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La historia negra del petróleo

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Refinería de gas y petróleo

MÁS DE 15 MIL MILLONES DE DÓLARES EN JUEGO CON LA PRÓRROGA

En la historia de la corrupción en el Perú, la privatización en el sector de hidrocarburos es un tema que debe ser ventilado.

En la historia de la corrupción en el Perú una página negra está en relación a la privatización en el sector de hidrocarburos, en especial de las filiales y unidades de Petroperú, que fueron transferidas a precios subvaluados, faltos de transparencia y de una estrategia nacional de desarrollo. Es más, voceros extremistas del libre mercado recomendaban que se debía “privatizar una empresa por semana”, como sea.

Así, fueron privatizados los lotes productivos con reservas probadas como el Z-2B en el Zócalo Continental, el lote X y una serie de lotes pequeños (Piura), y el lote 8/8X en la selva, refinerías como La Pampilla con un mercado asegurado, filiales como Solgás, empresa líder en el envasado y comercialización del gas licuado de petróleo (GLP), la rentable naviera Transoceánica, más de 78 estaciones de servicios (grifos), la reconocida planta de aceites Petrolube, entre otras.

Sin embargo, poco o nada se ha escrito sobre la corrupción en organismos reguladores como Perupetro, responsable de la promoción de las inversiones en el sector y supervisor de los contratos de hidrocarburos, los mismos que están conformados por el petróleo, gas y líquidos de gas natural. Desde su creación su historia es tan negra como el petróleo, gracias a la mayoría de directores y responsables del más alto nivel, donde el escándalo de los “petroaudios” es la expresión más publicitada.

Ello es de la mayor importancia en razón del debate y posible aprobación de una nueva ley de hidrocarburos en el Congreso de la República que, entre otros temas, otorgaría un mayor poder de decisión y facultades a Perupetro en sus funciones que están en relación a la promoción de las inversiones en el sector.

Una evaluación por resultados debiera ser lo más objetiva posible, en cuanto a los niveles de producción, inversiones, rentabilidad, ingresos fiscales, pasivos ambientales, desarrollo local y regional. Una expresión de las perversidades del extractivismo lo constituye la cruda realidad de la ciudad de Talara, que a pesar de la riqueza producida en más de 100 años, no tiene asegurado el abastecimiento de agua potable ni un servicio decente de seguridad ciudadana.

Si se trata de analizar los grandes objetivos que justificaron su creación a inicios de los años noventa, cuando el gobierno fujimorista (1992) adoptó la decisión de la privatización fragmentada de la petrolera estatal Petroperú, es que se da partida de nacimiento a la empresa pública responsable de promover las inversiones y fiscalizar los contratos de hidrocarburos: Perupetro.

Es decir, era “juez y parte”, de allí el escaso prestigio de esta institución que en su conformación original tuvo como base la gerencia de contratos de Petroperú, donde muchos de sus cuadros técnicos, gerentes, e ingenieros en especial, fueron formados en la petrolera estatal para luego convertirse en ejecutivos, consultores y “espadachines” a sueldo de las empresas privadas, promoviendo su privatización total. Después de todo “chamba es chamba”.

Extracción de petróleo

UN FUNCIONARIO AD HOC

Un caso especial lo constituye el actual presidente de Perupetro, Seferino Yesquén que formado en Petroperú hoy ocupa la más alta responsabilidad en el organismo público de promover las inversiones y fiscalizar los contratos de hidrocarburos. Su experiencia en el sector tanto en Pérez Companc, Petrobras y consultor de petroleras privadas como Pacific Stratus Energy la misma que aspira a ser el operador del lote 192, así lo ameritan.

Él mismo, es un especialista del más alto nivel en el sector, fue testigo de excepción de la privatización de los lotes de Petroperú. Conoce mejor que nadie el potencial geológico y las características de las diversas cuencas con potencial de hidrocarburos. En especial, su conocimiento sobre la Cuenca Talara y el Zócalo Continental es reconocido por tirios y troyanos.

Por ello, todos debemos recordar cómo en diciembre de 1995 la petrolera argentina Pérez Companc pagó US $ 202 millones de dólares por los campos maduros del lote X en el marco del proceso de privatización (COPRI), cuando el precio del barril no superaba los US $ 20 dólares, al margen de los compromisos de inversión, por un contrato que tenía 30 años de vigencia.

