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La crisis de régimen ha cruzado un rubicón

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Marcha protestas contra Chávarry

La sociedad está movilizada y aunque su dirección es todavía dispersa, la acción ciudadana parece haber arrinconado a los poderosos de antaño y estos podrían estar viviendo las vísperas de su liquidación política.

Hace un año, con el indulto a Alberto Fujimori, se inició una crisis de régimen político que se ha agudizado gravemente con los intentos de remover a los fiscales del caso Lava Jato por el híper cuestionado fiscal Chávarry.

Lo que para algunos podía parecer oscuro antes de estos hechos, hoy queda claro para todo el Perú: la mafia fujiaprista se resiste a ser investigada por la justicia y está dispuesta a usar todo su poder para impedirlo.

Las cosas, sin embargo, no parecen ser como hasta hace pocos años cuando ellos hacían lo que les venía en gana. La sociedad está movilizada y aunque su dirección es todavía dispersa, la acción ciudadana parece haber arrinconado a los poderosos de antaño y estos podrían estar viviendo las vísperas de su liquidación política.

La lucha anticorrupción traza hoy una línea entre los peruanos demócratas que quieren un país mejor y la élite corrupta que ha tenido el poder desde el golpe de Estado del cinco de abril de 1992.

PA

Ahora, queda claro que la lucha anticorrupción sintetiza el conjunto de demandas populares, revelando en toda su podredumbre la injusticia reinante. Por ello, limpiar la casa se convierte en el punto clave para enfrentar los problemas nacionales.

En este momento la lucha anticorrupción tiene el liderazgo del presidente Martín Vizcarra, él ha fijado la agenda y ha tomado la iniciativa. Esto ha permitido crear un gran frente democrático anticorrupción cuyo primer resultado se vio en el referéndum.

Es imperativo entonces acompañarlo en todas las iniciativas que apunten a golpear a la corrupción y terminar con esa lacra. Sin embargo, ha llegado también la hora en esta lucha democrática de plantear una agenda alternativa.

Para Martín Vizcarra y los neoliberales que lo acompañan, muchos compartiendo de buena fe la confianza en el modelo, se trata de un problema de personas que se resuelve con el cambio de las mismas y mayores o menores reformas institucionales que afiancen el sistema actual.

Esto se expresa en el reiterado planteamiento de disminuir los ya precarios derechos laborales de los trabajadores, con el argumento falaz de que son costos que hay que eliminar para que la economía recobre su competitividad.

CAMBIOS DE FONDO

Empero, la historia corta de los últimos casi treinta años nos dice otra cosa. La transición liderada por Valentín Paniagua se frustró por no cambiar la Constitución impuesta por la dictadura de Fujimori y Montesinos y la “Gran Transformación” de Ollanta Humala, primero la diluyeron y luego se abandonó totalmente dejándonos en lo mismo. En ambos casos se tuvo la esperanza de cambios dentro del modelo con las consecuencias que todos conocemos.

Para los que partimos de una crítica al modelo reinante, instituido precisamente a partir de un golpe de Estado, la solución no se puede quedar en cambios personales o afeites institucionales. Tenemos la necesidad de ir a cambios de fondo que transformen las raíces de la república criolla hoy en crisis.

El objetivo es entonces una nueva Constitución que sirva de herramienta para cambiar no solo el modelo económico y el poder del Estado, sino también el control de las mentes y los cuerpos afianzados en las últimas décadas.

Entramos, entonces, a un período arduo, en el que hay que terminar con el dominio fujiaprista que organizó el poder por la vía de la corrupción y ganarle la iniciativa a los que quieren darle una solución a la crisis volviendo, únicamente, a ordenar el dominio neoliberal. Pero ello, solo será posible si nuestra alternativa es de conjunto y va a las raíces de las profundas y variadas desigualdades en las que vivimos.

ABRIR LA DEMOCRACIA

En este camino de reformas, se debaten a contrapunto un camino tecnocrático y otro democrático. Por un lado, los que asumen tener el monopolio del conocimiento y quieren cambiar algo para que nada cambie, guiados por la ideología de “hacer bien las cosas”. Por otro, los que queremos abrir las puertas a la participación popular que nos lleve a nuestro objetivo transformador.

En este sentido, es prioritaria una reforma política dirigida a abrir el sistema democrático, terminando con las “barreras de acceso” tanto a los movimientos sociales como a los partidos.

No nos restringimos nada más a los partidos políticos, que son los vehículos de la representación, sino hacemos hincapié en la gruesa legislación de criminalización de la protesta que hay en el Perú y que impide en buena medida que las organizaciones populares planteen sus reclamos.

Promover la acción colectiva para que la sociedad se movilice, es lo que dará base real a la renovación partidaria y a la posibilidad de que confluyan participación y representación para renovar efectivamente la política.

En lo inmediato esto significa cambiar el obsoleto sistema de recolección de firmas para registrar un nuevo partido legal.

Silenciosamente el fujimorismo, con el apoyo del Partido Aprista, aumentaron el número de firmas en los últimos diez años, yendo del 1 al 4% del registro electoral, (800,000 firmas aproximadamente) con lo que han hecho prácticamente imposible la inscripción de nuevos partidos.

