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La Constitución bicameral y ley esclavista “Pulpín”

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La Constitución fujimorista neoliberal de 1993 es unicameral; la unicameralidad históricamente ha gozado de la preferencia de las dictaduras, por esta razón en el Perú goza de la preferencia de los políticos tradicionales, a ello se debe su vigencia impositiva de estos 30 años de fujimorismo en el Perú; el argumento del Congreso Constituyente Democrático (CCD) de Alberto Fujimori fue que el Congreso Bicameral tenía demasiados congresistas y que por lo tanto generaba mayor gasto; sin embargo, esta gran mentira se cae por los suelos puesto que el Congreso Unicameral fujimorista actual supera los 400.00 millones de Nuevos Soles, en tanto que el presupuesto del Congreso Bicameral fue de 40.00 millones Nuevos Soles, de modo que con el “Presupuesto Libre” del Congreso Unicameral se podría tener hasta 6 o más congresos bicamerales.

El Congreso Unicameral por su naturaleza siempre será de fácil manejo para la corrupción y los gobiernos autocráticos, tal como el Perú ha tenido en estos últimos 30 años, la componenda y la repartija se acomodan a la naturaleza del Congreso Unicameral neoliberal, puesto que la esencia de su proceder siempre será antidemocrática y antinacional; a esta realidad se debe las posturas históricas en naturaleza constitucional del estado inglés – anglosajón, que tiene un Congreso Bicameral (la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes); los Estados Unidos de América con un Congreso Bicameral (el Senado y la Cámara de Representantes); estos son los ejemplos y son muchísimos los que se puede citar.

La Constitución histórica en el Perú es esencialmente Congreso Bicameral, desde la Primera Constitución Política del Perú de 1823, de naturaleza bicameral, hasta la de 1979, con la excepción de un breve periodo con la Constitución de 1867; entonces existe el imperativo categórico de que el Perú, merced a una Convocatoria a Asamblea Constituyente, tenga un nuevo Contrato Social, el mismo que supere la ingrata y nefasta experiencia de la Constitución Unicameral fujimorista; y en respeto escrupuloso de la Teoría del Poder Constituyente y del Poder Constituido, la sociedad peruana tenga una nueva Constitución bajo los fundamentos de: “Una nueva Educación, una nueva Economía, una nueva Política y una nueva Cultura”.

Vladimiro Montesinos - Alberto Fujimori

Bajo este escenario, el Perú debe tener leyes mejor analizadas, racionalmente discutidas y en beneficio del país, bajo este esquema el Perú superará las amarguras que hoy nos toca vivir cuando nuestra juventud es agraviada y es ofendida en su dimensión de persona, afectándose su dignidad personal con una Ley esclavista, arbitraria y prepotente, la misma que materializa el sueño de los políticos tradicionales que siempre vivieron de la mamadera del Estado y de un sector privado mal acostumbrado a la ganancia especulativa y la ambición insana del enriquecimiento fácil sin importarle ni interesarle el espíritu nacional y la persona humana de considerar que si la producción es social entonces se debe producir en beneficio de toda la sociedad.

Gran parte del sector privado está identificado con la corrupción y disfrazan sus apetencias con el tecnicismo; no obstante la bancarrota económica por el que transita nuestro país, el referido sector privado corrupto grita que “no se está logrando incentivar la inversión, no se soluciona la rigidez laboral” (desde hace 30 años), argumentando la excesiva carga tributaria; sin embargo, no describen ni explican dentro del neoliberalismo, los temas de la burocracia y la corrupción, pretendiendo negarse a debatir la subida de la remuneración mínima vital, cuando saben perfectamente que los 850 soles RMV no alcanzan para nada o alcanzan para muy poco ante la subida de los precios en el mercado peruano.

La convocatoria a una Asamblea Constituyente traerá consigo una nueva Constitución, el debate de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores dará la oportunidad de que se expidan mejores leyes que viabilizarán el desarrollo industrial en el Perú, que abrirá el camino para el crecimiento económico y el desarrollo social, por eso es que desde nuestra perspectiva no significa de que con las leyes unos ganen y otros pierdan; puesto que el sistema constitucional no puede equiparase a un juego de lotería o a un juego de azar; desde que la naturaleza de las normas jurídicas es regular las conductas interindividuales tomando como base no solamente la naturaleza relacional del hombre, sino en atención a los valores, la ética la moral y la justicia.

Asimismo, no se trata de que dos Cámaras hagan más difícil aprobar leyes y que tampoco éstas negocien, de lo que se trata es de promover la racionalidad, la proporcionalidad y la reflexión sustentada en la descripción y la explicación de la vida humana para una convivencia social de paz y justicia. Por estos fundamentos, resulta incomprensible que el Congreso Unicameral fujimorista pretenda imponer la esclavitud a nuestra juventud llamándole dulcemente “Experiencia Formativa en Situaciones Reales de Trabajo” e imponerles 20 horas semanales – un total de 448 horas en 3 años, sin remuneración y ningún derecho. Al respecto, es bueno recordar y refrescar la memoria de algunos integrantes de la Comisión Permanente del Congreso neoliberal y a otros recomendarles el estudio o el repaso, puesto que el esclavismo en el Perú fue abolido, merced a la Constitución bicameral de 1823 que en el Artículo 11 textualmente cita: “Nadie nace esclavo en el Perú, ni de nuevo puede entrar en él alguno de esta condición”.

Este dispositivo constitucional se repite a lo largo de los cuerpos constitucionales que ha tenido el Perú e inclusive la Constitución fujimorista en el inciso 15 del artículo 2° de la Constitución regula el trabajo libre con sujeción a la ley. Asimismo, el artículo 22° de la Constitución considera que el trabajo es un deber y un derecho y es un medio de realización de la persona; igualmente el artículo 23° regula de que el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado y protege especialmente a la madre al menor de edad y al impedido que trabaja; agrega que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer ni rebajar la dignidad del trabajador. Finalmente agrega textualmente, cual sarcasmo para la nesciencia del fujimorismo que “(…) Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento”. Es evidente que los integrantes de la Comisión Permanente no han leído la Constitución fujimorista, olvidándose de que el texto constitucional exige estudio y consecuente reflexión; por estas razones la llamada “Ley Pulpín II” constituye una aberración jurídica, es abierta, inconstitucional y solo expresa la prepotencia de quienes, como el fujimorismo al ejercer el poder político, creen que pueden hacer y deshacer a su regalado gusto las tareas gubernamentales.

Es más, es evidente el maltrato y el agravio, no solo a nuestros jóvenes que con sacrificio han realizado estudios técnicos, compromete a toda la nación, por eso es que les decimos que no están solos y que configuran la esperanza de un mañana mejor; en cada uno de ustedes nace y renace vive y pervive el alma matinal que es el alma de la gran transformación en la actual escena contemporánea. La autocracia fujimorista en el poder político (el Ejecutivo con Kuczynski y el Legislativo con Keiko), en el ejercicio pleno del poder tradicional, consideran que pueden hacer lo que se les antoja, sin embargo, para las mayorías del país es la hora de la unidad; unidad para la organización de masas y unidad para la organización política,.En las jornadas de lucha de hoy nada nos divide como tampoco nada nos dividirá en las jornadas de lucha en los nuevos tiempos que vendrán.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

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Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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