Es decir, Pérez Companc en ese entonces, una empresa privada argentina de mayor presencia que Pluspetrol tuvo que pagar US $ 202 millones por casi 42 millones de barriles en reservas probadas que fueron descubiertas por Petroperú.

Se debe recordar que entre 1992 y 1995 el antiguo lote X que había sido operado por la IPC en las décadas anteriores, fue “adelgazado” por la administración de Petroperú, para supuestamente promover los capitales nacionales con inversiones de segura rentabilidad. En ese marco, se explica la presencia de grupos como Graña y Montero y Vera Gutiérrez, que han crecido gracias a las reservas y las relaciones con Petroperú.

Así, se transfirieron los lotes I, II, III, IV, VI, VII, IX y el Z-2B todos con reservas probadas descubiertas por Petroperú, de allí que se pactaron tasas de regalías que hoy pueden parecer altas, y no competitivas a nivel internacional. Mas debe quedar en claro que tales regalías se pactaron así por la transferencia de reservas probadas y un mínimo riesgo por asumir. En los sectores extractivos el factor riesgo es un componente del precio.

Estimación del Valor de las Reservas de Petróleo al 31 de diciembre 2017 de las Empresas con Lotes Cuyos Contratos de Explotación Están Próximos a Vencer

RESERVAS PROBADAS: LOMO FINO

Según el cuadro sobre las reservas probadas al 2017 “Estimación del Valor de las Reservas de Petróleo al 31 de diciembre 2017 de las Empresas con Lotes Cuyos Contratos de Explotación Están Próximos a Vencer”, el lote X operado actualmente por la petrolera estatal china CNPC tiene 75 millones de barriles en crudo como reservas probadas, entre probadas desarrolladas y no desarrolladas.

Entre 1996 a la fecha (agosto 2018) los campos, instalaciones y reservas del lote X ubicados en Talara, distrito del Alto han pasado por las manos de la petrolera Pérez Companc, la petrolera estatal Petrobras del Brasil y la petrolera china, CNPC. En todos los casos de transferencia el comprador pagó por las reservas probadas, probables, y posibles como parte de sus expectativas empresariales. Todo ello al margen de las inversiones necesarias para mantener y/o levantar la producción.

De estas negociaciones tiene pleno conocimiento el actual presidente de Perupetro, como exgerente de Petrobras, por ello nos debe llamar a extrañeza su devota participación en la prórroga por 30 años a los contratos que tienen fecha de vencimiento antes del 2026, tal como se dispone en los artículos complementarios en la nueva ley de hidrocarburos de próxima aprobación en un cuestionado Congreso de la República.

En el lote X con reservas probadas por 75 millones de barriles a diciembre del 2017, de las cuales se pueden explotar comercialmente el 95 % de las reservas según condiciones de precio y tecnología en el mercado. Por tanto, con precios superiores a los US $ 70 el barril, pues se trata de un crudo ligero, estamos ante un alto potencial económico a pesar de la antigüedad del lote.

Por tanto, comercialmente se pueden explotar económicamente 71 millones de barriles de las reservas probadas que a un precio promedio y conservador de US $ 70 el barril, estamos ante un valor bruto de US $ 4,970 millones de dólares en los próximos años al cual habría que descontar el costo de producción incluyendo las regalías (US$ 30 dólares por barril en promedio) por todo ello, no deja de ser un magnífico negocio.

Con las actuales reservas probadas la vida útil del lote sería de 15 años con una producción de 13 MB/DC (miles de barriles por día calendario), bajo el supuesto teórico que las reservas se mantengan constantes, es decir estáticas lo cual es un supuesto ideal, teórico.

Sin embargo, se debe reconocer que el concepto de reservas es dinámico altamente dependiente del precio, por tanto evidentemente la vida útil del lote X, sería mayor si se agregan las reservas probables y posibles.

Es más, este lote que entre enero y junio del 2018 ha producido un promedio de 12,973 barriles diarios de un crudo ligero que lo compra la refinería de Talara a precios de mercado. Es decir, Petroperú paga, abona, retribuye por lo que antes fueron sus reservas, pagando precios internacionales, asegurando la rentabilidad del conjunto de las empresas que operan en la región.

