Contáctanos

“La consulta previa en el Lote 192 es legítima”

Publicado

en

El antropólogo Diego Saavedra dice que cualquier programa que potencialmente signifique una afectación tiene que ser sujeto a consulta.

El segundo año de gobierno de PPK está marcado por los conflictos sociales: 177 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 73% de estos conflictos son socioambientales, entre ellos se encuentran la demanda de la Consulta previa alrededor del Lote 192. El antropólogo Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en un nuevo proceso de licitación en este lote se debe impulsar un proceso de consulta previa: “Cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta”.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

—El inicio del segundo año de gobierno de PPK está marcado por diversos conflictos, hay 177 conflictos, y un 73% son alrededor del tema ambiental…
—Hay dos elementos para entender y discutir la agenda de los conflictos sociales, uno tiene que ver con la definición de conflictos y cuáles son los parámetros que el Estado usa para determinar qué es y qué no es un conflicto, y ahí es importante recordar las declaraciones del viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien señaló que no existían conflictos en el Perú o que eran mínimos, está es una definición negacionista de los conflictos y es peligrosa porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de dialogo y de participación permanente.

De los 177 conflictos que hay actualmente, 130 son socioambientales, por disputas en la gestión de los recursos naturales, donde hay múltiples agendas sobre el aprovechamiento de la tierra, el agua y el reconocimiento territorial, además de agendas que tienen que ver con servicios básicos, como la afectación a la salud por contaminación. Estamos hablando que más del 70% de los conflictos están vinculados directamente a comunidades campesinas, nativas e indígenas.

—46 años de explotación petrolera alrededor del Lote 192 que no se ha traducido en crecimiento en las poblaciones de la zona de influencia. Este es un conflicto que ningún gobierno se ocupó de atender en décadas…
—Estamos en un nuevo punto de quiebre de este conflicto; en el 2015 la PCM con los dirigentes indígenas firmaron un acta de acuerdos con la demanda histórica que garantizaría remediación, atención en salud (…), sin embargo el avance ha sido muy limitado en cuanto a los compromisos del gobierno de ese entonces, paralelamente hay otra agenda que ha activado nuevamente el conflicto, que es la de volver a explotar ese lote, pero ni el gobierno ni sus autoridades han sido capaces de comprometer esta nueva concesión a un proceso de consulta previa.

—¿Es legítima la demanda de la Consulta previa?
—El derecho a la consulta previa es legítima; tanto el reglamento como la Ley de consulta dicen que cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta, está en manos del Ministerio de Cultura y Energía y Minas iniciar este proceso, pero no existe una mínima voluntad; entonces es difícil creer que el gobierno tenga voluntad para cumplir con los acuerdos que se pactaron en el 2015, donde las comunidades están exigiendo desde hace bastante tiempo celeridad en la atención en salud, saneamiento físico y territorial.

—Bajo la excusa de que se trata de un lote que ya ha sido explotado el sector minero e hidrocarburos señala que no es legítima la demanda de consulta…
—Hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos, desde hace más de cuatro años, con la recesión económica y la caída del PBI se avivan fantasmas y activa mecanismos para que el Estado busque destrabar inversiones y reducir estándares. Esta lógica va en contra de muchos derechos, y el problema de esta lógica es ver el proceso de explotación petrolera como una continuidad y no es así, estamos hablando de un nuevo proyecto, donde se necesitan nuevas evaluaciones ambientales, se necesita saber cuáles son las condiciones ambientales de ese territorio que no son las mismas de hace 20 o 40 años, necesitamos conocer los impactos acumulativos que ha dejado la actividad petrolera en estos 40 años. Afirmar que no se necesita consulta sobre un proyecto que se explotó hace 10 o 20 años es una clara vulneración a la Ley de Consulta.

—Los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas han dejado más de un centenar de muertos en casos como Bagua, Cajamarca, Loreto, otros. ¿Por qué estás muertes y tragedias no nos ha dejado lecciones y aprendizajes?
—Porque la concepción de cómo se gestiona el Estado no incluye políticas permanentes y claras con la población. El Estado desde hace 20 o 25 años sigue con políticas públicas que no es capaz de institucionalizar espacios de diálogos.

