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“La consulta previa en el Lote 192 es legítima”

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El antropólogo Diego Saavedra dice que cualquier programa que potencialmente signifique una afectación tiene que ser sujeto a consulta.

El segundo año de gobierno de PPK está marcado por los conflictos sociales: 177 de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 73% de estos conflictos son socioambientales, entre ellos se encuentran la demanda de la Consulta previa alrededor del Lote 192. El antropólogo Diego Saavedra, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en un nuevo proceso de licitación en este lote se debe impulsar un proceso de consulta previa: “Cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta”.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

Antropólogo Diego Saavedra, aclara el panorama.

—El inicio del segundo año de gobierno de PPK está marcado por diversos conflictos, hay 177 conflictos, y un 73% son alrededor del tema ambiental…
—Hay dos elementos para entender y discutir la agenda de los conflictos sociales, uno tiene que ver con la definición de conflictos y cuáles son los parámetros que el Estado usa para determinar qué es y qué no es un conflicto, y ahí es importante recordar las declaraciones del viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), quien señaló que no existían conflictos en el Perú o que eran mínimos, está es una definición negacionista de los conflictos y es peligrosa porque invisibiliza y reduce las posibilidades de desarrollar políticas de prevención, de dialogo y de participación permanente.

De los 177 conflictos que hay actualmente, 130 son socioambientales, por disputas en la gestión de los recursos naturales, donde hay múltiples agendas sobre el aprovechamiento de la tierra, el agua y el reconocimiento territorial, además de agendas que tienen que ver con servicios básicos, como la afectación a la salud por contaminación. Estamos hablando que más del 70% de los conflictos están vinculados directamente a comunidades campesinas, nativas e indígenas.

—46 años de explotación petrolera alrededor del Lote 192 que no se ha traducido en crecimiento en las poblaciones de la zona de influencia. Este es un conflicto que ningún gobierno se ocupó de atender en décadas…
—Estamos en un nuevo punto de quiebre de este conflicto; en el 2015 la PCM con los dirigentes indígenas firmaron un acta de acuerdos con la demanda histórica que garantizaría remediación, atención en salud (…), sin embargo el avance ha sido muy limitado en cuanto a los compromisos del gobierno de ese entonces, paralelamente hay otra agenda que ha activado nuevamente el conflicto, que es la de volver a explotar ese lote, pero ni el gobierno ni sus autoridades han sido capaces de comprometer esta nueva concesión a un proceso de consulta previa.

—¿Es legítima la demanda de la Consulta previa?
—El derecho a la consulta previa es legítima; tanto el reglamento como la Ley de consulta dicen que cualquier proyecto, plan o programa que potencialmente signifique una afectación a los derechos de los pueblos indígenas tiene que ser sujeto a consulta, está en manos del Ministerio de Cultura y Energía y Minas iniciar este proceso, pero no existe una mínima voluntad; entonces es difícil creer que el gobierno tenga voluntad para cumplir con los acuerdos que se pactaron en el 2015, donde las comunidades están exigiendo desde hace bastante tiempo celeridad en la atención en salud, saneamiento físico y territorial.

—Bajo la excusa de que se trata de un lote que ya ha sido explotado el sector minero e hidrocarburos señala que no es legítima la demanda de consulta…
—Hay una lógica clara de priorizar la inversión y de reducir costos, desde hace más de cuatro años, con la recesión económica y la caída del PBI se avivan fantasmas y activa mecanismos para que el Estado busque destrabar inversiones y reducir estándares. Esta lógica va en contra de muchos derechos, y el problema de esta lógica es ver el proceso de explotación petrolera como una continuidad y no es así, estamos hablando de un nuevo proyecto, donde se necesitan nuevas evaluaciones ambientales, se necesita saber cuáles son las condiciones ambientales de ese territorio que no son las mismas de hace 20 o 40 años, necesitamos conocer los impactos acumulativos que ha dejado la actividad petrolera en estos 40 años. Afirmar que no se necesita consulta sobre un proyecto que se explotó hace 10 o 20 años es una clara vulneración a la Ley de Consulta.