Por tanto, la producción del lote X tiene un mercado asegurado, con reservas probadas, adicionalmente también tiene una producción de gas natural que superan los 14.3 millones de pies cúbicos al día, los mismos que podrían ser mayores si hubiese un sistema de distribución de gas natural en el departamento de Piura en el marco de una masificación al servicio del pueblo y de las empresas industriales.

ENAJENACIÓN DE RIQUEZA

Según el cuadro mencionado sobre las reservas probadas de los lotes próximos a una fecha de vencimiento, con precios internacionales del crudo conservadores de US $ 60 el barril estamos ante una riqueza potencial de más de US $ 14,255 millones que se estarían transfiriendo para los próximos años a las empresas interesadas en la prórroga contractual.

De allí, la necesidad de apostar por una política moderna, capitalista, abierta, transparente que licite al mejor postor las reservas probadas, y que las tasas de regalías sean determinadas por el mercado, y no por un selecto grupo de funcionarios que mañana más tarde estarán al servicio de las empresas petroleras.

ALGO MÁS

El proyecto de SBS se impulsa con el objetivo de fiscalizar las cooperativas a fin de evitar el lavado de activos y proteger a los pequeños ahorristas. Fuerza Popular no cuestionó esta misión, pero planteó la creación de una Superintendencia de Entidades Paralelas para la supervisión respectiva, con Letona a la cabeza.

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Política

Nadie cree que AG sea un perseguido

Publicado

en

Allan Wagner - Julio María Sanguinetti

El panorama político se ensombrece para AG. La incertidumbre de las primeras horas que lo favorecía está dando paso a la toma de posiciones de personajes influyentes en el Perú en la política uruguaya, que no están en la línea de que exista persecución política en Perú.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

El excanciller Allan Wagner, quien fue cercano colaborador de García en sus dos gobiernos, dijo que lamenta que el expresidente Alan García haya solicitado asilo diplomático en lugar de colaborar con la justicia, como lo venía haciendo.

“No existe persecución política en el Perú y es indispensable que todos colaboremos para investigar y sancionar la corrupción”, añadió quien fuera canciller en el primer gobierno de García y ministro de Defensa en su última administración.

Respecto a los comentarios que señalaban que él se encontraría en un dilema por haber combatido la corrupción desde la Asociación Civil Transparencia y varias comisiones, y haber sido ministro de Alan García, enfatizó: “No estoy en un dilema: mi opción indeclinable es por la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, en una radio local Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay que había alentado el asilo, fue claro respecto al pedido de asilo de AG a su país.

“El tema es que no se trata naturalmente de un encausamiento por un tema político sino un eventual delito común, lo cual no está cubierto con la figura del asilo. Así que lo que se tiene que demostrar aquí es que hay una persecución, eso es lo que se tiene que demostrar”, aseveró el exmandatario.

SILENCIO DE LA OEA

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, fue enfático en señalar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debería pronunciarse en torno al pedido de asilo político solicitado por García a Uruguay, porque los dos organismos internacionales no deberían guardar silencio.

“Creo que ha sido oportuno y adecuado el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra que, además, se hace dentro del contexto de la lucha contra la corrupción que es un compromiso de todos los países latinoamericanos. En ese sentido creo que organismos internacionales como la OEA no deberían guardar silencio”, aseveró.

Además, agregó: “La OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, no debería guardar silencio, porque, además, dentro de la agenda de la OEA, un punto importante es la lucha contra la corrupción”.

URUGUAY MAL PARADO

Por su parte, el analista internacional Francisco Belaúnde, advirtió que si el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez le concede el asilo político al exmandatario Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional, y que es absurdo que el exjefe de Estado argumente persecución política.

“No se puede decir, en ningún momento, que hay una interferencia por parte del gobierno respecto a la justicia. Hay que ver que, en la realidad, a lo largo de todos estos procesos que tienen que ver con Odebrecht y la corrupción no tiene que ver solo con Alan García, han estado en la cárcel Ollanta Humala, Keiko Fujimori está detenida, Susana Villarán está encausada”, resaltó.

Indicó que en realidad, es toda la clase política la que está implicada en este caso de corrupción, por eso no se puede hablar de persecución política, y es absurdo.

“La verdad es que si Uruguay le otorga el asilo a Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional. Además, en su momento Uruguay fue considerado una plataforma para el lavado de dinero, o sea hay varios aspectos que indican que Uruguay no quedaría bien parado y resentiría sus relaciones con el Perú”, añadió Belaunde.

