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La denuncia intimidatoria de AG

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Alan García Pérez

“¡El que no la debe no la teme!” decía, exaltadamente, el ex presidente Alan García en los 90; pero cuando las investigaciones por enriquecimiento ilícito y sobornos arreciaron, huyó a Bogotá y París, por 8 años y 9 meses, regresando solo cuando la acción penal había prescrito.

Aducía ser víctima de persecución política por parte de la dictadura del Alberto Fujimori, pero al caer ese gobierno, en noviembre del 2000, y entrar el país en una etapa de transición democrática, pudo haber renunciado a la prescripción, como lo permite expresamente el artículo 91 de nuestro Código Penal.

Por su condición de líder de un partido político de vieja tradición, y, sobre sobre todo, al ser el responsable de un desastroso primer gobierno que se vio envuelto en numerosos escándalos de corrupción, como el del tren eléctrico, los dólares MUC, compra ilegal de aviones Mirage, venta de carne podrida importada, o el caso Alfredo Zanatti (quien en un video refirió que García le preguntó: “y cómo es la mía?”), debería haber renunciado a la prescripción, si es que en verdad no la debía, y permitir que las investigaciones se lleven a cabo hasta el final.

Pasados los años, y ya en su segundo gobierno, sacó políticamente el cuerpo calificando de “ratas” a su exministro de Pesquería Rómulo León y al exdirector de Perú-Petro AlbertoQuímper, cuando estalló el escándalo de los petro-audios (en los que se oye de “aceitadas” y “faenones”, negociando millonariamente cuatro lotes petroleros en la Selva), lo mismo hizo contra otros funcionarios de su gobierno, cuando surgió el caso COFOPRI.

Si en el pasado optó por la estrategia del olvido con la prescripción, y la sacada de cuerpo luego; en la actualidad, y en días en que el fiscal José Domingo Pérez le ha iniciado investigación preliminar por el delito de lavado de activos, a raíz de las declaraciones de Marcelo Odebrecth y de Jorge Barata, en el sentido de haberle dado $200,000, a través de Luis Alva Castro, para su campaña presidencial del 2006, ha optado por la estrategia de la descalificación e intimidación.

Al no haber logrado que el fiscal se aparte de la investigación, sus abogados lo han denunciado penalmente por el delito de prevaricato, aduciendo que dicha investigación vulnera los derechos de García, por hacer uso de las declaraciones de Barata, con lo que habría violado el convenio internacional de cooperación entre la Fiscalía de Perú y la Procuraduría de Brasil.

Pero, ningún fiscal comete delito de prevaricato por iniciar una investigación preliminar. Solo cumple con su deber. Si hay un problema de afectación de derechos del investigado, esto se soluciona mediante el mecanismo procesal de tutela de derechos que prevé el artículo 71.4 del Código Procesal Penal, y otros que habilita el ordenamiento jurídico.

Solo sería prevaricato si se formaliza la investigación preparatoria o formula acusación en forma contraria a ley, o empleando una norma derogada, lo que aquí no ha ocurrido, porque se trata solo de una investigación preliminar ¿O es que el Señor Alan García piensa que solamente se debe investigar a todos los que recibieron dinero de Odebrecht, directa o indirectamente, menos a él? Un poco más y seguimos escuchándolo cantar: “Sigo siendo el rey”, como lo hacía en medio de la hiperinflación y recesión galopantes que nos reducían a la miseria durante su primer gobierno.

El objetivo de fondo de su denuncia es intimidar al valiente fiscal Domingo Pérez y dar un mensaje a los demás fiscales que quieran investigarlo: “Si me investigas, te denuncio”. Es también el mensaje a José Antonio Castellanos, que viene profundizando las investigaciones contra el ex secretario de la presidencia de su último gobierno, Luis Nava, y su empresa “Don Reyna” (transferida luego a los hijos de éste), que durante ese periodo gubernamental facturó a Odebrecht hasta 18 millones de dólares, solo por transportar desmonte; negocio que se inició con solo un camión y que fue originalmente propiedad de esa empresa brasileña.

Éste último fiscal tiene la hipótesis de que tal facturación era un sistema de coimas encubiertas que beneficiaba no solo a Luis Nava, sino a alguien de más arriba. Así se explica la pierna en alto del expresidente. En días de Rusia 2018, él considera que la mejor defensa es el ataque. Pero no le vaya a suceder lo que a la Selección de España que, pese a atacar durante todo el partido, cayó en dos penales. Aquí, tal vez, solo sea necesario uno.

El éxito de las investigaciones a Alan García constituye un desafío institucional al Ministerio Público. Esperemos que la denuncia contra José Domingo Pérez sea rechazada. El sistema democrático y la justicia de nuestro país, necesitan demostrar que aquí no hay reyes ni coronas.

