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La CADE: jóvenes y la reforma laboral

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La semana pasada se llevó a cabo en Paracas, Ica; la cita más esperada por el sector empresarial de nuestro país. Una cita a la cual asisten quienes verdaderamente gobiernan el país y eligen a su Presidente de turno.

La CADE encierra una de las paradojas de nuestra realidad política. Por un lado están los candidatos presidenciales que se desgastan en las campañas por ver quién regala más a cambio de los ansiados votos. Y, por otro lado, están los empresarios que viven una realidad a puertas cerradas y en los asientos de sus oficinas. La CADE fue una ventana para los cinco primero candidatos que figuran en las encuestas. Cada uno se lució como pudo, pues el público es distinto al de la calle.

Con la tesis de elevar la productividad y generar empleo formal, las “mentes privilegiadas” de la CADE, propusieron una vez más la flexibilización laboral como solución real al problema, lo cual fue recibido por innumerables aplausos de parte de los empresarios. Dicha propuesta fue compartida por los cinco candidatos que asistieron a presentar sus promesas presidenciales.

A pocos días de celebrarse un año del triunfo juvenil que significó la derogación de la “Ley Pulpín”, los candidatos y el poder económico siguen poniéndose de acuerdo para ver cómo, de todos modos, nos condenan a ser mano de obra barata, con recorte de derechos laborales y en un escenario mucho más atroz que el que se vive hoy día, pues ellos aspiran capturar Palacio de Gobierno.

La reforma laboral que tanto se discute, no pasa por explotar al trabajador, no pasa por recortarle los pocos derechos que aún le quedan, no pasa por minimizar costos y maximizar ganancias, no pasa por beneficiar a unos pocos a costa de muchos pobres. La verdadera reforma laboral debe competir con el desempleo, contra la informalidad, debe discutirse sobre el tener una Ley General del Trabajo, por elevar el sueldo mínimo vital y así permitirle a la gente poder elevar su calidad de vida.

Es lamentable escuchar propuestas, totalmente desacordes con nuestra realidad. Según el BID, 9 de cada 10 jóvenes peruanos trabajan en cualquier cosa, menos en lo que han estudiado, y más de dos tercios de los jóvenes no encuentran empleo. ¿Y qué se propone ante ello? El trabajo debe ser entendido como un derecho, tal y como lo estipula la OIT y nuestra propia normativa. Entendido así, no es un favor el hecho que el Estado ofrezca trabajo y nos humille al querer pisotear derechos que la clase trabajadora ha conseguido ganar y defender durante años.

Los jóvenes queremos trabajo con derechos laborales que garanticen nuestro desarrollo profesional, que nos permita capacitarnos en las diversas áreas de la productividad, que se eleve el salario mínimo acorde a los gastos de una canasta básica familiar, que se respeten las horas de trabajo y, sobre todo, que tengamos derecho a un futuro digno.

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Política

Fujiaprismo aprovecha baja popularidad de Vizcarra para archivar reforma política

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Martín Vizcarra Cornejo con la gente con sombrero y poncho

Las últimas encuestas ponen al presidente Martín Vizcarra con una baja aceptación; en ese escenario, el fujimorismo aliado al APRA archivó la propuesta de inmunidad parlamentaria hecha por el Ejecutivo. Consultados por Diario UNO coinciden en que el congresista aprista Mauricio Mulder califica de populista la reforma política presentada por el Ejecutivo, aprovechando la baja popularidad del Mandatario.

APROVECHANDO LAS ENCUESTAS

El congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, aseguró que el aprismo y el fujimorismo vienen descalificando al presidente Vizcarra y sus propuestas de reformas políticas aprovechando su pérdida de popularidad.

“Vienen descalificando las reformas políticas propuestas por el Ejecutivo y al mismo presidente Vizcarra aprovechando su pérdida de popularidad”, sostuvo el legislador al Diario UNO.

Tras asegurar que “están usando al Mandatario como chivo expiatorio”, Arce declaró que “el verdadero interés es mantener el status quo de la situación de los partidos políticos que tienen representación, ya que casi todos tienen una situación muy complicada con la justicia”.

NO PIENSA EN SU POPULARIDAD

El analista político, Carlos Monge, respondió a los comentarios de Mauricio Mulder descartando que el presidente Vizcarra presentara reformas políticas pensando en su popularidad.

“El presidente Vizcarra no ha presentado las propuestas de reformas porque está bajo de popularidad. Él anunció que iba a seguir en esta línea de trabajo en momentos en que su popularidad estaba más alta”, afirmó al Diario UNO.