ALGO MÁS

El exprocurador Julio Arbizu señaló que AG es una especie de Houdini de la política nacional, por ser el más eficaz escapista de la acción de la justicia.Añadió que es un sujeto que históricamente ha estado sometido a investigaciones y procesos, de los que se ha liberado no siempre por absoluciones ni por archivos, sino por contingencias y por el paso del tiempo.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Parlamentarios oficialistas uruguayos dudan de AG

Publicado

en

Senadora Constanza Moreira.

Diversos legisladores del Frente Amplio de Uruguay coincidieron en señalar que dudan de la existencia de una ruptura institucional en Perú. Asimismo, manifestaron que su canciller debe tomar una decisión de acuerdo a la información entregada por el Ejecutivo peruano.

Ruben Martínez Huelmo, senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), parte del FA, destacó la necesidad de esperar que el gobierno uruguayo reciba un informe por parte del gobierno de Martín Vizcarra sobre la situación de García.

Asimismo, indicó que, a partir de la información judicial aportada por Perú, Uruguay deberá definir si existe una persecución o si se pretende eludir el proceso judicial.

DUDAS

Martínez Huelmo también consideró que no da la impresión de que exista una ruptura institucional en Perú. En ese sentido, afirmó que para que haya una persecución tiene que estar muy bien probada.

Juan Castillo, senador del Partido Comunista, también integrante del FA, advirtió que “por los pocos datos que hay, no estamos hablando de un caso de persecución política, no parece ser un tema de derechos humanos ni parece ser de vida o muerte”.

Además, destacó que las “apreciaciones primarias indican que García está sujeto a un proceso por corrupción” y consideró que “no se puede estar diluyendo la figura del asilo político, que se tiene que prestar en algunas instancias y no parece esta una de ellas”.

Por su parte, Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, se pronunció mediante la cuenta de su red social Twitter: “Confiamos en que la Cancillería de nuestro país actuará atendiendo la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos que se han pronunciado sobre el caso” y que en el Perú rechazan el asilo.

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Política

“Vine, vi, huí”

Publicado

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Alan García Pérez

Alan García ha sido insistente y reiterativo en reclamar, proclamar y presumir su inocencia en el caso Lava Jato. “Otros se venden, yo no”, ha sido el hashtag, lema y mantra en sus campañas, desde el twitter hasta el Congreso. Y con la misma actitud, si acaso más beligerante, llegó hace pocos días al Perú a declarar ante el equipo fiscal dirigido por José Domingo Pérez Gómez que investiga gran parte de este caso.

Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Ronald Martínez Pancevic).

El jueves 15 de este mes, García declaró: “Dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de veinte millones, entonces dicen, veinte millones menos ocho que le dieron al viceministro, los otros deben ser de Alan García… ¡demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo!”.

Él no lo sabía aún, pero en esas horas, IDL-Reporteros acababa de publicar una nota que cambió en forma sustantiva el curso de la investigación: Poco antes de las diez de la mañana y luego de las larguísimas horas de los cierres de real importancia, en los cuales, sin que importe cuánto trabajo se haya hecho antes, todo se chequea y verifica de nuevo, IDL-R publicó “Alan García y la Caja 2”.

Si el expresidente desafió a que se presentaran pruebas si las había, ahí tuvo todas las necesarias y bastante más.

Hasta ese momento, Alan García había sostenido que él no había recibido dinero de Odebrecht y que todos los ingresos que tuvo, incluso la conferencia del 25 de mayo de 2012 en Sao Paulo, por la que le pagaron cien mil dólares, provinieron de hombres de negocios e industriales representados por un agente intermediario. En ese caso, el estudio de abogacía Spinola.

La nota de IDL-R demostró que García había mentido.

Fue Odebrecht quien pagó la conferencia. Y lo hizo a través de su Caja 2, utilizada primordialmente para el pago de coimas. El abogado Spinola trabajaba para el sector de operaciones estructuradas y, en este caso, hizo de testaferro a cambio de un honorario de 15 mil dólares.

La investigación de IDL-R no solo aportó los correos electrónicos en los que se decide hacer el pago clandestino para disfrazar la fuente de origen y se define y ejecuta luego el procedimiento para hacerlo.

