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La frustración en la distribución de utilidades laborales

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Obrero minero sindicato lucha social huelga marcha protesta

¡UNA PERVERSA ENAJENACIÓN DE RIQUEZA!

En la presente coyuntura existe gran expectativa en el conjunto de los trabajadores formales bajo régimen privado incluyendo a las empresas públicas como Sedapal, Electroperú, Petroperú entre otras, por el problema de la distribución de utilidades a los trabajadores.

En tal sentido, en las empresas mineras, industriales, bancos y comercio entre otras están obligadas por ley a depositar las utilidades laborales con los descuentos correspondientes por el Impuesto a la Renta de quinta categoría que asumen los trabajadores.

Después de la declaración jurada ante la Sunat las empresas tienen hasta 60 días para hacer los depósitos, de allí el interés y preocupación de los trabajadores, obreros, empleados, funcionarios y hasta gerentes por este beneficio que resulta un rezago de las reformas laborales del gobierno militar de Velasco Alvarado.

Si bien es verdad, existen límites por ley para su distribución de hasta 18 remuneraciones lo que pueda percibir el trabajador en el año, se consideran como variables en su determinación el número de días trabajados y la remuneración anual de cada trabajador que varía de acuerdo a las particularidades empresariales, calificación y categorías entre otros.

¿QUÉ INCLUYEN?

En esta remuneración se deben englobar los salarios básicos, los colaterales que dependen del básico, las bonificaciones de julio, diciembre, y todas las partidas que asumen las empresas (AFP, capacitación etc.).

Para su determinación se excluyen los ingresos extraordinarios que puedan percibir los trabajadores por cualquier concepto, tales como los bonos de cierre de pacto en las negociaciones colectivas, la compensación por tiempo de servicios (CTS) entre otros rubros.

La importancia de la distribución de las utilidades a sus trabajadores está en el carácter variable de las mismas, pues solamente se distribuirán utilidades cuando se declaren utilidades positivas. Estas utilidades constituyen un ingreso extra siempre y cuando se declaren ganancias antes de impuestos.

Como la realidad tiene una serie de paradojas, puede verificarse casos en que empresas rentables, con mayores ingresos y fortalecimiento patrimonial declaren “pérdidas arrastrables” tributarias de ejercicios anteriores, y por lo tanto las utilidades laborales se minimizan o sencillamente no hay nada que distribuir. De allí el malestar y resentimiento de los trabajadores hacia las empresas.

Marcha protesta contra despidos de trabajadores en huelga en Backus ABInBev

RENTABILIDAD EXTRAORDINARIA

Por ello, resulta evidente el interés de los trabajadores por percibir los mayores montos por concepto de utilidades laborales, pues en el caso de empresas industriales como la Backus &Jhonston, Corporación Lindley les correspondería el 10 % de la utilidades antes de impuestos.

La Backus es prácticamente un monopolio que controla las marcas Cristal, Pilsen, Arequipeña, Cuzqueña, y San Juan entre otras, con distribución a nivel nacional. Aquí los nuevos accionistas han creado empresas subsidiarias como “Backus Marca y Patentes” donde hay que pagarles por el uso de patentes, por el uso de la marca.

Es decir, la Backus se paga a sí misma, pues lo que es egreso en una, constituye ingreso en la otra empresa, y todo queda en familia. Con ello se minimizan las utilidades antes de impuestos, afectando los intereses de los trabajadores.

En el caso de la Corporación Lindley que controla el 73% del mercado de bebidas no alcohólicas, y tiene una posición dominante embotellando y distribuyendo la Coca & Cola, Inca Kola, Fanta, Crush entre otras, también es un caso curioso, pues aproximadamente el 40% de los costos de venta, en relación a las compras de insumos se hacen con empresas vinculadas, filiales y subsidiarias. ¡Es decir, todo queda en casa!

Menciono el caso de estas dos empresas industriales ubicadas en el sector de bebidas ligadas al mercado interno, por los absurdos precios que pagan por el agua extraída de sus pozos propios. Aunque usted no lo crea abonan S/ 0.14 céntimos de sol por cada mil litros de agua cuando los consumidores de las clases medias tienen que abonar S/ 3.15 por el mismo volumen. Y el poblador urbano marginal más de S/ 15 por un tanque de agua.

Por tanto, si el agua es el insumo fundamental en el proceso de elaboración de las cervezas y gaseosas debiera deducirse que la rentabilidad es extraordinaria. Por ello, la obtención de altas utilidades se convierten en todo un problema para las empresas que deben licuarse con una serie de artificios, artilugios contables. ¡Pues hecha la ley hecha la trampa!

Por ello, las empresas contratan a los mejores estudios contables financieros con la finalidad de minimizar el pago de impuestos, las empresas se las ingenian para sobrevalorar los costos y gastos con el objeto de reducir la renta imponible que constituye la base para la determinación de las utilidades laborales y el Impuesto a la Renta.

MINERÍA CON CHOLO BARATO

Si se trata de las empresas extractivas como las mineras que pudieran ubicarse en la gran minería, mediana y pequeña minería la tasa de participación sería el 8% y en el caso de las empresas de servicios financieros o comerciales la participación es del 5%. Por tanto, esta realidad engloba al conjunto de los trabajadores formales, pues debiera ser evidente que las empresas informales no distribuyen utilidades a sus trabajadores.

