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La Constitución bicameral y ley esclavista “Pulpín”

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La Constitución fujimorista neoliberal de 1993 es unicameral; la unicameralidad históricamente ha gozado de la preferencia de las dictaduras, por esta razón en el Perú goza de la preferencia de los políticos tradicionales, a ello se debe su vigencia impositiva de estos 30 años de fujimorismo en el Perú; el argumento del Congreso Constituyente Democrático (CCD) de Alberto Fujimori fue que el Congreso Bicameral tenía demasiados congresistas y que por lo tanto generaba mayor gasto; sin embargo, esta gran mentira se cae por los suelos puesto que el Congreso Unicameral fujimorista actual supera los 400.00 millones de Nuevos Soles, en tanto que el presupuesto del Congreso Bicameral fue de 40.00 millones Nuevos Soles, de modo que con el “Presupuesto Libre” del Congreso Unicameral se podría tener hasta 6 o más congresos bicamerales.

El Congreso Unicameral por su naturaleza siempre será de fácil manejo para la corrupción y los gobiernos autocráticos, tal como el Perú ha tenido en estos últimos 30 años, la componenda y la repartija se acomodan a la naturaleza del Congreso Unicameral neoliberal, puesto que la esencia de su proceder siempre será antidemocrática y antinacional; a esta realidad se debe las posturas históricas en naturaleza constitucional del estado inglés – anglosajón, que tiene un Congreso Bicameral (la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes); los Estados Unidos de América con un Congreso Bicameral (el Senado y la Cámara de Representantes); estos son los ejemplos y son muchísimos los que se puede citar.

La Constitución histórica en el Perú es esencialmente Congreso Bicameral, desde la Primera Constitución Política del Perú de 1823, de naturaleza bicameral, hasta la de 1979, con la excepción de un breve periodo con la Constitución de 1867; entonces existe el imperativo categórico de que el Perú, merced a una Convocatoria a Asamblea Constituyente, tenga un nuevo Contrato Social, el mismo que supere la ingrata y nefasta experiencia de la Constitución Unicameral fujimorista; y en respeto escrupuloso de la Teoría del Poder Constituyente y del Poder Constituido, la sociedad peruana tenga una nueva Constitución bajo los fundamentos de: “Una nueva Educación, una nueva Economía, una nueva Política y una nueva Cultura”.

Vladimiro Montesinos - Alberto Fujimori

Bajo este escenario, el Perú debe tener leyes mejor analizadas, racionalmente discutidas y en beneficio del país, bajo este esquema el Perú superará las amarguras que hoy nos toca vivir cuando nuestra juventud es agraviada y es ofendida en su dimensión de persona, afectándose su dignidad personal con una Ley esclavista, arbitraria y prepotente, la misma que materializa el sueño de los políticos tradicionales que siempre vivieron de la mamadera del Estado y de un sector privado mal acostumbrado a la ganancia especulativa y la ambición insana del enriquecimiento fácil sin importarle ni interesarle el espíritu nacional y la persona humana de considerar que si la producción es social entonces se debe producir en beneficio de toda la sociedad.

Gran parte del sector privado está identificado con la corrupción y disfrazan sus apetencias con el tecnicismo; no obstante la bancarrota económica por el que transita nuestro país, el referido sector privado corrupto grita que “no se está logrando incentivar la inversión, no se soluciona la rigidez laboral” (desde hace 30 años), argumentando la excesiva carga tributaria; sin embargo, no describen ni explican dentro del neoliberalismo, los temas de la burocracia y la corrupción, pretendiendo negarse a debatir la subida de la remuneración mínima vital, cuando saben perfectamente que los 850 soles RMV no alcanzan para nada o alcanzan para muy poco ante la subida de los precios en el mercado peruano.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente traerá consigo una nueva Constitución, el debate de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores dará la oportunidad de que se expidan mejores leyes que viabilizarán el desarrollo industrial en el Perú, que abrirá el camino para el crecimiento económico y el desarrollo social, por eso es que desde nuestra perspectiva no significa de que con las leyes unos ganen y otros pierdan; puesto que el sistema constitucional no puede equiparase a un juego de lotería o a un juego de azar; desde que la naturaleza de las normas jurídicas es regular las conductas interindividuales tomando como base no solamente la naturaleza relacional del hombre, sino en atención a los valores, la ética la moral y la justicia.

