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La ideología neoliberal de la desregulación de mercados

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Con la imposición del neoliberalismo desde fines de los años 1970, se abandona la idea de que el Estado debería regular el funcionamiento de los mercados para impedir el surgimiento de asimetrías de poder y las consecuentes injusticias sociales. A esta tarea del Estado, que fue parte del consenso que duró casi treinta años desde la post segunda guerra, se le adicionó la de velar por los equilibrios macroeconómicos. La idea neoliberal de que el Estado es el problema, excluye la posibilidad de este consenso, y en su lugar se impone la concepción del funcionamiento libre de los mercados para que «florezca la creatividad empresarial y no se destruyan puestos de trabajo».

LOS EFECTOS DE LAS DESREGULACIONES
Los efectos de las desregulaciones en países como el nuestro, han frenado el desarrollo en lugar de promoverlo. La liberalización comercial y los tratados de libre comercio con países industrializados y desarrollados, redujo el mercado doméstico para la producción nacional y nos especializó en la producción y exportación de materias primas. Trabó las posibilidades de industrialización y diversificación productiva. Este efecto negativo en la industria fue exacerbado por la entrada de capitales, sin restricciones, que, junto con el boom primario exportador, redujo el tipo de cambio haciéndoles perder competitividad a las actividades productivas de transables.

La desregulación de los préstamos de la banca comercial en el exterior estimuló la dolarización de los créditos domésticos, haciéndole perder autonomía a la autoridad monetaria. Desde que se agotaron las condiciones de mercado y financieras favorables para el crecimiento primario exportador de nuestro país, se revirtió la tendencia a la baja del tipo de cambio. Así, para impedir que la devaluación ponga en riesgo a los bancos que prestaron en dólares, la autoridad monetaria reaccionó vendiendo sus dólares (o reduciendo su posición de cambio); pero también lo hizo para impedir que la devaluación siga incrementando la inflación. Con la venta de dólares el Banco Central perdió casi el 50% de sus reservas. Esta espectacular merma de sus reservas, obligó al Banco Central a elevar su tasa de interés de referencia en pleno enfriamiento económico.

El deterioro de la autonomía de la autoridad monetaria ha provocado desconfianza en la moneda nacional, la misma que se expresa en la creciente dolarización de los depósitos bancarios: 56.9% corresponden a personas jurídicas y 46.44% a personas naturales. Esta dolarización es otro factor que acrecienta las presiones devaluatorias, y ocurre al mismo tiempo que aumenta el retiro de los depósitos bancarios en soles que reduce la liquidez en moneda nacional de los bancos.

La flexibilización del mercado de trabajo y el recorte de derechos laborales, es otro ejemplo de desregulación que ha afectado a los trabajadores y a su calidad de vida, convirtiéndose en fuente de conflicto social. Cerca del 75% de los trabajadores tienen ingresos menores a mil soles y un poco más del 74% son informales. De otro lado, hay que mencionar que la gran mayoría de los conflictos sociales están relacionados con las actividades extractivas. Los últimos gobiernos han vuelto más laxas las regulaciones orientadas a proteger el medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, se acortaron los plazos para los estudios de impacto ambiental.

No hay regulación en el «mercado» de la salud. El acceso a genéricos de todo tipo es limitado y será aún peor si el gobierno firma el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). En carta dirigida al presidente Humala, Joseph E. Stiglitz -premio Nobel de Economía- y Adam S. Hersh -economista senior en el Instituto Roosevelt-, advierten que ese acuerdo irá «mucho más allá de una simple reducción de aranceles y cuotas, pues exigirá cambios fundamentales en las instituciones jurídicas, judiciales y reguladoras de cada país, lo que constituye una concesión a los poderosos grupos de presión». Elevará la protección de los derechos de propiedad intelectual no para innovar, sino para mantener, por ejemplo, a los competidores de los «Big Farma», como son los genéricos, fuera del mercado.

LA PÉRDIDA DE SOBERANÍA DEL ESTADO
Los tratados comerciales y este último, el TPP, no solo cercenan la capacidad regulatoria del Estado, sino también su soberanía. Como dicen los economistas citados, el TPP reducirá su capacidad «de aprobar normas legales regulatorias para proteger la salud pública, la seguridad y el ambiente, porque creará mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, que permitirían a los extranjeros a demandar al gobierno cuando consideren que alguna regulación afectará sus ganancias. El arbitraje sería privado y vinculante, incluso si el fallo fuera contrario a las leyes nacionales».

