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La irrupción cocalera, una década después

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Ejército antinarcotráfico plantíos de droga

Libro de la socióloga Anahí Durand analiza sin prejuicios el movimiento cocalero surgido en la década pasada en el Alto Huallaga y el VRAEM.

Alejada de percepciones estereotipadas y de criminalización. De esta forma, la socióloga Anahí Durand analiza el desarrollo del movimiento cocalero peruano, durante los años 2000 al 2008 en dos cuencas cocaleras, el Alto Huallaga y el VRAEM.

En su libro “La irrupción cocalera. Movilización social y representación política en los productores de hoja de coca del Perú (2000-2008)” 1, Anahí Durand revisa -una década después- lo lejos que estamos de esos momentos expectantes que explicaron las movilizaciones, marchas de sacrificio y la priorización de la coca en la agenda política nacional, entre el 2000 y el 2008.

Mientras el narcotráfico en el Perú ha cambiado de patrones y dinámicas, y se ha infiltrado en diversos niveles de la sociedad y el Estado, el movimiento social cocalero está absolutamente aislado y marginado.

Dos hechos recientes ayudan a confirmar tal situación: el reciente archivamiento del proyecto de ley 2514 sobre nuevo régimen de la coca (con el voto aprofujimorista en la Comisión de Defensa), y la escasa acogida de la propuesta de constituir un movimiento político, desde este movimiento cocalero.

El texto pasa revista a los elementos que permitieron la aparición de una organización gremial como la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (Conpaccp) como entidad representativa del movimiento social cocalero, a partir de identidad, liderazgos y discursos muy concretos; pero al mismo tiempo, con fragilidades y vulnerabilidades muy concretas que explican su actual estado institucional.

Tres factores que ayudan a entender su aparición en el tiempo: los impactos de diversos procesos de migración de campesinos sin tierra de la sierra a la selva alta, el impacto del conflicto armado en las regiones productoras de coca, el fin del autoritarismo fujimorista y la transición democrática, ocurrida a partir del 2001.

Particular importancia cobra la coexistencia en un mismo territorio de Sendero Luminoso, el tráfico ilícito de drogas y las Fuerzas Armadas, lo que permite entender el grado de radicalidad, de protesta y oposición de este gremio, en su comportamiento político. Entre 1980 y el 2018, la población cocalera tuvo que sobrevivir entre la presión y la hegemonía de estos tres actores.

Basada en el enfoque de procesos de movilización social, Anahí Durand explica la coexistencia de distintos niveles productivos, espacios sociales y dinámicas culturales, centrados en la construcción de identidad, niveles regionales de organización de este gremio, la aparición de liderazgos y discursos específicos, alrededor de la coca, considerada más como símbolo de identidad étnica antes que como materia prima del narcotráfico.

Durand explica el proceso de gestación de este movimiento, su organización y principales líderes, todos los cuales cayeron prontamente en desgracia. Asimismo, describe con detalle los elementos que facilitaron la participación electoral, tanto a nivel municipal, como a nivel parlamentario, pero siempre con escaso éxito.

Dado lo delicado del escenario de este problema en el país (primer productor de pasta, segundo productor de cocaína), y en circunstancias que el 25% de los peruanos se identifica como indígena y 3.5 millones de usuarios de coca, es momento que el Estado peruano analice y evalúe los resultados obtenidos con una política negatoria, descalificadora y restrictiva, como consecuencia de la presión de los EE.UU.

Ya no puede seguir escondiendo la realidad y debe producir los cambios necesarios que permitan incorporar como ciudadanos a estos miles de peruanos y peruanas. Mientras el Perú se encuentra en una profunda crisis política, no se puede distraer la atención de la influencia de la corrupción y el narcotráfico, a partir del mantenimiento de políticas sesgadas que apuntan a criminalizar al productor agrario de la Selva Alta.

