionalmente. Poniendo como sustento la sobreexplotación de los trabajadores privándoles los derechos básicos.

El lobby de la Confiep desnacionaliza el Perú

La Confiep presiona al MEF para boicotear normas que combaten elusión fiscal, y maniobra para que una comisión de “expertos privados”, subordinados a Confiep y al lobby de petróleo/gas, sean los reales conductores.

Buscan que a las empresas privadas que están invirtiendo en minería, petróleo, infraestructuras y recursos ambientales, se les otorgue todos los beneficios y controles para elevar sus ganancias, especialmente se queme el gas para darles electricidad barata y se afecte la producción agrícola.Pretenden marcar la dinámica y el sentido de la producción capturada por ellos.

Tienen un objetivo específico: imponer su poder, pero para sacar los recursos fuera del Perú y remitir sus ganancias a sus matrices, no solo debilitando, sino subordinando hasta incluso destruir las bases sustantivas de la producción nacional y las reservas geoambientales civilizatorias del Perú.

Lo que están haciendo con estas dos leyes es darles a grandes grupos económicos extranjeros todos los recursos del Perú. A las instituciones nacionales las subordinan.

El proyecto de ley planteado para fusiones y adquisiciones empresariales, ya en el artículo 2 dice: “siempre que produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, en el umbral de sus actividades, aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero”.

Además, que los bancos nacionales funcionen usando las AFP para sacar plata a la gente, pero en general están crecientemente funcionando con crédito del extranjero y manejándolo dentro del Perú. Obtienen los recursos financieros de esta manera y los manejan en el Perú a su voraz beneficio afectando a la Nación, y destruyendo sus bases económicas de soberanía.

Veamos el tema de las fusiones, con la concentración empresarial que incentivan. ¿Qué hace la concentración empresarial?: ¡Generar monopolios! No van a impulsar una concentración competitiva, sino monopolios. Ya están instalados los monopolios que manejan la televisión y el espectro radioeléctrico: son tres o cuatro grandes grupos, la mayoría son extranjeros.

Ya tenemos monopolios que prácticamente manejan los principales bancos del Perú. Existen pocos bancos nacionales, que todavía son nacionales de nombre, de apellido o de remembranza, pero que básicamente son manejados con los préstamos extranjeros. Ya tenemos monopolios en la inversión minera.

Dicen que esta norma también beneficia a los otros sectores económicos nacionales. ¿Cuál va a ser la vinculación con la amazonia? La vinculación con la amazonia son los grandes grupos que están exportando madera y están invirtiendo, pues quieren arrasar con la amazonia para exportar madera y petróleo.

¿Cuál es la relación con el mar? La relación con el mar son los grandes grupos que exportan afuera nuestro pescado, los que con las justas comemos de lo que queda de reserva. ¿Cuál es la relación con la agricultura? Es limitadísima. No se plantea esta ley para afirmar una base económica nacional, sea en el recurso, sea en los actores, o en las organizaciones. Le dice a Indecopi que haga lo que pueda. Hará algo para controlar las fusiones, pero no tiene normas obligatorias. Va a ser órgano solo de registro. Va a ser el invitado en la fiesta, a poner la norma que otros acuerdan, y ¿en función de qué? De comprar barato para vender caro.

Las mineras extranjeras están por apropiarse del sur peruano. Van a destruir la agricultura. Van a acabar con las inmensas posibilidades que tenemos en biodiversidad, agricultura y ganadería, en base a nuestra tradición cultural y en base civilizatoria andina amazónica. Pretenden controlar el gas de Camisea para tener energía barata.

Pretenden exportar minerales, afectando aguas, agro, las comunidades campesinas, la vida de la gente. Van a tener grandes ganancias. Una vez saqueados los recursos, ¿qué va a quedar del Perú, después de 15 años, después de 10 años?

Marcha protesta Ni corrupción ni explotación

Bicentenario: Afirmar la economía y recuperar la soberanía nacional

Aquellos que crecen un poquito, se pueden fusionar, se tendrán que fusionar y ¿quién los va a manejar? Los bancos. Bancos que les van a dar créditos de acuerdo a la tasa de interés de los préstamos que le están dando.