Se aportó además la identidad de los funcionarios de Caja 2 que intervinieron en el proceso, a través de sus propias confesiones, especialmente la del propio Spinola que luego de cuatro años confesó en detalle sus trabajos clandestinos para Odebrecht. En esas confesiones, registradas en vídeo, que IDL-R obtuvo hace meses como parte de la red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado que esta publicación fundó, Spinola dio a conocer los seudónimos que él y otros utilizaron en el sistema encriptado Drousys, donde aparece como uno de los que discutieron cómo pagarle los 100 mil dólares a García en forma que pareciera un pago de otro origen.

Ante eso, Alan García no tuvo otro remedio que reconocer la fuente del pago. Lo hizo el sábado 17, en su última declaración a la prensa. Pero se justificó en la ignorancia, en no saber quién le pagaba y ni siquiera qué era la Caja 2 (él la llamó ‘la Caja B’).

Pero cuando lo dijo, sabía que la excusa era más que endeble. Porque la nota de IDL-R dejó claro que él participó en la operación de ocultamiento.

La conferencia se realizó el 25 de mayo de 2012. Los primeros mensajes cifrados de Caja 2 para disfrazar el pago fueron el 14 de junio siguiente. Hasta entonces Spinola no había intervenido para nada. Sin embargo, el contrato que recibió primero en borrador y que luego fue firmado por Alan García tuvo como fecha el 5 de abril. El recibo por el pago estuvo fechado el 24 de mayo. El pago se realizó solo en julio. En el proceso intervinieron funcionarios de Odebrecht que transmitieron los datos bancarios de García, le llevaron el contrato y recibo con fechas atrasadas para que lo firmara y después contactaron a Spinola y otros funcionarios para que realizaran el pago.

Fue imposible que García no se diera cuenta del juego de fechas, de la adaptación de documentos, del nuevo nombre del agente con el que nunca había hablado. Por poco inteligente que fuera, y no lo es, estaba claro que se trataba de disfrazar una transacción. Y él fue parte del proceso.

En esas horas, la decisión fue tomada. Es posible que haya estado presente la idea del asilo como plan de contingencia de último recurso. Pero, cuando el sábado 17, el juez le impuso impedimento de salida por 18 meses, García reaccionó con aparente calma. “Para mí no es un castigo ni un deshonor estar permanentemente en mi patria…”, dijo poco antes de fugar.

¿Por qué huyó, sabiendo el efecto de demolición que la fuga significaba para su imagen, liderazgo y prestigio?

Porque lo que publicó IDL-R representó la primera y decisiva brecha en su estrategia de negar toda responsabilidad en el caso Lava Jato. Ya había un caso, claro, demostrado, contundente y procesable.

En las investigaciones y los procesos, el primer gran hallazgo es lo importante. Luego vienen los demás. Había confesiones pendientes, sobre las cuales él ahora tenía ya una profunda y justificada inseguridad. Había colaboraciones eficaces en curso, delaciones premiadas también. La hora de la verdad se acercaba. Y a esas alturas, viendo los correos electrónicos del sistema Drousys de Odebrecht, que lo nombraban, García entendió que los 18 meses en Perú se iban a extender mucho más, en juicios y revelaciones, probables sentencias.

Por eso escapó. No de una dictadura, como pudo reclamar antaño, sino de una democracia por una vez funcional que avanzaba a descubrir, procesar y castigar delitos de corrupción.

En los años de la guerra fría cuando la ciudad de Berlín estaba dividida entre dos sistemas, se decía que los ciudadanos de Berlín Oriental, que no podían votar, proclamaban su preferencia votando con los pies. Es decir, huyendo a Berlín Occidental. En Lima, el 2018, Alan García no votó sino confesó con los pies.

García hace poco escribió que “como aprista, creo en la historia”, por más que la historia no sea materia de fe sino de estudio. Quizá la notable brevedad de su visita al Perú remita, por contraste, a los clásicos. Según Suetonio, Julio César resumió en tres palabras su informe al Senado sobre una batalla victoriosa en el año 47 A.C. “Vine, vi, vencí”. En el caso que vemos, las palabras pueden ser tres también: “Vine, vi, huí”.

Claro que su ejemplo no fue el de Julio César sino el de Bettino Craxi. En la historia, al fin, cada cual escoge sus maestros.

 

Gustavo Gorriti
IDL-Reporteros

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