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La catástrofe económica

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La catástrofe económica

LORETO
La derrota de Iván Vásquez Valera de “Fuerza Loretana” a su tercera elección como Presidente del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) por el “Movimiento de Integraciòn Loretana” (MIL) de Fernando Meléndez Celis, ha dejado al desnudo no solo una catástrofe económica, sino también una crisis mucho más profunda de orden social, político y cultural que Vásquez trató de maquillar y ocultar apelando a todos los medios habidos y por haber.

Testimonios recogidos en Iquitos revelan que el aparentemente imbatible líder de “Fuerza Loretana” fue derrotado por el voto en contra de miles de loretanos hartos de su prepotencia, soberbia y demagogia y que decidieron castigarle en las urnas por el alcantarillado de la ciudad de Iquitos, valorizada en 784 millones de soles, inconclusa y mal ejecutada.

Es decir, real y metafóricamente, Iván Vásquez Valera, se ha ahogado políticamente en las aguas servidas de su mayor y peor obra: el alcantarillado de Iquitos, cerrándose así el ciclo político de uno de los caudillos más poderosos de la Amazonía en el siglo XXI.

CATÁSTROFE ECONÓMICA
Todos los indicadores económicos y sociales revelan una catástrofe económica en Loreto. Como ocurre en el resto del país a causa de asimétrica distribución de la renta minera y de nuestra economía primario-exportadora, en Loreto la economía informal representa entre el 70 al 80 por ciento; los niveles de producción y productividad están por los suelos; la prueba educativa PISA ha condenado a Loreto al último lugar en el Perú; en pobreza y desnutrición la región loretana ocupa los primeros rangos y la migración intrarregional y el abandono del campo siguen su curso indetenible.

Una cifra ilustra dramáticamente esta realidad: se estima que el 90 por ciento del abastecimiento alimentario de Iquitos es extrarregional.

QUIÉN SE HA TRAGADO EL CANON PETROLERO
Sin embargo, el canon y el sobre canon petrolero, la principal fuente de inversión pública en Loreto, ha sumado entre los años 2011 y 2013 un total de 1,002,951 millones de soles. Entre los años 2015 y 2018 será de 4,289.251 millones de soles.

Pero esta renta petrolera ha sido tragada por sólo cuatro proyectos en los 8 años de desgobierno de IvánVásquez Valera: el alcantarillado de Iquitos, un fantasmal proyecto de tren de Iquitos a Yurimaguas, la construcción de tres motochatas y créditos agrarios que se otorgaron a campesinos imaginarios.

Solo la obra del alcantarillado ejecutado por una empresa china se tragó entre los años 2010 y 2912 más del 70 por ciento del canon y sobre canon petrolero en Loreto.

CRISIS DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS REGIONALES
La situación política, social, económica y cultural de Loreto no es un hecho aislado. Expresa esa crisis generalizada-en el fondo estructural-que los resultados de las elecciones del 5 de este mes de octubre han mostrado solo en parte.

Un aspecto de esta debacle es la situación calamitosa y terminal de los partidos políticos nacionales y los movimientos regionales. Colocando como hito referencial el 2006, ese año ningún partido nacional pudo elegir un solo presidente regional en toda la Amazonía. Todos fueron elegidos por movimientos regionales.

El 5 de octubre se repitió la historia. Todos los presidentes regionales han sido elegidos por movimientos regionales. Pero si en el año 2006 todos o la mayoría de los movimientos regionales amazónicos representaban procesos de articulación y cohesión del tejido social regional, en el 2014 la mayoría de estos movimientos estaban ya fragmentados, debilitados por el caudillismo y la corrupción y, en otros casos, fueron o son simplemente agrupaciones coyunturales organizadas con propósitos solo electorales y sin contenidos programáticos y cuyo fin es usufructuar, legal e ilegalmente, la renta minera en las regiones.

La profundización de la regionalización y la descentralización en la Amazonía y el Perú es una agenda pendiente y urgente. A diferencia de lo que plantea la derecha neoliberal de suprimir el proceso de descentralización para recentralizar la economía y la política, la descentralización y regionalización son pasos fundamentales para liberar al Estado peruano del tutelaje y la feudalización del gran capital, para romper la camisa de fuerza de la economía primario-exportadora y modificar y cambiar la distribución asimétrica de la renta petrolera en la Amazonía.

QUÉ HACER EN LORETO Y EN LA AMAZONÍA
En una crónica anterior decíamos que el recién electo presidente regional Fernando Meléndez Celis del MIL nos suscitaba más dudas que certezas porque su organización es considerada por sus críticos una fachada del fujimorismo y porque el “Caballo de Troya” de su movimiento es nada menos ni nada más que Pedro Pablo Kuczynsky.

Para Róger Grández Ríos, sin duda el analista económico loretano más destacado del momento, uno de los mayores problemas en Loreto, además de la corrupción, es que el GOREL no tiene una hoja de ruta y el MIL carece de equipos técnicos competentes en la gestión del desarrollo.

El mismo experto ha sugerido que las primeras medidas de Meléndez Celis deben ser la desactivación de la Oficina de Desarrollo Comunal, el brazo político de IvánVásquez Valera; una reingeniería total de la Gerencia de Desarrollo y la Subgerencia de Contrataciones, verdaderas fábricas burocráticas de corrupción; la reestructuración de las Gerencias de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social y la eliminación de la OPIP, el mastodonte burocrático que perpetró el proyecto del alcantarillado.

En una reciente declaración en Lima, Meléndez Celis ha dicho: “Tenemos una región moralmente enferma y socialmente injusta”. Anunció también que apenas inicie su gestión, en enero del 2015, exigirá una auditoría técnica internacional de la obra del alcantarillado de Iquitos y pedirá al gobierno de Ollanta Humala Tasso devolver el canon petrolero expropiado por IvánVasquez Valera en colusión con el gobierno de Alan García a los municipios de Loreto para acumular la montaña de dinero que se llevaron en carretilla para supuestamente financiar su mausoleo político: el alcantarillado de Iquitos.

En todo caso, demos a Fernando Meléndez Celis el beneficio de la duda.

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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