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La Constitución y el encarecimiento de las medicinas

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El Derecho Constitucional en cuanto disciplina del conocimiento del Derecho tiene por objeto el estudio de la Constitución, precisamente el artículo 61° del texto constitucional fujimorista de 1993, en el título tercero, regula sobre la libre competencia; al respecto, la cita textual y/o literal determina que:

“(…) El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. (…)”

Por definición la libre competencia es la concurrencia al mercado de la oferta y la demanda; con la finalidad de que se determinen y establezcan los precios en las relaciones económicas, beneficiándose la población con el precio debido a la competencia que se establece entre las empresas. Se debe precisar que el mercado, como elemento donde se regula la actividad económica, establece teóricamente los alcances de la competencia perfecta y de la competencia imperfecta.

Al respecto, son los agentes económicos; los cuales en las actividades económicas ejecutan funciones y desempeñan diferentes roles en la vida económica de un país; de tal modo que las empresas en su calidad de unidades de producción elaboran bienes y servicios y las familias convertidas en unidades de consumo utilizan los bienes y servicios producidos por las empresas, adecuadas al rol de las instituciones reguladoras del gobierno y sujetas a los alcances y/o determinaciones de las estructuras del mercado. En consecuencia, el mercado presenta la competencia perfecta merced a la información simétrica, a la producción de bienes de características homogéneas, el ingreso de nuevas empresas al mercado y movilidad perfecta de los productos.

Asimismo, en un mercado de competencia imperfecta los productos son diferenciados por lo cual no existe movilidad de la producción, existe restricciones para el ingreso de nuevas empresas, no existe información, a ello hay que agregar la existencia de un solo oferente o un número reducido de ellos, por lo que tienen el poder suficiente para modificar los precios. En este escenario, estamos frente a un monopolio, que no es más que la existencia del ejercicio de poder de dominio en el mercado, y obviamente fijar los precios sustentados, obviamente, en el descontrolado afán de ganancia.

El análisis del artículo 61° de la Constitución Fujimorista (citada en líneas anteriores), se refiere a que el Estado facilita y vigila la libre competencia, aparentemente fija una posición antimonopolio, sin embargo, cuando seguidamente el artículo en comento agrega que: “(…) combate toda práctica que la limite” se alude al abuso de posiciones dominantes y/o monopólicas, por consiguiente ya no hay rechazo frontal al monopolio, es más, cuando agrega que ninguna ley y concertación puede autorizar ni establecer monopolios, reafirma la aprobación pro-monopólica de la Constitución. Tal como se observa, la Constitución no prohíbe o rechaza el monopolio, prohíbe el abuso de la posición dominante por parte de la empresa monopólica, lo cual perjudica gravemente a la población, debiendo ser la prohibición del monopolio en determinados mercados.

Para nadie es un secreto que la interpretación constitucional se efectúa a través de los principios constitucionales, por consiguiente, cuando se alude al Principio de Unidad de la Constitución se interpreta a la Constitución en forma sistemática, entonces no puede interpretarse la Constitución por artículos separados, si no que tienen que ser interpretados en el contexto de todo el cuerpo constitucional y si a ello agregamos el Principio de Fuerza Normativa, el Principio de Concordancia Conceptual y de Fórmula Política, entonces tendremos como resultado la expresión ideológica del documento de 1993 (Karl Loewenstein ) y se hace evidente el Neoliberalismo.

Los neoliberales en el gobierno, consideran que el libre mercado y la libertad de los monopolios, son los pilares para la solución de los problemas sociales y económicos, es por ello que se oponen a las políticas fiscales expansivas, pues les atribuyen la culpabilidad de las recesiones económicas, argumentan que el aumento del nivel general de precios depende del incremento de la cantidad de dinero en circulación, consideran que la circulación es un problema estrictamente monetario, por eso es que se aplicó el shock económico en 1990.

Asimismo, sostienen que los precios se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda, trasmiten información, incentivan la producción y contribuyen en la distribución de la renta; es más, el crecimiento económico está supeditado al dinamismo del mercado que es el más eficiente ente que asigna recursos y abrirá nuevas fronteras para las mercancías, capitales y flujos financieros. Agregan además que para activar la demanda se debe incrementar la tasa de ganancia a fin de incentivar la inversión privada, tal es el caso del monopolio chileno que se ha constituido y que a los políticos tradicionales poco o nada les interesa, puesto que finalmente consideran que las desigualdades y la pobreza constituyen fuentes de dinamismo económico.