Esta pérdida de soberanía que favorece a los inversionistas y grupos de poder extranjeros, además de someter al Estado a un arbitraje privado internacional, le bloquea las posibilidades de realizar transformaciones sociales y económicas, en particular, por ejemplo, para adoptar medidas orientadas a la integración del país sobre la base de un nuevo esquema de regionalización y ordenamiento territorial.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Adam Smith se declaraba a favor de la regulación argumentando que, si bien la presencia de un muro es una violación de la libertad natural del fuego, su construcción es indispensable para impedir la propagación de los incendios. Al respecto, cuando la libertad natural «está concentrada en pocas manos de un modo inapropiado –dice Casassas–, esa libertad natural puede poner en riesgo a la sociedad entera». El Estado debe intervenir entonces «para que no se den esas inapropiadas concentraciones de la libertad natural». La sociedad se pone en riesgo cuando el Estado «rompe los lazos que lo vinculan a la sociedad civil» y ya no promueve el bien común porque está controlado por una plutocracia.

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Política

El candidato sin memoria

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Javier Velásques Quesquén, Mauricio Mulder, Daniel Salaverry

Habilitado nuevamente para postular al Congreso, Mauricio Mulder pretende distanciarse del fujimorismo con cuestionamientos que podrían esconder una estrategia electoral. Además, pide que no se aplique el requisito de la valla electoral.

Le copia la estrategia a Yeni Vilcatoma. Tras ser habilitado nuevamente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Mauricio Mulder, candidato al Congreso por el Apra, sorprendió ayer con unos cuestionamientos tardíos al fujimorismo. El excongresista señaló que hasta el momento desde Fuerza Popular no se ha reconocido que se vivió una dictadura en la década de los ‘90, bajo el gobierno de Alberto Fujimori.

“La dictadura de Fujimori fue consecuencia de un golpe de Estado y gobernó hasta el 2000. Que fue una dictadura, eso es innegable, y que el partido fujimorista no haya hecho un mea culpa de esa situación también es una realidad. Otra cosa es que, de acuerdo a las circunstancias, tú tengas una colocación política en la que al partido fujimorista como al nuestro le disparaban los mismos enemigos o rivales, eso puede llevar a que políticamente haya un entendimiento por un tema”, afirmó a El Comercio.

Acaso entusiasmado con la posibilidad de marcar distancia de sus recientes socios políticos, Mulder negó que haya existido una alianza entre el Apra y Fuerza Popular en el último Congreso. “No era una alianza para comenzar, ha sido simplemente como consecuencia de la inercia del ataque que recibimos de parte del gobierno”, indicó.

El candidato que enarboló la vacancia presidencial contra el presidente Martín Vizcarra como una de sus propuestas en caso de llegar al Congreso también opinó sobre uno de los más grandes problemas que podría enfrentar su partido. “Creo que siendo un Congreso de transición, debe elegirse sin necesidad de que haya una valla electoral”, sugirió.

Al respecto, hay que recordar que diversos analistas políticos han sostenido que resulta muy poco probable que el Apra pueda superar la valla electoral. “El Apra tiene un serio problema de vinculación con la corrupción, y no creo que pase la valla. No veo cómo podría pasar la valla. Si con Alan García, aliado con Lourdes Flores, pasaron la valla con las justas; sin Alan García ¿y con quién? ¿con Mulder con el número 1?, no veo cómo lograrían pasar la valla”, señaló semanas atrás la politóloga María Alejandra Campos.

ES SOLO UNA ESTRATEGIA ELECTORAL

Para el exviceministro de Interculturalidad, Vicente Otta, el pedido de Mauricio Mulder para que en las elecciones de enero no se establezca la valla electoral obedecería a que el excongresista aprista sería consciente de que su partido es el principal candidato a desaparecer por no superar el porcentaje mínimo de votos requerido para mantener la inscripción de organización política. “Ya lo hemos dicho antes, es muy probable que el Apra no pase la valla electoral y termine desapareciendo. Lo mismo sucede con Solidaridad Nacional”, apuntó.

Por otro lado, advirtió que las afirmaciones de Mulder vuelven a dar vigencia al “dicho histórico sobre el Apra como una escopeta de dos cañones”. “Esta forma de actuar con ventaja y falta de escrúpulos forma parte de su personalidad política. Claramente es una estrategia electoral este afán por distanciarse del fujimorismo”, agregó.

Acerca de la negación de Mulder sobre la alianza entre el Apra y Fuerza Popular en el disuelto Congreso, Otta manifestó que resulta bastante clara la forma en que el partido aprista puso la “inteligencia política” mientras el fujimorismo compensaba con una bancada poderosa por el número de sus integrantes. “Pero ahora Mulder sabe que el fujimorismo es una mala compañía para mostrarse ante los electores, y por eso busca tomar distancia”, señaló.

