Contáctanos

“La consulta previa en el Lote 192 es legítima”

Publicado

en

El antropólogo Diego Saavedra dice que cualquier programa que potencialmente signifique una afectación tiene que ser sujeto a consulta.

El segundo año de gobierno de PPK está marcado por los conflictos sociales: 177 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 73% de estos conflictos son socioambientales, entre ellos se encuentran la demanda de la Consulta previa alrededor del Lote 192. El antropólogo Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en un nuevo proceso de licitación en este lote se debe impulsar un proceso de consulta previa: “Cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta”.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

—El inicio del segundo año de gobierno de PPK está marcado por diversos conflictos, hay 177 conflictos, y un 73% son alrededor del tema ambiental…
—Hay dos elementos para entender y discutir la agenda de los conflictos sociales, uno tiene que ver con la definición de conflictos y cuáles son los parámetros que el Estado usa para determinar qué es y qué no es un conflicto, y ahí es importante recordar las declaraciones del viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien señaló que no existían conflictos en el Perú o que eran mínimos, está es una definición negacionista de los conflictos y es peligrosa porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de dialogo y de participación permanente.

De los 177 conflictos que hay actualmente, 130 son socioambientales, por disputas en la gestión de los recursos naturales, donde hay múltiples agendas sobre el aprovechamiento de la tierra, el agua y el reconocimiento territorial, además de agendas que tienen que ver con servicios básicos, como la afectación a la salud por contaminación. Estamos hablando que más del 70% de los conflictos están vinculados directamente a comunidades campesinas, nativas e indígenas.

—46 años de explotación petrolera alrededor del Lote 192 que no se ha traducido en crecimiento en las poblaciones de la zona de influencia. Este es un conflicto que ningún gobierno se ocupó de atender en décadas…
—Estamos en un nuevo punto de quiebre de este conflicto; en el 2015 la PCM con los dirigentes indígenas firmaron un acta de acuerdos con la demanda histórica que garantizaría remediación, atención en salud (…), sin embargo el avance ha sido muy limitado en cuanto a los compromisos del gobierno de ese entonces, paralelamente hay otra agenda que ha activado nuevamente el conflicto, que es la de volver a explotar ese lote, pero ni el gobierno ni sus autoridades han sido capaces de comprometer esta nueva concesión a un proceso de consulta previa.

—¿Es legítima la demanda de la Consulta previa?
—El derecho a la consulta previa es legítima; tanto el reglamento como la Ley de consulta dicen que cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta, está en manos del Ministerio de Cultura y Energía y Minas iniciar este proceso, pero no existe una mínima voluntad; entonces es difícil creer que el gobierno tenga voluntad para cumplir con los acuerdos que se pactaron en el 2015, donde las comunidades están exigiendo desde hace bastante tiempo celeridad en la atención en salud, saneamiento físico y territorial.

—Bajo la excusa de que se trata de un lote que ya ha sido explotado el sector minero e hidrocarburos señala que no es legítima la demanda de consulta…
—Hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos, desde hace más de cuatro años, con la recesión económica y la caída del PBI se avivan fantasmas y activa mecanismos para que el Estado busque destrabar inversiones y reducir estándares. Esta lógica va en contra de muchos derechos, y el problema de esta lógica es ver el proceso de explotación petrolera como una continuidad y no es así, estamos hablando de un nuevo proyecto, donde se necesitan nuevas evaluaciones ambientales, se necesita saber cuáles son las condiciones ambientales de ese territorio que no son las mismas de hace 20 o 40 años, necesitamos conocer los impactos acumulativos que ha dejado la actividad petrolera en estos 40 años. Afirmar que no se necesita consulta sobre un proyecto que se explotó hace 10 o 20 años es una clara vulneración a la Ley de Consulta.

—Los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas han dejado más de un centenar de muertos en casos como Bagua, Cajamarca, Loreto, otros. ¿Por qué estás muertes y tragedias no nos ha dejado lecciones y aprendizajes?
—Porque la concepción de cómo se gestiona el Estado no incluye políticas permanentes y claras con la población. El Estado desde hace 20 o 25 años sigue con políticas públicas que no es capaz de institucionalizar espacios de diálogos.

En Colombia se ha institucionalizado un espacio donde las poblaciones indígenas se pueden reunir con representantes del gobierno cada seis meses, un espacio gestionado con recursos del gobierno. En cada reunión vienen los líderes indígenas de todo el país y se sientan con ministros y viceministros y discuten bilateralmente sobre sus problemas. ¿Qué tenemos en el Perú? Todas las mesas de diálogo o de desarrollo existen pos conflicto y no son prioridad de ningún sector, en esas mesas no se sienta ningún ministro a dialogar o a escuchar las demandas, esa es la mirada que se le da a los conflictos.Lamentablemente en el país solo hay una preocupación, que es la de generar rentas.