ELIMINAR BARRERAS

Con la liquidación de esta mafia política y judicial deben terminar también estas barreras que solo apuntaban a su sobrevivencia.

Es imperativo que todos los partidos vuelvan a inscribirse como tales, y manifiesten su vitalidad política registrando el funcionamiento de un número importante de comités provinciales, para indicar que no son membretes de ocasión, sino organizaciones de participación y representación ciudadana.

Asimismo, que se instituyan las elecciones primarias, abiertas. simultáneas y obligatorias (PASO), para democratizar la elección de los candidatos para puestos de representación popular. De esta manera se podrá renovar el espectro partidario y daremos un paso más para tener partidos democráticos que merezcan el nombre de tales.

La crisis de régimen no parece hoy tener vuelta atrás en el Perú. Sin embargo, la reforma del mismo es una larga marcha que no nos llevará de inmediato al objetivo de una Nueva Constitución.

Hay que avanzar por el camino democrático del reformismo consecuente, que permita calar en una amplia mayoría popular la necesidad de una nueva Carta Magna, como un nuevo contrato social entre los peruanos. Esta será la base para un acuerdo de largo alcance que nos permita tener una República Democrática.

ALGO MÁS

En este camino de reformas, se debaten a contrapunto un camino tecnocrático y otro democrático. Por un lado, los que asumen tener el monopolio del conocimiento y quieren cambiar algo para que nada cambie, guiados por la ideología de “hacer bien las cosas”. Por otro, los que queremos abrir las puertas a la participación popular que nos lleve a nuestro objetivo transformador.

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Política

Quieren deshacerse de fiscales Lava Jato

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Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón

La noticia no es una novedad. Porque sabemos que Pedro Chávarry quiso hacer lo mismo el 31 de diciembre el año pasado. Pero el pueblo organizado se lo impidió protestando en las calles.

Sin embargo, hay algo que está bien claro: que el Congreso, a través de su presidente Pedro Gálvez Olaechea, y los cuellos blancos, en una simbiótica y bien orquestada jugada en pared, pretenden acorralar al presidente.

Esto, porque saben que Martín Vizcarra apoya el Equipo Especial Lava Jato, cuyas investigaciones están dejar peor parada de lo que está a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, a la cual se le ha ampliado las investigaciones como organización criminal.

Por ello, el presidente debe, cuanto antes, presentar la cuestión de confianza y acabar con el “me zurro” de Gálvez Olaechea, que en vez de extenderle la mano, descaradamente hace una labor de zapa al Ejecutivo.

LOS HERMANITOS CONTRAATACAN

“Los hermanitos se están reacomodando y contraatacando. Han visto que sus aliados políticos, el fujimorismo y el Apra, están ganando terreno en medio de la debilidad del presidente, y los fiscales supremos creen que ha llegado la hora de darle la estocada mortal a la lucha contra la corrupción”, dijo Glatzer Tuesta, director de Ideeleradio.

“No tengo la menor duda que esta es una acción que ellos han tomado en clara combinación o sintonía con la vacancia presidencial, es decir: todos están sobre un solo objetivo: traerse abajo la lucha contra la corrupción”, precisó.

“Lo que están haciendo es retomar el control del sistema de justicia del presidente de la República. Los fujimoristas y los apristas querían era manejar a Vizcarra como un monigote y que HinostrozaPariachi esté manejando sus cosas en el Poder Judicial y a Chávarry como Fiscal de la Nación. Este era el Plan A”, subrayó.

“Como Vizcarra no fue lo que pensaban, ellos empezaron en sus desesperación a dar manotazos de ahogados. Y ahora sienten que se están reconfigurando. Ya el Apra pidió la vacancia de Vizcarra, hoy día (ayer) Olaechea empezó contraatacando al presidente para que se rectifique por lo dicho en Tía María y los fiscales haciendo lo suyo”, comentó.

“Es un plan muy bien orquestado con un nivel de sintonía casi telepático. Debemos impedir que nos vuelvan a robar la justicia y es la oportunidad de elevar nuestra voz de protesta. Ojalá que el presidente se anime a usar su as y no se deje liquidar”, concluyó Tuesta.

OLAECHEA SABOTEA ADELANTO DE ELECCIONES

El jurista Guillermo Olivera Días opinó que efectivamente hay un juego en pared entre la mayoría fujiaprista-topos y los fiscales cuellos blancos, y que el presidente Vizcarra debe ya cerrar el Congreso e impedir más maltratos y juegos antidemocráticos.

“El mensaje de Pedro Olaechea es un sabotaje al proyecto de adelanto de elecciones del Poder Ejecutivo, al cual ni lo menciona siquiera. Al no mencionarlo inconstitucionalmente, no le está dando la preferencia que le brinda la Constitución en su artículo 105”, advirtió.

“El Poder Ejecutivo puede presentar un proyecto de reforma constitucional y el Congreso tiene la obligación constitucional de tratarlo con preferencia. En este caso ni siquiera ha movido un dedo respecto al referido proyecto”, alertó.