El Banco de la Nación está prohibido de dar crédito a los microempresarios y comuneros; y los bancos privados les dan un préstamo usurero que les expropia recursos. Incluso las personas que compran en los mercados lo hacen a una tasa de interés cada vez creciente.

Esta política nacional lo que dice es: Bancos manejan los préstamos en base a su vinculación con el capital extranjero, y aprovechan del nacional, no para reinvertirlos en el Perú, no para hacer industria en el Perú, no para hacer otro tipo de agricultura en el Perú, sino para sacar la plata afuera y destruir la base nacional de nuestra producción. Les autorizan a hacer lo que la otra norma, sobre Elusión, les va a garantizar aún más.

Esto es, que no son solo empresas nacionales, sino también empresas con asentamiento en el exterior, son empresas que su plata está colocada en los grandes movimientos financieros mundiales. Por lo tanto, el Perú no tiene nada que hacer respecto a poder controlar ese dinero.

No son bancos nacionales, es dinero financiero internacional que captura la capacidad de controlar el gas de Camisea, la minería, la agricultura, la pesquería, la vida de los peruanos. ¿Eso es una política de desarrollo del Perú? Es una política para beneficiar a quienes, por ahora, son el poder económico y financiero en el Perú.

Dentro de poco van a dar su norma Elusiva, para que se subordine más aún al capital extranjero y dejen de pagar 51,000 millones de soles que debe de lo que ha ganado y que se niega a entregar al Estado.

Esta es una norma complementaria a la política de darle el control de la economía a unos cuantos grandes bancos y grupos económicos a través de esta posibilidad de capturar todo. Inclusive el organismo encargado, ni siquiera tiene la capacidad de actuación, es un registro que no tiene capacidad de decidir, de actuar, de poder imponer una norma nacional. Pierde soberanía.

Esto es por la debilidad del propio Gobierno, por la crisis de algunas empresas comprometidas con Odebrecht hasta el cuello. Es esta debilidad de nuestra clase empresarial, que podría y debería trabajar de otra forma con todos nuestros grupos emergentes, cooperativistas, agrarios, de sectores urbanos que están trabajando y no tienen créditos.

Hay que redoblar la lucha nacional-popular, de las mayorías ciudadanas, por el Perú, afirmando la unidad de las luchas sociales por la Patria hermosa y soberana.

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Política

Se le acaba el poder

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en

Pedro Gonzalo Chávarry

La fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla pidió este viernes al Poder Judicial la suspensión de sus funciones contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien es investigado por el presunto encubrimiento real, delito que habría cometido al remover de sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La representante del Ministerio Público presentó el requerimiento ante el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. En el documento se sustenta la obstrucción que habría ejercido Chávarry Vallejos, como titular del Ministerio Público, en contra de los fiscales Vela y Pérez.

Según lo argumentado por Revilla, la Fiscalía consideró como irregular que Pedro Chávarry solicitara información de un acuerdo confidencial al equipo de fiscales que es dirigido por Vela Barba; de igual opinión fue respecto a la decisión contra los fiscales Vela y Pérez de removerlos de sus cargos en el Equipo Especial, con el presunto fin de pretender frustrar las diligencias con la empresa Odebrecht, en Brasil. Finalmente, la fiscal adjunta suprema también consideró un acto irregular el intento de remover al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde de la investigación del caso Los cuellos blancos del puerto.

CHÁVARRY ES UNA AMENAZA

El fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, había anunciado en las horas previas que Pedro Chávarry constituye una amenaza a la labor del equipo de fiscales del caso “Lava Jato”.

“Nosotros estamos a la expectativa de que esto también signifique una medida en contra de nosotros porque se puede instrumentalizar el ejercicio de sus atribuciones como fiscales supremos para obtener lo mismo que en determinado momento realizó el señor Pedro Chávarry”, señaló.