Finalmente, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones, por haber permitido la reelección de los excongresistas del Parlamento disuelto. “Fue una decisión negativa la de no establecer para estas elecciones el impedimento de no reelección. De acuerdo a la nueva ley, debió aplicarse este criterio para que los excongresistas no vuelvan a postular, pues lo contrario debilita el espíritu de la ley aprobada”, comentó.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Nuevo Perú denuncia que JNE bloquea su participación en elecciones 2021

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Nuevo Perú

Ante el silencio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la exhortación de Nuevo Perú para que implemente la Ley Nº 30995 que establece la inscripción de los partidos políticos con un mínimo de afiliados del 0,1% del padrón del último proceso electoral nacional, la organización política liderada por Verónika Mendoza, realizó un segundo plantón en la sede de dicha institución.

Durante el plantón, sus dirigentes y militantes exigieron una respuesta concreta sobre la implementación del reglamento, dejando en claro que no permitirán que vulneren su derecho a la participación política efectiva.

El acto de protesta de Nuevo Perú culminó con la entrega de una carta notarial al JNE, iniciando con ello un proceso constitucional de acción de cumplimiento.

“Hace dos semanas realizamos un plantón y entregamos una petición a los representantes del JNE, y hasta ahora no hay respuesta. Ante esta situación, hoy entregamos una carta notarial que debe de ser respondida en los próximos 10 días, de persistir el silencio acudiremos a la Justicia”, señaló Enver León, miembro de la Comisión Política de Nuevo Perú.

En otro momento, Mario Ríos, dirigente político de la Comisión Política de Lima, denunció que la demora en la emisión del reglamento de la Ley que establece la inscripción de los partidos políticos y las fichas para su afiliación, es una manera de impedir la participación de Nuevo Perú en las próximas elecciones generales.

“Con esta demora, el JNE está bloqueando nuestra participación en las elecciones del 2021, porque los tiempos se acortan y no tenemos los instrumentos para nuestra inscripción porque esta institución no quiere hacer lo que la ley les manda”, aseguró.

La Ley Nº 30995 que permite la inscripción de las organizaciones políticas con la afiliación de 24,000 personas, que representa el 0,1% del padrón electoral, fue promulgada el pasado 27 de agosto de 2019, estando pendiente su implementación hasta el día de hoy. Tarea que recae en el Jurado Nacional de Elección.

Esta ley, que hasta el día de hoy no tiene reglamento, es parte de las normas legislativas de la reforma política aprobadas por el último Congreso en el contexto de grave crisis política en el que diversos partidos políticos se vieron involucrados en casos de lobby, corrupción y blindajes.

Nuevo Perú denuncia que JNE bloquea su participación en elecciones 2021

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Política

Presentan tacha contra ilegal lista de candidatos

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Tacha de Lista Completa

El ciudadano Carlo André Reyes Reyes interpuso ante el Jurado Electoral Especial de Lima, una tacha a la lista completa presentada por Áureo Zegarra, usurpando ilegalmente el nombre del partido Todos por el Perú. El documento presentado señala que la referida lista no cumple con los requisitos establecidos en la Ley ni en los estatutos del partido.

Sobre todo en lo relacionado al cumplimiento de la democracia interna, “por lo que siendo un requisito insubsanable debía declararse su improcedencia”.

Reyes Reyes también subraya que lo dispuesto en la resolución No. 000442-2019-JEE-LC1/JNE, que admite esta lista, se ha realizado en contravención a la Constitución, a las leyes y a las normas reglamentarias.

Como se recuerda, en noviembre último la Asamblea General del Partido Todos por el Perú decidió por unanimidad la remoción parcial de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), entonces presidido por Áureo Zegarra Pinedo, ante las irregularidades cometidas en su gestión, por un grupo de dirigentes afines.

El Comité Ejecutivo Nacional es presidido actualmente por José Antonio Aspíllaga Plenge y su secretario general será Raquel Liliana Lozada Valentín. Según el acta de la Asamblea General, los integrantes de Todos por el Perú presentaron elementos que confirmarían irregularidades y acciones del CEN liderado por Zegarra Pinedo, que violaban reglamentos y estatutos de la organización política.

Incluso había revocado a autoridades electas en el seno de este órgano de gobierno y lo reemplazaba por los que consideraban convenientes, pretendiendo conducir el partido a través de un CEN paralelo, convocando únicamente a 7 de los 18 Secretarios Nacionales de la Organización Política, lo que fue advertido por la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas.

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