Farmacia medicina medicamentos

Sin embargo, el Principio Constitucional de Racionalidad al oponerse a todo lo arbitrario reprueba esta postura, puesto que el Principio Constitucional de Fórmula Política impone la pretensión de que la interpretación constitucional tiene que considerar al modelo de sociedad, siendo la democracia el modelo de sociedad que las peruanas y peruanos queremos, enmarcado en la teoría de separación de poderes; como marcos prevalentes a tenor de lo dispuesto y ordenado en el artículo 43° del texto constitucional. El Estado constitucional democrático de derecho impone la necesidad de considerar el Principio de Previsión de Consecuencias, en este caso al configurarse el monopolio en la organización y venta de medicamentos, el encarecimiento de las medicinas en agravio del pueblo peruano es una realidad indiscutible.

El incremento de los precios hará imposible que los medicamentos estén al alcance de las peruanas y peruanos, en este contexto las ganancias incontroladas del capital chileno no tendrán límites, se ensañará con las enfermedades y la pobreza de las grandes mayorías del país. En este escenario no existe lugar a dudas de que el grupo INTERCORP, por medio de su compañía INRETAIL PERÚ ha comprado el 100% de las acciones QUICORP S.A., con lo cual la cadena de farmacias INKAFARMA absorbe a sus excompetidoras MIFARMA, BTL y FASA. Esta operación financiera se concretó por $/. 583´000,000.00 (Quinientos Ochenta y Tres Millones con 00/100 Dólares Americanos); según reportó INRETAIL PERÚ a la Superintendencia de Mercados de Valores, en consecuencia, INKAFARMA pasará a tener el 83% de participación en el mercado de cadenas farmacéuticas, y se hace un estimado de que con esta operación alcanzará al 95% del mercado de farmacias. Se debe considerar, que las empresas hoy monopolizadas fueron motivo de sanciones, puesto que INDECOPI en el año 2016 los multó con sumas cercanas a $/. $/. 9´000,000.00 (Nueve Millones con 00/100 Dólares Americanos) a INKAFARMA, ARCANGEL, FASA, MIFARMA y NORTFARMA, por haber integrado un cartel y haber coordinado el incremento de los precios de 36 medicamentos entre enero de 2008 y marzo 2009, es de resaltar que las empresas farmacéuticas nombradas no interpusieron recursos impugnatorios administrativos.

Debemos resaltar que la mayoría de los países del mundo, tienen normas jurídicas claras para evitar que los mercados se monopolicen, puesto que es evidente el encarecimiento y que la población y mayormente las poblaciones vulnerables no estarán en condiciones de pagar los precios que arbitraria y abusivamente impongan los monopolios; por esta razón es fundamental “Cambiar el Derecho para Cambiar la Vida”, y se tiene que partir de una exigencia, que cual imperativo categórico, debe realizarse, es decir, la puesta en vigencia de una nueva constitución como resultado de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Bajo este contexto, el país tiene la exigencia perentoria de plasmar un nuevo contrato social y sobre la base; y aplicación incuestionable de la teoría del poder constituyente, se apruebe una nueva constitución; es así que el Estado Peruano no es neoliberal, el neoliberalismo se asienta en algunas instituciones gubernamentales, pero las grandes mayorías del país aman y quieren a la democracia como sistema de gobierno, pero son los funcionarios neoliberales que se encaraman dentro de la estructura gubernamental y corrompen las instituciones succionando las sangre y la pobreza de las mayorías del país.

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Política

Confesión de Yoshiyama fortalece a Fiscalía ante apelación de Keiko

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Jaime Yoshiyama Tanaka - Jorge Yoshiyama Sasaki

Ante la inminente vista de la apelación de la prisión preventiva de la jefa de fuerza Popular, Keiko Fujimori, la posición del Ministerio Público y del Primer Juzgado de Garantías Penales se ha fortalecido a raíz de la confesión de Jaime Yoshiyama y la ratificación del juez Richard Concepción como supervisor del “Caso Keiko”.

La suma que Jorge Yoshiyama dice que ayudó a “lavar” a su tío Jaime (800 mil dólares) es cercana al millón de dólares que Odebrecht confesó haber entregado entre el 2010 y 2011 a Fuerza Popular, precisamente a través del exministro Yoshiyama y de Augusto Bedoya. En esta línea solo falta la confirmación plena, porque indicios y testimonios, sobran.

Sin embargo, si Odebrecht no fue el origen, el elevado monto abonaría también a favor de la sospecha firme del fiscal Pérez Gómez de que, además de la empresa brasilera, FP habría recibido aportes ocultos de otras fuentes hasta por 900 mil dólares adicionales de dudoso origen.

Esa sospecha se funda en que la Fiscalía ha descubierto que entre junio y octubre de 2011, FP ocultó que había pagado en efectivo 2.2 millones de soles por publicidad electoral, existiendo aún otros 2.8 millones de soles de pagos pendientes por investigar.