En la actividad minera donde las empresas tienen ventajas comparativas en razón de los bajos costos tributarios, laborales y ambientales, la distribución de utilidades para los trabajadores tuvo que ser limitada a las 18 remuneraciones. Por ello los trabajadores no gozaron del íntegro de la participación de utilidades, como fue el período de los altos precios de los minerales en la bonanza 2003/2013, cuando los precios se dispararon gracias a la demanda de la China comunista.

Por ello podemos afirmar que la bonanza minera no se ha reproducido en una bonanza de salarios y utilidades para sindicatos del sector. Con mayor razón, cuando los mismos fueron obligados a pactar vigencia de pactos colectivos de tres años y hasta cinco años como fue el caso de la SPCC y Tintaya/Antapaccay entre otros.

COSTOS CONTABLES ELEVADOS

Si la minería que se desenvuelve en nuestro país tiene uno de los costos de producción más bajos a nivel mundial, pues con precios del oro por ejemplo por encima de los US$ 1,280 la onza, y costos directos menores a los US$ 500 las utilidades son elevadas.

Igual en el caso del cobre con precios mayores a los US$ 2.80 la libra y costos promedio de US$ 1.25, es evidente la rentabilidad que era extraordinaria cuando los precios bordeaban los US$ 4 la libra.

Sin embargo, las empresas mineras cargan a costos las depreciaciones, amortizaciones de intangibles, el deterioro de los activos, provisiones diversas, etc. que tienen el efecto final de incrementar los costos, minimizar las utilidades operativas y la utilidad imponible.

En la estructura de costos y gastos de la empresa, se van sumando una serie de conceptos o cuentas que se han de cargar tales como los montos por depreciaciones, amortizaciones, provisiones diversas que constituyen gastos no desembolsados, pues no significan una salida real de dinero para la empresa.

Estos gastos no desembolsados vienen a ser básicamente la depreciación y amortización de activos, donde se provisiona un gasto por el reemplazo de los activos que en tiempo se irán deteriorando, pero en esencia no hay una salida efectiva de dinero, sin embargo se deducen como un gasto. ¡Es decir, las depreciaciones constituyen un recupero del capital!

Es más, las regalías, el impuesto extraordinario y el gravamen minero tienen el carácter de gasto deducible, por tanto con un bolsillo se paga, y con el otro bolsillo se recupera, pero el efecto tributario se expresa en la disminución de la utilidad imponible. Con ello se minimizan no solamente el abono del Impuesto a la Renta, sino también la participación de utilidades a los trabajadores.

También tenemos las provisiones por deterioros de activos e inventarios y diversas provisiones en general que van disminuyendo las ganancias de la empresa y por ende disminuyen la distribución de las utilidades a los trabajadores.

ALGUNOS CASOS

En el caso de transnacionales como Mra. Yanacocha en su mejor momento 1993 al 2010, pues en el presente está bajo la ley de los rendimientos decrecientes con una producción aurífera equivalente a los años noventa del siglo pasado, todo ello a pesar del gran potencial minero que tiene el departamento de Cajamarca.

En las mineras como Mra. Yanacocha no solamente se incluyen los montos por concepto de depreciaciones y amortizaciones, también se incorporan rubros como el pago de regalías por onza producida que se negocian entre privados, y el efecto agotamiento (depletion) que también se carga a los costos. Es decir, las transnacionales valorizan mejor que el propio Estado “sus recursos naturales”.

Por estos diversos rubros que se suman al costo de mina habría que agregarle estos montos con lo cual el costo total llega a superar a los US$ 1,000 por onza producida con lo cual se minimiza la utilidad imponible que sirve de base para la distribución de las utilidades.

También habría que considerar las relaciones entre empresas filiales y matrices, como sería el caso de la empresa minera Shougang Hierro Perú ubicada en la ciudad de Marcona / Ica, donde el 97% de la producción que se ha incrementado de 8 millones de toneladas a más del doble.

Aquí la filial Shougang Hierro Perú le vende casi toda la producción a su matriz Shougang Corporation de la China Popular, donde el directorio está conformado por miembros del Partido Comunista, aunque usted no lo crea.

La unidad minera le compra energía a su filial Shougang Generación S.A. y también mantiene una serie de empresas de contratas vía de servicios de terceros con lo cual se incrementan los costos y se minimiza la utilidad imponible.

La expansión y capitalización de esta empresa minera ha sido posible gracias a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo no solamente por los bajos niveles salariales, discriminación salarial, sino por las pésimas condiciones de trabajo que se expresa en los accidentes incapacitantes y fatales.

EPÍLOGO

Por ello, en su conjunto como la lógica del capital se impone con “férrea necesidad” se trata de maximizar las utilidades, lo que significa al mismo tiempo minimizar los pagos al Estado y de pasada la disminución de la participación de los trabajadores en las utilidades.

De allí la necesidad de apostar por la modernidad en las relaciones entre el capital y el trabajo, bajo el principio de las ganancias compartidas “un winwin”, donde el éxito de las empresas se reflejen en mejores condiciones salariales y de trabajo. Donde el fortalecimiento patrimonial empresarial se corresponda con un mayor bienestar en el conjunto de los trabajadores.

Para el caso de la distribución de las utilidades a los trabajadores urge la necesidad de hacer transparente la información económica financiera, con las cuentas básicas y los anexos correspondientes, pues la gran parte de las empresas al no cotizar en la Bolsa de Valores no están obligadas a presentar ni hacer de conocimiento público los resultados económicos financieros con lo cual se genera desconfianza y resentimiento de parte de los trabajadores, por la falta de transparencia y democracia en la información.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

Publicado

en

Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

Publicado

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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