En Colombia se ha institucionalizado un espacio donde las poblaciones indígenas se pueden reunir con representantes del gobierno cada seis meses, un espacio gestionado con recursos del gobierno. En cada reunión vienen los líderes indígenas de todo el país y se sientan con ministros y viceministros y discuten bilateralmente sobre sus problemas. ¿Qué tenemos en el Perú? Todas las mesas de diálogo o de desarrollo existen pos conflicto y no son prioridad de ningún sector, en esas mesas no se sienta ningún ministro a dialogar o a escuchar las demandas, esa es la mirada que se le da a los conflictos.Lamentablemente en el país solo hay una preocupación, que es la de generar rentas.

ROL DE VIGILANCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

—Son cuatro décadas de impactos ambientales significativos, muchos de los derrames han sido alertados por las organizaciones indígenas ¿por qué el Estado no reconoce el rol de vigilancia indígena?
—Las comunidades que son parte de las cuatro cuencas detectaron entre los años 2013-2014 más de 2,000 pasivos ambientales en la zona del Lote 192 y anexos, de los cuales finalmente la OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar. Los sistemas de vigilancia indígena han existido desde siempre como mecanismos de control y gestión territorial en zonas remotas del país, donde muchas veces el Estado no está presente, como es el caso del Lote 192. Estas actividades han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por las actividades extractivas, como los derrames de petróleo, sin embargo aún estamos lejos de que todo lo identificado y recogido por estos sistemas de vigilancia sea tomado en cuenta por el Estado, aunque sí se han dado avances en regiones como Ucayali y Loreto, donde se han aprobado Ordenanzas Regionales que reconocen la vigilancia indígena.

—En el Congreso hay un pre dictamen del Proyecto de Ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena ¿está en la agenda de la Comisión de Pueblos Indígenas priorizar este tema?
—Recientemente la sociedad civil y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han tenido una reunión con la Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Existe una voluntad por retomar el trabajo para generar una discusión más amplia sobre la vigilancia indígena y sobre las posibilidades de aprobar el Proyecto de Ley que propone su reconocimiento. Esto es una tarea que pasa por dialogar con las diferentes bancadas del Congreso.

Barcos botes en río navegable de la selva

HIDROVÍA
El territorio es uno y la vinculación del agua y la tierra es indivisible

—Se viene desarrollando el proceso de consulta previa alrededor del proyecto Hidrovía Amazónica. ¿Cuáles son los acuerdos y las demandas más importantes de los 14 pueblos indígenas ‘afectados’ por esta mega obra?
—En un primer momento hubo una disputa sobre la definición de “territorio” por tratarse de un entorno acuático, por lo que los ríos no calificarían como territorio. Sin embargo, los pueblos indígenas hicieron entender a los funcionarios que el territorio es uno, que la vinculación del agua y la tierra es indivisible. Este es un punto de partida muy importante porque la definición e identificación de los impactos del proyecto no se enfocarán solo en los ríos, sino en todo el ecosistema.

Con estas definiciones se llegó a acuerdos muy importantes como: la construcción de un programa de vigilancia indígena que sea reconocido por el Ministerio de Cultura y capacitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y la incorporación de sabios indígenas en el equipo que elaborará el Estudio de Impacto Ambiental. Esto permitiría que las expectativas, conocimientos y propuestas de los pueblos indígenas sean incorporados.

—¿Todos los acuerdos son viables económicamente?
—Los acuerdos de este caso en particular –Hidrovía– no implica mayor gasto al Estado, se trata de desarrollo de capacidades, y voluntad política y técnica para fiscalizar su cumplimiento.

Donde hay un desafío de gestión económica es en la estrategia para -una vez reconocida e institucionalizada la vigilancia indígena- ver su sostenibilidad de gestión, que esté enfocado en capacitaciones, implementación de equipos técnicos, herramientas de comunicación que permitan una articulación en tiempo real con las autoridades, etc. Esta es una tarea que el Estado debe asumir.

Seguir leyendo
Anuncio

Política

Keiko, atrapada y sin salida

Publicado

en

Keiko Fujimori

En la puerta del horno se le quemó el pan a Keiko Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, solicitó ayer al Ministerio Público que se le envíen las copias certificadas de las declaraciones que brindó Jorge Yoshiyama Sasaki ante el Equipo Especial Lava Jato, a fin de incorporarlas como elemento de debate cuando el próximo martes 19 el Pleno Constitucional evalúe el hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori Higuchi.

Así, el fiscal José Domingo Pérez, quien ya había adelantado que si el TC no le requería la documentación él la haría llegar por iniciativa propia, dispone de 48 horas para hacer llegar las declaraciones del sobrino del exjefe de campaña de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama.