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Política

Escándalo en la Comisión Especial que elegirá a integrantes de la JNJ

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Pedro Patrón Bedoya

“Desgraciadamente nosotros ya lo habíamos advertido. Dijimos que así como se está llevando el proceso antes de que se hicieran las bases, nosotros como IDL dimos unas recomendaciones a la Comisión Especial, con mucha anticipación, pero no las tomaron en cuenta”, dijo Luis Purizaga, coordinador del Área de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Nos parece terrible que hayan pasado seis meses del proceso y que al final hayan quedado tres postulantes. Eso nos está mostrando una cosa: o que el proceso de selección está mal hecho o que la Comisión Especial no está a la altura del encargo que se les dio”, afirmó.

“Ante esta situación hay que repensar todas las bases del concurso. Por ejemplo, establecer un nuevo criterio de evaluación. Si el problema que estamos viendo ahora es la etapa de evaluación. Además hemos visto que se hacen las mismas preguntas para todos los postulantes. Esto no es correcto”, observó.

HOJAS DE VIDA NO SON ANALIZADAS

“Hay preguntas que son uniformes. Las preguntas deben ser en función a la realidad y a la trayectoria del postulante por separado. Si nosotros uniformizamos las preguntas para todos, sin tener en cuenta la particularidad de cada uno de los postulantes, perderemos el detalle. Esto es lo que ha pasado con el señor Patrón, por ejemplo”, explicó.

“Como no hay un orden se le preguntó al señor Cuba sobre sus otros trabajos, al señor Dumet con respecto a su labor en el Tribunal Constitucional y al señor Patrónno se le preguntó, por ejemplo, en su desempeño como viceministro en el primer gobierno de Alan García y como secretario económico en el Ministerio de Educación en el segundo gobierno de Alan García”, puntualizó.

“No hay un análisis de la hoja de vida de este señor, que tiene una relación estrecha con el Partido Aprista. Se le hizo una pregunta en ese sentido al señor Patrón, no se le hizo”, enfatizó Purizaga.

SE HA PERDIDO MUCHO TIEMPO

“Eso es lo que nos llama la atención. Esto indica que no se establece con claridad qué es lo que se va a preguntar, además los mismos miembros de la Comisión les pedían que sean puntuales. Mire, a nosotros eso nos preocupa, primero porque se ha perdido tiempo, casi seis meses; no tenemos a ningún miembro de la JNJ elegido”, especificó.

“La Comisión Especial no ha sabido recoger las recomendaciones que le dimos, y no somos la única institución que se las dio; sabemos que Transparencia también le alcanzo recomendaciones”, subrayó.

“Creo que se tiene que revaluar o cambiar la Ley Orgánica y en función de eso hacer un cambio de las bases. Y en el caso del señor Patrón creo que hay un claro conflicto de intereses, esto está clarísimo y no debe juramentar”, aclaró.

ALGO MÁS

Sobre el antecedente del señor Patrón. La Comisión Especial dijo que era un dato nuevo, entonces no se entiende si se trató de una omisión, de pasar una información incompleta y sobre su juicio hay que decir que el proceso sigue. Allí hay una falta muy grave y esto tiene que definirlo la Comisión Especial, porque se les pasó. Si no hubiera sido por las prensa tendríamos al señor Patrón juramentado”, concluyó Purizaga.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Caso se resolverá en el más breve plazo

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Walter Gutiérrez

La Comisión Especial encargada del concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia resolverá el caso del abogado Pedro Patrón Bedoya en el más breve plazo posible, informó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Según dijo a la prensa en una declaración pública, la comisión recogerá información sobre el proceso penal que Patrón tendría pendiente en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica en agravio del Jurado Naciona de Elecciones.

“Hemos recibido información relevante que necesitamos contrastar, es por eso que nos hemos visto en la obligación de suspender la proclamación de la designación del doctor Pedro Patrón Bedoya”, dijo Gutiérrez.

La información que recojan sobre este tema será trasladada a Patrón Bedoya para que formulé los descargos correspondientes, añadió.“Esta información la tenemos que contrastar y lo haremos en el más breve plazo”, manifestó.

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Política

Dice no cobró doble pensión del Estado

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Junta Nacional de Justicia (JNJ)

“Por supuesto que tengo que seguir”, manifestó Pedro Patrón Bedoya en declaraciones a la prensa brindadas tras suspenderse la ceremonia de juramentación como miembro de la JNJ luego de conocerse que tiene un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de falsedad ideológica al haber presuntamente cobrado doble pensión del Estado.

Patrón negó haber cobrado doble al Estado y precisó que el año 2007 presentó una declaración jurada informando que no cobraba ninguna pensión a entidades públicas.

Indicó, además, que el proceso penal iniciado en su contra por este tema ya prescribió hace tres años, pero los procuradores del Estado han presentado algunos recursos legales para mantenerlo abierto.

“De cualquier manera veremos que se hagan las comprobaciones correspondientes y estoy absolutamente seguro de que este asunto se va a aclarar”, manifestó.

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