Asimismo, no se trata de que dos Cámaras hagan más difícil aprobar leyes y que tampoco éstas negocien, de lo que se trata es de promover la racionalidad, la proporcionalidad y la reflexión sustentada en la descripción y la explicación de la vida humana para una convivencia social de paz y justicia. Por estos fundamentos, resulta incomprensible que el Congreso Unicameral fujimorista pretenda imponer la esclavitud a nuestra juventud llamándole dulcemente “Experiencia Formativa en Situaciones Reales de Trabajo” e imponerles 20 horas semanales – un total de 448 horas en 3 años, sin remuneración y ningún derecho. Al respecto, es bueno recordar y refrescar la memoria de algunos integrantes de la Comisión Permanente del Congreso neoliberal y a otros recomendarles el estudio o el repaso, puesto que el esclavismo en el Perú fue abolido, merced a la Constitución bicameral de 1823 que en el Artículo 11 textualmente cita: “Nadie nace esclavo en el Perú, ni de nuevo puede entrar en él alguno de esta condición”.

Este dispositivo constitucional se repite a lo largo de los cuerpos constitucionales que ha tenido el Perú e inclusive la Constitución fujimorista en el inciso 15 del artículo 2° de la Constitución regula el trabajo libre con sujeción a la ley. Asimismo, el artículo 22° de la Constitución considera que el trabajo es un deber y un derecho y es un medio de realización de la persona; igualmente el artículo 23° regula de que el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado y protege especialmente a la madre al menor de edad y al impedido que trabaja; agrega que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer ni rebajar la dignidad del trabajador. Finalmente agrega textualmente, cual sarcasmo para la nesciencia del fujimorismo que “(…) Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”. Es evidente que los integrantes de la Comisión Permanente no han leído la Constitución fujimorista, olvidándose de que el texto constitucional exige estudio y consecuente reflexión; por estas razones la llamada “Ley Pulpín II” constituye una aberración jurídica, es abierta, inconstitucional y solo expresa la prepotencia de quienes, como el fujimorismo al ejercer el poder político, creen que pueden hacer y deshacer a su regalado gusto las tareas gubernamentales.

Es más, es evidente el maltrato y el agravio, no solo a nuestros jóvenes que con sacrificio han realizado estudios técnicos, compromete a toda la nación, por eso es que les decimos que no están solos y que configuran la esperanza de un mañana mejor; en cada uno de ustedes nace y renace vive y pervive el alma matinal que es el alma de la gran transformación en la actual escena contemporánea. La autocracia fujimorista en el poder político (el Ejecutivo con Kuczynski y el Legislativo con Keiko), en el ejercicio pleno del poder tradicional, consideran que pueden hacer lo que se les antoja, sin embargo, para las mayorías del país es la hora de la unidad; unidad para la organización de masas y unidad para la organización política,.En las jornadas de lucha de hoy nada nos divide como tampoco nada nos dividirá en las jornadas de lucha en los nuevos tiempos que vendrán.

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Política

Lo dejaron solo

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Omar Quesada

Luego de que algunos representantes apristas acusaran a autoridades como los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, o al mismo presidente de la república, Martín Vizcarra, de ser los causantes del suicidio del expresidente Alan García Pérez, las declaraciones de otro dirigente aprista tiran por los suelos la pretendida estrategia de obtener un rédito político de la muerte del exmandatario. Por el contrario, dejan al descubierto una posible falta de prevención que podría haber contribuido al trágico desenlace.

AG LO ANUNCIÓ

Omar Quesada, quien diera la noticia de la muerte de Alan García, declaró ayer a Radio Programas del Perú que el expresidente había advertido a su entorno más cercano que no lo iban a ver esposado ni humillado.

“Él (García) siempre nos dijo a mí no me van a ver, al presidente del Apra, al presidente Alan García o al compañero de ustedes, esposado, humillado, como el día de ayer lo querían hacer. No nos ha sorprendido un acto de esa naturaleza, aunque es increíble hasta el último momento”, reveló.

“Para nosotros ha sido un shock emocional, a pesar de que sabíamos de que esa era una medida que él podía tomar”, agregó.

Las afirmaciones de Quesada no representan una visión aislada. El congresista Víctor García Belaunde de Acción Popular afirmó en una entrevista televisiva que según le comentaron algunos partidarios apristas, Alan García se presentó en la embajada de Uruguay con un arma bajo el brazo, creyendo que podía ser detenido. “Él conservó el arma no para usarla contra otro, sino para él, porque no estaba dispuesto a permitir que lo humillen, según decía”, recordó García Belaunde.

Tuit de Carlos Mesía

Otro testimonio que consigna la delicada información de la que estaba al tanto el entorno de García, es el del expresidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien escribió en Twitter: “El presidente no iba a permitir que sin pruebas, fuese expuesto a la humillación pública de verse enmarrocado. Por eso dije hace un tiempo: ‘al presidente García nadie lo enmarroca’. No es cobardía, es honor. Lo sabía de fuentes cercanas que eso sucedería llegado el caso”.

