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La importancia del dictamen económico laboral

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Las relaciones entre el capital y el trabajo por su propia naturaleza son conflictivas, contradictorias y hasta antagónicas, pues los trabajadores organizados en sindicatos demandan mejores salarios, y los patrones concertan para ofrecer lo menos posible. Por ello se afirma que la fijación de los salarios es indeterminada, pues dependerá de la capacidad negociadora de las partes.

Es decir, la determinación de los salarios dependerá de la fuerza, de la organización, planificación, de la voluntad de lucha de los trabajadores que se expresa por medio de la unidad. Mientras más sindicatos existan en una empresa, más débil resultará la capacidad negociadora de los trabajadores, pues la dispersión que muchas veces es promovida por las propias empresas, con sindicatos amarillos y amigables, resulta perversa para los trabajadores.

De otro lado, las empresas acuerdan niveles salariales convenientes para el capital, donde las asociadas en un pacto no escrito acuerdan otorgar aumentos que no superen ciertos márgenes. Por ejemplo, la inflación acumulada mientras más baja mejor, así frente a una variación promedio de los precios de bienes y servicios de 1.36% en el 2017, el incremento salarial podría ser un poco más alto, al margen de la rentabilidad que se genere. Ello es conveniente para la empresa pero perjudicial al trabajo.

En tal sentido debiera ser evidente que en un país como el nuestro, con tantas fracturas sociales, económicas, étnicas y culturales propias de la herencia colonial, se asuma con naturalidad las políticas de “cholo barato” como un mecanismo de hacer empresa al igual que el “asalto al presupuesto público”, en las contrataciones con el Estado.

Expresión de ello es el proyecto de ley aprobado en la Comisión Permanente del Congreso de la República, donde los jóvenes egresados de los institutos técnicos durante tres años podrían trabajar como modernos esclavos, realizando sus prácticas, ganando experiencia laboral y de pasada generando utilidades al capital pues no percibirían ni salarios, ni propinas, ni para los pasajes. Encima, según la congresista Rosa Bartra, debieran agradecer a las empresas por tan generosa oportunidad. ¡Todo ello es propio de un capitalismo del siglo XVIII!

VENTAJAS DEL ARBITRAJE LABORAL
En este contexto es de suma importancia reconocer las ventajas de la figura jurídica del arbitraje laboral como una solución pacífica para obtener incrementos salariales al básico más otros beneficios económicos, demostrando la viabilidad y racionalidad de la demanda laboral frente a la posición de mercado, productividad de trabajo y rentabilidad empresarial.

Es decir, si se demuestra ante un tribunal arbitral compuesto por un presidente y un árbitro representante de la empresa y el otro de los trabajadores, que la empresa pública o privada sí está en capacidad económica y financiera de resolver y asumir positivamente el pedido de la parte laboral de manera atenuada, se pueden obtener importantes aumentos a los salarios básicos.

Para hacer posible ello se debe sustentar mediante una investigación, la situación económica financiera de la empresa, pero también de una entidad estatal, sea una empresa del Fonafe, EsSalud, o del propio sector público.

Se debe tener presente que el arbitraje laboral constituye una etapa del proceso de negociaciones colectivas, donde agotadas las fases del trato directo y la conciliación en las instalaciones del Estado (Ministerio de Trabajo o Direcciones Regionales de Trabajo), los sindicatos tienen la opción de elegir entre la huelga con todo lo que significa o el arbitraje laboral.

En tal sentido, de no haber acuerdo entre el capital y el trabajo en las etapas del trato directo y de la conciliación, una opción válida es el arbitraje laboral, para la obtención de incrementos salariales al básico y de esta manera superar las limitaciones y restricciones que impone el capital si se trata de una empresa, y del propio Estado si se trata de organismos públicos, sujetos a las políticas de austeridad presupuestal, donde se prohíben tajantemente los incrementos salariales.

En tal sentido, los sindicatos de las diversas entidades públicas, los trabajadores de los gobiernos regionales (más de 650 mil), los trabajadores de los gobiernos locales (más de 221 mil), de los diversos ministerios (1’279,254 trabajadores al 2016), del Poder Judicial (más de 30 mil trabajadores) como de los Organismos Constitucionales Autónomos (más de 31 mil trabajadores), entre otros, podrían obtener incrementos al básico, siempre y cuando logren alcanzar la etapa del arbitraje, superando las fases del trato directo y conciliación.

Ello es así, en razón de la naturaleza del laudo arbitral que hace respetar los principios constitucionales de la negociación colectiva, del derecho al trabajo y al acceso a salarios que tengan un nivel de correspondencia con la riqueza creada.

Es decir, mediante la figura del arbitraje laboral se superan las inequidades en las remuneraciones de los trabajadores del sector público que perciben una serie de bonos, bonificaciones que no tienen efectos pensionables, con salarios básicos ridículos. Así, pueden existir remuneraciones de S/ 5,000 soles mensuales con un sueldo básico de 100 soles o incluso menos.

EL DICTAMEN ECONÓMICO LABORAL
Este documento elaborado por el Ministerio de Trabajo y Fomento del Empleo, por la Dirección de Negociaciones Colectivas y Resolución de Conflictos tiene una particular importancia, pues expone los ingresos, la rentabilidad bruta, operativa y neta de un período determinado, menos de tres años en promedio.

Sin embargo, este documento económico financiero y laboral realiza una valorización del petitorio de los trabajadores, y muestra la estructura de las remuneraciones. Por medio de ello se puede conocer cuánto ganan los gerentes, los altos funcionarios, los empleados de confianza, los trabajadores de los diversos sindicatos.