—Los conflictos sociales vinculados a las actividades extractivas han dejado más de un centenar de muertos en casos como Bagua, Cajamarca, Loreto, otros. ¿Por qué estás muertes y tragedias no nos ha dejado lecciones y aprendizajes?
—Porque la concepción de cómo se gestiona el Estado no incluye políticas permanentes y claras con la población. El Estado desde hace 20 o 25 años sigue con políticas públicas que no es capaz de institucionalizar espacios de diálogos.

En Colombia se ha institucionalizado un espacio donde las poblaciones indígenas se pueden reunir con representantes del gobierno cada seis meses, un espacio gestionado con recursos del gobierno. En cada reunión vienen los líderes indígenas de todo el país y se sientan con ministros y viceministros y discuten bilateralmente sobre sus problemas. ¿Qué tenemos en el Perú? Todas las mesas de diálogo o de desarrollo existen pos conflicto y no son prioridad de ningún sector, en esas mesas no se sienta ningún ministro a dialogar o a escuchar las demandas, esa es la mirada que se le da a los conflictos.Lamentablemente en el país solo hay una preocupación, que es la de generar rentas.

ROL DE VIGILANCIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

—Son cuatro décadas de impactos ambientales significativos, muchos de los derrames han sido alertados por las organizaciones indígenas ¿por qué el Estado no reconoce el rol de vigilancia indígena?
—Las comunidades que son parte de las cuatro cuencas detectaron entre los años 2013-2014 más de 2,000 pasivos ambientales en la zona del Lote 192 y anexos, de los cuales finalmente la OEFA y el Estado terminaron reconociendo más de un centenar. Los sistemas de vigilancia indígena han existido desde siempre como mecanismos de control y gestión territorial en zonas remotas del país, donde muchas veces el Estado no está presente, como es el caso del Lote 192. Estas actividades han permitido a los pueblos indígenas alertar de forma temprana acerca de los desastres ambientales causados por las actividades extractivas, como los derrames de petróleo, sin embargo aún estamos lejos de que todo lo identificado y recogido por estos sistemas de vigilancia sea tomado en cuenta por el Estado, aunque sí se han dado avances en regiones como Ucayali y Loreto, donde se han aprobado Ordenanzas Regionales que reconocen la vigilancia indígena.

—En el Congreso hay un pre dictamen del Proyecto de Ley para el reconocimiento de la vigilancia indígena ¿está en la agenda de la Comisión de Pueblos Indígenas priorizar este tema?
—Recientemente la sociedad civil y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han tenido una reunión con la Presidencia de la Comisión de Pueblos Indígenas. Existe una voluntad por retomar el trabajo para generar una discusión más amplia sobre la vigilancia indígena y sobre las posibilidades de aprobar el Proyecto de Ley que propone su reconocimiento. Esto es una tarea que pasa por dialogar con las diferentes bancadas del Congreso.

Barcos botes en río navegable de la selva

HIDROVÍA
El territorio es uno y la vinculación del agua y la tierra es indivisible

—Se viene desarrollando el proceso de consulta previa alrededor del proyecto Hidrovía Amazónica. ¿Cuáles son los acuerdos y las demandas más importantes de los 14 pueblos indígenas ‘afectados’ por esta mega obra?
—En un primer momento hubo una disputa sobre la definición de “territorio” por tratarse de un entorno acuático, por lo que los ríos no calificarían como territorio. Sin embargo, los pueblos indígenas hicieron entender a los funcionarios que el territorio es uno, que la vinculación del agua y la tierra es indivisible. Este es un punto de partida muy importante porque la definición e identificación de los impactos del proyecto no se enfocarán solo en los ríos, sino en todo el ecosistema.

Con estas definiciones se llegó a acuerdos muy importantes como: la construcción de un programa de vigilancia indígena que sea reconocido por el Ministerio de Cultura y capacitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones; y la incorporación de sabios indígenas en el equipo que elaborará el Estudio de Impacto Ambiental. Esto permitiría que las expectativas, conocimientos y propuestas de los pueblos indígenas sean incorporados.

