Contáctanos

“La consulta previa en el Lote 192 es legítima”

Publicado

en

El antropólogo Diego Saavedra dice que cualquier programa que potencialmente signifique una afectación tiene que ser sujeto a consulta.

El segundo año de gobierno de PPK está marcado por los conflictos sociales: 177 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 73% de estos conflictos son socioambientales, entre ellos se encuentran la demanda de la Consulta previa alrededor del Lote 192. El antropólogo Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en un nuevo proceso de licitación en este lote se debe impulsar un proceso de consulta previa: “Cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta”.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

—El inicio del segundo año de gobierno de PPK está marcado por diversos conflictos, hay 177 conflictos, y un 73% son alrededor del tema ambiental…
—Hay dos elementos para entender y discutir la agenda de los conflictos sociales, uno tiene que ver con la definición de conflictos y cuáles son los parámetros que el Estado usa para determinar qué es y qué no es un conflicto, y ahí es importante recordar las declaraciones del viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien señaló que no existían conflictos en el Perú o que eran mínimos, está es una definición negacionista de los conflictos y es peligrosa porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de dialogo y de participación permanente.

De los 177 conflictos que hay actualmente, 130 son socioambientales, por disputas en la gestión de los recursos naturales, donde hay múltiples agendas sobre el aprovechamiento de la tierra, el agua y el reconocimiento territorial, además de agendas que tienen que ver con servicios básicos, como la afectación a la salud por contaminación. Estamos hablando que más del 70% de los conflictos están vinculados directamente a comunidades campesinas, nativas e indígenas.

—46 años de explotación petrolera alrededor del Lote 192 que no se ha traducido en crecimiento en las poblaciones de la zona de influencia. Este es un conflicto que ningún gobierno se ocupó de atender en décadas…
—Estamos en un nuevo punto de quiebre de este conflicto; en el 2015 la PCM con los dirigentes indígenas firmaron un acta de acuerdos con la demanda histórica que garantizaría remediación, atención en salud (…), sin embargo el avance ha sido muy limitado en cuanto a los compromisos del gobierno de ese entonces, paralelamente hay otra agenda que ha activado nuevamente el conflicto, que es la de volver a explotar ese lote, pero ni el gobierno ni sus autoridades han sido capaces de comprometer esta nueva concesión a un proceso de consulta previa.

—¿Es legítima la demanda de la Consulta previa?
—El derecho a la consulta previa es legítima; tanto el reglamento como la Ley de consulta dicen que cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta, está en manos del Ministerio de Cultura y Energía y Minas iniciar este proceso, pero no existe una mínima voluntad; entonces es difícil creer que el gobierno tenga voluntad para cumplir con los acuerdos que se pactaron en el 2015, donde las comunidades están exigiendo desde hace bastante tiempo celeridad en la atención en salud, saneamiento físico y territorial.

—Bajo la excusa de que se trata de un lote que ya ha sido explotado el sector minero e hidrocarburos señala que no es legítima la demanda de consulta…
—Hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos, desde hace más de cuatro años, con la recesión económica y la caída del PBI se avivan fantasmas y activa mecanismos para que el Estado busque destrabar inversiones y reducir estándares. Esta lógica va en contra de muchos derechos, y el problema de esta lógica es ver el proceso de explotación petrolera como una continuidad y no es así, estamos hablando de un nuevo proyecto, donde se necesitan nuevas evaluaciones ambientales, se necesita saber cuáles son las condiciones ambientales de ese territorio que no son las mismas de hace 20 o 40 años, necesitamos conocer los impactos acumulativos que ha dejado la actividad petrolera en estos 40 años. Afirmar que no se necesita consulta sobre un proyecto que se explotó hace 10 o 20 años es una clara vulneración a la Ley de Consulta.

—Los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas han dejado más de un centenar de muertos en casos como Bagua, Cajamarca, Loreto, otros. ¿Por qué estás muertes y tragedias no nos ha dejado lecciones y aprendizajes?
—Porque la concepción de cómo se gestiona el Estado no incluye políticas permanentes y claras con la población. El Estado desde hace 20 o 25 años sigue con políticas públicas que no es capaz de institucionalizar espacios de diálogos.

En Colombia se ha institucionalizado un espacio donde las poblaciones indígenas se pueden reunir con representantes del gobierno cada seis meses, un espacio gestionado con recursos del gobierno. En cada reunión vienen los líderes indígenas de todo el país y se sientan con ministros y viceministros y discuten bilateralmente sobre sus problemas. ¿Qué tenemos en el Perú? Todas las mesas de diálogo o de desarrollo existen pos conflicto y no son prioridad de ningún sector, en esas mesas no se sienta ningún ministro a dialogar o a escuchar las demandas, esa es la mirada que se le da a los conflictos.Lamentablemente en el país solo hay una preocupación, que es la de generar rentas.

ROL DE VIGILANCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

—Son cuatro décadas de impactos ambientales significativos, muchos de los derrames han sido alertados por las organizaciones indígenas ¿por qué el Estado no reconoce el rol de vigilancia indígena?
—Las comunidades que son parte de las cuatro cuencas detectaron entre los años 2013-2014 más de 2,000 pasivos ambientales en la zona del Lote 192 y anexos, de los cuales finalmente la OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar. Los sistemas de vigilancia indígena han existido desde siempre como mecanismos de control y gestión territorial en zonas remotas del país, donde muchas veces el Estado no está presente, como es el caso del Lote 192. Estas actividades han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por las actividades extractivas, como los derrames de petróleo, sin embargo aún estamos lejos de que todo lo identificado y recogido por estos sistemas de vigilancia sea tomado en cuenta por el Estado, aunque sí se han dado avances en regiones como Ucayali y Loreto, donde se han aprobado Ordenanzas Regionales que reconocen la vigilancia indígena.

