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La Constitución y el encarecimiento de las medicinas

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El Derecho Constitucional en cuanto disciplina del conocimiento del Derecho tiene por objeto el estudio de la Constitución, precisamente el artículo 61° del texto constitucional fujimorista de 1993, en el título tercero, regula sobre la libre competencia; al respecto, la cita textual y/o literal determina que:

“(…) El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. (…)”

Por definición la libre competencia es la concurrencia al mercado de la oferta y la demanda; con la finalidad de que se determinen y establezcan los precios en las relaciones económicas, beneficiándose la población con el precio debido a la competencia que se establece entre las empresas. Se debe precisar que el mercado, como elemento donde se regula la actividad económica, establece teóricamente los alcances de la competencia perfecta y de la competencia imperfecta.

Al respecto, son los agentes económicos; los cuales en las actividades económicas ejecutan funciones y desempeñan diferentes roles en la vida económica de un país; de tal modo que las empresas en su calidad de unidades de producción elaboran bienes y servicios y las familias convertidas en unidades de consumo utilizan los bienes y servicios producidos por las empresas, adecuadas al rol de las instituciones reguladoras del gobierno y sujetas a los alcances y/o determinaciones de las estructuras del mercado. En consecuencia, el mercado presenta la competencia perfecta merced a la información simétrica, a la producción de bienes de características homogéneas, el ingreso de nuevas empresas al mercado y movilidad perfecta de los productos.

Asimismo, en un mercado de competencia imperfecta los productos son diferenciados por lo cual no existe movilidad de la producción, existe restricciones para el ingreso de nuevas empresas, no existe información, a ello hay que agregar la existencia de un solo oferente o un número reducido de ellos, por lo que tienen el poder suficiente para modificar los precios. En este escenario, estamos frente a un monopolio, que no es más que la existencia del ejercicio de poder de dominio en el mercado, y obviamente fijar los precios sustentados, obviamente, en el descontrolado afán de ganancia.

El análisis del artículo 61° de la Constitución Fujimorista (citada en líneas anteriores), se refiere a que el Estado facilita y vigila la libre competencia, aparentemente fija una posición antimonopolio, sin embargo, cuando seguidamente el artículo en comento agrega que: “(…) combate toda práctica que la limite” se alude al abuso de posiciones dominantes y/o monopólicas, por consiguiente ya no hay rechazo frontal al monopolio, es más, cuando agrega que ninguna ley y concertación puede autorizar ni establecer monopolios, reafirma la aprobación pro-monopólica de la Constitución. Tal como se observa, la Constitución no prohíbe o rechaza el monopolio, prohíbe el abuso de la posición dominante por parte de la empresa monopólica, lo cual perjudica gravemente a la población, debiendo ser la prohibición del monopolio en determinados mercados.

Para nadie es un secreto que la interpretación constitucional se efectúa a través de los principios constitucionales, por consiguiente, cuando se alude al Principio de Unidad de la Constitución se interpreta a la Constitución en forma sistemática, entonces no puede interpretarse la Constitución por artículos separados, si no que tienen que ser interpretados en el contexto de todo el cuerpo constitucional y si a ello agregamos el Principio de Fuerza Normativa, el Principio de Concordancia Conceptual y de Fórmula Política, entonces tendremos como resultado la expresión ideológica del documento de 1993 (Karl Loewenstein ) y se hace evidente el Neoliberalismo.

Los neoliberales en el gobierno, consideran que el libre mercado y la libertad de los monopolios, son los pilares para la solución de los problemas sociales y económicos, es por ello que se oponen a las políticas fiscales expansivas, pues les atribuyen la culpabilidad de las recesiones económicas, argumentan que el aumento del nivel general de precios depende del incremento de la cantidad de dinero en circulación, consideran que la circulación es un problema estrictamente monetario, por eso es que se aplicó el shock económico en 1990.