1 El libro de Anahí Durand, es la versión impresa de su Tesis de Maestría en FLACSO (2008); publicado gracias al Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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Política

El candidato sin memoria

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Javier Velásques Quesquén, Mauricio Mulder, Daniel Salaverry

Habilitado nuevamente para postular al Congreso, Mauricio Mulder pretende distanciarse del fujimorismo con cuestionamientos que podrían esconder una estrategia electoral. Además, pide que no se aplique el requisito de la valla electoral.

Le copia la estrategia a Yeni Vilcatoma. Tras ser habilitado nuevamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Mauricio Mulder, candidato al Congreso por el Apra, sorprendió ayer con unos cuestionamientos tardíos al fujimorismo. El excongresista señaló que hasta el momento desde Fuerza Popular no se ha reconocido que se vivió una dictadura en la década de los ‘90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori.

“La dictadura de Fujimori fue consecuencia de un golpe de Estado y gobernó hasta el 2000. Que fue una dictadura, eso es innegable, y que el partido fujimorista no haya hecho un mea culpa de esa situación también es una realidad. Otra cosa es que, de acuerdo a las circunstancias, tú tengas una colocación política en la que al partido fujimorista como al nuestro le disparaban los mismos enemigos o rivales, eso puede llevar a que políticamente haya un entendimiento por un tema”, afirmó a El Comercio.

Acaso entusiasmado con la posibilidad de marcar distancia de sus recientes socios políticos, Mulder negó que haya existido una alianza entre el Apra y Fuerza Popular en el último Congreso. “No era una alianza para comenzar, ha sido simplemente como consecuencia de la inercia del ataque que recibimos de parte del gobierno”, indicó.

El candidato que enarboló la vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra como una de sus propuestas en caso de llegar al Congreso también opinó sobre uno de los más grandes problemas que podría enfrentar su partido. “Creo que siendo un Congreso de transición, debe elegirse sin necesidad de que haya una valla electoral”, sugirió.

Al respecto, hay que recordar que diversos analistas políticos han sostenido que resulta muy poco probable que el Apra pueda superar la valla electoral. “El Apra tiene un serio problema de vinculación con la corrupción, y no creo que pase la valla. No veo cómo podría pasar la valla. Si con Alan García, aliado con Lourdes Flores, pasaron la valla con las justas; sin Alan García ¿y con quién? ¿con Mulder con el número 1?, no veo cómo lograrían pasar la valla”, señaló semanas atrás la politóloga María Alejandra Campos.

ES SOLO UNA ESTRATEGIA ELECTORAL

Para el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, el pedido de Mauricio Mulder para que en las elecciones de enero no se establezca la valla electoral obedecería a que el excongresista aprista sería consciente de que su partido es el principal candidato a desaparecer por no superar el porcentaje mínimo de votos requerido para mantener la inscripción de organización política. “Ya lo hemos dicho antes, es muy probable que el Apra no pase la valla electoral y termine desapareciendo. Lo mismo sucede con Solidaridad Nacional”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que las afirmaciones de Mulder vuelven a dar vigencia al “dicho histórico sobre el Apra como una escopeta de dos cañones”. “Esta forma de actuar con ventaja y falta de escrúpulos forma parte de su personalidad política. Claramente es una estrategia electoral este afán por distanciarse del fujimorismo”, agregó.

Acerca de la negación de Mulder sobre la alianza entre el Apra y Fuerza Popular en el disuelto Congreso, Otta manifestó que resulta bastante clara la forma en que el partido aprista puso la “inteligencia política” mientras el fujimorismo compensaba con una bancada poderosa por el número de sus integrantes. “Pero ahora Mulder sabe que el fujimorismo es una mala compañía para mostrarse ante los electores, y por eso busca tomar distancia”, señaló.

Finalmente, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones, por haber permitido la reelección de los excongresistas del Parlamento disuelto. “Fue una decisión negativa la de no establecer para estas elecciones el impedimento de no reelección. De acuerdo a la nueva ley, debió aplicarse este criterio para que los excongresistas no vuelvan a postular, pues lo contrario debilita el espíritu de la ley aprobada”, comentó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Nuevo Perú denuncia que JNE bloquea su participación en elecciones 2021

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Nuevo Perú

Ante el silencio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la exhortación de Nuevo Perú para que implemente la Ley Nº 30995 que establece la inscripción de los partidos políticos con un mínimo de afiliados del 0,1% del padrón del último proceso electoral nacional, la organización política liderada por Verónika Mendoza, realizó un segundo plantón en la sede de dicha institución.