Asimismo, advirtió que el Mandatario “Ha estado varios meses trabajando en las reformas y mientras tanto su popularidad ha seguido cayendo”.

ATACA AL GOBIERNO

El congresista Aprista Mauricio Mulder, acusó al Gobierno de hacer politiquería y no política al insistir en la reforma política.

“El Gobierno lo único que hace es politiquería, no política. Ahora se producen mecanismos de crisis alrededor del mismo sistema y el Presidente de la República dice ‘reforma política’. Y el número uno de las reformas es que no haya inmunidad parlamentaria”, señaló.

Tras afirmar que “Tirar contra el Congreso da popularidad”, Mulder insistió en que el Gobierno está impulsando una reforma política con el objetivo de buscar mejorar en las encuestas, y no por un objetivo de fondo.

EL PRESIDENTE PECHA AL CONGRESO

“Votamos en contra porque no estamos de acuerdo, no creemos que ese sea el problema fundamental. (Vizcarra cree que) la política de ir pechando le va a dar resultados, pero lo único que hace es precarizar la vida política”, sentenció.

Finalmente, aseguró que el Ejecutivo, cuando afronta una crisis, busca “pechar” al Congreso para conseguir réditos políticos, tras lo cual recordó la propuesta de la no reelección parlamentaria, presentada tras destaparse el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Al respecto, Carlos Monge sostiene: “Congresistas como Mulder y en general el aprofujimorismo, va a utilizar cualquier pretexto para impedir que estas reformas se hagan realidad y el argumento que están diciendo ahora es que Vizcarra es un populista y que plantea las reformas por estar bajo en popularidad”.

MANTENIENDO LAS REGLAS DE JUEGO

Por su parte, Arce asegura que el fujimorismo, el aprismo y “algunos aliados más” buscan mantener las reglas de juego para el 2021.

“Quieren mantener el status quo, las reglas de juego para las elecciones del 2021; que nada cambie y eso favorecerá a los partidos comprometidos con la corrupción”, acotó.

VIZCARRA EN CAÍDA

Aunque la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) demuestra que un 73% de peruanos respalda que la Corte Suprema decida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y no el Congreso de la República, estas cifras no se traspasan a la popularidad del presidente Martín Vizcarra, quien sigue en bajada. La última encuesta DATUM da cuenta que el 48% de la población desaprueba su gestión como Jefe de Estado.

Asimismo, el 53% de los encuestados percibieron que el gobierno de Vizcarra se encuentra débil, el 29% considera que es fuerte y el 13% de la población concluyó que es muy débil.

Aunque en Lima y Callao la aprobación y desaprobación de Vizcarra alcanza el 45%, la situación es distinta en las otras regiones del país. La aprobación del Mandatario en el sur, norte, oriente y centro del país es de 33%, 45%, 47% y 57%; mientras que la desaprobación en dichas regiones es de 61%, 51%, 40% y 40%, respectivamente.

POSREFERÉNDUM

Sobre esto, Arce reconoce que la baja popularidad es una situación complicada para el presidente Vizcarra, pero dice existir otros factores que hacen que disminuya su aprobación:

“Estamos en una etapa posreferéndum y se generó mucha expectativa, pero los resultados que esperaba la población no se llegaron a tener como se esperaba, ya que se necesita cambiar la Constitución para tener verdaderos cambios”, afirmó.

ALGO MÁS

“Si el Presidente, hoy día, le hablara al país y le explicara cómo la mayoría fujimorista y aprista en el Congreso tiene secuestrado al Perú, rechazando las reformas y tirándose la primera de ellas; si él se pone a la cabeza de la indignación y plantea una cuestión de confianza y un nuevo referéndum, estoy seguro que va a recuperar buena parte de la popularidad perdida, aun cuando no logre resolver otros temas primordiales”, acotó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Entrevista

Gremios sindicales preparan propuesta por un trabajo digno

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CGTP

Empujado por el MEF y la Confiep, el Ejecutivo promueve legislación que precarizará los pocos derechos laborales existentes.

El Gobierno mediante D.S N.º 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, definió la Política Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) de manera unilateral y al margen del diálogo tripartito. El OP N.º 5 de esta política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral” propone “revisar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral (…)”, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y precariedad laboral.

Frente a ello, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han expresado su rechazo y plantean la derogatoria del Objetivo Prioritario 5 y realizarán los días 21 y 22 de mayo la Conferencia Nacional Sindical de los Trabajadores para debatir y enriquecer la propuesta de los trabajadores: “Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular el mercado para garantizar derechos”. La Conferencia tendrá lugar en el auditorio del Sindicato Unitario de Trabajadores Telefónicos, en la avenida Uruguay 335, Cercado de Lima.

