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La defensa de José Graña

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Un reciente artículo de Ricardo Uceda en La República (05.03.18) revela que una defensa del empresario José Graña de la acusación de corrupción en sociedad con Odebrecht sería que ellos no estuvieron en el pacto original de la coima. “Pongamos que Pedro vende a José el 40% de su restaurante y le pide que, aparte de costear las acciones, le devuelva parte de la coima que tuvo que pagarle al alcalde para obtener la licencia. ¿Quién sobornó a la autoridad: el primer propietario o ambos? De acuerdo con el razonamiento de la Sala de Apelaciones, el segundo socio no cometió el delito de colusión”.

Solo que esa no es una buena analogía, porque la coima se pactó el 2004 y los pagos se hicieron hasta el 2011. Así que para completar la figura, debemos preguntarnos: ¿si usted compra el 40% de un restaurante y 7 años después de esa compra su socio le dice que le pague la parte de una coima que él hizo al comienzo del negocio, pagaría usted? Creo que es obvio que no.

El pedido de compartir la coima solo sería aceptado si es pactado en el momento mismo de la compra del 40% del restaurante.  Sucede además que el pacto corrupto Odebrecht – GyM – Toledo – funcionarios del MTC estuvo funcionando, es decir, se estuvieron realizando pagos de coimas, durante varios años entre el 2004 y el 2011, periodo en el cual también se firmaron más de una decena de adendas al contrato original, todas por supuesto elevando los montos que debía pagar el Estado hasta hacer la Interoceánica Sur un absurdo de cara.

Una analogía mejor sería decir que el dueño del restaurante vendió 40% de las acciones, le contó al nuevo socio de la coima y siguieron juntos aprovechándose más y más del Estado mientras el socio principal se encargaba de ir pagando las coimas, para al final del periodo hacer el “arqueo de caja” y compartir los costos de las coimas con el nuevo socio minoritario. ¿Quién sobornó a la autoridad? Ambos.

Uceda también señala que el proceso tiene “un cariz de ajuste de cuentas contra los ricos (…) especialmente desde que Richard Concepción, cuando dictó las prisiones preventivas, dijo que “sobre todo” eran necesarias para demostrar que la ley se aplica por igual”. Pero el exigir que la ley sea igual para todos es un principio constitucional básico, y exigirlo no es ningún ´ajuste de cuentas´, aunque llame la atención porque en nuestra historia siempre la justicia ha tendido a ser un embudo ancho para los ricos y angosto para los pobres. 

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Política

Escandaloso fallo favorece a la corrupción

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Richard Concepción Carhuancho

El fujiaprismo vive sus horas más difíciles pero eso no quiere decir que ya se haya diluido su poder en la estructura de justicia, que les ha lanzado un salvavidas con la separación del juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación por lavado de activos a Fuerza Popular.

Porque la mafia sigue moviendo sus hilos aunque tengan a todo un país en contra, según se refleja en importantes opiniones recogidas por Diario UNO.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró que acciones como el apartamiento de Carhuancho son un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción.

“Lamentamos mucho que un prófugo de la justicia (Jaime Yoshiyama), mediante su abogado (Humberto Abanto), pueda tener tanto poder. Eso nos indica que hay claros indicios que todavía el Apra y el fujimorismo continúan manejando el Poder Judicial”, aseguró.

Indicó que esto significa un atraso enorme, porque la nueva jueza tendrá que conocer todo el expediente, y a los investigados les permitirá preparar una estrategia que más les convenga.

QUE HABLE LA CALLE

“Y poner de pretexto que el juez Carhuancho se expresó de manera inadecuada realmente solo ellos lo creen, por eso espero que las marchas continúen y que este sistema de justicia de ponga en orden”, agregó.

Afirmó que “la declaración del juez Carhuancho que dijo que Fuerza Popular, además del Apra, tiene capturado el Ministerio Público es una expresión que la compartimos todos los peruanos”.