Durante el plantón, sus dirigentes y militantes exigieron una respuesta concreta sobre la implementación del reglamento, dejando en claro que no permitirán que vulneren su derecho a la participación política efectiva.

El acto de protesta de Nuevo Perú culminó con la entrega de una carta notarial al JNE, iniciando con ello un proceso constitucional de acción de cumplimiento.

“Hace dos semanas realizamos un plantón y entregamos una petición a los representantes del JNE, y hasta ahora no hay respuesta. Ante esta situación, hoy entregamos una carta notarial que debe de ser respondida en los próximos 10 días, de persistir el silencio acudiremos a la Justicia”, señaló Enver León, miembro de la Comisión Política de Nuevo Perú.

En otro momento, Mario Ríos, dirigente político de la Comisión Política de Lima, denunció que la demora en la emisión del reglamento de la Ley que establece la inscripción de los partidos políticos y las fichas para su afiliación, es una manera de impedir la participación de Nuevo Perú en las próximas elecciones generales.

“Con esta demora, el JNE está bloqueando nuestra participación en las elecciones del 2021, porque los tiempos se acortan y no tenemos los instrumentos para nuestra inscripción porque esta institución no quiere hacer lo que la ley les manda”, aseguró.

La Ley Nº 30995 que permite la inscripción de las organizaciones políticas con la afiliación de 24,000 personas, que representa el 0,1% del padrón electoral, fue promulgada el pasado 27 de agosto de 2019, estando pendiente su implementación hasta el día de hoy. Tarea que recae en el Jurado Nacional de Elección.

Esta ley, que hasta el día de hoy no tiene reglamento, es parte de las normas legislativas de la reforma política aprobadas por el último Congreso en el contexto de grave crisis política en el que diversos partidos políticos se vieron involucrados en casos de lobby, corrupción y blindajes.

Nuevo Perú denuncia que JNE bloquea su participación en elecciones 2021

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Política

Presentan tacha contra ilegal lista de candidatos

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Tacha de Lista Completa

El ciudadano Carlo André Reyes Reyes interpuso ante el Jurado Electoral Especial de Lima, una tacha a la lista completa presentada por Áureo Zegarra, usurpando ilegalmente el nombre del partido Todos por el Perú. El documento presentado señala que la referida lista no cumple con los requisitos establecidos en la Ley ni en los estatutos del partido.

Sobre todo en lo relacionado al cumplimiento de la democracia interna, “por lo que siendo un requisito insubsanable debía declararse su improcedencia”.

Reyes Reyes también subraya que lo dispuesto en la resolución No. 000442-2019-JEE-LC1/JNE, que admite esta lista, se ha realizado en contravención a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias.

Como se recuerda, en noviembre último la Asamblea General del Partido Todos por el Perú decidió por unanimidad la remoción parcial de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), entonces presidido por Áureo Zegarra Pinedo, ante las irregularidades cometidas en su gestión, por un grupo de dirigentes afines.

El Comité Ejecutivo Nacional es presidido actualmente por José Antonio Aspíllaga Plenge y su secretario general será Raquel Liliana Lozada Valentín. Según el acta de la Asamblea General, los integrantes de Todos por el Perú presentaron elementos que confirmarían irregularidades y acciones del CEN liderado por Zegarra Pinedo, que violaban reglamentos y estatutos de la organización política.

Incluso había revocado a autoridades electas en el seno de este órgano de gobierno y lo reemplazaba por los que consideraban convenientes, pretendiendo conducir el partido a través de un CEN paralelo, convocando únicamente a 7 de los 18 Secretarios Nacionales de la Organización Política, lo que fue advertido por la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas.

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