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La frustración en la distribución de utilidades laborales

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Obrero minero sindicato lucha social huelga marcha protesta

¡UNA PERVERSA ENAJENACIÓN DE RIQUEZA!

En la presente coyuntura existe gran expectativa en el conjunto de los trabajadores formales bajo régimen privado incluyendo a las empresas públicas como Sedapal, Electroperú, Petroperú entre otras, por el problema de la distribución de utilidades a los trabajadores.

En tal sentido, en las empresas mineras, industriales, bancos y comercio entre otras están obligadas por ley a depositar las utilidades laborales con los descuentos correspondientes por el Impuesto a la Renta de quinta categoría que asumen los trabajadores.

Después de la declaración jurada ante la Sunat las empresas tienen hasta 60 días para hacer los depósitos, de allí el interés y preocupación de los trabajadores, obreros, empleados, funcionarios y hasta gerentes por este beneficio que resulta un rezago de las reformas laborales del gobierno militar de Velasco Alvarado.

Si bien es verdad, existen límites por ley para su distribución de hasta 18 remuneraciones lo que pueda percibir el trabajador en el año, se consideran como variables en su determinación el número de días trabajados y la remuneración anual de cada trabajador que varía de acuerdo a las particularidades empresariales, calificación y categorías entre otros.

¿QUÉ INCLUYEN?

En esta remuneración se deben englobar los salarios básicos, los colaterales que dependen del básico, las bonificaciones de julio, diciembre, y todas las partidas que asumen las empresas (AFP, capacitación etc.).

Para su determinación se excluyen los ingresos extraordinarios que puedan percibir los trabajadores por cualquier concepto, tales como los bonos de cierre de pacto en las negociaciones colectivas, la compensación por tiempo de servicios (CTS) entre otros rubros.

La importancia de la distribución de las utilidades a sus trabajadores está en el carácter variable de las mismas, pues solamente se distribuirán utilidades cuando se declaren utilidades positivas. Estas utilidades constituyen un ingreso extra siempre y cuando se declaren ganancias antes de impuestos.

Como la realidad tiene una serie de paradojas, puede verificarse casos en que empresas rentables, con mayores ingresos y fortalecimiento patrimonial declaren “pérdidas arrastrables” tributarias de ejercicios anteriores, y por lo tanto las utilidades laborales se minimizan o sencillamente no hay nada que distribuir. De allí el malestar y resentimiento de los trabajadores hacia las empresas.

Marcha protesta contra despidos de trabajadores en huelga en Backus ABInBev

RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA

Por ello, resulta evidente el interés de los trabajadores por percibir los mayores montos por concepto de utilidades laborales, pues en el caso de empresas industriales como la Backus &Jhonston, Corporación Lindley les correspondería el 10 % de la utilidades antes de impuestos.

La Backus es prácticamente un monopolio que controla las marcas Cristal, Pilsen, Arequipeña, Cuzqueña, y San Juan entre otras, con distribución a nivel nacional. Aquí los nuevos accionistas han creado empresas subsidiarias como “Backus Marca y Patentes” donde hay que pagarles por el uso de patentes, por el uso de la marca.

Es decir, la Backus se paga a sí misma, pues lo que es egreso en una, constituye ingreso en la otra empresa, y todo queda en familia. Con ello se minimizan las utilidades antes de impuestos, afectando los intereses de los trabajadores.

En el caso de la Corporación Lindley que controla el 73% del mercado de bebidas no alcohólicas, y tiene una posición dominante embotellando y distribuyendo la Coca & Cola, Inca Kola, Fanta, Crush entre otras, también es un caso curioso, pues aproximadamente el 40% de los costos de venta, en relación a las compras de insumos se hacen con empresas vinculadas, filiales y subsidiarias. ¡Es decir, todo queda en casa!

Menciono el caso de estas dos empresas industriales ubicadas en el sector de bebidas ligadas al mercado interno, por los absurdos precios que pagan por el agua extraída de sus pozos propios. Aunque usted no lo crea abonan S/ 0.14 céntimos de sol por cada mil litros de agua cuando los consumidores de las clases medias tienen que abonar S/ 3.15 por el mismo volumen. Y el poblador urbano marginal más de S/ 15 por un tanque de agua.

Por tanto, si el agua es el insumo fundamental en el proceso de elaboración de las cervezas y gaseosas debiera deducirse que la rentabilidad es extraordinaria. Por ello, la obtención de altas utilidades se convierten en todo un problema para las empresas que deben licuarse con una serie de artificios, artilugios contables. ¡Pues hecha la ley hecha la trampa!

