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La ley Confiep y el lobby por 93,000 millones de soles

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Confiep

DESNACIONALIZANDO LA ECONOMÍA DEL PERÚ

En el Congreso el 16 de abril de 2019 se discutieron no uno, sino dos proyectos de ley, entrelazados. Un proyecto sobre Fusiones, para evitar posiciones de dominio, y otro proyecto vinculado a Elusiones, para revisar operaciones sospechosas de quienes buscan dejar de pagar impuestos en deuda con el Estado.

Ambos proyectos de ley son exigencias del lobby neoliberal de la Confiep, que luego de su asocio con Odebrecht en Lava Jato, pretende ahora un nuevo pacto lobista para evitar que el Estado, aplicando las leyes vigentes, recupere para sus fines sociales la suma de 93,000 millones de soles, que le deben grupos empresariales que han incumplido las leyes ( 17,000 millones por beneficios tributarios, 16,000 millones por devoluciones, 40,000 millones por evasión tributaria, y 20,000 millones por deudas tributarias judicializadas).

Paquetazo desnacionalizador neoliberal

No es casual que el artículo segundo dice: ámbito de aplicación de la ley. Se refiere al umbral previsto en los artículos 5 y 6, que pueden realizarse dentro o fuera del país siempre que produzcan efectos en todo o en parte de todo el territorio nacional, aun cuando dicho acto se haya producido en el extranjero.

Esa misma condición fuera del Perú, fuera de la soberanía nacional es lo que está en la otra ley que se va a discutir en los próximos días, una ley que les entrega el país. Esta norma es nefasta para la Nación, contraria al interés de la Patria.

A los capitales que son dominantes en el sector bancario, busca entregar la soberanía, la economía y la vida y medio ambiente de la Patria, para que se lleven los próximos años el oro, el cobre, la minería, la pesca, la agricultura y dejar al país empobrecido, limitado, saqueado y destruido.

Estos recursos endeudados son de grandes grupos empresariales, vinculados a bancos y a empresas extranjeras, que buscan impedir que estos recursos sirvan al conjunto del país. El lobby de grandes empresas busca que la norma antielusiva no se aplique y no sea retroactiva, y presiona para que no se multe a las compañías infractoras, afectando gravemente la economía nacional, popular y de la vida social de los peruanos.

En medio del estallido de las corruptelas de Odebrecht, y de los grupos económicos y de poder asociados a ella, se pretende ahora aplicar un inmenso paquetazo desnacionalizador neoliberal, cuyos ejes son precarizar el empleo y la vida de las personas, dejar de pagar las deudas empresariales al Estado, acrecentar la concentración de la economía en manos de empresas extranjeras, e intensificar la reprimarización extractivista de los recursos naturales (en minería, petróleo, amazonia, pesca). Y, especialmente, someter la economía nacional a las empresas multinacionales y a los bancos y circuitos de financiación y control especulativo de la economía.

Estamos al borde de una crisis muy fuerte del país. Se impulsa la concentración de la economía como básicamente extractivista, para ser subordinada a la inversión extranjera, en especial de empresas extranjeras en hidrocarburos, minería, pesca, agroexportador, servicios, agua, transporte y urbanos comerciales.

Se busca imponer la crisis de la producción nacional y frustrar las posibilidades del valor agregado y articulado nacionalmente. Poniendo como sustento la sobreexplotación de los trabajadores privándoles los derechos básicos.

El lobby de la Confiep desnacionaliza el Perú

La Confiep presiona al MEF para boicotear normas que combaten elusión fiscal, y maniobra para que una comisión de “expertos privados”, subordinados a Confiep y al lobby de petróleo/gas, sean los reales conductores.

Buscan que a las empresas privadas que están invirtiendo en minería, petróleo, infraestructuras y recursos ambientales, se les otorgue todos los beneficios y controles para elevar sus ganancias, especialmente se queme el gas para darles electricidad barata y se afecte la producción agrícola.Pretenden marcar la dinámica y el sentido de la producción capturada por ellos.

Tienen un objetivo específico: imponer su poder, pero para sacar los recursos fuera del Perú y remitir sus ganancias a sus matrices, no solo debilitando, sino subordinando hasta incluso destruir las bases sustantivas de la producción nacional y las reservas geoambientales civilizatorias del Perú.

Lo que están haciendo con estas dos leyes es darles a grandes grupos económicos extranjeros todos los recursos del Perú. A las instituciones nacionales las subordinan.

