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La informalidad a la peruana y los venezolanos

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Venezolanos

La informalidad en el Perú es una cruel fuente de dinero. Muchas veces, una herramienta de extorsión para quienes la sufren. Sucede ante nuestros propios ojos y pareciera que al igual que otros males como la corrupción, esta tampoco tendría una cura efectiva.

Estos últimos días se hicieron mucho más evidentes comentarios y debates con relación a los supuestos beneficios que obtendrían los miles y miles de venezolanos que han llegado (y siguen llegando) a nuestro país. Se dijo que cobrarían más del sueldo mínimo, contarían con el SIS, casas y podrían elegir y ser elegidos en estas elecciones municipales y regionales del 7 de octubre.

En un escenario de crisis, confusión y de más audios apestosos de jueces y fiscales, a cualquiera le daría cólera y se indignaría de ser eso cierto. En las calles no hay trabajo, los recursos en los bolsillos escasean, el aumento de despidos y subempleo aumentan y la informalidad laboral en nuestro país, llega al 54%. La pregunta natural y que muchos hasta hemos repetido inconscientemente es, ‘si no hay para los peruanos, ¿por qué para los extranjeros sí?’

Pues bien, todos esos argumentos que vienen recorriendo la red como virus, son eso, virus. De los 300 mil venezolanos que han llegado al Perú y de los 103,854 extranjeros que viven y se trasladan dentro de nuestras fronteras, solo 26 están facultados para sufragar este 7 de octubre. De los 26, tan solo 1 es venezolano. Uno, no miles como se viene afirmando peligrosamente. Esa situación puede cambiar, por supuesto. Y de eso se deben encargar nuestras autoridades, no la gente de a pie.

Los peruanos al igual que los venezolanos, convivimos en la informalidad, no gozamos de derechos laborales, son explotados, son despedidos arbitrariamente, no conocen qué es un contrato, mucho menos de un seguro, regalías o CTS. No conocen nada de ello, al contrario. Saben lo que es trabajar todo un día, por 5 soles. Porque los ponen “a prueba”, tanto a los peruanos como a los venezolanos, a ver si al día siguiente pueden regresar a trabajar. Es más, hasta nos hemos dado el lujo de sub-sub-contratar a los extranjeros. ¿O no han visto a los extranjeros vendiéndonos anticuchos, picarones, emoliente?

El problema no son los venezolanos, ni los chilenos, ni los argentinos, ni los gringos, ni ningún otro extranjero. El problema es nuestra estructura laboral que perpetúa la explotación y el hecho de no crear un piso común que permita la competencia, en igualdad de condiciones. Con una educación primaria y secundaria pública, casi obsoleta, salir al mercado laboral se convierte en una odisea para los más jóvenes.

Un tema que debería llamar la atención de estas mafias que lideraban 4 exalcaldes de Solidaridad Nacional, hoy detenidos y denunciados, es que surgen al amparo ciego de una normativa metropolitana obsoleta, ineficiente y con vacíos legales que son justamente aprovechados por quienes les interesa ganar con la informalidad. Estas organizaciones criminales que colocan autoridades públicas en municipios y gobernaciones, están aprovechándose de este peligroso límite entre una normativa ineficiente y el precio que tiene que pagar un ciudadano –a costa de sus derechos- por acceder a un trabajo informal y hasta en condiciones infrahumanas.

La informalidad le ha dado 20 millones de soles anuales, a la mafia que lideraba el exalcalde de La Victoria. Son 20 millones de soles los que se metía al bolsillo, a costa de extorsionar a cientos de ambulantes, de corrupción de funcionarios, de cobros indebidos, de colusión, entre otros. Un delito que lo elevó al rango de “negocio familiar” ante la nula fiscalización, la complicidad de jueces corruptos y por supuesto, de una ineficaz normativa metropolitana y nacional. A estos mafiosos no les importa la nacionalidad, sino el dinero que puedan robar. Así que cuando te digan que los venezolanos son los culpables de todos nuestros males, detente a pensar quién es el que se beneficia verdaderamente, con mantener una situación así de caótica, informal y discriminatoria.

Si queremos mejorar la situación, requerimos de capacitaciones para los jóvenes, para que al menos pulan sus habilidades o aprendan en condiciones óptimas, en especialidades en las que puedan ser útiles y competitivos. No condenarlos a pagar derecho de piso, por un trabajo. Eso es humillante. Respetar sus derechos laborales, por más mínimos que estos sean (lamentablemente), políticas públicas que respondan a evidencias y no a prejuicios. Un incentivo a las empresas que contraten jóvenes y los capacite sin recortarles derechos, reconocer el derecho de negociación colectiva en los jóvenes en formación, fortalecer las capacidades de Sunafil, aumentar del presupuesto para los programas pro empleo del Ministerio de Trabajo. Y aprobar una Ley General del Trabajo, pero eso, quizá para el Bicentenario. Así que ya sabes.

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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