NO ESTÁ JUSTIFICADA

Maritza García, parlamentaria de Cambio 21, declaró a Diario UNO que es una decisión que no se ajusta a la ley, porque cuando nuestro ordenamiento procesal penal establece las causales y otras circunstancias, obviamente estas tienen que demostrar los actos de un juez imparcial.

“En este caso el juez ha transmitido públicamente parte de un hecho que ya estaba en una resolución judicial, y ha dicho lo que todo el Perú conoce, que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular”, afirmó.

Aseguró que no considera que decir eso sea una causal válida, objetiva y suficiente para apartar a un magistrado probo que estaba tocando a los peces gordos.

LAMENTABLE

Dijo que los avances de la investigación son un hecho histórico “porque jamás en el país hemos podido derrotar a la corrupción y cuando estamos por encerrar a los peces gordos suceden estas cosas. Es lamentable porque es un revés para la lucha contra la corrupción, al menos en esta coyuntura política es una mala decisión”.

Para García es un malestar que lo advierte la población que sigue protestando porque el juez Carhuancho se ha caracterizado por ser un juez objetivo y probo, no tendría porqué costarle el puesto la citada declaración.

“Y la mejor prueba de que Fuerza Popular tenía tomado el Ministerio Público es el blindaje al señor Chávarry durante tanto tiempo y ha tenido que ser la presión de la ciudadanía que ha logrado su alejamiento del cargo”, añadió.

PERJUDICA LAS INVESTIGACIONES

Alberto Quintanilla, legislador de Nuevo Perú, declaró que aunque el juez Carhuancho haya cometido alguna falta o alguna declaración no conveniente, no justifica el apartamiento porque él es el juez natural al que le corresponde encargarse del proceso.

“El apartarlo lo que hace es perjudicar las investigaciones y el juzgamiento de los presuntos actos de corrupción que hay en el caso de Odebrecht. Es un mal precedente porque debilita la lucha contra la corrupción que se ha estado librando con firmeza”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Sentencia equivocada

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Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, declaró a Diario UNO que “en este caso, Carhuancho se exponía innecesariamente pero desde mi punto de vista es una sentencia equivocada aunque con Carhuancho uno puede discrepar y siento que es un juez demasiado canero, que regala las prisiones preventivas, que es una medida extrema”.

Manifestó que no cree que Carhuancho haya demostrado ser parcial, “al contrario es un juez muy imparcial, es decir mete presos a todos, a Ollanta Humala o a Keiko Fujimori, no se le puede acusar de que es un juez parcializado. Eso sería injusto y por tanto, viendo su actuación, me parece que es una sentencia equivocada esta que lo ha sacado de estos casos tan importantes”.

“Y tengo algunos reparos por la trayectoria que he visto de la nueva jueza, que tiene unos fallos que no me parecen tan buenos, como los favorables a Félix Moreno. Ojalá este cambio no tenga ningún efecto en el caso cocteles, porque estará bajo el ojo de todos, porque supuestamente el cambio está hecho para eso”, añadió.

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Política

Estrategia para liberar a Keiko

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Keiko Fujimori detenida sonriendo

Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que es más que evidente que se ha ejecutado una estrategia de desplazar al juez Carhuancho para crear mejores condiciones para que Keiko y su entorno puedan salir de la prisión y liberarse de los procesos que tienen.

“Las declaraciones de Carhuancho han sido apresuradas en las circunstancias en que él se encontraba pero reflejan un sentimiento nacional que en el momento en que declara no significaba un adelanto de opinión sino que corroboraba algo que era absolutamente diferente”, destacó.

Además, agregó: “La Sala de Apelaciones debió evaluar las consecuencias de sacar a un juez que tiene continuidad y conocimiento del caso y que es emblemático, de enorme repercusión nacional y de mucha trascendencia en la lucha contra la corrupción. Y lo han sacado de manera apresurada, sin audiencia pública”.

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