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La CIDH y el caso Chavín de Huántar

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En vísperas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencie sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la operación Chavín de Huántar del año 1997, los representantes del Estado peruano siguen repartiendo condenas y amenazas sobre la parte civil demandante en este proceso y los mismos magistrados que van a emitir su voto.

La posición oficial en este momento es que en un lado de la balanza está el Perú y sus comandos, y en el otro algo así como proterroristas o enemigos de la patria. Así que las decisiones y los actos del gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, debemos tomarlos tal cual, como si hubiese sido expresión del pueblo peruano.

Porque de ese tema se trata, si debemos comprarnos los hechos del fujimorismo en materia de derechos humanos para imponer una regla de que no se investiguen las acciones militares en las que existen temas de derechos humanos.

Este gobierno, que ha traicionado también a los militares, fraccionando su sistema de pensiones e incumpliendo la palabra del Presidente ante sus compañeros de armas, mantiene la peregrina idea de que cerrando filas en los procesos referidos a la guerra interna reforzará la cohesión militar en torno al gobierno.

Olvida que en la línea de defensa del Estado a partir del final del año 2000, se hizo un reconocimiento básico que era que en el conflicto habían ocurrido excesos y había responsabilidades que asumir.

En el caso de Chavín de Huántar, la CIDH ya había determinado que sí existieron ejecuciones extrajudiciales que muy probablemente provinieron de elementos externos vinculados al SIN, que cumplieron la labor de no dejar con vida a ninguno de los secuestradores. Lo que se está juzgando ahora es el cumplimiento del Estado peruano en profundizar las investigaciones sobre estos sucesos y de buscar la sanción de los responsables.

Pero ¿qué ha hecho el Estado al respecto? Tratar de destruir las pericias iniciales, creando un sistema de pericias sobre pericias; presionar a los jueces para que digan que no hubo ejecuciones; presionar a la opinión pública para convertir este caso en una defensa patriótica de los comandos, como si se tratara de personas intocables; etc.

Por supuesto que la CIDH ha visto y es consciente de este giro encubridor que se ha desarrollado durante el gobierno de Humala, por lo que es probable que su sentencia no sea favorable al Estado que se ha cerrado en esa posición defensiva.

Presumo que Eguiguren quiso decir que esta posición tiene demasiados flancos débiles y que puede perderse.

Pero, oh escándalo. Los políticos con espíritu militarista como Adrianzén, Flores Aráoz o Martha Chávez, quieren ahora colgar al pesimista, como si en este caso se tratara de un asunto de moral militar para el combate. Está clarísimo que si el Estado pierde es porque hay problemas de derechos humanos no resueltos.

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Política

Represalia por ley sobre publicidad estatal

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Mauricio Mulder

El legislador fujiaprista Mauricio Mulder rechazó que sus conversaciones con el empresario Mario Mendoza, reveladas por IDL Reporteros, muestren alguna conducta irregular o delictiva, y aseguró que es una represalia por haber promovido la ley para prohibir al Estado contratar publicidad en medios de comunicación privados.

“Desde que se dio la Ley Mulder estaba esperando por dónde iba a venir el contragolpe de los grandes medios de comunicación. Bueno, ha venido y quieren mezclarme en este escándalo que hay en estos momentos”, comentó en su defensa, mediante un video publicado en sus redes sociales.

El parlamentario fujiaprista negó ser responsable de las declaraciones del empresario Mario Mendoza en conversaciones con terceros, y precisó que los encuentros a los que fue invitado nunca se llevaron a cabo.

“Es decir, aquí se está haciendo una burda maniobra (…) el querer mezclarme en este tipo de trapisondas es demasiado burdo, no tiene ningún tipo de sustento y se nota que se está buscando mezclarme en este tema porque soy Mauricio Mulder quien promovió una ley que los afecta en lo económico”, señaló. Asimismo, indicó estar seguro de que no habrá ninguna imputación, pues las conversaciones no revelan ningún aspecto irregular o delictivo.

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Política

Walter Ríos fue detenido

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Walter Ríos detenido

La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron en su domicilio al suspendido juez Walter Ríos tras revelarse en la última semana diversos audios que lo vinculan a presuntos negociados con altas esferas del sistema de justicia.

La resolución judicial señala: “Se declara fundado el requerimiento de detención judicial preliminar por el plazo de 72 horas y allanamiento, descerraje, registro de inmueble, secuestro e incautación de bienes que puedan servir como prueba o ser objeto de decomiso de cuerpo del delito y otros”.

La detención se realizó en la vivienda de Ríos, ubicada en el distrito de San Miguel. En el frontis del inmueble se apostaron varios agentes policiales, quienes resguardaron a los representantes del Ministerio Público en la diligencia.

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Política

Becerril involucrado en escándalo de audios

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Héctor Becerril

Aunque el parlamentario keikista Héctor Becerril acostumbra rechazar cualquier investigación que denuncia la prensa y en la que él está involucrado, ahora no puede negarlo.

Audios recientes emitidos por el dominical Cuarto Poder e IDL-Reporteros revelaron que en el contexto de elección del actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), involucran en estos cubileteos al keikista Héctor Becerril, Guido Aguila, reciente renunciante del CNM, y Segundo Baltazar Morales, consejero del CNM.

A pesar de que Becerril acababa de negar cualquier reunión con el exconsejero Guido Aguila, estos nuevos audios revelan y confirman que el 1 de febrero de 2017 hubo un encuentro entre Baltazar Morales y el parlamentario fujimorista en la casa de Aguila, en Lince, con el objetivo de que Morales apoyara la candidatura de Julio Gutiérrez a la presidencia del CNM en oposición de Orlando Velásquez, actual titular.

La candidatura de Gutiérrez era respaldada por el fujimorismo y por Aguila. En el mes diciembre del 2017, IDL-Reporteros publicó un reportaje llamado ‘Conversaciones en Trinidad Morán’, donde revela esta reunión, la que no concluyó con un acuerdo.

El nuevo audio desmiente, entonces, de manera contundente a Héctor Becerril, debido a que el mismo Aguila acepta que esta reunión sí se dio. Esta es una prueba de que el keikismo tuvo injerencia en las disputa por la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, a lo largo de estos años. El objetivo principal sería obstaculizar las diversas investigaciones como lavado de activos o vínculos con el narcotráfico de la bancada naranja.

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