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La Constitución y el encarecimiento de las medicinas

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El Derecho Constitucional en cuanto disciplina del conocimiento del Derecho tiene por objeto el estudio de la Constitución, precisamente el artículo 61° del texto constitucional fujimorista de 1993, en el título tercero, regula sobre la libre competencia; al respecto, la cita textual y/o literal determina que:

“(…) El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. (…)”

Por definición la libre competencia es la concurrencia al mercado de la oferta y la demanda; con la finalidad de que se determinen y establezcan los precios en las relaciones económicas, beneficiándose la población con el precio debido a la competencia que se establece entre las empresas. Se debe precisar que el mercado, como elemento donde se regula la actividad económica, establece teóricamente los alcances de la competencia perfecta y de la competencia imperfecta.

Al respecto, son los agentes económicos; los cuales en las actividades económicas ejecutan funciones y desempeñan diferentes roles en la vida económica de un país; de tal modo que las empresas en su calidad de unidades de producción elaboran bienes y servicios y las familias convertidas en unidades de consumo utilizan los bienes y servicios producidos por las empresas, adecuadas al rol de las instituciones reguladoras del gobierno y sujetas a los alcances y/o determinaciones de las estructuras del mercado. En consecuencia, el mercado presenta la competencia perfecta merced a la información simétrica, a la producción de bienes de características homogéneas, el ingreso de nuevas empresas al mercado y movilidad perfecta de los productos.

Asimismo, en un mercado de competencia imperfecta los productos son diferenciados por lo cual no existe movilidad de la producción, existe restricciones para el ingreso de nuevas empresas, no existe información, a ello hay que agregar la existencia de un solo oferente o un número reducido de ellos, por lo que tienen el poder suficiente para modificar los precios. En este escenario, estamos frente a un monopolio, que no es más que la existencia del ejercicio de poder de dominio en el mercado, y obviamente fijar los precios sustentados, obviamente, en el descontrolado afán de ganancia.

El análisis del artículo 61° de la Constitución Fujimorista (citada en líneas anteriores), se refiere a que el Estado facilita y vigila la libre competencia, aparentemente fija una posición antimonopolio, sin embargo, cuando seguidamente el artículo en comento agrega que: “(…) combate toda práctica que la limite” se alude al abuso de posiciones dominantes y/o monopólicas, por consiguiente ya no hay rechazo frontal al monopolio, es más, cuando agrega que ninguna ley y concertación puede autorizar ni establecer monopolios, reafirma la aprobación pro-monopólica de la Constitución. Tal como se observa, la Constitución no prohíbe o rechaza el monopolio, prohíbe el abuso de la posición dominante por parte de la empresa monopólica, lo cual perjudica gravemente a la población, debiendo ser la prohibición del monopolio en determinados mercados.

Para nadie es un secreto que la interpretación constitucional se efectúa a través de los principios constitucionales, por consiguiente, cuando se alude al Principio de Unidad de la Constitución se interpreta a la Constitución en forma sistemática, entonces no puede interpretarse la Constitución por artículos separados, si no que tienen que ser interpretados en el contexto de todo el cuerpo constitucional y si a ello agregamos el Principio de Fuerza Normativa, el Principio de Concordancia Conceptual y de Fórmula Política, entonces tendremos como resultado la expresión ideológica del documento de 1993 (Karl Loewenstein ) y se hace evidente el Neoliberalismo.

Los neoliberales en el gobierno, consideran que el libre mercado y la libertad de los monopolios, son los pilares para la solución de los problemas sociales y económicos, es por ello que se oponen a las políticas fiscales expansivas, pues les atribuyen la culpabilidad de las recesiones económicas, argumentan que el aumento del nivel general de precios depende del incremento de la cantidad de dinero en circulación, consideran que la circulación es un problema estrictamente monetario, por eso es que se aplicó el shock económico en 1990.