“Hace días se ha presentado el proyecto y Olaechea no ha convocado a la Junta de Portavoces para ver el trato que le deben dar, para agendarlo o para lo que fuere. Eso significa un sabotaje y gravemente dice que le está extendiendo una mano al presidente. No le está extendiendo la mano, se la está quitando, porque le está diciendo me zurro en su proyecto de adelanto de elecciones”, reafirmó.

“El presidente del Congreso se está zafando del cumplimiento de la Constitución. Esta haciendo una labor de zapa contra la norma constitucional. Eso no es para esconderlo y eso es lo que está haciendo Olaechea”, sentenció.

ALGO MÁS

“El presidente de responder mañana mismo (hoy) y debe enviar un escrito exigiendo que de inmediato se vea en el Pleno el proyecto de adelanto de elecciones, porque así lo pide absolutamente el pueblo”, concluyó Olivera.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Cuellos blancos quieren remover a Vela y Pérez

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

Los fiscales supremos Tomás Gálvez, Pedro Chávarry y Víctor Rodríguez pidieron la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.

La titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, y el fiscal Pablo Sánchez se opusieron al pedido. Vela Barba y Pérez Gómez no asistieron a la Junta de Fiscales Supremos porque tenían una reunión de trabajo, según argumentaron.

La solicitud fue presentada el pasado viernes durante la Junta de Fiscales Supremos. Gálvez señaló que Vela y Pérez habían defraudado al Ministerio Público y al Estado por “favorecer a Odebrecht”.

Esto debido a que ambos expresaron que se respete el acuerdo de colaboración con la constructora brasileña que solicitó la devolución de 524 millones de soles por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.

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Política

¿Un gobierno de la CONFIEP?

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¿Un gobierno de la CONFIEP?

En medio de la confrontación Ejecutivo-Legislativo, y el posible adelanto de elecciones (o la renuncia de Vizcarra), se ha abierto la posibilidad de un gobierno de la CONFIEP, justo en el momento en que más lo necesitan las grandes corporaciones.

El distanciamiento de la segunda vicepresidente, Mercedes Aráoz, del presidente Vizcarra, y su insistencia de que no renunciara, abre en el actual escenario esta posibilidad, sobre todo si tiene el apoyo de grandes poderes económicos y mediáticos.

Esta fórmula podría resultar una “salida negociada” que provoque la renuncia de Vizcarra y que haga asumir “constitucionalmente” la presidencia a Aráoz. La jugada es posible aunque arriesgada.

Existe entonces la posibilidad de que se forme un nuevo triángulo de poder elitista con Aráoz a la cabeza en coordinación con el Congreso.

El plan exige que el Congreso siga presidido por el gran empresario vitivinícola Pedro Olaechea-Álvarez Calderón (grupo Tacama), con apoyo de la coalición fujimorista, que tiene detrás a Roque Benavides Ganoza (grupo Buenaventura, Yanacocha, Cerro Verde), el principal grupo minero nacional-extranjero del país; y que Mercedes Aráoz (segunda vicepresidenta, amiga de PPK y parte del grupo de consultoras corporativas que llegó al poder a las justas el 2016) no renuncie y asuma el poder.

La manera como Vizcarra le ha sacado el cuerpo a Tía María ha indignado a los inversionistas, que exigían a través de sus voceros (como en Las Bambas), una salida represiva presentada como “defensa del Estado de derecho”, lo que vuelca a la CONFIEP y las corporaciones que están detrás, banqueros y mineros, a buscar otra opción de gobierno que apoye su política de mano dura y no más investigaciones.

De ese modo se articularía el Ejecutivo con el Legislativo para demorar o descarrilar las investigaciones en curso del Poder Judicial, rechazando el acuerdo con Odebrecht para de esa manera impedir que fluyan las pruebas, que es parte del arreglo de esta gran coalición que afecta a importantes sectores de la gran empresa. En paralelo, se pondría énfasis en “la estabilidad” y “el retorno a la senda del crecimiento”, al mismo tiempo que se perfilarían medidas represivas.

Sería un gobierno provisional de la CONFIEP, que se forma justo en el momento que caen sus ganancias y se acrecientan sus temores, estando preocupados por el “ruido político” y las investigaciones judiciales que tocan a todo el Club de la Construcción, a varios de los principales estudios de abogados de asesoría corporativa, a numerosos tecnocracias que aprobaron los proyectos en la hasta ahora intocada Pro Inversión.

Ello sin dejar de mencionar al propio PPK, de quien hasta ahora se le tolera su detención domiciliaria como un preso más especial y cuyas investigaciones también pueden parar.

Es muy importante para las elites abogadiles y empresariales evitar por todos los medios que se juzgue un caso de conflicto de intereses en la medida que ocurre con notable frecuencia con la puerta giratoria. Hay que bloquear que se tenga un precedente.

El problema de esta opción es que desnuda el poder y podría generar una crisis de régimen si se genera una amplia oposición popular ante las influencias más abiertas de la CONFIEP, el freno a los esfuerzos anticorrupción y las medidas represivas.

 

FRANCISCO DURAND
 OTRAMIRADA.PE

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