—¿Todos los acuerdos son viables económicamente?
—Los acuerdos de este caso en particular –Hidrovía– no implica mayor gasto al Estado, se trata de desarrollo de capacidades, y voluntad política y técnica para fiscalizar su cumplimiento.

Donde hay un desafío de gestión económica es en la estrategia para -una vez reconocida e institucionalizada la vigilancia indígena- ver su sostenibilidad de gestión, que esté enfocado en capacitaciones, implementación de equipos técnicos, herramientas de comunicación que permitan una articulación en tiempo real con las autoridades, etc. Esta es una tarea que el Estado debe asumir.

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Política

Salaverry favorito en elecciones del Congreso

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Luz Salgado Rubianes

Pareciera que Lourdes Alcorta le enmienda la plana a Rosa Bartra (que muere por la presidencia) al decir en una entrevista que se debe dar paso a otros partidos (léase fujitopos o personajes fácilmente manipulables) para que presidan la Mesa Directiva.

Y no estamos equivocados en esta lectura entre líneas si escuchamos los decires y vemos el comportamiento de los integrantes de la mayoría fujimorista que tanto daño le hace al país con su comportamiento de espaldas al pueblo y promoviendo lobies a favor de grandes intereses.

Lo que sucede es que se oponen al retorno de Daniel Salaverry, que es apoyado por votos pluripartidarios, que están contra el fujimorismo, y para ello asumen posturas aparentemente democráticas.

Nada más falso. Porque hoy más que nunca se quieren aferrar al poder congresal y cuentan para ello con los fujitopos y el posible retorno de Kenji y los Avengers, y la salida de Keiko Fujimori, gracias a la intervención de los cuellos blancos, y apelan a jugadas distractivas.

PICOTAZOS DE GALLINAZOS

Para el congresista Hernando Cevallos de Frente Amplio se trata de “picotazos de gallinazos, como dicen en mi tierra (dice riendo); ese tipo de discusiones no tocan el problema de fondo, que Fuerza Popular tiene una presencia absolutamente indeseable dentro y fuera del Congreso”.

“Es absurdo que quieran mantenerse no solo en la presidencia sino integrando de cualquier manera la Mesa Directiva. Así que para nosotros la presencia de Fuerza Popular en una Mesa Directiva, hace inviable cualquier apoyo”, subrayó.

“Yo creo que están inmersos en un debate que surgen de sus propias contradicciones. Algunos son más realistas en el sentido de que interpretan mejor el sentimiento de lo que la gente quiere y otros que siguen pensando que como tienen una mayoría relativa quieren aferrarse a la presidencia”, comentó.

NO TIENEN DIFERENCIAS

“Esa es la contradicción que tienen en la superficie, pero de fondo no tienen contradicciones. Apuestan a seguir manteniendo la verticalidad en el Congreso, las prácticas antidemocráticas”, resaltó.

“Y, sobre todo, en donde no hay diferencias entre Alcorta y Bartra es en impulsar una agenda en el Congreso más cerca de los lobies y de los grupos empresariales, que de las necesidades de la gente, de los trabajadores, de los conflictos ambientales, un desarrollo independiente del país, allí no tienen contradicciones”, concluyó el legislador Cevallos.

Por su parte, el excongresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lava Jato del Parlamento (2011-2016), dijo que “por el bien de ellos deberían dejar de practicar lo de siempre en el Congreso. Todos estos años el comportamiento de los niveles de conducción del Legislativo no ha tenido efectos positivos. El Congreso como institución está muy cuestionado”, sentenció.

“Entonces hay que avanzar y darle una mirada más pluripartidaria al Congreso. Esto le haría bien a Fuerza Popular, porque la imagen que se tiene es el de una fuerza política que no está abordando los problemas del país sino que se está beneficiando un solo sector y el Congreso se está debilitando más”, observó.

ESTÁN MOVIENDO SUS PIEZAS

“Ellos están moviendo sus piezas, diseñando el tema. Espero que los congresista en esta última fase, porque les queda tiempo hasta el 2021, se reinventen y rediseñen sus prácticas, porque lamentablemente se nota que no hay democracia interna, que hay mucho sesgo político y mucho manoseo de acuerdo a los intereses y eso no puede seguir ocurriendo”, concluyó Pari.