El proyecto de ley planteado para fusiones y adquisiciones empresariales, ya en el artículo 2 dice: “siempre que produzcan efectos en todo o en parte del territorio nacional, en el umbral de sus actividades, aun cuando dicho acto se haya originado en el extranjero”.

Además, que los bancos nacionales funcionen usando las AFP para sacar plata a la gente, pero en general están crecientemente funcionando con crédito del extranjero y manejándolo dentro del Perú. Obtienen los recursos financieros de esta manera y los manejan en el Perú a su voraz beneficio afectando a la Nación, y destruyendo sus bases económicas de soberanía.

Veamos el tema de las fusiones, con la concentración empresarial que incentivan. ¿Qué hace la concentración empresarial?: ¡Generar monopolios! No van a impulsar una concentración competitiva, sino monopolios. Ya están instalados los monopolios que manejan la televisión y el espectro radioeléctrico: son tres o cuatro grandes grupos, la mayoría son extranjeros.

Ya tenemos monopolios que prácticamente manejan los principales bancos del Perú. Existen pocos bancos nacionales, que todavía son nacionales de nombre, de apellido o de remembranza, pero que básicamente son manejados con los préstamos extranjeros. Ya tenemos monopolios en la inversión minera.

Dicen que esta norma también beneficia a los otros sectores económicos nacionales. ¿Cuál va a ser la vinculación con la amazonia? La vinculación con la amazonia son los grandes grupos que están exportando madera y están invirtiendo, pues quieren arrasar con la amazonia para exportar madera y petróleo.

¿Cuál es la relación con el mar? La relación con el mar son los grandes grupos que exportan afuera nuestro pescado, los que con las justas comemos de lo que queda de reserva. ¿Cuál es la relación con la agricultura? Es limitadísima. No se plantea esta ley para afirmar una base económica nacional, sea en el recurso, sea en los actores, o en las organizaciones. Le dice a Indecopi que haga lo que pueda. Hará algo para controlar las fusiones, pero no tiene normas obligatorias. Va a ser órgano solo de registro. Va a ser el invitado en la fiesta, a poner la norma que otros acuerdan, y ¿en función de qué? De comprar barato para vender caro.

Las mineras extranjeras están por apropiarse del sur peruano. Van a destruir la agricultura. Van a acabar con las inmensas posibilidades que tenemos en biodiversidad, agricultura y ganadería, en base a nuestra tradición cultural y en base civilizatoria andina amazónica. Pretenden controlar el gas de Camisea para tener energía barata.

Pretenden exportar minerales, afectando aguas, agro, las comunidades campesinas, la vida de la gente. Van a tener grandes ganancias. Una vez saqueados los recursos, ¿qué va a quedar del Perú, después de 15 años, después de 10 años?

Marcha protesta Ni corrupción ni explotación

Bicentenario: Afirmar la economía y recuperar la soberanía nacional

Aquellos que crecen un poquito, se pueden fusionar, se tendrán que fusionar y ¿quién los va a manejar? Los bancos. Bancos que les van a dar créditos de acuerdo a la tasa de interés de los préstamos que le están dando.

El Banco de la Nación está prohibido de dar crédito a los microempresarios y comuneros; y los bancos privados les dan un préstamo usurero que les expropia recursos. Incluso las personas que compran en los mercados lo hacen a una tasa de interés cada vez creciente.

Esta política nacional lo que dice es: Bancos manejan los préstamos en base a su vinculación con el capital extranjero, y aprovechan del nacional, no para reinvertirlos en el Perú, no para hacer industria en el Perú, no para hacer otro tipo de agricultura en el Perú, sino para sacar la plata afuera y destruir la base nacional de nuestra producción. Les autorizan a hacer lo que la otra norma, sobre Elusión, les va a garantizar aún más.

Esto es, que no son solo empresas nacionales, sino también empresas con asentamiento en el exterior, son empresas que su plata está colocada en los grandes movimientos financieros mundiales. Por lo tanto, el Perú no tiene nada que hacer respecto a poder controlar ese dinero.

No son bancos nacionales, es dinero financiero internacional que captura la capacidad de controlar el gas de Camisea, la minería, la agricultura, la pesquería, la vida de los peruanos. ¿Eso es una política de desarrollo del Perú? Es una política para beneficiar a quienes, por ahora, son el poder económico y financiero en el Perú.

Dentro de poco van a dar su norma Elusiva, para que se subordine más aún al capital extranjero y dejen de pagar 51,000 millones de soles que debe de lo que ha ganado y que se niega a entregar al Estado.