La entrega de la propuesta al Ministerio de Trabajo será el 23 de mayo previa movilización que se concentrará en el Campo de Marte a las 3 de la tarde. En ese contexto, Diario UNO entrevistó a los referentes sindicales Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), y a Julio César Bazán, presidente de la Central Única de Trabajadores del Perú (CUT).

EL MEF USURPA FUNCIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la posición de la CGTP sobre la Política Nacional de Competitividad y Productividad impuesta por el Ejecutivo?

—Nuestra posición es que el gobierno del presidente Martín Vizcarra ha definido la Política Nacional de Competitividad y Productividad de manera unilateral y al margen del diálogo social tripartito. El objetivo N.° 5 de esa política, aduciendo supuestos “sobrecostos laborales” y “rigidez laboral”, propone esencialmente la revisión del marco regulatorio del mercado laboral, lo que en realidad significa una política regresiva en materia de derechos laborales y profundización de la precariedad laboral.

Esto evidencia que el Ejecutivo ha elegido la ruta del continuismo neoliberal de sus antecesores para convertir a los trabajadores y, especialmente a los jóvenes, en los esclavos del siglo XXI, pues no dice nada sobre el trabajo infantil, el trabajo forzoso, las trabas a la libertad sindical y a la negociación colectiva, los despidos arbitrarios de trabajadores y dirigentes sindicales; no dice nada sobra la contratación temporal que de excepcional se ha convertido en regla, tampoco se inmuta frente a los bajos salarios y las pensiones diminutas.

No podemos menos que afirmar que de esta manera el Ejecutivo solo aboga por una reforma laboral a la medida de los intereses de un empresariado conservador y antipatriótico.

Dicho sea de paso, en lugar de pretender una reforma laboral proempresarial, debemos recordarle al Ejecutivo que hay un largo listado de obligaciones laborales internacionales incumplidos por el Estado peruano en el marco de los convenios de la OIT, la Unión Europea, el TLC con Canadá y EE.UU. y sobre los cuales debe adoptar medidas concretas orientadas a su cumplimiento. Asimismo, debemos recordarle que viene incumpliendo compromisos asumidos en el marco del diálogo social tripartito nacional como el de elaborar el Plan Nacional de Trabajo Decente.

Inmediatamente de promulgada la Política Nacional de Competitividad y Productividad los trabajadores decidimos enfrentarla decididamente con jornadas de protesta y lucha, pero también de propuestas. Realizamos una gran jornada laboral de lucha con más de 25 mil trabajadores en Lima y 350 mil a nivel nacional, exigiendo la derogatoria del D.S. N.º 345-2018. Igualmente, el 3 de abril, en la jornada de lucha con casi 26 mil trabajadores en las calles demostramos al Gobierno que estamos dispuestos a defender nuestros derechos.

Estamos también convocando al paro nacional cívico-popular para el 20 de junio, que no solo es por la reforma laboral que se pretende imponer, sino también orientados a exigir la solución de los problemas que enfrentan los diferentes sectores laborales en todo el país y los grandes problemas que aquejan a la población, como los del agro que está totalmente abandonado y piden la reestructuración del Ministerio de Agricultura, y la reactivación del Banco Agrario.

En esa misma dirección, los trabajadores hemos realizado esfuerzos para dotarnos de una propuesta que nos va a permitir encarar la Política Nacional de Competitividad y Productividad de claro tinte proempresarial, en ella analizamos el fracaso de las políticas de flexibilización laboral como recurso para formalizar la economía y generar trabajo digno y los aspectos imprescindibles de una reforma laboral y económica que realmente potencie la competitividad, productividad, formalización y el crecimiento integral y sostenible de la economía. Esta propuesta será debatida por los trabajadores en la Conferencia Nacional Sindical que realizaremos el próximo 21 y 22 de mayo del presente año.

—Este plan debió consultarse al Consejo Nacional del Trabajo, por eso sería ilegítimo o inconstitucional. ¿Qué opinión tiene al respecto?

—Es un plan impuesto por la Confiep, que en su conferencia nacional anual entregaron a Vizcarra, ahí plantean la reducción de derechos laborales y por eso decían que el Perú tiene las leyes más rígidas en derecho laboral. Su operador Carlos Oliva la ha implementado. El MEF está usurpando funciones que no le corresponde.

Las políticas laborales se discuten en el Consejo Nacional del Trabajo, entonces también han violado el Convenio 144 de la OIT sobre diálogo social, el mismo que forman parte del derecho nacional y deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, como lo reconoce la Constitución Política del Perú.

