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La corrupción está devorando a la madre naturaleza

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“La corrupción está devorando a la Madre Naturaleza” es una de las advertencias, conclusiones y denuncias de las organizaciones indígenas y campesinas que concurrieron a la Cumbre de los Pueblos realizada simultáneamente a la VIII Cumbre de las Américas “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, el 13 y 14 en Lima.

Para los pueblos indígenas, la destrucción de los bosques y la fauna, el envenenamiento de los ríos y lagos y la extinción de la biomasa pesquera, la contaminación de los suelos, la instalación de megalatifundios de palma aceitera con su secuela de despojo y violencia, la apertura de carreteras en zonas de conservación y territorios de los pueblos indígenas no contactados, es una amenaza a su supervivencia.

Porque con la muerte de la Madre Naturaleza, los pueblos indígenas pierden sus prácticas, saberes, conocimientos, cosmovisiones y cosmologías, su cultura, valores, símbolos y paradigmas

LA CORRUPCIÓN Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En uno de los debates más importantes organizados en el marco de la Cumbre de los Pueblos titulado “El Impacto de la Corrupción en los Derechos de los Pueblos Indígenas”, organizado por la congresista de “Nuevo Perú”, Tania Pariona Tarqui, un grupo de comunidades y organizaciones indígenas andino-amazónicas demostraron con pruebas irrefutables que los más graves problemas que enfrentan en sus tierras y territorios tienen una explicación: la corrupción.

Uno de los casos más dramáticos ocurre con la Comunidad Nativa “Tres Islas” en Madre de Dios. El propio Estado, sin consentimiento y autorización de la comunidad, ha concesionado a la minería el 60 por ciento del territorial comunal. El mismo abuso ha cometido el Gobierno Regional de Madre de Dios que ha otorgado concesiones agrícolas en el ámbito de “Tres Islas”, así como la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que ha autorizado el uso del agua a terceros.

Para detener los daños ambientales y sociales, que incluye amenazas de muerte a sus dirigentes, “Tres Islas” inició acciones legales a través de un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el año 2012. El TC emitió una sentencia histórica en favor de la Comunidad. Pero la corrupción ha impedido la ejecución de la sentencia.

Otro caso, realmente trágico, es lo que sucede con los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua y Nanti (RTKNN) localizados en los distritos de Megantoni y Sepahua, en las provincias de La Convención (Cusco) y Atalaya (Ucayali). El pueblo Nahua fue contactado en los años 80 por trabajadores de la Shell provocando la muerte de la mitad de la población víctima de epidemias. El devastador contacto se produjo porque el Estado otorgó derechos de exploración a la Shell sobre el Lote 88 de

CAMISEA. EL 70 POR CIENTO DEL LOTE ESTÁ SUPERPUESTO A LA RTKNN.

Pero una nueva amenaza se cierne sobre los Kugapakori, Nahua y Nanti. Esta vez, paradójicamente, el peligro proviene de la Ley de Protección de Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial, Ley No. 28736. Esta norma permite el aprovechamiento de recursos naturales por necesidad pública y de interés nacional en territorios de los PIACI.

EL ESTADO CAPTURADO Y LA CORRUPCIÓN

Podríamos citar muchos otros casos que prueban y demuestran que el tema de fondo de la corrupción es la captura del Estado por los poderes fácticos y el control que estos poderes tienen sobre todo el sistema. Tal como señala William Robinson, la crisis estructural del sistema neoliberal capitalista intenta ser resuelta poniendo en marcha cuatro estrategias: asalto y saqueo de los presupuestos públicos, la expansión de crédito, la frenética especulación financiera y la acumulación militarizada. Marcelo Odebrecht utilizó la primera estrategia: asalto y saqueo del presupuesto y las finanzas públicas con la complicidad de las clases política, empresarial y la burocracia, todas ellas corruptas y un Estado capturado por estas clases.

Por eso serán un saludo al banderín los 57 compromisos contra la corrupción suscritos por los gobiernos que concurrieron a la VIII Cumbre y también no pasará de las buenas intenciones del combate a la corrupción de Vizcarra y Villanueva si, ambos, con el apoyo de todas las fuerzas sociales honestas y democráticas del país, no liberan al Estado capturado, como ha señalado reiteradamente Francisco Durand, por los poderes fácticos, empezando por la CONFIEP.

Estos poderes fácticos le deben al Perú más de 100 mil millones de soles en exoneraciones, deudas, devoluciones y otras suculentas granjerías que ellos han impuesto al Estado peruano con la corrupción.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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