El analista político Miguel Jugo expresó “que el fujimorismo está en un debate, creo que es cierto eso. Mantiene la Mesa Directiva o se la da a alguien afín a ellos. Eso es un debate bastante intenso el que tienen. Hay sectores que apoyan a Rosa Bartra, que quiere la presidencia del Congreso”.

Dijo que “uno de los allegados a la bancada fujimorista es el congresista Pedro Olaechea para que de alguna manera no aparezcan como están apareciendo. Su postura central será intentar en un primer momento mantener la Mesa Directiva y eso tiene que ver con los votos que puedan recolectar”, subrayó.

NO QUIEREN ARRIESGAR

“Ellos tampoco quieren -agregó- arriesgarse a perder en una votación frente a una mesa multipartidaria. Me parece que lo primero que quieren es frustrar es una mesa pluripartidaria sin ellos y por eso es que están buscando a los Avengers, a Concertación Parlamentaria, a los Contigo y de esa manera mantenerse en la Mesa Directiva”, señaló.

“Están convocando a los fujitopos. Ellos definitivamente saben del poder que les da controlar la Mesa Directiva y quieren recuperarla y poner a una persona bastante afín a ellos para que haga lo que ellos quieren”, puntualizó.

ALGO MÁS

“Yo creo que eso sería el segundo negocio. El primero es -reitero-, frustrar una mesa pluripartidaria, controlar la Mesa Directiva y finalmente seguir como han estado estos años”, concluyó Jugo.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La Cantuta es una herida abierta

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La Cantuta es una herida abierta

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Grupo Colina, quienes posteriormente enterraron los cuerpos en fosas clandestinas. 27 años después, conversamos con Avelino Guillén, el fiscal que en su momento fue responsable de la investigación y la acusación contra el dictador Alberto Fujimori, que hoy cumple prisión por ese y otros delitos.

Avelino Guillén

—Han pasado 27 años desde del crimen de La Cantuta. ¿Sigue siendo el caso más emblemático de violaciones a derechos humanos en el Perú?

—El solo hecho de haber logrado la extradición y el juzgamiento y condena del exdictador Alberto Fujimori constituye un hecho excepcional en la historia del Perú. Si recordamos, en los años 90, Fujimori parecía un personaje invulnerable al cual la ley no alcanzaba a pesar de cargar diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

En consecuencia, este proceso es un hito en la historia jurídica del país y es el hecho más importante de una condena por un crimen de lesa humanidad ejecutado por orden de las máximas autoridades del régimen fujimorista, encabezadas por Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

—¿Recuerda cómo llegó a este caso?

—Yo integro el equipo de fiscales que iba a participar en el megaproceso, y la ventaja que yo tenía era que conocía bastante sobre el funcionamiento de la organización de la red delictiva que empezó a operar en enero de 1991 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto, en virtud de que participé en diversos procesos contra jefes y líderes de esa organización. Varios integrantes del fujimorismo fueron sometidos a procesos, y del 2001 al 2007 participé de varios juicios orales, por ello pude conocer la red, sus objetivos y estructura.

—¿Cuán complicado fue realizar las investigaciones considerando el enorme poder de los imputados?

—Fue un esfuerzo extraordinario, una labor de equipo muy grande. Un hecho importante fue obtener las declaraciones de algunos integrantes del destacamento Colina, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Nosotros analizamos cuál era la naturaleza de las funciones de este órgano de ejecución, el destacamento Colina, y el primer gran debate era si existió o no el destacamento Colina y de quién dependía. Fujimori sostenía que era un grupo descarriado que actuaba por cuenta propia; pero nosotros demostramos que era un órgano de ejecución que seguía planes de inteligencia y dependía de los aparatos de inteligencia durante el régimen de Fujimori.

