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“La consulta previa en el Lote 192 es legítima”

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El antropólogo Diego Saavedra dice que cualquier programa que potencialmente signifique una afectación tiene que ser sujeto a consulta.

El segundo año de gobierno de PPK está marcado por los conflictos sociales: 177 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 73% de estos conflictos son socioambientales, entre ellos se encuentran la demanda de la Consulta previa alrededor del Lote 192. El antropólogo Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en un nuevo proceso de licitación en este lote se debe impulsar un proceso de consulta previa: “Cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta”.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

—El inicio del segundo año de gobierno de PPK está marcado por diversos conflictos, hay 177 conflictos, y un 73% son alrededor del tema ambiental…
—Hay dos elementos para entender y discutir la agenda de los conflictos sociales, uno tiene que ver con la definición de conflictos y cuáles son los parámetros que el Estado usa para determinar qué es y qué no es un conflicto, y ahí es importante recordar las declaraciones del viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien señaló que no existían conflictos en el Perú o que eran mínimos, está es una definición negacionista de los conflictos y es peligrosa porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de dialogo y de participación permanente.

De los 177 conflictos que hay actualmente, 130 son socioambientales, por disputas en la gestión de los recursos naturales, donde hay múltiples agendas sobre el aprovechamiento de la tierra, el agua y el reconocimiento territorial, además de agendas que tienen que ver con servicios básicos, como la afectación a la salud por contaminación. Estamos hablando que más del 70% de los conflictos están vinculados directamente a comunidades campesinas, nativas e indígenas.

—46 años de explotación petrolera alrededor del Lote 192 que no se ha traducido en crecimiento en las poblaciones de la zona de influencia. Este es un conflicto que ningún gobierno se ocupó de atender en décadas…
—Estamos en un nuevo punto de quiebre de este conflicto; en el 2015 la PCM con los dirigentes indígenas firmaron un acta de acuerdos con la demanda histórica que garantizaría remediación, atención en salud (…), sin embargo el avance ha sido muy limitado en cuanto a los compromisos del gobierno de ese entonces, paralelamente hay otra agenda que ha activado nuevamente el conflicto, que es la de volver a explotar ese lote, pero ni el gobierno ni sus autoridades han sido capaces de comprometer esta nueva concesión a un proceso de consulta previa.

—¿Es legítima la demanda de la Consulta previa?
—El derecho a la consulta previa es legítima; tanto el reglamento como la Ley de consulta dicen que cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta, está en manos del Ministerio de Cultura y Energía y Minas iniciar este proceso, pero no existe una mínima voluntad; entonces es difícil creer que el gobierno tenga voluntad para cumplir con los acuerdos que se pactaron en el 2015, donde las comunidades están exigiendo desde hace bastante tiempo celeridad en la atención en salud, saneamiento físico y territorial.

—Bajo la excusa de que se trata de un lote que ya ha sido explotado el sector minero e hidrocarburos señala que no es legítima la demanda de consulta…
—Hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos, desde hace más de cuatro años, con la recesión económica y la caída del PBI se avivan fantasmas y activa mecanismos para que el Estado busque destrabar inversiones y reducir estándares. Esta lógica va en contra de muchos derechos, y el problema de esta lógica es ver el proceso de explotación petrolera como una continuidad y no es así, estamos hablando de un nuevo proyecto, donde se necesitan nuevas evaluaciones ambientales, se necesita saber cuáles son las condiciones ambientales de ese territorio que no son las mismas de hace 20 o 40 años, necesitamos conocer los impactos acumulativos que ha dejado la actividad petrolera en estos 40 años. Afirmar que no se necesita consulta sobre un proyecto que se explotó hace 10 o 20 años es una clara vulneración a la Ley de Consulta.

—Los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas han dejado más de un centenar de muertos en casos como Bagua, Cajamarca, Loreto, otros. ¿Por qué estás muertes y tragedias no nos ha dejado lecciones y aprendizajes?
—Porque la concepción de cómo se gestiona el Estado no incluye políticas permanentes y claras con la población. El Estado desde hace 20 o 25 años sigue con políticas públicas que no es capaz de institucionalizar espacios de diálogos.

