La informalidad laboral: ¿causante de las últimas tragedias?

Habiendo transcurrido unas semanas de la tragedia de Las Malvinas, donde murieron tres jóvenes que laboraban en condiciones de semiesclavitud, todo iba volviendo a la “normalidad”, empezábamos a olvidar el dolor de las imágenes hasta que otro accidente nos devolvió a la realidad, el sucedido en el cerro San Cristóbal donde un bus con turistas se volcó muriendo varias personas.

Presurosamente, lo mismo que en el caso de Las Malvinas, nuestras autoridades responsabilizaron del hecho a los niveles de informalidad imperante en nuestro país, sin embargo, como se ha demostrado, en ambos casos las empresas en cuestión se encontraban constituidas, contaban con RUC y demás documentación formales.

Uno de los principales argumentos para la implementación de regímenes laborales diferenciados, como el régimen Pyme, fue lograr que un mayor número de empresas se formalice, para lo cual se eliminaron “sobrecostos laborales”: reducción de las gratificaciones de julio y diciembre en 50%, reducción de 30 a 15 días de vacaciones anuales, lo mismo para la CTS.

Hace unos días un representante de SUNAFIL reconoció que en nuestro país la tasa de informalidad laboral aún bordea el 70% de la PEA lo cual tira por los suelos aquella tesis, hasta hoy sostenida por el empresariado, que a menores derechos laborales, mayor formalización laboral.

Las empresas involucradas en los hechos antes narrados, eran formales y de seguro gozaban de los diferentes beneficios que la ley otorga, sin embargo ante la casi inexistencia de mecanismos de control por parte del Estado (inspecciones laborales) terminan haciendo lo que les da la gana con los trabajadores, siendo el caso más evidente lo sucedido con los jóvenes que laboraban en Las Malvinas.

Aun cuando hoy en día la opinión pública responsabiliza casi exclusivamente del accidente sucedido en el Cerro San Cristóbal al chofer del bus, el Poder Judicial le ha impuesto prisión preventiva durante 8 meses, detengámonos un momento a lo que este denunció: no tenía contrato laboral, y por ende tenía que laborar en jornadas extenuantes, sin recambio de chofer ni mucho menos pago por horas extras.

Mientras no tomemos conciencia respecto de la obligación del Estado de supervisar y promover los derechos, sean ciudadanos, comunales, laborales, más temprano que tarde volveremos a lamentarnos de nuevas tragedias, con la consiguiente lavada de mano de las autoridades que volverán a responsabilizar a la “informalidad”; mientras tanto miles de jóvenes continuarán laborando en condiciones propias del siglo XIX, obligados por la necesidad impuesta por un modelo económico cada día más excluyente.