En los días previos, acaso preocupados por el impacto que tendrían las aseveraciones de Jorge Yoshiyama en la decisión del TC, voceros del fujimorismo habían manifestado su rechazo a la posibilidad de que estas declaraciones sean evaluadas por el ente constitucional. “La declaración del señor Jorge Yoshiyama no es una declaración oficial de la cual tenga conocimiento el TC, ha sido una información que ha salido en los medios de comunicación. Si no está en el expediente del TC, no se puede tomar en cuenta”, afirmó el expresidente del TC y hoy candidato al Congreso por Fuerza Popular, Carlos Mesía, quien además fue conocido por afirmar que “al pueblo no hay que hacerle caso”.

La propia Keiko Fujimori publicó en su cuenta de Twitter un descargo contra las declaraciones de Yoshiyama. “Lo que claramente vemos en esta nueva declaración del imputado es que miente para darle gusto a los fiscales. Parece que es otro caso de presión y extorsión como otros que ya se han denunciado”, escribió.

Sin embargo, para Blume habrían pesado más las opiniones de los demás miembros del TC, quienes según lo señalado por el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña le solicitaron incluya las declaraciones de Yoshiyama apenas fueron dadas a conocer. “Si uno quiere trabajar seriamente este tema, tiene que leerlo a profundidad y, si además de eso, aparecen nuevos elementos que podrían tener incidencia, como la declaración que se ha empezado a hacer pública, parece ser prudente que todos los magistrados tengamos información más completa”, comentó el 7 de noviembre.

ACUSACIONES INELUDIBLES

La decisión del TC atiende la solicitud del procurador adjunto del Poder Judicial, Jhonny Tupayachi Sotomayor, quien el 8 de noviembre pidió formalmente que se incluya el testimonio de Jorge Yoshiyama como argumento para resolver el hábeas corpus de la lideresa de Fuerza Popular.

Tupayachi destacó en su solicitud lo referido por Yoshiyama sobre el hecho de que Keiko Fujimori tenía conocimiento de los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial del 2011, los que intentó ocultar mediante falsos aportantes. También hace referencia al comentario que Fujimori habría hecho a Yoshiyama sobre sus reuniones con el exjuez César Hinostroza.

El documento también consigna las indicaciones expresas que Keiko Fujimori habría dado a Jaime Yoshiyama para desconocer el aporte de Odebrecht y negar toda relación entre Fuerza Popular y la empresa brasileña. Además, destaca lo afirmado por Yoshiyama Sasaki respecto a que fue la propia Keiko Fujimori quien le pidió buscar falsos aportantes. “Me pide que lo haga como lo hice en el 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona para que ella me entregue el dinero para ser depositado”, afirmó Yoshiyama en su declaración ante la Fiscalía.

El procurador del Poder Judicial consideró en su escrito que lo declarado por Yoshiyama sería una prueba importante para desvirtuar la tesis de la defensa de Keiko Fujimori, la cual afirma que la acusada no conocía del dinero de Odebrecht ni se había reunido nunca con Hinostroza. Por otro lado, destaca que no se trata de cualquier testigo, sino del sobrino de quien fuera el jefe de campaña electoral de Fujimori.

RIESGO PROCESAL LATENTE

En cuanto al peligro procesal o de obstaculización al proceso, Tupayachi argumentó que “se aprecia de las últimas declaraciones que la procesada Keiko Fujimori ha tenido injerencia frente a diversos órganos jurisdiccionales (reunión con jueces y fiscales), pudiendo ello manifestarse con la influencia directa sobre los mismos, sobre todo por la contraprestación política que podía ejercer a través de su organización política”.

Por su parte, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, remarcó en Ideeleradio que la controversia en el caso de Keiko Fujimori no radica en el tema probatorio, sino en el de la obstaculización de la justicia.

“Nadie discutía en el momento que se sustentó la prisión preventiva la gravedad de los hechos y la sospecha grave que existía dentro de la investigación. Se discutía esencialmente si había un peligro procesal, que tiene dos vertientes: el peligro de fuga y el de obstaculización”, indicó.