Por ello, las empresas contratan a los mejores estudios contables financieros con la finalidad de minimizar el pago de impuestos, las empresas se las ingenian para sobrevalorar los costos y gastos con el objeto de reducir la renta imponible que constituye la base para la determinación de las utilidades laborales y el Impuesto a la Renta.

MINERÍA CON CHOLO BARATO

Si se trata de las empresas extractivas como las mineras que pudieran ubicarse en la gran minería, mediana y pequeña minería la tasa de participación sería el 8% y en el caso de las empresas de servicios financieros o comerciales la participación es del 5%. Por tanto, esta realidad engloba al conjunto de los trabajadores formales, pues debiera ser evidente que las empresas informales no distribuyen utilidades a sus trabajadores.

En la actividad minera donde las empresas tienen ventajas comparativas en razón de los bajos costos tributarios, laborales y ambientales, la distribución de utilidades para los trabajadores tuvo que ser limitada a las 18 remuneraciones. Por ello los trabajadores no gozaron del íntegro de la participación de utilidades, como fue el período de los altos precios de los minerales en la bonanza 2003/2013, cuando los precios se dispararon gracias a la demanda de la China comunista.

Por ello podemos afirmar que la bonanza minera no se ha reproducido en una bonanza de salarios y utilidades para sindicatos del sector. Con mayor razón, cuando los mismos fueron obligados a pactar vigencia de pactos colectivos de tres años y hasta cinco años como fue el caso de la SPCC y Tintaya/Antapaccay entre otros.

COSTOS CONTABLES ELEVADOS

Si la minería que se desenvuelve en nuestro país tiene uno de los costos de producción más bajos a nivel mundial, pues con precios del oro por ejemplo por encima de los US$ 1,280 la onza, y costos directos menores a los US$ 500 las utilidades son elevadas.

Igual en el caso del cobre con precios mayores a los US$ 2.80 la libra y costos promedio de US$ 1.25, es evidente la rentabilidad que era extraordinaria cuando los precios bordeaban los US$ 4 la libra.

Sin embargo, las empresas mineras cargan a costos las depreciaciones, amortizaciones de intangibles, el deterioro de los activos, provisiones diversas, etc. que tienen el efecto final de incrementar los costos, minimizar las utilidades operativas y la utilidad imponible.

En la estructura de costos y gastos de la empresa, se van sumando una serie de conceptos o cuentas que se han de cargar tales como los montos por depreciaciones, amortizaciones, provisiones diversas que constituyen gastos no desembolsados, pues no significan una salida real de dinero para la empresa.

Estos gastos no desembolsados vienen a ser básicamente la depreciación y amortización de activos, donde se provisiona un gasto por el reemplazo de los activos que en tiempo se irán deteriorando, pero en esencia no hay una salida efectiva de dinero, sin embargo se deducen como un gasto. ¡Es decir, las depreciaciones constituyen un recupero del capital!

Es más, las regalías, el impuesto extraordinario y el gravamen minero tienen el carácter de gasto deducible, por tanto con un bolsillo se paga, y con el otro bolsillo se recupera, pero el efecto tributario se expresa en la disminución de la utilidad imponible. Con ello se minimizan no solamente el abono del Impuesto a la Renta, sino también la participación de utilidades a los trabajadores.

También tenemos las provisiones por deterioros de activos e inventarios y diversas provisiones en general que van disminuyendo las ganancias de la empresa y por ende disminuyen la distribución de las utilidades a los trabajadores.

ALGUNOS CASOS

En el caso de transnacionales como Mra. Yanacocha en su mejor momento 1993 al 2010, pues en el presente está bajo la ley de los rendimientos decrecientes con una producción aurífera equivalente a los años noventa del siglo pasado, todo ello a pesar del gran potencial minero que tiene el departamento de Cajamarca.

En las mineras como Mra. Yanacocha no solamente se incluyen los montos por concepto de depreciaciones y amortizaciones, también se incorporan rubros como el pago de regalías por onza producida que se negocian entre privados, y el efecto agotamiento (depletion) que también se carga a los costos. Es decir, las transnacionales valorizan mejor que el propio Estado “sus recursos naturales”.

Por estos diversos rubros que se suman al costo de mina habría que agregarle estos montos con lo cual el costo total llega a superar a los US$ 1,000 por onza producida con lo cual se minimiza la utilidad imponible que sirve de base para la distribución de las utilidades.