De este modo, ya casi no está en discusión si hubo o no aportes ilícitos, si hubo delito o no, sino cuánto y de parte de quién o quiénes procedieron los fondos.

El letrado Luciano López declaró ayer que con lo dicho por Jorge Yoshiyama, está clara la comisión de un delito concreto que debe ser investigado y esclarecido caiga quien caiga. Es tan importante su revelación que el juez le ha puesto custodia policial permanente.

En el caso de equipo Lava Jato, lo ocurrido es un espaldarazo a su sistema de investigación y al uso de la delación premiada, la coerción de la detención preliminar y prisión preventiva, como medios de aproximarse a la verdad.

DEBILIDAD POPULAR

La confesión de Yoshiyama fue de alto grado que provocó casi el silencio de los locuaces portavoces del fujimorismo.

La parlamentaria Rosa Bartra que había proclamado que denunciaría penalmente al fiscal Pérez y al juez Concepción, por haber mentido respecto a supuestos documentos de la Comisión Lava Jato, reculó ayer y dejó en suspenso su acción.

Pero el Fiscal Pérez no perdió la oportunidad de responderle que con la confesión de Jorge Yoshiyama, queda claro que ni él ni el juez Concepción, mienten.

Por su lado, Carlos Tubino, portavoz fujimorista, se escudó en que las responsabilidades penales son individuales, dando a entender que Keiko Fujimori pudo no saber nada de esos tejes y manejes, por los que Jorge Yoshiyama y los demás responsables deberán responder por sus actos.

La tesis de que Keiko Fujimori no supo del lavado de dinero, fue esgrimida al mediodía por el abogado de Jaime Yoshiyama, quien habría decidido autoinculparse de lo confesado por su sobrino.

Y la misma tesis fue repetida, como un guión, después por el congresista Miguel Torres al decir que la confesión de Jorge Yoshiyama, llega hasta su tío Jaime Yoshiyama, pero no compromete a Keiko Fujimori, porque ella no supo nada del dinero sucio.

Los especialistas dicen que es característica típica de las organizaciones criminales que los segundos traten siempre de encubrir a los cabecillas, autoinculpándose y negando el conocimiento por parte de sus jefes.

Eso es improcedente, pues otra distinción de ese tipo de entidades es su organización vertical, de tal modo que dentro de ellas los jefes controlan hasta los suspiros y aplausos de sus subordinados, como en Fuerza Popular.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Mejía Lecca pide declarar ante fiscal pero el juez no lo deja

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Luis Mejía Lecca

El fiscal Lava Jato, José Pérez Gómez, ratificó su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Luis Mejía Lecca, el penúltimo de los presuntos miembros de la organización criminal keikista que el 2011 habría lavado fondos ilícitos ingresados a la campaña presidencial de ese año.

Para Pérez, el expersonero alterno y tesorero de Fuerza Popular, Mejía Lecca, fue un operador bajo las órdenes directas de Pier Figari y Ana Hertz, imputados como miembros de la cúpula de la organización criminal que se enquistó en el partido para captar dinero ilícito y lavarlo.

En ese sentido le imputó el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento y debido a la intensa actividad que desarrolló, tanto en Lima como en el departamento de San Martín para tratar de que falsos aportantes siguieran mintiendo a la Fiscalía, el fiscal dedujo que es peligroso por su capacidad de obstruir la justicia.

QUIERE HABLAR ANTE FISCAL

En la corriente de quebrantamiento de amistades, lealtades y de casi un “¡sálvese quien pueda” de la prisión preventiva, tan pronto se supo que Jorge Yoshiyama había confesado para no ir a prisión, la defensa de Mejía Lecca solicitó al juez la suspensión de la audiencia para que su cliente haga declaraciones importantes ante el fiscal.

Sin embargo, un decidido juez Concepción Carhuancho rechazó la petición y ordenó la continuación de la audiencia.

En la tarde, antes de que Mejia haga su defensa personal, su abogado volvió a solicitar que se le permita declarar solo ante el fiscal, pero el juez mantuvo su decisión negativa.

Cuando todos esperaban que Mejía aprovechara la oportunidad para confesar, en su defensa trató de acusar al congresista Rolando Reátegui y a Jorge Yoshiyama de ser los únicos que han aceptado haber manejado dinero presuntamente negro y de haber reclutado falsos aportantes.

Hoy será debatido el último caso de Carmela Paucará, la secretaria personal de Keiko Fujimori Higuchi.