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Política

No tiene sentido proceso a ministros por presunta infracción a neutralidad

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Diego García-Sayán

El jurista Diego García-Sayán consideró que no tiene sentido el proceso abierto por el Jurado Especial Electoral Lima Centro contra el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por una presunta vulneración a la neutralidad electoral.

Sostuvo que cuando ambos ministros dieron su opinión, en el sentido de que los excongresistas del Parlamento disuelto no podían participar en las elecciones del 26 de enero del 2020, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había emitido un pronunciamiento al respecto.

“Era una opinión, da la impresión de que no se pone el eje de las cosas donde se tenía que poner. No tiene ningún sentido, es una opinión que se da cuando no había una definición por parte del JNE que se demoró hasta hace tres días para tomar una decisión que debió haberse hecho en su momento”, afirmó.

El Jurado Especial Electoral Lima Centro informó ayer el inicio de un proceso contra ambos ministros, a quienes les concedió tres días de plazo para presentar sus descargos.

García-Sayán sostuvo en Radio Nacional que el JNE debió dilucidar este aspecto mientras los partidos políticos realizan el proceso de selección interna de sus candidatos a las elecciones parlamentarias del 2020.

“Mientras estaban haciendo sus procesos de selección interna de candidatos, la autoridad electoral no había definido quiénes podían postular y quiénes no. No se conocían las reglas para seleccionar (a candidatos) y eso es culpa del jurado”, afirmó.

Precisó que el papel de la autoridad electoral en este proceso debe enfatizarse en dar todas las garantías, señales y evidencias de que es independiente y que su único objetivo es conducir un proceso electoral transparente.

Sostuvo que está de acuerdo en que los excongresistas del Parlamento disuelto puedan participar en las elecciones de enero del 2020, como lo ha dispuesto el JNE.

Indicó, además, que será difícil, en un contexto como el actual, que el próximo Parlamento tenga una mayoría amplia de Fuerza Popular, como ocurrió con el Congreso disuelto, pese a que varios exlegisladores de esa bancada se presentan por otros partidos.

Estimó que aun cuando haya un Congreso sin mayorías, eso llevará a que se impulsen el diálogo y los acuerdos.

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Política

Considera un exceso indagación del JEE pero lo respeta

Publicado

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró como un exceso la indagación en su contra del Jurado Especial Electoral Lima Centro por presunta infracción a la neutralidad electoral, pero dijo que respeta su decisión.

Sostuvo que está a la espera de que se corra traslado del proceso indagatorio en su contra y de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, por señalar que los integrantes del Congreso disuelto no pueden participar en las elecciones, para dar respuesta.

“En lo que respecta a mi persona me parece un exceso, pero nos vamos a allanar para absolverla dentro de los plazos y de acuerdo al procedimiento previsto”, refirió.

Dijo que, con sus declaraciones, ante una consulta de la prensa, no se pronuncia para favorecer o desmerecer a un candidato pues recién el 18 de noviembre vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos para las elecciones del 26 de enero de 2020.

“Nosotros hemos absuelto a una inquietud periodística respecto a una institución que es la reelección, está en fase indagatoria, espero que con la respuesta que demos el tema quede zanjado”, afirmó.

Insistió en que considera un exceso la decisión de este jurado especial, pero respeta su decisión, como se debe respetar a todos a los órganos constitucionales.

COMISIÓN PERMANENTE

El jefe del Gabinete Ministerial, asimismo, reiteró que la única función de la Comisión Permanente, en tanto no se elija al nuevo Congreso, es recibir los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo, elaborar un informe y dar cuenta del mismo al próximo Congreso.

Así lo señala la Constitución y también lo ratificó el Tribunal Constitucional cuando admitió la demanda de competencia tras la disolución del Congreso,añadió.

“Si nos requieren información sobre los decretos de urgencia obviamente tendrá que responderse. Una vez instalado el Congreso, debo ir como jefe del Gabinete para dar cuenta de todos los decretos de urgencia que se ha aprobado”, apuntó.

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