También habría que considerar las relaciones entre empresas filiales y matrices, como sería el caso de la empresa minera Shougang Hierro Perú ubicada en la ciudad de Marcona / Ica, donde el 97% de la producción que se ha incrementado de 8 millones de toneladas a más del doble.

Aquí la filial Shougang Hierro Perú le vende casi toda la producción a su matriz Shougang Corporation de la China Popular, donde el directorio está conformado por miembros del Partido Comunista, aunque usted no lo crea.

La unidad minera le compra energía a su filial Shougang Generación S.A. y también mantiene una serie de empresas de contratas vía de servicios de terceros con lo cual se incrementan los costos y se minimiza la utilidad imponible.

La expansión y capitalización de esta empresa minera ha sido posible gracias a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo no solamente por los bajos niveles salariales, discriminación salarial, sino por las pésimas condiciones de trabajo que se expresa en los accidentes incapacitantes y fatales.

EPÍLOGO

Por ello, en su conjunto como la lógica del capital se impone con “férrea necesidad” se trata de maximizar las utilidades, lo que significa al mismo tiempo minimizar los pagos al Estado y de pasada la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades.

De allí la necesidad de apostar por la modernidad en las relaciones entre el capital y el trabajo, bajo el principio de las ganancias compartidas “un winwin”, donde el éxito de las empresas se reflejen en mejores condiciones salariales y de trabajo. Donde el fortalecimiento patrimonial empresarial se corresponda con un mayor bienestar en el conjunto de los trabajadores.

Para el caso de la distribución de las utilidades a los trabajadores urge la necesidad de hacer transparente la información económica financiera, con las cuentas básicas y los anexos correspondientes, pues la gran parte de las empresas al no cotizar en la Bolsa de Valores no están obligadas a presentar ni hacer de conocimiento público los resultados económicos financieros con lo cual se genera desconfianza y resentimiento de parte de los trabajadores, por la falta de transparencia y democracia en la información.

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Política

Es una mordaza a la información

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José Domingo Pérez Gómez

El jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), consideró que el proceso disciplinario iniciado por el Ministerio Público contra el fiscal José Domingo Pérez tiene como finalidad impedir que la población tome conocimiento del avance de las investigaciones contra Fuerza Popular. “Quieren una Fiscalía que no ponga en conocimiento de la población no solo cómo va la investigación, sino qué opinión tiene sobre actos cometidos por una de las partes, en este caso la organización partidaria Fuerza Popular”, señaló.

ES UNA PARTE DEL PROCESO

Quispe recordó que el fiscal Pérez “no es un juez, sino una parte del proceso, y a diferencia del juez puede declarar acerca del caso. Pero acá vemos que se le quiere tapar la boca abriéndole una investigación preliminar de oficio, sin denuncia de parte”.

“Es claro que se quiere marcar una jurisprudencia dentro del Ministerio Público en la cual los fiscales se limiten solo a dar cuenta de los actos realizados pero sin el derecho de opinión que tiene todo ciudadano en un Estado democrático.El señor Pérez no se está haciendo una promoción política para postular a un cargo público”, agregó.

Quispe cuestionó que el Ministerio Público esté buscando parecerse a “una organización castrense”, donde los fiscales no tengan derecho a opinar respecto a sus investigaciones a personajes políticos. “La investigación a Keiko Fujimori es a una figura política y sus declaraciones tienen que ir en ese sentido. El fiscal Pérez está investigando a una presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular, y es lógico que sus comentarios tengan algún contenido político”, manifestó.

El jurista advirtió que las consecuencias de este procedimiento disciplinario contra el fiscal Pérez pueden ser “gravísimas”. “Se le va a poner una mordaza a los fiscales, y vamos a tener fiscales que van a informar solo cosas puntuales. Si eso quiere el Ministerio Público, le basta con su cuenta de Twitter para esa labor”, afirmó.

SE VULNERARÍA DERECHO A LA INFORMACIÓN

De llegarse a producir una sanción contra el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Quispe consideró que se estaría vulnerando el derecho a la información de la opinión pública. “Ante una eventual sanción, es lógico que luego los fiscales en entrevistas van a evitar todo tipo de comentario que pueda ser motivo de acusación. El ciudadano va a ver menoscabado su derecho a la información, y la ciudadanía va a perder porque no va a conocer a plenitud todo lo que se está investigando en un proceso penal”, agregó.