Nosotros logramos demostrar la existencia de un aparato criminal en el SIN y que entró en funcionamiento en enero de 1991. También demostramos que ese aparato de poder tenía una cadena de mando y un órgano directriz con el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, y que tenía un órgano de ejecución que efectuaba las operaciones de inteligencia de acuerdo a los planes diseñados por ellos. El destacamento estaba integrado por elementos del ejército en actividad y perpetró otras matanzas a nivel nacional.

—¿El hecho de que las víctimas sean acusadas de terroristas, hizo más complicado formular la acusación?

—La estrategia del fujimorismo fue enlodar y mantener la negación de la verdad. Si me pide una definición en una línea, diría que el juicio fue el triunfo de la verdad. La parte final de la sentencia, en el punto 827, señaló que los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso ni integraban esa organización criminal. Sin embargo, como estrategia de defensa, el fujimorismo siempre atribuyó de manera absolutamente falsa la condición de supuestos terroristas a las víctimas, lo cual fue descartado por la corte en su sentencia.

El proceso se inició en diciembre de 2007 y terminó en abril de 2009, una gran batalla jurídica donde la verdad se abrió paso sin atenuantes, y se probó de manera irreprochable y ante diversos observadores nacionales e internacionales, la culpabilidad de Alberto Fujimori.

La Cantuta es una herida abierta

—¿La estigmatización de las víctimas impidieron a la población visibilizar los hechos correctamente?

—Cuando mostramos la estructura de la organización del Grupo Colina, Fujimori adoptó la estrategia de decir que estaba en un proceso por 25 personas cuando él había defendido a 25 millones del terrorismo, entonces cuando se señala que las víctimas estarían vinculadas al terrorismo, una parte de la población se pone una venda en los ojos y pareciera negar los hechos y hasta justificarlos. Pero gracias a los medios de prensa el juicio fue transmitido en su integridad en directo y también hubo sectores informados que pudieron contrastar las argumentaciones formarse una mejor opinión.

—En esta historia, ¿qué tan importante ha sido la lucha emprendida por los familiares de las víctimas?

—Ellos han tenido una actividad heroica muy importante, pues con su presencia permanente en todas las actuaciones judiciales, su persistencia y decisión de salir a decir la verdad, a debatir, a expresar su sufrimiento, han hecho que gran parte de la población se haya sensibilizado con estos graves hechos.

A pocos días de la matanza los familiares presentaron un hábeas corpus contra varios jefes militares, y gracias a eso en algún momento esos jefes dieron declaraciones que más adelante fueron útiles durante el juicio, por una serie de contradicciones en que incurrieron.

Entonces, la importancia de los familiares es vital, no se habría avanzado mucho si no fuera por la entrega absoluta y las expresiones de amor de los familiares por sus hermanos e hijos, exigiendo justicia.

—Habría deuda pendiente por parte del Estado considerando que hay implicados que no han sido procesados judicialmente…

—En el destacamento Colina participaron diversos estamentos del Ejército, y el mismo comandante general Hermoza Ríos ordenó se le brinde facilidades a este destacamento militar en La Cantuta. Así como él, varios jefes militares están comprometidos y pendientes de ser juzgados por el Poder Judicial. Igualmente, no se han encontrado los restos de cinco víctimas. Esas son tareas que hay que llevar adelante.

—¿Se configura delito de encubrimiento al no procesar a algunos de los responsables y al no exigir que confiesen dónde están los cuerpos hoy desaparecidos?

—En estos temas pendientes hay responsabilidad del Poder Judicial. Entiendo que hay una sala especializada en esos temas y esperamos que se programen cuanto antes esas diligencias y que el Ministerio Público continúe trabajando para que se logren hallar los restos de los cuerpos de las cinco víctimas que faltan ubicar. No podemos hablar de justicia si tenemos todavía esta herida abierta, si tenemos cinco cuerpos desaparecidos y sigue pendiente el juzgamiento de los responsables que faltan procesar.

—¿Existe un plazo para que esto ocurra?