Todas estas afirmaciones confirman que la posibilidad del suicidio no era ignorada por el entorno del expresidente, por lo que cabe preguntarse si acaso no lleva su círculo más íntimo la responsabilidad moral de no haber asistido al expresidente con ayuda médica profesional, y previniendo el acceso que este tenía al arma de fuego con la que terminó quitándose la vida.

Como una premonición o como una evidencia de que la idea de la muerte no le era ajena, García dijo en el primer mitin tras su regreso al país en el 2001: “no sé a dónde me conduzca la vida, no sé si me lleve a la muerte, pero aquí estoy entregando todo lo que soy, otra vez, al servicio de la patria”.

EN EL DOLOR, TE ACUSO

El primer líder aprista en apuntar contra quienes consideró “los perseguidores de García” fue Mauricio Mulder. En los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa, lejos de mostrar empatía con la familia o con el amigo que acababa de perder, dio un discurso con un claro cálculo político: “El presidente García tomó una decisión de dignidad y de honor. Un acto de honor frente a una persecución fascista”.

Mulder acusó “la concreción de todo un mecanismo de persecución de búsqueda de popularidad enfermiza por parte de algunas personas imbuidas de poder que quieren pasar a la historia como carceleros”, en clara referencia al fiscal José Domingo Pérez.

Luis Gonzales Posada, ex ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de García, culpó a Pedro Cateriano y Gustavo Gorriti como responsables de la muerte del expresidente. “La bala la han disparado ellos”, acusó. Además, se dirigió al fiscal Pérez calificando su trabajo de “crueldad”.

Lo dicho por Jorge Del Castillo dio un sentido político al suicidio del líder aprista: “Es una decisión muy dura pero tiene una inspiración de defensa de su honor … ha entregado su vida pero ha hecho un acto político decisivo”.

LAS INVESTIGACIONES NO DEBEN PARAR

Los dichos anteriores fueron rechazados por el ex primer ministro y actual presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, quien consideró que no se puede señalar a la Prensa o a los fiscales de la responsabilidad de una decisión tomada por el propio García. “Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el expresidente creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva”.

Por otro lado, el dirigente aprista Carlos Roca indicó que la “decisión personal de Alan García de inmolarse es una decisión que hay que respetar y no hay que utilizar la trágica muerte para suscitar odios contra personalidades del país”.

Roca hizo una invocación para que en vez de estar buscando responsables de la muerte de García en los adversarios políticos, los partidarios apristas piensen en lo que se debe hacer para que nunca más haya funcionarios que caigan en la coima y la corrupción. “Eso no se puede negar”, sentenció.

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Política

Allanamiento no podía detenerse pese al suicidio de AG

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Juan José Quispe

El abogado Amoretti dijo que el allanamiento a la casa de Alan García debió suspenderse de inmediato tras la muerte de Alan García. De igual modo sostuvo la jurisconsulta Romy Chang, al referirse al mismo tema. El testimonio de Humberto Abanto, se suma a esas informaciones.

Sin embargo, esto no sucedió. ¿Por qué? Una orden del juez Carhuancho gravitaba en la ejecución de dicha medida, que debía ejecutarse pese a la tragedia ocurrida por el suicidio de Alan García.

“La diligencia debió concluir, no tenía por qué suspenderse. Uno porque era una orden dispuesta por un juez, requerida por el fiscal, había una disposición que intervenía personas e intervenía el domicilio, y por tanto se tenía que concluir”, dijo el jurista JJQuispe.

“El hecho de que una persona muera no significa que se suspenda inmediatamente todo. Eso es un absurdo. Yo entiendo la posición del Dr. Amoretti y otros que siempre defienden a personas vinculadas a actos de corrupción y de violación de derechos humanos”, precisó.

HABÍA MUCHOS ABOGADOS

“Una vez que se concluye se levanta un acta y se tiene que poner lo que pasó, no solo del imputado Alan García, porque estamos hablando de una presunta organización criminal”, precisó.

“Imaginemos que hipotéticamente había un tipo de documentación que lo vinculaba con los otros investigados. Lo que pasa es que a nivel de la investigación muere todo lo que se investigaba a Alan García por su muerte, pero los demás siguen investigados”, remarcó.

“Lo que sí llama la atención es la presencia de muchos abogados allí. El fiscal debió ponerse mucho más fuerte. El único que podía participar era su abogado Erasmo Reyna y nadie más”, recalcó.

El abogado Humberto Abanto dijo que estaba en la casa de Alan García porque era su amigo. Dijo que su decisión fue personalísima y de protección a su figura política, frente a la barbarie judicial.

