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La desesperación por silenciarnos

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La desesperación por silenciarnos

El último miércoles se realizó un multitudinario evento de homenaje al maestro César Lévano, que era un evidente reconocimiento a una trayectoria de periodista, escritor, profesor universitario, promotor cultural y musical, luchador social, y al mismo tiempo un claro respaldo a su labor como director de nuestro diario La Primera, desde hace siete años.

No ha sido el único gesto de adhesión y fidelidad de nuestros lectores. Desde que una primera medida cautelar de Indecopi, a comienzos de junio, nos suspendió el derecho a usar el logotipo y el nombre con el que hemos sido reconocidos en el mercado, en una disputa comercial con una fantasmal empresa panameña, las ventas se han mantenido invariables e incluso han mejorado, porque los que nos leen saben distinguir al medio con el que se identifican.

Si se quiere, otra demostración de que no es posible falsificarnos, ha sido el rotundo fracaso del intento del empresario José Lolas Minai (el mismo que está detrás de las cautelares) de poner en circulación una revista que copiaba nuestro logotipo y que duró solo cinco números.

Será porque seguimos a pie firme y que la gente sigue pensando que somos los auténticos y los únicos, que a pesar de habernos privado de nuestros signos distintivos, los promotores de la medida cautelar, se han desesperado y agregado una nueva demanda afirmando que el número 1, que ha estado reemplazando nuestro logo, tampoco lo podemos usar, por una supuesta semejanza.

EL ASPECTO JURÍDICO
En ese punto estamos ahora, en el que existen varias resoluciones de primera instancia de Indecopi, otorgándonos la razón en el sentido que debe cancelarse el registro de la denominación La Primera que fuera registrada a nombre de la empresa afincada en Panamá, Servicios Generales de Asesoría y Administración S.A., sin capital alguno, y de la que figura como representante el señor Lolas.

Esas resoluciones cancelan la marca y el logotipo con la que apareció La Primera en el 2005, y que desde el 2006 dejaron de ser utilizadas por sus propietarios originales.

Estas resoluciones están en apelación, y si se ratifica lo resuelto en primera instancia la empresa panameña no tendría nada que reclamar y los actuales editores del diario tendrían expedito su derecho a reclamar la prioridad en la reasignación de las marcas canceladas.

Como el tiempo corre en su contra, Lolas y la espectral empresa panameña están recurriendo a las cautelares que se sustentan simplemente en que el proceso de cancelación de marcas aún no se ha concluido y que aún son formalmente titulares.

La lluvia de cautelares, la están acompañando además con diversos movimientos para sacar un apócrifo diario La Primera, para lo cual ya contarían con contrato con la imprenta de un diario local y han estado ofreciendo empleo a diversas personas, incluidos miembros de nuestra redacción.

El modo de resolver de Indecopi es, por cierto, no solo contradictorio, porque actúa dando la razón temporal a quien está perdiendo en el proceso principal (de anulación de la marca original), sino que pretende “proteger” un derecho de propiedad que no fue invocado durante años, y que permitió el uso legítimo y consentido no solo por parte de Editorial Nilai SAC, actual editora de La Primera, sino de otras empresas precedentes.

En realidad el efecto real de las cautelares ha sido afectar la edición normal de un medio que sale regularmente y supuestamente favorecer a quien no está produciendo nada. Sopesando los derechos invocados por cada lado, se ve que estamos ante una situación lindante con lo absurdo.

EL ASPECTO POLÍTICO
Pero está fuera de toda discusión que el litigio en marcha tiene un trasfondo profundamente político, porque se trata de una tentativa para dañar, confundir y de ser posible impedir la edición de un órgano de prensa que tiene un papel ganado dentro de la opinión pública nacional.

Somos, como todos lo saben, el diario de las causas nacionales y populares, el bastión reconocido de la lucha contra la corrupción, el actor periodístico principal de los tres últimos procesos electorales, el diario pequeño que enfrenta la gran concentración de prensa.

De cualquiera de estos campos se pueden encontrar dirigentes de la vieja política y grupos de interés poderosos que celebrarían que este diario no existiera. Pero existe y no es un nombre o un diseño gráfico, sino un espíritu independiente y luchador que ha conquistado las calles.

¿A quién y a qué intereses responde la ofensiva del Sr. Lolas en Indecopi? No sabemos, aunque seguramente no es ninguna coincidencia que nos hayamos topado recientemente con declaraciones provocadoras de personajes ligados a la corrupción que son protegidos por otros medios, y cuyo verdadero rostro hemos puesto en evidencia.

Vista desde cierto ángulo, la intentona de desestabilizarnos sigue la lógica de la concentración mediática, porque busca dejar a los lectores sin otras opciones que las que maneja la gran familia.

¿OPERACIÓN MÁS GRANDE?
Falta saber si Lolas está consciente de lo que está haciendo o es un instrumento más de una operación más grande para terminar de controlar los canales de información y los espacios de opinión nacional en el Perú. En lo inmediato, nos hemos sometido nuevamente a los excesos cautelares de Indecopi, que cautelan lo que no existe, y afectan a un medio que mucha gente lee.

La forma que hemos adoptado provisionalmente está expresada en la denominación Diario Uno. Falta saber si Lolas también exija que la palabra Uno, también le pertenece, con lo que podría llegar hasta una controversia con los matemáticos.

Lo esencial sigue siendo, sin embargo, que somos el diario que la gente quiere, éste que usted, amigo lector, tiene en la mano. El que dirige César Lévano. El que hemos sacado adelante y que mantenemos contra viento y marea, el que está orgulloso de ser el número uno en muchos campos, con el favor de nuestros lectores.

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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