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La importancia del dictamen económico laboral

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Las relaciones entre el capital y el trabajo por su propia naturaleza son conflictivas, contradictorias y hasta antagónicas, pues los trabajadores organizados en sindicatos demandan mejores salarios, y los patrones concertan para ofrecer lo menos posible. Por ello se afirma que la fijación de los salarios es indeterminada, pues dependerá de la capacidad negociadora de las partes.

Es decir, la determinación de los salarios dependerá de la fuerza, de la organización, planificación, de la voluntad de lucha de los trabajadores que se expresa por medio de la unidad. Mientras más sindicatos existan en una empresa, más débil resultará la capacidad negociadora de los trabajadores, pues la dispersión que muchas veces es promovida por las propias empresas, con sindicatos amarillos y amigables, resulta perversa para los trabajadores.

De otro lado, las empresas acuerdan niveles salariales convenientes para el capital, donde las asociadas en un pacto no escrito acuerdan otorgar aumentos que no superen ciertos márgenes. Por ejemplo, la inflación acumulada mientras más baja mejor, así frente a una variación promedio de los precios de bienes y servicios de 1.36% en el 2017, el incremento salarial podría ser un poco más alto, al margen de la rentabilidad que se genere. Ello es conveniente para la empresa pero perjudicial al trabajo.

En tal sentido debiera ser evidente que en un país como el nuestro, con tantas fracturas sociales, económicas, étnicas y culturales propias de la herencia colonial, se asuma con naturalidad las políticas de “cholo barato” como un mecanismo de hacer empresa al igual que el “asalto al presupuesto público”, en las contrataciones con el Estado.

Expresión de ello es el proyecto de ley aprobado en la Comisión Permanente del Congreso de la República, donde los jóvenes egresados de los institutos técnicos durante tres años podrían trabajar como modernos esclavos, realizando sus prácticas, ganando experiencia laboral y de pasada generando utilidades al capital pues no percibirían ni salarios, ni propinas, ni para los pasajes. Encima, según la congresista Rosa Bartra, debieran agradecer a las empresas por tan generosa oportunidad. ¡Todo ello es propio de un capitalismo del siglo XVIII!

VENTAJAS DEL ARBITRAJE LABORAL
En este contexto es de suma importancia reconocer las ventajas de la figura jurídica del arbitraje laboral como una solución pacífica para obtener incrementos salariales al básico más otros beneficios económicos, demostrando la viabilidad y racionalidad de la demanda laboral frente a la posición de mercado, productividad de trabajo y rentabilidad empresarial.

Es decir, si se demuestra ante un tribunal arbitral compuesto por un presidente y un árbitro representante de la empresa y el otro de los trabajadores, que la empresa pública o privada sí está en capacidad económica y financiera de resolver y asumir positivamente el pedido de la parte laboral de manera atenuada, se pueden obtener importantes aumentos a los salarios básicos.

Para hacer posible ello se debe sustentar mediante una investigación, la situación económica financiera de la empresa, pero también de una entidad estatal, sea una empresa del Fonafe, EsSalud, o del propio sector público.

Se debe tener presente que el arbitraje laboral constituye una etapa del proceso de negociaciones colectivas, donde agotadas las fases del trato directo y la conciliación en las instalaciones del Estado (Ministerio de Trabajo o Direcciones Regionales de Trabajo), los sindicatos tienen la opción de elegir entre la huelga con todo lo que significa o el arbitraje laboral.

En tal sentido, de no haber acuerdo entre el capital y el trabajo en las etapas del trato directo y de la conciliación, una opción válida es el arbitraje laboral, para la obtención de incrementos salariales al básico y de esta manera superar las limitaciones y restricciones que impone el capital si se trata de una empresa, y del propio Estado si se trata de organismos públicos, sujetos a las políticas de austeridad presupuestal, donde se prohíben tajantemente los incrementos salariales.

En tal sentido, los sindicatos de las diversas entidades públicas, los trabajadores de los gobiernos regionales (más de 650 mil), los trabajadores de los gobiernos locales (más de 221 mil), de los diversos ministerios (1’279,254 trabajadores al 2016), del Poder Judicial (más de 30 mil trabajadores) como de los Organismos Constitucionales Autónomos (más de 31 mil trabajadores), entre otros, podrían obtener incrementos al básico, siempre y cuando logren alcanzar la etapa del arbitraje, superando las fases del trato directo y conciliación.

Ello es así, en razón de la naturaleza del laudo arbitral que hace respetar los principios constitucionales de la negociación colectiva, del derecho al trabajo y al acceso a salarios que tengan un nivel de correspondencia con la riqueza creada.

Es decir, mediante la figura del arbitraje laboral se superan las inequidades en las remuneraciones de los trabajadores del sector público que perciben una serie de bonos, bonificaciones que no tienen efectos pensionables, con salarios básicos ridículos. Así, pueden existir remuneraciones de S/ 5,000 soles mensuales con un sueldo básico de 100 soles o incluso menos.

EL DICTAMEN ECONÓMICO LABORAL
Este documento elaborado por el Ministerio de Trabajo y Fomento del Empleo, por la Dirección de Negociaciones Colectivas y Resolución de Conflictos tiene una particular importancia, pues expone los ingresos, la rentabilidad bruta, operativa y neta de un período determinado, menos de tres años en promedio.

Sin embargo, este documento económico financiero y laboral realiza una valorización del petitorio de los trabajadores, y muestra la estructura de las remuneraciones. Por medio de ello se puede conocer cuánto ganan los gerentes, los altos funcionarios, los empleados de confianza, los trabajadores de los diversos sindicatos.

Así, en este documento que trata de ser objetivo se puede reconocer la rentabilidad empresarial en un período determinado, el comportamiento de los ingresos y la producción. Es más, ahora en el arbitraje laboral sea potestativo, obligatorio o por acuerdo de partes, la presentación del dictamen tiene un carácter obligatorio.

Ello es importante por la necesaria transparencia que debiera existir en las relaciones entre el capital y el trabajo, donde a mayores utilidades le deben corresponder mejores salarios. Si el patrimonio empresarial se fortalece es de justicia que los trabajadores perciban remuneraciones dignas de acuerdo a la riqueza creada, la misma que puede ser material o por ingresos generados por el uso de servicios (por ejemplo administración pública, salud o educación) necesarios para la reproducción social.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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