Así, en este documento que trata de ser objetivo se puede reconocer la rentabilidad empresarial en un período determinado, el comportamiento de los ingresos y la producción. Es más, ahora en el arbitraje laboral sea potestativo, obligatorio o por acuerdo de partes, la presentación del dictamen tiene un carácter obligatorio.

Ello es importante por la necesaria transparencia que debiera existir en las relaciones entre el capital y el trabajo, donde a mayores utilidades le deben corresponder mejores salarios. Si el patrimonio empresarial se fortalece es de justicia que los trabajadores perciban remuneraciones dignas de acuerdo a la riqueza creada, la misma que puede ser material o por ingresos generados por el uso de servicios (por ejemplo administración pública, salud o educación) necesarios para la reproducción social.

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Política

AG y Keiko pueden ir juntos el 2021 y están buscando impunidad

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Keiko Fujimori y Alan García Pérez

El vocero de la bancada de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, dijo al Diario UNO que es muy difícil creer que el congresista Mauricio Mulder esté preocupado en cuidar el dinero del Estado y que si eso fuera así entonces hubiera impulsado una norma similar como la que hoy prohíbe la publicidad estatal en medios privados cuando era integrante del Foro Democrático en tiempos de Fujimori y Montesinos o cuando fue congresista en tiempos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“Mire, yo creo que hay un cálculo político. Mulder es congresista desde el 2001 y recién ahora se preocupa por el gasto del Estado en publicidad. ¿Por qué no dijo nada en tiempos de García, en que se gastaron millones, por qué no dijo nada en tiempos de Toledo? Ahora bien, yo creo que se debe regular y fiscalizar el gasto del Estado en publicidad, pero no prohibirla. Mulder ha fomentados que se prohíba la publicidad del Estado en medios privados y por eso ahora hay una lucha legal el Tribunal Constitucional”, dijo.

Mauricio Mulder

UN PACTO

Quintanilla hizo notar que de la bancada aprista solo los alanistas Mauricio Mulder, Javier Velásquez Quesquén y Elías Rodríguez votaron a favor de la ley mordaza el 15 de junio pasado. “Jorge del Castillo y Luciana León, quienes en estos tiempos están alejados de García, no estuvieron el día de la votación de la norma”, indicó.

El congresista dijo que posiblemente haya un pacto entre alanistas y keikistas en el tema de la referida norma y que el principal operador en este caso sea Mauricio Mulder, alanista confeso y evidente admirador y aliado de Keiko Fujimori desde el inicio de este Congreso.

LO QUE BUSCAN

Quintanilla manifestó que es evidente que la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados entorpecerá al gobierno de Martín Vizcarra y que el Presidente ha reaccionado de manera tardía y se ha unido a los congresistas encargando a su ministro de Justicia presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley.

“Ahora vemos que Vizcarra le responde a Keiko diciendo que sí está bien asesorado en el caso de la norma y es una de las pocas veces que los dos entran en contradicción en público. Ahora bien, a Keiko le interesa llegar al 2021 tratando de limpiar su imagen y creo que ella no quiere que Vizcarra sobresalga a fin de que ella pueda decir que si la eligen como presidenta hará lo que él no pudo hacer. Para eso pueden estar usando la norma”, manifestó.

Según el semanario “Hildebrandt en sus Trece” Keiko ha concedido facultades legislativas al gobierno pero mutiladas, de tal forma que Vizcarra se vea forzado a dejar de lado medidas claves en su anunciada reforma tributaria.

El gobierno no podrá, por ejemplo, “modificar los contratos de estabilidad tributaria de las compañías mineras y la revisión de las ‘exoneraciones tributarias’ que suman 16,497 millones de soles, lo que equivale al 2,19% del PBI”.

Además, en setiembre del 2017, la prensa reveló un audio en el que la keikista Yesenia Ponce dice que Keiko Fujimori le pidió que guardara el proyecto para reactivar Chinecas en Áncash.

“Me llama a su despacho a una reunión y Keiko me dice: Yesenia ¿vamos a ayudar al Ejecutivo? ¿Le vamos a solucionar al Ejecutivo? Nosotros vamos a ser gobierno el 2021. Este proyecto tiene que ser nuestro”, se escucha decir a Yesenia en el audio difundido por el programa Cuarto Poder.

Alberto Quintanilla

BUSCAN IMPUNIDAD

Quintanilla indicó que si existe un pacto entre los keikistas y alanistas otro de los objetivos claves es buscar la impunidad para Alan García y Keiko Fujimori, quienes hasta ahora están investigados por el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez Gómez por presuntamente haber recibido dinero ilegal para la campaña del 2006 García y 2011 Keiko.

“Hay que estar vigilantes a lo que pase en la Fiscalía. García, por ejemplo, quien dijo que iba a colaborar con las investigaciones, ahora ha pedido que separen de su caso al fiscal José Domingo Pérez Gómez. El alanismo y el keikismo buscarán impunidad”, señaló.

IRÁN JUNTOS AL 2001

En 2016 ocurrió en el proceso electoral algo insólito para la política peruana. Alan García, quien en el 2001 había calificado de candidata de los ricos a Lourdes Flores, llevó en su plancha a la lideresa pepecista y los dos en votos no sacaron ni para el té en las pasadas elecciones generales.

Quintanilla sostuvo que es muy probable que García pueda ir a las elecciones del 2021 en alianza con Keiko Fujimori. “Keiko está decida a postular de nuevo. Yo no sé si García lo haga, pero sí es muy probable que los dos vayan en la misma plancha. Eso puede ocurrir y es posible que estén trabajando para ello”, señaló.

 

PACO MORENO

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