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La huelga, la norma y la política

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Esta semana nuestro desgastado Presidente ha vuelto a dirigirse a la nación en menos de un mes. Su mensaje, así como lo vertido a diario por la prensa de derecha, sobre la huelga de los maestros, ha vuelto a reincidir en el mismo lenguaje: “o debemos mezclar la educación con ambiciones políticas”.

¿HUELGA SOCIAL O POLÍTICA?
El discurso amenazante dirigido al docente tiene la siguiente lógica: si criticas mucho las políticas educativas del gobierno, si analizas en profundidad las desigualdades sociales, si estudias más allá de lo que el currículo oficial te pide (es decir si tienes un pensamiento político propio y no eres borrego), estás convirtiendo tu huelga en política y por tanto estás siendo manipulado por los terroristas. Lamentablemente para la derecha, sus voceros e infiltrados, los valientes e inteligentes maestros no se han tragado ese sapo. Sin embargo, la relación huelga y política puede prestarse a confusiones.

El artículo 11.a de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (sector privado) y artículo 4 del Decreto Supremo 003-82-PCM (sector público) prohíben que los sindicatos se dediquen a la actividad política. No obstante, el doctor Alfredo Villavicencio y el profesor Javier Neves (para mayores señas ex viceministro y ministro de Trabajo, así como decano y exdecano de una de las facultades de derecho más importantes del país, respectivamente), juristas libres de sospecha de ser terroristas, se han pronunciado sobre la naturaleza de la huelga y esta prohibición.

El primero, en su texto Salvar al capitalismo de los capitalistas. Huelga, cohesión social y democracia, advierte: “Se suele ver la parte negativa de las paralizaciones por las perturbaciones que ocasionan. Sin embargo, debemos reconocer que la huelga es parte esencial del juego democrático, puesto que permite que el sistema tenga los contrapesos suficientes para hacerlo viable”. La huelga como derecho forma parte del ordenamiento jurídico creado por el propio capitalismo. Por tanto no deben espantarse los señores de la derecha, ni por qué temer (en el supuesto negado) los profesores de entender su lucha también como algo político, pues estas medidas son esenciales para la vida democrática de un país.

Mientras el segundo autor indica que es natural que la actividad sindical penetre en el campo político, por lo que la prohibición de hacer vida política para los sindicatos debe entenderse solo como “la instrumentalización de una organización sindical por un partido político”. Tener una opinión política y pensar políticamente no está prohibido dentro de un gremio, al contrario es muy recomendable para no ser embaucados ni por los empleadores, ni por los malos dirigentes.

El D.S. Nº 013-2016-ED
El lunes 8 de agosto de 2016 se publicó en El Peruano la norma que encabeza este párrafo. En su artículo 1 se modifica el artículo 194 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por D.S. Nº 004-2013-ED, aumentando las licencias sindicales (sí, ha leído usted bien) con goce de remuneración por representación de 4 a 8 miembros a la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Docentes Nacional (…), y de 1 a 2 representantes de la Base del Sindicato Magisterial regional. ¿Cómo así se logró arrancar estos beneficios a un gobierno que reprime a los maestros y al que le tienen que hacer huelgas de semanas para obtener una cita? Bien buena gente el gobierno.

No obstante, eso no fue todo… Entre otras perlas de la norma (que otro día comentaremos por cuestiones de espacio) también se agrega el artículo 207-A, en el que se dispone que “ninguna negociación colectiva puede alterar la valorización de los cargos de las áreas de desempeño laboral de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial”. Añadiéndose “el convenio colectivo es el acuerdo que celebran (…) el Sindicato y el MINEDU, con el objeto de regular la mejora de las compensaciones no económicas”. Es decir, a partir de esta norma todo reclamo de carácter económico que realice el SUTEP será ilegal. Esta disposición es inconstitucional pues vulnera el artículo 28 de la Constitución y los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT referidos al derecho de la negociación colectiva. Mis padres fueron maestros sutepistas muy luchadores que no militaron en ningún partido y me enseñaron desde pequeño a marchar con ellos, me da vergüenza este retroceso en la historia magisterial.

Más aún cuando en el Tribunal Constitucional otros sindicatos ya habían conseguido que este se pronuncie en contra de las restricciones económicas en materia de negociación colectiva en las sentencias sobre las leyes de presupuesto y del servicio civil. ¿Sabían de esto los dirigentes del CEN-SUTEP? ¿Han pecado por ignorantes (tiempo libre de sobra tienen para informarse con las licencias remuneradas) o por interés político particular?

¿A DÓNDE VA LA HUELGA?
Si espera encontrar en estas líneas una receta para la huelga de los maestros no la va a encontrar. No obstante, si la historia sirve de algo habrá que revisarla. El 25 de marzo de 1895 el periodista y poeta José Martí, redacta junto a Máximo Gómez en su calidad de generales del ejército Libertador de Cuba, el Manifiesto de Montecristi. Este era un emotivo llamado al pueblo cubano a que desconozcan a su gobierno, denuncien a sus dirigentes traidores y se sumen a la Guerra de Independencia contra el dominio del imperio español. Sin embargo, el escritor revolucionario advertía también lo siguiente a sus milicias: “no se ha de ensangrentar sin razón, ni sin justa esperanza de triunfo los propósitos precisos, hijos del juicio y ajenos a la venganza, con que se ha compuesto, y llegará a su victoria racional, la guerra que hoy lleva a los combates, en conmovedora y prudente democracia”.

Hoy aquella recomendación de alguien como Martí, que murió luchando por su patria vuelve a ser vigente. Se debe luchar, pero no para agudizar las contradicciones o servir a los intereses de alguien en particular, si no por los puntos del pliego de reclamo, allí radica la razón de ser de una medida de fuerza. Si el dirigente sindical es verdadero debe representar los intereses del colectivo plasmados en el pliego de reclamos, no negociar otra cosa.

Asimismo, frente a los que traicionan, nuestra respuesta debe ir acompañada siempre de juicio y razón, no de venganza. Si se critica a una dirigencia no es por ser de tal o cual agrupación, sino por su comportamiento como sindicalista, como dirigente. Por su respeto a las bases o por si se desvía del carril de la democracia interna, de lo contrario podemos estar alimentando nuevas desviaciones.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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