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Política

Núcleo “nikkei” keikista se hunde; los Yoshiyama lavaron US$ 800 mil

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Jorge Yoshiyama Sasaki

El núcleo “nikkei” de la supuesta organización criminal de Keiko Fujimori Higushi que infiltró a Fuerza Popular para lavar activos en la campaña del 2011, se quebró ayer con la espectacular confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki, de que ayudó a su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, a introducir al sistema financiero 800 mil dólares de origen dudoso.

NO FUERON 100, FUERON 800 MIL

En el transcurso de la audiencia sobre la situación de Luis Mejía Lecca, la defensa legal de Jorge Yoshiyama aprovechó una pausa para solicitar al juez Richard Concepción Carhuancho que, debido a que su defendido había avanzado su confesión sincera un día antes ante la Fiscalía, lo tenga en cuenta para que solo le imponga comparecencia restringida y una caución de 50 mil soles.

Fue entonces que el fiscal José Pérez leyó parte de la declaración de Yoshiyama referida al blanqueo de 100 mil dólares.

Esto probablemente llevó a confusión a la defensa legal de Jaime Yoshiyama, a corroborar en el acto la supuesta versión de los 100 mil dólares, aventurando además la versión de que se trató de dinero lícito, por lo que no podría generar el delito de lavado de activos.

No obstante, eso quedó fuera de lugar cuando se supo que en realidad Jorge Yoshiyama había confesado que ayudó a su tío a lavar 800 mil dólares, tarea que empezó con 100 mil.

EL DERRUMBE DE JORGE

Tras la orden de prisión preventiva por 36 meses librada el sábado 10 contra Vicente Silva Checa, después de que su propio caso fuera debatido durante dos días, Jorge Yoshiyama Sasaki, se hundió.

El lunes 12, libre de audiencia, se presentó junto a su abogado ante el fiscal José Pérez Gómez y su adjunta Elvia Caro Izquierdo, en la División de Alta Complejidad (DIVIAC) de la Policía y confesó su crimen:

Entre febrero y marzo del 2011, su tío Jaime Yoshiyama le pidió que buscara amigos pudientes para simular aportes a la campaña de Fuerza 2011 con dinero que empresarios que no deseaban aparecer públicamente le habían entregado, en efectivo.

Jorge Yoshiyama aceptó y reclutó a su amigo y vecino Giancarlo Bertini Vivanco.

LOS PRIMEROS 100 MIL

El día en que le dijo a su tío Jaime que ya tenía un aportante seguro, este lo llevó a su dormitorio y de una caja fuerte ubicada dentro del clóset sacó los primeros 100 mil dólares, los puso en una bolsa de plástico y se los entregó junto a unos recibos de aportaciones de Fuerza 2011 y el número de cuenta del Scotiabank, en la cual debían realizarse los depósitos.

Jaime le dijo a Jorge que los depósitos deberían ser chicos, de menos de diez mil dólares para evitar el papeleo.

Del monto, Jorge Yoshiyama entregó a Bertini 50 mil dólares, “con las instrucciones correspondientes. Dos semanas después, Bertini le entregó los comprobantes de los depósitos.

Al recibirlos los comprobantes en su casa, su tío Jaime le pidió que consiguiera más aportantes falsos.

Entonces reclutó a su amigo Erick Matto Monge, quien aceptó y le consiguió dos colaboradores que firmaron los respectivos recibidos. Repitieron ese trámite cuatro o cinco veces.

FUERON 800 MIL

A estas alturas precisó lo siguiente: “Una vez cada dos semanas iba también a la casa de mi tío Jaime a recoger el dinero en efectivo. Desde marzo, que fue la primera vez que mi tío me entregó dinero, hasta el final de la campaña, mediados de junio del 2011, he ido unas seis o siete veces a recoger dinero entre montos de cien mil y 200 mil dólares (…) No recuerdo bien pero han sido aproximadamente 800 mil dólares norteamericanos que me ha entregado, porque entre las personas que aparecen como aportantes de Giancarlo Bertini, Erick Matto y algunos amigos míos, da esa suma, aproximadamente”.

Jorge Yoshiyama aclaró que inicialmente no supo quiénes eran las personas captadas por Giancarlo Bertini y Erick Matto Monge.

Personalmente, él captó a Celso Dextre, Víctor Dextre, Henry Dávila, Rolando Ganoza, Luna Venero, Ronald Osorio y el congresista Miguel Castro Grández, entre los que se acordaba.

ALGO MÁS

En la audiencia de ayer el fiscal Pérez Gómez aceptó el planteamiento de la comparecencia, en vez de la prisión preventiva, para Jorge Yoshiyama, pero añadió la restricción de salida del país.

El juez Concepción se reservó su decisión.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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