Asimismo, sostienen que los precios se determinan por el libre juego de la oferta y la demanda, trasmiten información, incentivan la producción y contribuyen en la distribución de la renta; es más, el crecimiento económico está supeditado al dinamismo del mercado que es el más eficiente ente que asigna recursos y abrirá nuevas fronteras para las mercancías, capitales y flujos financieros. Agregan además que para activar la demanda se debe incrementar la tasa de ganancia a fin de incentivar la inversión privada, tal es el caso del monopolio chileno que se ha constituido y que a los políticos tradicionales poco o nada les interesa, puesto que finalmente consideran que las desigualdades y la pobreza constituyen fuentes de dinamismo económico.

Farmacia medicina medicamentos

Sin embargo, el Principio Constitucional de Racionalidad al oponerse a todo lo arbitrario reprueba esta postura, puesto que el Principio Constitucional de Fórmula Política impone la pretensión de que la interpretación constitucional tiene que considerar al modelo de sociedad, siendo la democracia el modelo de sociedad que las peruanas y peruanos queremos, enmarcado en la teoría de separación de poderes; como marcos prevalentes a tenor de lo dispuesto y ordenado en el artículo 43° del texto constitucional. El Estado constitucional democrático de derecho impone la necesidad de considerar el Principio de Previsión de Consecuencias, en este caso al configurarse el monopolio en la organización y venta de medicamentos, el encarecimiento de las medicinas en agravio del pueblo peruano es una realidad indiscutible.

El incremento de los precios hará imposible que los medicamentos estén al alcance de las peruanas y peruanos, en este contexto las ganancias incontroladas del capital chileno no tendrán límites, se ensañará con las enfermedades y la pobreza de las grandes mayorías del país. En este escenario no existe lugar a dudas de que el grupo INTERCORP, por medio de su compañía INRETAIL PERÚ ha comprado el 100% de las acciones QUICORP S.A., con lo cual la cadena de farmacias INKAFARMA absorbe a sus excompetidoras MIFARMA, BTL y FASA. Esta operación financiera se concretó por $/. 583´000,000.00 (Quinientos Ochenta y Tres Millones con 00/100 Dólares Americanos); según reportó INRETAIL PERÚ a la Superintendencia de Mercados de Valores, en consecuencia, INKAFARMA pasará a tener el 83% de participación en el mercado de cadenas farmacéuticas, y se hace un estimado de que con esta operación alcanzará al 95% del mercado de farmacias. Se debe considerar, que las empresas hoy monopolizadas fueron motivo de sanciones, puesto que INDECOPI en el año 2016 los multó con sumas cercanas a $/. $/. 9´000,000.00 (Nueve Millones con 00/100 Dólares Americanos) a INKAFARMA, ARCANGEL, FASA, MIFARMA y NORTFARMA, por haber integrado un cartel y haber coordinado el incremento de los precios de 36 medicamentos entre enero de 2008 y marzo 2009, es de resaltar que las empresas farmacéuticas nombradas no interpusieron recursos impugnatorios administrativos.

Debemos resaltar que la mayoría de los países del mundo, tienen normas jurídicas claras para evitar que los mercados se monopolicen, puesto que es evidente el encarecimiento y que la población y mayormente las poblaciones vulnerables no estarán en condiciones de pagar los precios que arbitraria y abusivamente impongan los monopolios; por esta razón es fundamental “Cambiar el Derecho para Cambiar la Vida”, y se tiene que partir de una exigencia, que cual imperativo categórico, debe realizarse, es decir, la puesta en vigencia de una nueva constitución como resultado de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Bajo este contexto, el país tiene la exigencia perentoria de plasmar un nuevo contrato social y sobre la base; y aplicación incuestionable de la teoría del poder constituyente, se apruebe una nueva constitución; es así que el Estado Peruano no es neoliberal, el neoliberalismo se asienta en algunas instituciones gubernamentales, pero las grandes mayorías del país aman y quieren a la democracia como sistema de gobierno, pero son los funcionarios neoliberales que se encaraman dentro de la estructura gubernamental y corrompen las instituciones succionando las sangre y la pobreza de las mayorías del país.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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