INTENTARÁN SACARLO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El abogado de IDL apuntó que estas acciones pueden ser parte de una estrategia más amplia. “Esto que sucede con la Fiscalía, es un contraataque a consecuencia del revés de Keiko Fujimori en el Poder Judicial, es una contraofensiva por no haber tenido éxito con el recurso de casación. Hay que estar alerta porque no solo viene una mordaza, sino que la ofensiva del fujimorismo es lapidar a los fiscales del caso Lava Jato. Ya lo adelantó el señor Rodríguez Monteza, buscarán sacar a Pérez del Ministerio Público. No olvidemos que el fiscal formalizó hace una semana la investigación preparatoria contra Fuerza Popular como organización criminal”.

URGENTE CIERRE DEL CONGRESO

Ante el escenario de blindaje a la corrupción y obstrucción a las reformas, por parte del Congreso, Quispe fue claro en advertir que al presidente Martín Vizcarra solo le queda el cierre constitucional del Legislativo. “Al Presidente lo van a vacar con el antecedente de PPK, y quien entraría a gobernar sería Mercedes Aráoz, a quien los fujimoristas y sus aliados ven con buenos ojos. Entonces, tener a Aráoz en la presidencia, a Olaechea en la presidencia del Congreso, a Keiko Fujimori en libertad y a los Cuellos Blancos empoderados en el Poder Judicial y en la Fiscalía, sería un holocausto para el país”, apuntó.

“El Presidente debe plantear la cuestión de confianza y cerrar el Congreso constitucionalmente. Si no lo hace, le van a ganar por puesta de mano. El fujimorismo ataca rápido”, advirtió.

CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO

Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez acusó una campaña de hostigamiento desde el interior de la Fiscalía. “A través de estas investigaciones que se inician en mi contra, a partir de reportajes o entrevistas en los diversos medios de prensa, sin que exista una denuncia de por medio, se está buscando, en primer lugar, callarme y que no denuncie los actos de intromisión de los intereses corruptos en la Fiscalía ni los actos de obstaculización en las investigaciones para que estas fracasen”, señalo.

Para el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, el proceso iniciado en su contra evidencia que la lucha contra la corrupción e impunidad es “una ardua labor” que deben cumplir los fiscales. “Incluso en la propia Fiscalía, porque debemos enfrentarnos no solo a las organizaciones investigadas sino a sus extensiones que se han enquistado en la institución”, finalizó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

El peligroso antecedente que marca la sentencia a Aduviri

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Walter Aduviri Calisaya

Y mientras la gobernabilidad del país se cae a pedazos, con el peligro de llegar a la segunda vacancia presidencial del periodo, orquestada nada menos que desde la CONFIEP, el miércoles se difundió la noticia de la condena a 6 años de prisión del gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya,.

Al margen de que se trate de un personaje siempre polémico, la noticia de esta sentencia ha causado gran preocupación porque puede significar un ataque directo a la democracia instrumentalizando para ello al sistema penal.

Comuneros protestan marchan

¿Qué dio origen a este proceso judicial?

La protesta social realizada en mayo del 2011 por las comunidades aymaras del sur, más conocida como “El Aymarazo”, se produjo tras la promulgación del DS 083 que emitió el entonces presidente Alan García Pérez, autorizando operaciones mineras a la empresa canadiense Bear Creek MiningCorporation- proyecto Santa Ana- dentro del territorio de dichas comunidades, en el distrito de Huacullani; a menos de 50 kilómetros de la frontera con Bolivia, vulnerando lo prescrito por el artículo 71 de la Constitución que prohíbe que dentro de este límite, los extranjeros puedan adquirir o poseer por título alguno, minas, tierras, etc.

El 26 de mayo del 2011, luego de varios días de movilizaciones en Puno, se produjo una gran convulsión y disturbios, que provocaron el incendio de los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación y Aduanas. Fue este hecho el que motivó el proceso judicial contra Aduviri.

¿Cuál fue la participación de Walter Aduviri en los hechos?

En el juicio no se ha probado que el hoy gobernador haya participado directamente de estos actos vandálicos, de hecho no se ha podido determinar quiénes perpetraron estos incendios, sin embargo como Aduviri era el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, el Estado quiere imputarle responsabilidad sobre el mismo.

¿Qué responsabilidad se le asigna a Aduviri?

En la sentencia que se ha dictado el miércoles en Puno, se le considera como “coautor no ejecutivo” del hecho, ¿ qué significa esto? Que pese a que él no ejecutó directamente el delito, sí participó en la planificación del hecho criminal -una suerte de autor intelectual-; en este caso la teoría es que él y los otros miembros del movimiento social idearon un plan para causar los desmanes públicos.

