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La catástrofe económica

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La catástrofe económica

LORETO
La derrota de Iván Vásquez Valera de “Fuerza Loretana” a su tercera elección como Presidente del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) por el “Movimiento de Integraciòn Loretana” (MIL) de Fernando Meléndez Celis, ha dejado al desnudo no solo una catástrofe económica, sino también una crisis mucho más profunda de orden social, político y cultural que Vásquez trató de maquillar y ocultar apelando a todos los medios habidos y por haber.

Testimonios recogidos en Iquitos revelan que el aparentemente imbatible líder de “Fuerza Loretana” fue derrotado por el voto en contra de miles de loretanos hartos de su prepotencia, soberbia y demagogia y que decidieron castigarle en las urnas por el alcantarillado de la ciudad de Iquitos, valorizada en 784 millones de soles, inconclusa y mal ejecutada.

Es decir, real y metafóricamente, Iván Vásquez Valera, se ha ahogado políticamente en las aguas servidas de su mayor y peor obra: el alcantarillado de Iquitos, cerrándose así el ciclo político de uno de los caudillos más poderosos de la Amazonía en el siglo XXI.

CATÁSTROFE ECONÓMICA
Todos los indicadores económicos y sociales revelan una catástrofe económica en Loreto. Como ocurre en el resto del país a causa de asimétrica distribución de la renta minera y de nuestra economía primario-exportadora, en Loreto la economía informal representa entre el 70 al 80 por ciento; los niveles de producción y productividad están por los suelos; la prueba educativa PISA ha condenado a Loreto al último lugar en el Perú; en pobreza y desnutrición la región loretana ocupa los primeros rangos y la migración intrarregional y el abandono del campo siguen su curso indetenible.

Una cifra ilustra dramáticamente esta realidad: se estima que el 90 por ciento del abastecimiento alimentario de Iquitos es extrarregional.

QUIÉN SE HA TRAGADO EL CANON PETROLERO
Sin embargo, el canon y el sobre canon petrolero, la principal fuente de inversión pública en Loreto, ha sumado entre los años 2011 y 2013 un total de 1,002,951 millones de soles. Entre los años 2015 y 2018 será de 4,289.251 millones de soles.

Pero esta renta petrolera ha sido tragada por sólo cuatro proyectos en los 8 años de desgobierno de IvánVásquez Valera: el alcantarillado de Iquitos, un fantasmal proyecto de tren de Iquitos a Yurimaguas, la construcción de tres motochatas y créditos agrarios que se otorgaron a campesinos imaginarios.

Solo la obra del alcantarillado ejecutado por una empresa china se tragó entre los años 2010 y 2912 más del 70 por ciento del canon y sobre canon petrolero en Loreto.

CRISIS DE PARTIDOS Y MOVIMIENTOS REGIONALES
La situación política, social, económica y cultural de Loreto no es un hecho aislado. Expresa esa crisis generalizada-en el fondo estructural-que los resultados de las elecciones del 5 de este mes de octubre han mostrado solo en parte.

Un aspecto de esta debacle es la situación calamitosa y terminal de los partidos políticos nacionales y los movimientos regionales. Colocando como hito referencial el 2006, ese año ningún partido nacional pudo elegir un solo presidente regional en toda la Amazonía. Todos fueron elegidos por movimientos regionales.

El 5 de octubre se repitió la historia. Todos los presidentes regionales han sido elegidos por movimientos regionales. Pero si en el año 2006 todos o la mayoría de los movimientos regionales amazónicos representaban procesos de articulación y cohesión del tejido social regional, en el 2014 la mayoría de estos movimientos estaban ya fragmentados, debilitados por el caudillismo y la corrupción y, en otros casos, fueron o son simplemente agrupaciones coyunturales organizadas con propósitos solo electorales y sin contenidos programáticos y cuyo fin es usufructuar, legal e ilegalmente, la renta minera en las regiones.

La profundización de la regionalización y la descentralización en la Amazonía y el Perú es una agenda pendiente y urgente. A diferencia de lo que plantea la derecha neoliberal de suprimir el proceso de descentralización para recentralizar la economía y la política, la descentralización y regionalización son pasos fundamentales para liberar al Estado peruano del tutelaje y la feudalización del gran capital, para romper la camisa de fuerza de la economía primario-exportadora y modificar y cambiar la distribución asimétrica de la renta petrolera en la Amazonía.

QUÉ HACER EN LORETO Y EN LA AMAZONÍA
En una crónica anterior decíamos que el recién electo presidente regional Fernando Meléndez Celis del MIL nos suscitaba más dudas que certezas porque su organización es considerada por sus críticos una fachada del fujimorismo y porque el “Caballo de Troya” de su movimiento es nada menos ni nada más que Pedro Pablo Kuczynsky.

Para Róger Grández Ríos, sin duda el analista económico loretano más destacado del momento, uno de los mayores problemas en Loreto, además de la corrupción, es que el GOREL no tiene una hoja de ruta y el MIL carece de equipos técnicos competentes en la gestión del desarrollo.

El mismo experto ha sugerido que las primeras medidas de Meléndez Celis deben ser la desactivación de la Oficina de Desarrollo Comunal, el brazo político de IvánVásquez Valera; una reingeniería total de la Gerencia de Desarrollo y la Subgerencia de Contrataciones, verdaderas fábricas burocráticas de corrupción; la reestructuración de las Gerencias de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social y la eliminación de la OPIP, el mastodonte burocrático que perpetró el proyecto del alcantarillado.

En una reciente declaración en Lima, Meléndez Celis ha dicho: “Tenemos una región moralmente enferma y socialmente injusta”. Anunció también que apenas inicie su gestión, en enero del 2015, exigirá una auditoría técnica internacional de la obra del alcantarillado de Iquitos y pedirá al gobierno de Ollanta Humala Tasso devolver el canon petrolero expropiado por IvánVasquez Valera en colusión con el gobierno de Alan García a los municipios de Loreto para acumular la montaña de dinero que se llevaron en carretilla para supuestamente financiar su mausoleo político: el alcantarillado de Iquitos.

En todo caso, demos a Fernando Meléndez Celis el beneficio de la duda.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

ALGO MÁS

Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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