Esta es una norma complementaria a la política de darle el control de la economía a unos cuantos grandes bancos y grupos económicos a través de esta posibilidad de capturar todo. Inclusive el organismo encargado, ni siquiera tiene la capacidad de actuación, es un registro que no tiene capacidad de decidir, de actuar, de poder imponer una norma nacional. Pierde soberanía.

Esto es por la debilidad del propio Gobierno, por la crisis de algunas empresas comprometidas con Odebrecht hasta el cuello. Es esta debilidad de nuestra clase empresarial, que podría y debería trabajar de otra forma con todos nuestros grupos emergentes, cooperativistas, agrarios, de sectores urbanos que están trabajando y no tienen créditos.

Hay que redoblar la lucha nacional-popular, de las mayorías ciudadanas, por el Perú, afirmando la unidad de las luchas sociales por la Patria hermosa y soberana.

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Política

6 millones de soles para limpiar a AG y Keiko

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Comisión Lava Jato del Congreso - Rosa María Bartra Barriga

Bastaron tres días de debate y dos de sustentación para que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 9 de noviembre, el informe final de la Comisión Lava Jato que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Ayer revelaron que los peruanos no pagaron 4 millones de soles, sino más de 6 millones de soles para mantener un grupo de trabajo que no incluyó en actos de corrupción al expresidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consultados por Diario UNO coincidieron en que el fujimorismo apeló desde un inicio al blindaje.

INFORME ABSURDO

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos afirmó que el encubrimiento inútil y grotesco a Alan García y Keiko Fujimori les costó a los peruanos seis millones de soles.

“Seis millones de soles costó el encubrimiento a García y Keiko. Eso nos costó a los peruanos que un grupo de congresistas intentaran blindar a García y Keiko de manera inútil y grotesca, ya que los acontecimientos terminaron por demostrar que era un absurdo el informe de la comisión”, explicó.

SIN ALTURA HISTÓRICA

Por otro lado, su colega de bancada, Humberto Morales, sostuvo que el informe de la Comisión Lava Jato no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país.

“La Comisión Lava Jato, finalmente presentó un informe que no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país”, adujo.

NO ERAN 4 SINO 6 MILLONES

Según un informe del Congreso, la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, gastó 6 millones 448 mil 157.06 soles, y no los 4 millones 096 mil 450 soles que informaron hace varios meses.

El monto real salió de una revisión mes por mes y finalmente, el grupo de trabajo presidido por Bartra e integrado por Karina Beteta (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) incluyeron como denunciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pero no a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras sostener que el informe “ni siquiera dio respuesta al acometido histórico que en ese momento recibíamos como responsabilidad por parte del Congreso”, Morales aseguró que en los últimos seis meses de funcionamiento de la comisión se notó claramente que los documentos que tenían no contenía información que comprometía a García y Keiko Fujimori.

NADA CON AG

En abril de este año, la Comisión Lava Jato fue centro de la crítica, luego que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú, confesara que fue testaferro del exmandatario Alan García. El grupo de trabajo no incluyó en su informe al exlíder aprista, quien se suicidó para evadir una orden de detención preliminar en su contra.

Al respecto, Hernando Cevallos aseguró: “Las declaraciones de Atala fue el golpe final a un informe que tenía todo el descrédito. Se puso en ridículo a la Comisión Lava Jato”.

¡QUÉ BRAVO!

El documento demuestra que entre mayo y diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato tuvo en planilla a 45 colaboradores, pagando 2 millones 453 mil 215 soles. Solo en esos meses el asesor Henry Vidal Palomino, quien también es militante de Fuerza Popular, fue el mejor pagado con 134 mil 792.92 soles.

En el 2018, el grupo de trabajo contó con 46 colaboradores, a quienes pagó en general 3 millones 840 mil 048.92 soles, siendo el abogado Roque Bravo Basaldúa el mejor pagado, con 267 mil 624.95 soles. En total, hasta diciembre la Comisión Lava Jato le costó al Perú 6 millones 293 mil 264,13 soles. Sin embargo, para este 2019 se arrastró una deuda de 154 mil 892.93 soles por conceptos de pagos por liquidación de beneficios sociales de seis colaboradores.

Tras sostener que la Comisión Lava Jato fue diseñada para blindar al expresidente García y a Keiko Fujimori, Cevallos afirmó que “intencionalmente avanzaron con investigar hechos que ya se conocían y que la Fiscalía estaba en plenas investigaciones”.