—En el Congreso hay un pre dictamen del Proyecto de Ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena ¿está en la agenda de la Comisión de Pueblos Indígenas priorizar este tema?
—Recientemente la sociedad civil y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han tenido una reunión con la Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Existe una voluntad por retomar el trabajo para generar una discusión más amplia sobre la vigilancia indígena y sobre las posibilidades de aprobar el Proyecto de Ley que propone su reconocimiento. Esto es una tarea que pasa por dialogar con las diferentes bancadas del Congreso.

Barcos botes en río navegable de la selva

HIDROVÍA
El territorio es uno y la vinculación del agua y la tierra es indivisible

—Se viene desarrollando el proceso de consulta previa alrededor del proyecto Hidrovía Amazónica. ¿Cuáles son los acuerdos y las demandas más importantes de los 14 pueblos indígenas ‘afectados’ por esta mega obra?
—En un primer momento hubo una disputa sobre la definición de “territorio” por tratarse de un entorno acuático, por lo que los ríos no calificarían como territorio. Sin embargo, los pueblos indígenas hicieron entender a los funcionarios que el territorio es uno, que la vinculación del agua y la tierra es indivisible. Este es un punto de partida muy importante porque la definición e identificación de los impactos del proyecto no se enfocarán solo en los ríos, sino en todo el ecosistema.

Con estas definiciones se llegó a acuerdos muy importantes como: la construcción de un programa de vigilancia indígena que sea reconocido por el Ministerio de Cultura y capacitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y la incorporación de sabios indígenas en el equipo que elaborará el Estudio de Impacto Ambiental. Esto permitiría que las expectativas, conocimientos y propuestas de los pueblos indígenas sean incorporados.

—¿Todos los acuerdos son viables económicamente?
—Los acuerdos de este caso en particular –Hidrovía– no implica mayor gasto al Estado, se trata de desarrollo de capacidades, y voluntad política y técnica para fiscalizar su cumplimiento.

Donde hay un desafío de gestión económica es en la estrategia para -una vez reconocida e institucionalizada la vigilancia indígena- ver su sostenibilidad de gestión, que esté enfocado en capacitaciones, implementación de equipos técnicos, herramientas de comunicación que permitan una articulación en tiempo real con las autoridades, etc. Esta es una tarea que el Estado debe asumir.

Seguir leyendo
Anuncio

Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

Publicado

en

Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

Seguir leyendo

Política

Pretenden impunidad

Publicado

en

José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

Seguir leyendo

Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

Publicado

en

Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

Seguir leyendo

Lo más reciente

Yeni Vilcatoma Yeni Vilcatoma
Políticahace 8 horas

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la...

José Domingo Pérez Gómez José Domingo Pérez Gómez
Políticahace 8 horas

Pretenden impunidad

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la...

Alberto Fujimori en silla de ruedas Alberto Fujimori en silla de ruedas
Políticahace 8 horas

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que...

Keiko Fujimori Keiko Fujimori
Políticahace 8 horas

Keiko estuvo al tanto del manejo económico de Fuerza 2011

El empresario Juan Luna Frisancho, investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos por presuntas donaciones ilegales a Fuerza Popular,...

Alberto Oliva Alberto Oliva
Políticahace 8 horas

Comisión de Justicia presentó dictamen sobre Junta Nacional de Justicia

Alberto Oliva, presidente de la Comisión de Justicia, presentó ante la Oficialía Mayor del Congreso el dictamen de la Ley...

Maritza García Maritza García
Políticahace 8 horas

Recomposición de comisiones debe darse antes de fin de mes

Maritza García, legisladora de la bancada Cambio 21, consideró urgente que la recomposición de los cuadros de comisiones se concrete...

Marcha protesta frente a Palacio de Justicia Poder Judicial apoyando a Carhuancho Marcha protesta frente a Palacio de Justicia Poder Judicial apoyando a Carhuancho
Políticahace 8 horas

Movilización en apoyo a juez Carhuancho

Convocan a nueva marcha nacional a favor de juez Concepción Carhuancho Organizaciones sociales se movilizarán este miércoles en demanda de...

Oswaldo Plasencia fue director ejecutivo de la AATE de 2009 a 2013. Antes fue asesor del ministro Enrique Cornejo, en el segundo gobierno de Alan García . Oswaldo Plasencia fue director ejecutivo de la AATE de 2009 a 2013. Antes fue asesor del ministro Enrique Cornejo, en el segundo gobierno de Alan García .
Políticahace 8 horas

Confirmado: el aniego también huele a corrupción

Una reciente auditoría de la Contraloría halló actos indebidos en las etapas de formulación del expediente de licitación, concesión y...

Glider Ushñahua Glider Ushñahua
Políticahace 9 horas

Unidos por la República trabajará por el país y no por personas o partidos

La que viene a ser la décima bancada del Congreso, Unidos por la República, se comprometió a trabajar en bien...

Edwin Donayre Edwin Donayre
Políticahace 9 horas

No solo va a rodar mi cabeza

“Sí, probablemente va a arder Troya si levantan mi inmunidad parlamentaria. No solo va a rodar la cabeza de Donayre...

Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.