Vela destacó que además del testimonio de Yoshiyama, el peligro de obstaculización siempre ha estado sustentado en la evidencia concreta que genera “toda la construcción argumentativa respecto al entorpecimiento de la actividad probatoria”. En ese sentido, recordó que tras revelarse los audios del caso Lava Juez y la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, una sala diferente recompuesta es la que finalmente declaró infundado el recurso de casación. “Pero el primer término, con lo difícil que es pasar la fase de calificación previa en la Corte Suprema, fue admitido. Por lo tanto, se materializó esa vinculación entre Hinostroza Pariachi y el grupo investigado por financiamiento de la señora Keiko Fujimori”, apuntó.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

Seguir leyendo

Política

Si ratifican sanción contra Pérez, habría cuestionamiento internacional

Publicado

en

José Domingo Pérez Gómez

Si la Junta de Fiscales Supremos ratifica la sanción contra el fiscal José Domingo Pérez esto sería un tema de cuestionamiento internacional y una eventual condena contra el Estado peruano, porque se estaría afectando sus derechos, advirtió Diego García-Sayán Larrabure, relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas.

Fue al precisar que las Naciones Unidas señala que los jueces y fiscales tienen derecho a la libertad de expresión, dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública, y cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales.

“Si al final se ratifica la sanción a José Domingo Pérez, al margen que sea el 10%, 5% o el 1% de su remuneración, esto sería un tema de cuestionamiento internacional muy serio, no contra la persona que tomó la decisión, sino esto en términos internacionales es una condena al país [contra el Estado]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“En este momento, defender a José Domingo Pérez […] es defender el principio de que un funcionario de su jerarquía tiene derecho a expresar conceptos como el que expresó, que ahora están siendo cuestionados, y en segundo lugar, que cualquier afectación en su estabilidad debe ser interpretada como un paso para acabar o delimitar las investigaciones sobre corrupción”, puntualizó.

SERÍA GRAVE UNA SUSPENSIÓN

En ese sentido, García-Sayán Larrabure consideró que sería muy grave que con esta sanción se esté buscando suspender al fiscal José Domingo Pérez, como lo advirtió el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela.

“[¿Qué opina en torno a lo que ha dicho Rafael Vela de que esta sanción busca sacar a José Domingo Pérez del caso?] Eso es muy grave, porque evidentemente esto pasa en Perú, pasó en Brasil, donde finalmente el juez Sergio Moro terminó mal y su proceso de trabajo tampoco fue incuestionable. Yo creo que tenemos un problema serio”, subrayó.

“De manera, que yo espero que prime la cautela, el buen criterio y que cada cual pueda mantener su propia discrepancia con la actuación de José Domingo Pérez, quien no es un hombre perfecto, puede haber cosas equivocadas, pero una sanción no es el camino para fortalecer el Ministerio Público”, afirmó.

El exministro recordó que la opinión pública reaccionó el 31 de diciembre del 2018, cuando hubo un intento de hostilización hacia los fiscales del Equipo Especial Lava Jato.

“Ya la opinión pública reaccionó cuando ya se estaban descorchando botellas el pasado 31 de diciembre a las ocho de la noche, se les pretendió destituir, la gente reaccionó, porque la gente entendió que esas personas, Rafael Vela y José Domingo Pérez, estaban desempeñando una función importante y que eso era inaceptable [cesarlos del cargo]”, adelantó.

TIENEN DERECHO A DECLARAR

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas recordó que de acuerdo a los estándares internacionales los jueces y fiscales tienen derecho a declarar.

“Lo que las Naciones Unidas dice [respecto a la independencia de jueces y abogados] son dos cosas. Primero, que los jueces y fiscales sí tienen el derecho a la libertad de expresión naturalmente dentro de los marcos de cautela y de cuidado que aconseja su función pública. En segundo lugar, que en algunos casos no solamente tienen el derecho, sino la obligación de expresarse cuando están de por medio asuntos que tocan a principios democráticos fundamentales”, aseveró.

Finalmente, dijo que las declaraciones de José Domingo Pérez en contra de la corrupción deberían de ser elogiadas en vez de ser criticadas.

“[José Domingo Pérez] no está transgrediendo el principio de información reservada de su caso, sino que está incidiendo en algo que no debería ser criticada [por otros], sino elogiado. Que un fiscal exprese públicamente que hay que luchar contra la corrupción y que para las personas que tienen elementos de juicio para ser condenadas debe haber sentencias es algo absolutamente elemental que pide la ciudadanía”, acotó.

Seguir leyendo

Política

Lo más sensato sería que José Lecaros se abstuviera de participar

Publicado

en

José Luis Lecaros Cornejo

El relator de la Naciones Unidas adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicitará al presidente del Poder Judicial inhibirse del proceso, este no podría ser destituido o separado.