ROL DE VIGILANCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

—Son cuatro décadas de impactos ambientales significativos, muchos de los derrames han sido alertados por las organizaciones indígenas ¿por qué el Estado no reconoce el rol de vigilancia indígena?
—Las comunidades que son parte de las cuatro cuencas detectaron entre los años 2013-2014 más de 2,000 pasivos ambientales en la zona del Lote 192 y anexos, de los cuales finalmente la OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar. Los sistemas de vigilancia indígena han existido desde siempre como mecanismos de control y gestión territorial en zonas remotas del país, donde muchas veces el Estado no está presente, como es el caso del Lote 192. Estas actividades han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por las actividades extractivas, como los derrames de petróleo, sin embargo aún estamos lejos de que todo lo identificado y recogido por estos sistemas de vigilancia sea tomado en cuenta por el Estado, aunque sí se han dado avances en regiones como Ucayali y Loreto, donde se han aprobado Ordenanzas Regionales que reconocen la vigilancia indígena.

—En el Congreso hay un pre dictamen del Proyecto de Ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena ¿está en la agenda de la Comisión de Pueblos Indígenas priorizar este tema?
—Recientemente la sociedad civil y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han tenido una reunión con la Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Existe una voluntad por retomar el trabajo para generar una discusión más amplia sobre la vigilancia indígena y sobre las posibilidades de aprobar el Proyecto de Ley que propone su reconocimiento. Esto es una tarea que pasa por dialogar con las diferentes bancadas del Congreso.

Barcos botes en río navegable de la selva

HIDROVÍA
El territorio es uno y la vinculación del agua y la tierra es indivisible

—Se viene desarrollando el proceso de consulta previa alrededor del proyecto Hidrovía Amazónica. ¿Cuáles son los acuerdos y las demandas más importantes de los 14 pueblos indígenas ‘afectados’ por esta mega obra?
—En un primer momento hubo una disputa sobre la definición de “territorio” por tratarse de un entorno acuático, por lo que los ríos no calificarían como territorio. Sin embargo, los pueblos indígenas hicieron entender a los funcionarios que el territorio es uno, que la vinculación del agua y la tierra es indivisible. Este es un punto de partida muy importante porque la definición e identificación de los impactos del proyecto no se enfocarán solo en los ríos, sino en todo el ecosistema.

Con estas definiciones se llegó a acuerdos muy importantes como: la construcción de un programa de vigilancia indígena que sea reconocido por el Ministerio de Cultura y capacitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y la incorporación de sabios indígenas en el equipo que elaborará el Estudio de Impacto Ambiental. Esto permitiría que las expectativas, conocimientos y propuestas de los pueblos indígenas sean incorporados.

—¿Todos los acuerdos son viables económicamente?
—Los acuerdos de este caso en particular –Hidrovía– no implica mayor gasto al Estado, se trata de desarrollo de capacidades, y voluntad política y técnica para fiscalizar su cumplimiento.

Donde hay un desafío de gestión económica es en la estrategia para -una vez reconocida e institucionalizada la vigilancia indígena- ver su sostenibilidad de gestión, que esté enfocado en capacitaciones, implementación de equipos técnicos, herramientas de comunicación que permitan una articulación en tiempo real con las autoridades, etc. Esta es una tarea que el Estado debe asumir.

Seguir leyendo
Anuncio

Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

Publicado

en

Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

Seguir leyendo

Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

Publicado

en

Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

Seguir leyendo

Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

Publicado

en

Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

Seguir leyendo

Lo más reciente

Alan García Pérez - Odebrecht Alan García Pérez - Odebrecht
Políticahace 1 día

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el...

Tren eléctrico Metro de Lima Tren eléctrico Metro de Lima
Políticahace 1 día

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico...

Alberto Fujimori Alberto Fujimori
Políticahace 1 día

Informe médico descarta gravedad de exdictador

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado,...

Keiko Fujimori Keiko Fujimori
Políticahace 1 día

“Un abuso que no tiene nombre”

Demoró un día en reaccionar Keiko Fujimori ante la disposición del juez Carhuancho de someter a prisión preventiva a Ana...

Alan García Pérez Alan García Pérez
Políticahace 1 día

Tren Eléctrico: el sorpresivo giro de la situación de Alan García

En el megacaso Lava Jato (2016-2018), en el cuadro de nuestros expresidentes involucrados, Alan García Pérez era hasta el jueves...

Luis Mejía Lecca Luis Mejía Lecca
Políticahace 1 día

Mejía Lecca pasó a la carceleta, Figari a Castro Castro y Hertz a Chorrillos

El extesorero y personero legal de Fuerza Popular, Luis Mejía Lecca, pasó anoche a la carceleta del Poder Judicial en...

Pedro Gonzalo Chávarry Pedro Gonzalo Chávarry
Políticahace 1 día

Ahora le toca al fiscal Chávarry

Después de amenazas y dimes y diretes con el fiscal Pérez, Pedro Chávarry, fiscal de la Nación, dio su brazo...

César Villanueva César Villanueva
Políticahace 1 día

Prioridad es continuidad de obras e inversión pública

César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, clausuró en Tarapoto el taller de inducción para las autoridades municipales electas de...

Moisés Mamani Moisés Mamani
Políticahace 1 día

Repudio total a fujimorista Mamani

El barco de Fuerza Popular vuelve a hacer agua y, para impedir que termine de hundirse, el partido naranja reaccionó...

Martín Vizcarra Cornejo Martín Vizcarra Cornejo
Políticahace 1 día

Erradicar toda forma de violencia

En la XXVI Cumbre Iberoamericana que se realiza en Guatemala, el presidente Martín Vizcarra resaltó la necesidad de superar las...

Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.