Asimismo, sostienen que los precios se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda, trasmiten información, incentivan la producción y contribuyen en la distribución de la renta; es más, el crecimiento económico está supeditado al dinamismo del mercado que es el más eficiente ente que asigna recursos y abrirá nuevas fronteras para las mercancías, capitales y flujos financieros. Agregan además que para activar la demanda se debe incrementar la tasa de ganancia a fin de incentivar la inversión privada, tal es el caso del monopolio chileno que se ha constituido y que a los políticos tradicionales poco o nada les interesa, puesto que finalmente consideran que las desigualdades y la pobreza constituyen fuentes de dinamismo económico.

Farmacia medicina medicamentos

Sin embargo, el Principio Constitucional de Racionalidad al oponerse a todo lo arbitrario reprueba esta postura, puesto que el Principio Constitucional de Fórmula Política impone la pretensión de que la interpretación constitucional tiene que considerar al modelo de sociedad, siendo la democracia el modelo de sociedad que las peruanas y peruanos queremos, enmarcado en la teoría de separación de poderes; como marcos prevalentes a tenor de lo dispuesto y ordenado en el artículo 43° del texto constitucional. El Estado constitucional democrático de derecho impone la necesidad de considerar el Principio de Previsión de Consecuencias, en este caso al configurarse el monopolio en la organización y venta de medicamentos, el encarecimiento de las medicinas en agravio del pueblo peruano es una realidad indiscutible.

El incremento de los precios hará imposible que los medicamentos estén al alcance de las peruanas y peruanos, en este contexto las ganancias incontroladas del capital chileno no tendrán límites, se ensañará con las enfermedades y la pobreza de las grandes mayorías del país. En este escenario no existe lugar a dudas de que el grupo INTERCORP, por medio de su compañía INRETAIL PERÚ ha comprado el 100% de las acciones QUICORP S.A., con lo cual la cadena de farmacias INKAFARMA absorbe a sus excompetidoras MIFARMA, BTL y FASA. Esta operación financiera se concretó por $/. 583´000,000.00 (Quinientos Ochenta y Tres Millones con 00/100 Dólares Americanos); según reportó INRETAIL PERÚ a la Superintendencia de Mercados de Valores, en consecuencia, INKAFARMA pasará a tener el 83% de participación en el mercado de cadenas farmacéuticas, y se hace un estimado de que con esta operación alcanzará al 95% del mercado de farmacias. Se debe considerar, que las empresas hoy monopolizadas fueron motivo de sanciones, puesto que INDECOPI en el año 2016 los multó con sumas cercanas a $/. $/. 9´000,000.00 (Nueve Millones con 00/100 Dólares Americanos) a INKAFARMA, ARCANGEL, FASA, MIFARMA y NORTFARMA, por haber integrado un cartel y haber coordinado el incremento de los precios de 36 medicamentos entre enero de 2008 y marzo 2009, es de resaltar que las empresas farmacéuticas nombradas no interpusieron recursos impugnatorios administrativos.

Debemos resaltar que la mayoría de los países del mundo, tienen normas jurídicas claras para evitar que los mercados se monopolicen, puesto que es evidente el encarecimiento y que la población y mayormente las poblaciones vulnerables no estarán en condiciones de pagar los precios que arbitraria y abusivamente impongan los monopolios; por esta razón es fundamental “Cambiar el Derecho para Cambiar la Vida”, y se tiene que partir de una exigencia, que cual imperativo categórico, debe realizarse, es decir, la puesta en vigencia de una nueva constitución como resultado de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Bajo este contexto, el país tiene la exigencia perentoria de plasmar un nuevo contrato social y sobre la base; y aplicación incuestionable de la teoría del poder constituyente, se apruebe una nueva constitución; es así que el Estado Peruano no es neoliberal, el neoliberalismo se asienta en algunas instituciones gubernamentales, pero las grandes mayorías del país aman y quieren a la democracia como sistema de gobierno, pero son los funcionarios neoliberales que se encaraman dentro de la estructura gubernamental y corrompen las instituciones succionando las sangre y la pobreza de las mayorías del país.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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