Asimismo, advirtió: “Mientras tanto operaban dentro del sistema de justicia con Pedro Chávarry y César Hinostroza”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fiscal Ávalos pone en su sitio a fujimorista Segura

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Zoraida Ávalos

Ante las afirmaciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, quien dijo que la denuncia contra el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, será analizada por orden de llegada y no podrá volver a verse hasta el siguiente periodo anual de sesiones (en agosto), la Fiscal de la Nación aclaró al legislador fujimorista que no está supeditada a los calendarios del Congreso. Consultados por Diario UNO coinciden en que la Fiscal de la Nación hizo bien en confrontar al congresista.

SALUDA EMPLAZAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, saludó la posición tomada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al emplazar al congresista fujimorista, César Segura, quien pretende demorar el tratamiento de la denuncia a Pedro Chávarry.

“Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”, señaló a Diario UNO.

Sobre esto, afirmó: “Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”.

Tras insistir que la posición de César Segura “es la posición de Fuerza Popular”, que es, a su entender, la protección a la corrupción y el rechazo a resolver los problemas de corrupción en el país, Quintanilla dijo parecerle inadmisible las declaraciones del congresista fujimorista, ya que la presentación de nuevas pruebas deben ser prioritarias.

RESPONSABLE DE DENUNCIA

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos es responsable de la denuncia al exfiscal Pedro Chávarry y que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que su institución encuentra.

“La Fiscal de la Nación tiene toda la responsabilidad sobre el caso de la denuncia a Chávarry y me parece que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que ella encuentra en su institución”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Siendo la cabeza del Ministerio Público, la fiscal Ávalos tiene toda la autoridad para confrontar al congresista Segura”.

Finalmente, la congresista dijo que en base a lo que se tiene de pruebas, en el Congreso se debe dar una debida respuesta “a un caso tan importante y que lamentablemente viene siendo postergado”.

SIN CALENDARIO

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló no estar supeditada a los calendarios del Congreso, debido a que la denuncia constitucional que presentó contra el exfiscal Pedro Chávarry se analizará por orden de llegada, es decir, se vería en la siguiente legislatura.

“En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más”, afirmó.

La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, por encubrimiento real; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios”, explicó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa

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PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa con perdigones

Otra vez los manifestantes de Construcción Civil en Arequipa fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras protestaban exigiendo la reposición de trabajadores. El incidente se produjo en la mañana de ayer y dejó un saldo de aproximadamente 21 heridos, algunos de gravedad.

Los hechos de violencia iniciaron luego de que los manifestantes intentaran bloquear la avenida Kennedy, frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. En esas circunstancias, la policía reprimió lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones que impactaron en los obreros.

Juan Alberto Calle López, exsecretario de Defensa de Construcción Civil – Arequipa, indicó que el sindicato de obreros exige la reposición de los trabajadores despedidos de las obras del colegio Maritza Campos y Cuatro Carriles, entre otras. “Pero hay una intransigencia de parte del gobierno regional en no solucionar. El señor Fernando Arenas no ata ni desata en el Gobierno, hemos pedido el retiro de este señor como funcionario”, señaló.

Calle López también se quejó por el ataque desmedido de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. “Hemos sido atacados por la Policía sin motivo, la protesta es un derecho constitucional y nos han reprimido. Tenemos 30 heridos, nos han disparado al cuerpo y a la cabeza, un compañero está a punto de perder el ojo, hay dos enyesados y heridos porque nos han disparado con perdigones y bombas lacrimógenas”.

Además indicó que no es el primer episodio de violencia que sufren, pues llevan más de 10 días de protestas. “Ya desde el viernes pasado hemos sido atacados, yo mismo he sido agredido”.

De otro lado, apuntó que parte de los reclamos están orientados a que los puestos laborales sean para arequipeños. “Estos señores Málaga no respetan los derechos laborales, traen gente de Lima y dejan a la gente de Arequipa afuera”.

Sobre la empresa constructora Málaga, Calle López cuestionó que tuviera hasta ocho obras otorgadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Tienen las obras del colegio Maritza Campos, el penal de Socabaya y Cuatro Carriles, parece el nuevo Odebrecht”, dijo, a la vez que solicitó la participación de la Contraloría a fin de investigar las supuestas preferencias del gobierno local con la referida empresa constructora.

Finalmente, Calle López indicó que formalizarán las denuncias por las agresiones recibidas por parte de la Policía, y que el día lunes los manifestantes se volverán a concentrar frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la destitución del funcionario Arenas, y se dirigió al presidente del gobierno regional, Elmer Llica. “Si Llica quiere guerra, guerra va a tener, es un traicionero que antes pidió nuestro apoyo y luego nos da la espalda”.

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