En Colombia se ha institucionalizado un espacio donde las poblaciones indígenas se pueden reunir con representantes del gobierno cada seis meses, un espacio gestionado con recursos del gobierno. En cada reunión vienen los líderes indígenas de todo el país y se sientan con ministros y viceministros y discuten bilateralmente sobre sus problemas. ¿Qué tenemos en el Perú? Todas las mesas de diálogo o de desarrollo existen pos conflicto y no son prioridad de ningún sector, en esas mesas no se sienta ningún ministro a dialogar o a escuchar las demandas, esa es la mirada que se le da a los conflictos.Lamentablemente en el país solo hay una preocupación, que es la de generar rentas.

ROL DE VIGILANCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

—Son cuatro décadas de impactos ambientales significativos, muchos de los derrames han sido alertados por las organizaciones indígenas ¿por qué el Estado no reconoce el rol de vigilancia indígena?
—Las comunidades que son parte de las cuatro cuencas detectaron entre los años 2013-2014 más de 2,000 pasivos ambientales en la zona del Lote 192 y anexos, de los cuales finalmente la OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar. Los sistemas de vigilancia indígena han existido desde siempre como mecanismos de control y gestión territorial en zonas remotas del país, donde muchas veces el Estado no está presente, como es el caso del Lote 192. Estas actividades han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por las actividades extractivas, como los derrames de petróleo, sin embargo aún estamos lejos de que todo lo identificado y recogido por estos sistemas de vigilancia sea tomado en cuenta por el Estado, aunque sí se han dado avances en regiones como Ucayali y Loreto, donde se han aprobado Ordenanzas Regionales que reconocen la vigilancia indígena.

—En el Congreso hay un pre dictamen del Proyecto de Ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena ¿está en la agenda de la Comisión de Pueblos Indígenas priorizar este tema?
—Recientemente la sociedad civil y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han tenido una reunión con la Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Existe una voluntad por retomar el trabajo para generar una discusión más amplia sobre la vigilancia indígena y sobre las posibilidades de aprobar el Proyecto de Ley que propone su reconocimiento. Esto es una tarea que pasa por dialogar con las diferentes bancadas del Congreso.

Barcos botes en río navegable de la selva

HIDROVÍA
El territorio es uno y la vinculación del agua y la tierra es indivisible

—Se viene desarrollando el proceso de consulta previa alrededor del proyecto Hidrovía Amazónica. ¿Cuáles son los acuerdos y las demandas más importantes de los 14 pueblos indígenas ‘afectados’ por esta mega obra?
—En un primer momento hubo una disputa sobre la definición de “territorio” por tratarse de un entorno acuático, por lo que los ríos no calificarían como territorio. Sin embargo, los pueblos indígenas hicieron entender a los funcionarios que el territorio es uno, que la vinculación del agua y la tierra es indivisible. Este es un punto de partida muy importante porque la definición e identificación de los impactos del proyecto no se enfocarán solo en los ríos, sino en todo el ecosistema.

Con estas definiciones se llegó a acuerdos muy importantes como: la construcción de un programa de vigilancia indígena que sea reconocido por el Ministerio de Cultura y capacitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y la incorporación de sabios indígenas en el equipo que elaborará el Estudio de Impacto Ambiental. Esto permitiría que las expectativas, conocimientos y propuestas de los pueblos indígenas sean incorporados.

—¿Todos los acuerdos son viables económicamente?
—Los acuerdos de este caso en particular –Hidrovía– no implica mayor gasto al Estado, se trata de desarrollo de capacidades, y voluntad política y técnica para fiscalizar su cumplimiento.

Donde hay un desafío de gestión económica es en la estrategia para -una vez reconocida e institucionalizada la vigilancia indígena- ver su sostenibilidad de gestión, que esté enfocado en capacitaciones, implementación de equipos técnicos, herramientas de comunicación que permitan una articulación en tiempo real con las autoridades, etc. Esta es una tarea que el Estado debe asumir.