—Hay un plazo que debe cumplirse, aunque esta es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial, deben explicar el porqué hasta ahora no se ha culminado con el juzgamiento de todos los responsables de la matanza de La Cantuta. Esto sigue pendiente y es uno de los pasivos del Poder Judicial.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Toledo y Karp podrían buscar asilo para evitar extradición

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Alejandro Toledo Manrique y Eliane Karp

Si la justicia norteamericana le concede libertad bajo fianza, Alejandro Toledo podría buscar cobijarse en alguna embajada para evitar la extradición al Perú, pero esa sería una jugada muy torpe, advirtió Yván Montoya, exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad hoc.

Fue al comentar la situación de Toledo Manrique -investigado por recibir 20 millones de dólares por parte de Odebrecht por la adjudicación de la Carretera Interoceánica- quien fue arrestado en Estados Unidos y presentado ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la corte de San Francisco, en el norte de California.

“Podría ocurrir que pueda intentar ganar tiempo de esa manera y cobijarse en alguna embajada. Sería una jugada torpe de su parte, pero podría ocurrir, con lo cual ya sería una perturbación -digamos- a la garantía de aseguramiento que el gobierno norteamericano tiene en este momento con respecto a él, para poder asegurar que la decisión eventual de extraditarlo se pueda efectivizar”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

KARP TAMBIÉN

El exintegrante de la Procuraduría no descartó que Eliane Karp corra la misma suerte que Alejandro Toledo y que intente también asilarse en alguna embajada o viajar hacia Israel.

“Creo que es inevitable el pedido hacia ella, pero yo creo que en este momento debe estar pensando, no sé si volar hacia Israel o en cobijarse en alguna embajada para protegerse. La política de Israel es no conceder la extradición de sus nacionales y se complica un poco el panorama”, anotó.

“Por eso mismo, las medidas deben pensarse rápidamente en este momento respecto a ella también”, argumentó.

Cabe indicar que el coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela, informó que el pedido para la extradición de la ex primera dama Eliane Karp por el caso Ecoteva se encuentra en trámite.

Karp está en calidad de acusada en el caso Ecoteva, por el cual la Fiscalía solicitó una condena de 16 años y 8 meses, el pago de una reparación civil de 15 millones de soles y su extradición.

PODRÍA ESGRIMIR QUE LO PERSIGUEN

“Mi preocupación es que en pleno proceso de extradición, el expresidente Alejandro Toledo pueda esgrimir como argumento que está siendo un perseguido dos veces por un mismo delito y que hay una vulneración de sus derechos”, advirtió Montoya.

“Hay que tener un poco de cuidado para lo que viene respecto al proceso de extradición de Toledo. Él tiene dos procesos: el de Ecoteva y Odebrecht. El cuaderno que se envió en julio del año pasado, en el 2018, es el de Odebrecht y tiene ver con sobre todo el delito fuente, de todos los sobornos y la imputación del lavado, pero existe el de Ecoteva. Son dos procesos que al final tienen nexos comunes, y en buena cuenta el caso Odebrecht termina o debería terminar en Ecoteva por su propia naturaleza”, dijo en el programa No hay Derecho de Ideeleradio.

“Mi preocupación está en que, en pleno proceso, él esgrima como argumento que está siendo perseguido por dos procesos judiciales, que aquí hay un abuso, y una vulneración de sus derechos y que eso es el reflejo de la persecución sobre él”, anotó.

PERSECUCIÓN

“La detención de Alejandro Toledo es una noticia esperanzadora y significa dos cosas. La primera: que la Fiscalía -al tomar la decisión de solicitar al juez federal esta detención para iniciar el proceso judicial de extradición- implica que efectivamente encuentra una causa probable, una causa razonable para que al final un juez conceda la extradición”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y segundo: este pedido encarna que en el ente fiscal y judicial no habría un contexto de persecución política que desnaturalice o que tenga en mente la posibilidad de que sea posteriormente cuestionado como una forma de persecución política”, subrayó

ALGO MÁS

“En el caso de Fujimori, también empezó con una detención en una dependencia militar, pero luego fue progresivamente modulada la medida y hubo una detención domiciliaria, una orden de arraigo para no salir en el país hasta que se determine el proceso de extradición”, recordó Yván Montoya.

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