Marcha protesta contra minería minas

¿Por qué es peligroso que se aplique la figura de “coautoría no ejecutiva”?

Porque la figura de “coautor no ejecutivo” legalmente implica que se ha comprobado la existencia de un grupo que se organiza para cometer actos ilícitos; supone que este grupo elabora un plan criminal confeccionado por la pluralidad de sujetos (delincuentes), aunque uno no esté presente durante la ejecución del hecho (como supuestamente sucede en este caso); implica también que este grupo está enterado de los pasos a seguir para concretar el delito; todos los sujetos (delincuentes) forman parte de una estructura horizontal, lo cual quiere decir que no hay jerarquías, y por eso todos son autores.

En ese sentido, si se aplica esta figura a Aduviri o a cualquier dirigente, se está equiparando a las organizaciones sociales con grupos organizados de criminales; se desconocería la legitimidad de la protesta social pues tácitamente se estaría considerando que la misma es un delito y su convocatoria u organización no es más que parte de un plan criminal; se estaría afirmando que los dirigentes sociales son delincuentes que junto al movimiento social tienen por fin cometer ilícitos.

Consecuencia de la aplicación de estas figuras

Responsabilizar a un dirigente social bajo esta condición genera un pésimo precedente para el tratamiento de los conflictos ya que apuntan a reprimir y perseguir a quien disiente. Pero además es un peligroso precedente jurídico que representa un claro retroceso en la garantía de los derechos civiles, tratando de vincular responsabilidades penales solo por ser parte de una organización social.

Dejando en claro que no se pretende impunidad para acciones delictivas que se cometen en el marco de una protesta social, es importante decir que es inaceptable usar las normas de imputación de organizaciones criminales para el juzgamiento de los hechos descritos. Allí solo cabe discriminar, investigar e individualizar a quien cometió los ilícitos, dejando a salvo el movimiento social.

Sin duda, tratar de resolver procesos sociales como las protestas, que son problemas político-sociales, usando la represión y el sistema normativo penal, resulta inconveniente para el orden político y democrático de un país. Y un retroceso enorme en materia de justicia.

 

MIRTHA VASQUEZ
ABOGADA DE APRODEH Y GRUFIDES | NOTICIAS SER

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Política

“Ni un paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad”

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente Martín Vizcarra aseveró que los peruanos exigen un nuevo destino político y decidir su futuro en las urnas como corresponde en una democracia.

“(es un) Derecho que nadie puede impedir”, anotó el Jefe del Estado durante su discurso en la ceremonia por el Día de la Creación del Ejército del Perú Republicano.

“Con miras al Bicentenario de nuestra Independencia, el Perú entero demanda abrir una nueva etapa, los peruanos exigen un nuevo destino, de progreso, desarrollo y bienestar para todos; los ciudadanos quieren decidir su futuro y tienen el derecho de hacerlo en las urnas como corresponde en una democracia, nadie puede impedir este derecho constitucional”, expresó.

El Mandatario afirmó que los miembros del Ejército saben que la defensa de la patria significa hoy luchar contra los enemigos que pretenden socavar las bases del Estado.

NI UN PASO ATRÁS

“Ni un paso atrás frente a aquellos grupos que buscan afectar la unidad y la fortaleza del pueblo peruano. Ni un paso atrás en la lucha frontal contra la pobreza, desigualdad, corrupción y la impunidad que tanto daño le han causado a nuestro país”, dijo.

Remarcó que hoy más que nunca, los peruanos quieren liberarse de estos flagelos para siempre.

El presidente Vizcarra ratificó que su Gobierno es respetuoso de la separación e independencia de poderes, del Estado de derecho y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

FORTALECER EL SISTEMA DEMOCRÁTICO

“Trabajamos para fortalecer el sistema democrático y mejorar las condiciones de vida de todos los peruanos”, añadió.

Apuntó que en circunstancias en las que el Poder Ejecutivo impulsa diversas reformas para fortalecer a las instituciones y ponerlas al servicio de todos los peruanos y no de pequeños grupos privilegiados, “podemos ver en el Ejercito un referente de unidad”, apuntó.

El Dignatario subrayó que el Ejército es una institución sólida, profesional, respetuosa del orden legal y constitucional dedicado no solo a vigilar y defender el territorio nacional sino también a contribuir activamente en el desarrollo económico y social del país.

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