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Política

6 millones de soles para limpiar a AG y Keiko

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Comisión Lava Jato del Congreso - Rosa María Bartra Barriga

Bastaron tres días de debate y dos de sustentación para que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 9 de noviembre, el informe final de la Comisión Lava Jato que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Ayer revelaron que los peruanos no pagaron 4 millones de soles, sino más de 6 millones de soles para mantener un grupo de trabajo que no incluyó en actos de corrupción al expresidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consultados por Diario UNO coincidieron en que el fujimorismo apeló desde un inicio al blindaje.

INFORME ABSURDO

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos afirmó que el encubrimiento inútil y grotesco a Alan García y Keiko Fujimori les costó a los peruanos seis millones de soles.

“Seis millones de soles costó el encubrimiento a García y Keiko. Eso nos costó a los peruanos que un grupo de congresistas intentaran blindar a García y Keiko de manera inútil y grotesca, ya que los acontecimientos terminaron por demostrar que era un absurdo el informe de la comisión”, explicó.

SIN ALTURA HISTÓRICA

Por otro lado, su colega de bancada, Humberto Morales, sostuvo que el informe de la Comisión Lava Jato no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país.

“La Comisión Lava Jato, finalmente presentó un informe que no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país”, adujo.

NO ERAN 4 SINO 6 MILLONES

Según un informe del Congreso, la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, gastó 6 millones 448 mil 157.06 soles, y no los 4 millones 096 mil 450 soles que informaron hace varios meses.

El monto real salió de una revisión mes por mes y finalmente, el grupo de trabajo presidido por Bartra e integrado por Karina Beteta (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) incluyeron como denunciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pero no a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras sostener que el informe “ni siquiera dio respuesta al acometido histórico que en ese momento recibíamos como responsabilidad por parte del Congreso”, Morales aseguró que en los últimos seis meses de funcionamiento de la comisión se notó claramente que los documentos que tenían no contenía información que comprometía a García y Keiko Fujimori.

NADA CON AG

En abril de este año, la Comisión Lava Jato fue centro de la crítica, luego que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú, confesara que fue testaferro del exmandatario Alan García. El grupo de trabajo no incluyó en su informe al exlíder aprista, quien se suicidó para evadir una orden de detención preliminar en su contra.

Al respecto, Hernando Cevallos aseguró: “Las declaraciones de Atala fue el golpe final a un informe que tenía todo el descrédito. Se puso en ridículo a la Comisión Lava Jato”.

¡QUÉ BRAVO!

El documento demuestra que entre mayo y diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato tuvo en planilla a 45 colaboradores, pagando 2 millones 453 mil 215 soles. Solo en esos meses el asesor Henry Vidal Palomino, quien también es militante de Fuerza Popular, fue el mejor pagado con 134 mil 792.92 soles.

En el 2018, el grupo de trabajo contó con 46 colaboradores, a quienes pagó en general 3 millones 840 mil 048.92 soles, siendo el abogado Roque Bravo Basaldúa el mejor pagado, con 267 mil 624.95 soles. En total, hasta diciembre la Comisión Lava Jato le costó al Perú 6 millones 293 mil 264,13 soles. Sin embargo, para este 2019 se arrastró una deuda de 154 mil 892.93 soles por conceptos de pagos por liquidación de beneficios sociales de seis colaboradores.

Tras sostener que la Comisión Lava Jato fue diseñada para blindar al expresidente García y a Keiko Fujimori, Cevallos afirmó que “intencionalmente avanzaron con investigar hechos que ya se conocían y que la Fiscalía estaba en plenas investigaciones”.

Asimismo, advirtió: “Mientras tanto operaban dentro del sistema de justicia con Pedro Chávarry y César Hinostroza”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fiscal Ávalos pone en su sitio a fujimorista Segura

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Zoraida Ávalos

Ante las afirmaciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, quien dijo que la denuncia contra el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, será analizada por orden de llegada y no podrá volver a verse hasta el siguiente periodo anual de sesiones (en agosto), la Fiscal de la Nación aclaró al legislador fujimorista que no está supeditada a los calendarios del Congreso. Consultados por Diario UNO coinciden en que la Fiscal de la Nación hizo bien en confrontar al congresista.