LOS VIDEOS LO REVELARÁN TODO

“Lo importante es que tanto la Policía como la Fiscalía van publicar los videos que suelen tomar. Ese es un protocolo y van revelar todo lo que se incautó, todo lo que sucedió”, sostuvo.

“Tras la muerte de Alan García el testimonio que le pudieran haber tomado preliminarmente, cuando haya juicio oral, servirá poco. Respecto a los demás investigados, sigue el proceso”, precisó.

“Yo creo que poco van a ayudar las declaraciones de Alan García en el sentido de que siempre ha negado que haya recibido dinero de Odebrecht. Lo que sí le digo es que todos los demás investigados, para evadir sus responsabilidades, le echarán la culpa a la persona que ha fallecido”, explicó.

“Eso sucede en muchos casos. Cuando una persona fallece, los demás investigados le echan la responsabilidad Yo le pongo un ejemplo: en el caso del señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos, no es un procesado ausente, no está muerto, pero tiene un alzheimer bastante avanzado, ¿y qué han hecho los demás coinculpados? Le echan la culpa”, remarcó.

“Esta es una práctica muy usual de los coinvestigados para evadir la justicia, para echarle la culpa a un procesado ausente, que no tiene capacidad de discernir o que está fallecido, Mucho ojo con eso”, subrayó.

DANZA DE MILLONES

“Definitivamente, las declaraciones de Barata harán que los coinculpados de García Pérez sean llevados a juicio y sean declarados culpables. El mejor ejemplo es su secretario general, el señor Nava y su hijo. Ellos no tenían ningún poder de decisión, ni estaban en un comité de licitaciones, ni eran ministros… Y la pregunta es, ¿cómo este tipo de personas recibieron tanto dinero en millones de dólares? Esto es lo que está cuadrando el fiscal Domingo Pérez, porque ese dinero no era para Nava y su hijo y tampoco para Atala y su hijo”, declaró.

“Se presume que ese dinero era para ser repartido entre todos, incluyendo Alan García. Yo creo que muchos de los investigados con Alan García, se van someter a la colaboración eficaz ante las pruebas que se están encontrando. Mucho ojo con eso”, remarcó.

ALGO MÁS

“La prisión preventiva a PPK va a servir de termómetro. Si los jueces dictan o no dictan un mandato de prisión preventiva si hay peligro de fuga o entorpecimiento de las investigaciones. Si eso sucede, adiós al arresto domiciliario para los mayores de 65 años”, concluyó Quispe.

 

FELIX GRIJALBA SATO

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Política

Fiscal José Pérez insiste con prisión preventiva a Kuczynski

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Pedro Pablo Kuczynski y César Nakazaki

El fiscal José Domingo Pérez mantuvo el pedido de prisión preventiva de 36 meses en contra del expresidente Pedro Pablo Kuczynski y no variará esta solicitud por el arresto domiciliario.

Según indicó durante la diligencia que desarrolla el Poder Judicial, el fiscal Pérez se ratificó en su exigencia inicial y que no ha retrocedido porque hay cargos que pesan en contra del ex presidente.

Pérez sustentó esta solicitud en el certificado médico legal entregado por el Instituto Médico Legal (IML) del Ministerio Público, durante la diligencia que se realizó en la sede de la Corte Superior de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios.

Dicho documento señala que la salud del exmandatario se encuentra “clínicamente inestable” y con hipertensión arterial no controlada, pero ello “no significaba una enfermedad grave e incapacidad física permanente” para cumplir con el pedido.

EL PEDIDO NO VARÍA

“La Fiscalía no variará el pedido de prisión preventiva por el de arresto domiciliario y se mantendrá el pedido por 36 meses de prisión preventiva para el investigado (Kuczynski) y los otros dos implicados”, remarcó Pérez.

La solicitud de prisión preventiva alcanza a su secretaria personal Gloria Kisic y a su chofer, José Luis Bernaola, por una investigación referida a la trama de sobornos que involucra a la empresa brasileña Odebrecht.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, señaló que el fiscal Pérez solicitó en la víspera un informe médico legal para determinar el estado de salud del exmandatario, ante la eventualidad de cambiar la detención preventiva por arresto domiciliario.

“No hay peligro procesal ni entorpecimiento de la actividad probatoria por parte de mi defendido, así como de su defensa legal”, señaló durante la diligencia de evaluación de la prisión preventiva por 36 meses solicitada por el fiscal José Domingo Pérez.

ALGO MÁS

“Solicitamos que se rechace el pedido de prisión preventiva en contra de mi defendido o, en todo caso, si hay alguna medida, que se le imponga arresto domiciliario”, reiteró Nakazaki.

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