Hubiera sido sensato que el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, se abstuviera de participar del proceso de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, sostuvo el exministro de Justicia, Diego García-Sayán Larrabure.

“[¿El presidente del Poder Judicial debería formar parte del proceso de selección de la JNJ cuando se encuentra también cuestionado?] Ahí hay un problema que reconocer. Y probablemente lo más sensato hubiera sido que, ante estos cuestionamientos, la persona cuestionada se abstuviera”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“El hecho que existan estas sindicaciones no quiere decir que tiene una responsabilidad penal ni que está comprometido con actividades delictivas, pero por eso yo creo que todo el formato, de la forma de la participación de la ciudadanía en todo este proceso es algo por donde el sistema ha cojeado”, apuntó.

Como se recuerda, la magistrada Fany Quispe remitió al fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón, un informe que resume y corrobora la confesión del colaborador 010A-2018 respecto a una supuesta estrecha relación que tuvo el empresario Salvador Ricci Cortez con los vocales César HinostrozaPariachi y José Luis Lecaros Cornejo para un presunto intercambio de influencias y favores.

NO PUEDE SER DESTITUIDO

En otro momento, el relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas estimó que podría no haber cambios significativos en la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia, si es que uno de sus integrantes se negara a apartarse.

“A estas alturas me da la impresión que no hay nada que hacer. Creo que este proceso va a continuar, formalmente no hay forma de objetar la participación de quienes están haciendo este proceso de selección. Puede opinarse, pero creo que ahí va a quedar todo”, afirmó.

García-Sayán Larrabure adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicite a José Luis Lecaros inhibirse del proceso, si este se negara, dicho colegiado no podría destituirlo.

Seguir leyendo
Publicidad

Lo más reciente

Keiko Fujimori Keiko Fujimori
Políticahace 4 horas

Keiko, atrapada y sin salida

En la puerta del horno se le quemó el pan a Keiko Fujimori. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto...

José Domingo Pérez Gómez José Domingo Pérez Gómez
Políticahace 4 horas

Si ratifican sanción contra Pérez, habría cuestionamiento internacional

Si la Junta de Fiscales Supremos ratifica la sanción contra el fiscal José Domingo Pérez esto sería un tema de...

José Luis Lecaros Cornejo José Luis Lecaros Cornejo
Políticahace 4 horas

Lo más sensato sería que José Lecaros se abstuviera de participar

El relator de la Naciones Unidas adelantó que, aunque la Comisión Especial le solicitará al presidente del Poder Judicial inhibirse...

Policía allana domicilio de Luiciana León Policía allana domicilio de Luiciana León
Políticahace 4 horas

Poder Judicial confirma orden de allanamiento e incautación

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la orden de allanamiento e incautación contra la integrante de la...

Alejandro Toledo Manrique Alejandro Toledo Manrique
Políticahace 4 horas

Juez es partidario de que Toledo continúe en prisión

El juez de Estados Unidos, ante quien el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) apeló una decisión previa que le había negado...

En rechazo al asesinato de líderes sociales en el Cauca, Colombia En rechazo al asesinato de líderes sociales en el Cauca, Colombia
Políticahace 4 horas

En rechazo al asesinato de líderes sociales en el Cauca, Colombia

Los continuos asesinatos que vienen siendo perpetrados contra líderes sociales, tanto por los paramilitares como por el propio Estado, han...

Comunidades awajún participarán de proceso de consulta previa Comunidades awajún participarán de proceso de consulta previa
Políticahace 4 horas

Comunidades awajún participarán de proceso de consulta previa

Con la asistencia técnica del Ministerio de Cultura, se consensuó el Plan de Consulta para el proyecto de carretera que...

Juan Velasco Alvarado Juan Velasco Alvarado
Políticahace 4 horas

Heraud y Velasco: nuevos héroes del cine peruano

Un poeta y guerrillero cuya memoria ha permanecido presente gracias a la persistencia de un círculo familiar, intelectual y político....

II Foro del Grupo de Puebla: “El cambio es el progresismo” II Foro del Grupo de Puebla: “El cambio es el progresismo”
Especialhace 4 horas

II Foro del Grupo de Puebla: “El cambio es el progresismo”

Con el presidente electo Alberto Fernández como anfitrión, el segundo encuentro del Grupo de Puebla, ideado como “un grupo de...

Miguel Ángel Torres Miguel Ángel Torres
Políticahace 4 horas

Mejor es reírse

Espero que la Fiscalía no le crea a Sheput ni a Salaverry.

Anuncio
Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.