SALUDA EMPLAZAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, saludó la posición tomada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al emplazar al congresista fujimorista, César Segura, quien pretende demorar el tratamiento de la denuncia a Pedro Chávarry.

“Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”, señaló a Diario UNO.

Sobre esto, afirmó: “Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”.

Tras insistir que la posición de César Segura “es la posición de Fuerza Popular”, que es, a su entender, la protección a la corrupción y el rechazo a resolver los problemas de corrupción en el país, Quintanilla dijo parecerle inadmisible las declaraciones del congresista fujimorista, ya que la presentación de nuevas pruebas deben ser prioritarias.

RESPONSABLE DE DENUNCIA

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos es responsable de la denuncia al exfiscal Pedro Chávarry y que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que su institución encuentra.

“La Fiscal de la Nación tiene toda la responsabilidad sobre el caso de la denuncia a Chávarry y me parece que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que ella encuentra en su institución”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Siendo la cabeza del Ministerio Público, la fiscal Ávalos tiene toda la autoridad para confrontar al congresista Segura”.

Finalmente, la congresista dijo que en base a lo que se tiene de pruebas, en el Congreso se debe dar una debida respuesta “a un caso tan importante y que lamentablemente viene siendo postergado”.

SIN CALENDARIO

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló no estar supeditada a los calendarios del Congreso, debido a que la denuncia constitucional que presentó contra el exfiscal Pedro Chávarry se analizará por orden de llegada, es decir, se vería en la siguiente legislatura.

“En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más”, afirmó.

La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, por encubrimiento real; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios”, explicó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa

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PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa con perdigones

Otra vez los manifestantes de Construcción Civil en Arequipa fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras protestaban exigiendo la reposición de trabajadores. El incidente se produjo en la mañana de ayer y dejó un saldo de aproximadamente 21 heridos, algunos de gravedad.

Los hechos de violencia iniciaron luego de que los manifestantes intentaran bloquear la avenida Kennedy, frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. En esas circunstancias, la policía reprimió lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones que impactaron en los obreros.

Juan Alberto Calle López, exsecretario de Defensa de Construcción Civil – Arequipa, indicó que el sindicato de obreros exige la reposición de los trabajadores despedidos de las obras del colegio Maritza Campos y Cuatro Carriles, entre otras. “Pero hay una intransigencia de parte del gobierno regional en no solucionar. El señor Fernando Arenas no ata ni desata en el Gobierno, hemos pedido el retiro de este señor como funcionario”, señaló.

Calle López también se quejó por el ataque desmedido de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. “Hemos sido atacados por la Policía sin motivo, la protesta es un derecho constitucional y nos han reprimido. Tenemos 30 heridos, nos han disparado al cuerpo y a la cabeza, un compañero está a punto de perder el ojo, hay dos enyesados y heridos porque nos han disparado con perdigones y bombas lacrimógenas”.

Además indicó que no es el primer episodio de violencia que sufren, pues llevan más de 10 días de protestas. “Ya desde el viernes pasado hemos sido atacados, yo mismo he sido agredido”.

De otro lado, apuntó que parte de los reclamos están orientados a que los puestos laborales sean para arequipeños. “Estos señores Málaga no respetan los derechos laborales, traen gente de Lima y dejan a la gente de Arequipa afuera”.

Sobre la empresa constructora Málaga, Calle López cuestionó que tuviera hasta ocho obras otorgadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Tienen las obras del colegio Maritza Campos, el penal de Socabaya y Cuatro Carriles, parece el nuevo Odebrecht”, dijo, a la vez que solicitó la participación de la Contraloría a fin de investigar las supuestas preferencias del gobierno local con la referida empresa constructora.

Finalmente, Calle López indicó que formalizarán las denuncias por las agresiones recibidas por parte de la Policía, y que el día lunes los manifestantes se volverán a concentrar frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la destitución del funcionario Arenas, y se dirigió al presidente del gobierno regional, Elmer Llica. “Si Llica quiere guerra, guerra va a tener, es un traicionero que antes pidió nuestro apoyo y luego nos da la espalda”.

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