Por eso los trabajadores planteamos que se derogue y que pase al Consejo Nacional del Trabajo que es el espacio donde se debe discutir. La CGTP ha suspendido su participación en el Consejo Nacional de Trabajo y esperamos que por el bien del diálogo social el Ejecutivo proceda a derogar el Objetivo Prioritario 5.

—En el capítulo de la Política de Productividad y Competitividad, hay una parte que preocupa porque este tipo de contrato laboral de las agroexportaciones, que es precario, se pueda replicar…

Ahí plantean la nueva contratación de trabajadores, con nuevos regímenes y derechos recortados, y plantean que la Ley de Agroexportaciones N.º 27360 se amplíe para otros sectores, a pesar de que esa ley se dio en el año 2000, faltando tres meses para que renuncie José Chlimper, quien fue el autor intelectual. Ya pasaron más de 20 años y los empresarios han conseguido grandes ganancias a costa de los trabajadores, el Estado les dio terrenos a precio regalado, carreteras y servicios, y ahora quieren ampliar eso hasta el año 2031.

Pagan a EsSalud el 4 por ciento, eso no puede ser posible, pero como hay lobistas en el Congreso, en las bancadas del Ejecutivo y del fujimorismo, vienen trabajando desesperadamente en la Comisión de Trabajo para su aprobación en el Pleno del Congreso.

Pero además, están los regímenes laborales de las MYPES, el régimen laboral CAS, de los textiles, de las trabajadoras del hogar que establecen menos derechos laborales con respecto al régimen laboral común y que han agudizado la discriminación en el empleo y precarizan los derechos laborales. Los trabajadores exigimos terminar de manera inmediata con los regímenes laborales discriminatorios, adoptando las medidas legislativas y de política necesarias.

—También se está debatiendo la Ley de Negociación Colectiva, con ‘ppkausas’ y el aprofujimorismo, no quieren ni cambios mínimos a favor de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esta situación?

Esas bancadas que promulgan leyes a favor de transnacionales, sacan leyes que exoneran a casinos de pagar impuestos y, sin embargo, boicotean la aprobación de la regulación de la negociación colectiva en el sector público, pese a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que exhorta al Congreso de la República a que la apruebe. Ahora simplemente no van y no hay el cuórum correspondiente, ¿y quiénes no van?, la bancada del Gobierno y Fuerza Popular.

Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT)

PRETENDE IMPONER UNA POLÍTICA SIN DIÁLOGO SOCIAL

Julio César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) conversó con Diario UNO.

—¿Cuál es la opinión de la CUT respecto a la Política Nacional de Competitividad y Productividad y la manera cómo ha sido impuesta por el MEF?

—Consideramos que es una grave amenaza para los intereses de la gente y en particular para los trabajadores. A todas luces responde a los intereses de grandes negocios del gran capital.

Los nueve objetivos prioritarios que se han señalado en realidad adolecen en la parte de los diagnósticos de una mirada integral, de una mirada que recoja las inquietudes de toda la sociedad. Básicamente recoge los intereses de los grandes empresarios que pretenden implementar negocios en las distintas temáticas que se están planteando.

En infraestructura, capacitación, formación, tecnología, en todas esas áreas hay grandes negocios. En el capítulo laboral también se busca beneficios para empresarios y recortes laborales para trabajadores. En cada capítulo se profundiza un modelo que en los últimos 30 años ha permitido el enriquecimiento de pocos y las grandes mayorías en realidad “la hemos visto pasar”.

—Hay un discurso del empresariado y grupos económicos de que el Perú tiene las leyes laborales más rígidas, cosa que no es cierta o incluso podría ser al revés. ¿Cómo analiza esta parte del capítulo laboral?

—Igual que todos los demás capítulos, en este en particular se parte de una definición del mercado de trabajo y de un diagnóstico equivocado. Porque lo que evalúa es de qué manera las empresas pueden mejorar sus ingresos a costa de los derechos de los trabajadores.

Y señalan claramente que, por ejemplo, el tema del respeto de la sentencia del Tribunal Constitucional que remedia un abuso empresarial contra el despido arbitrario como la causante de la proliferación de contratos temporales, cuando en realidad esto se debe a una clara política empresarial de querer eludir responsabilidades laborales mediante el uso de diversas formas de contratación e incluso desnaturalizándolos, contratando temporalmente en puestos de naturaleza permanente.

Y en otra parte del diagnóstico señalan que habría sobrecostos en la terminación del contrato laboral y en el despido, en realidad eso no lo están usando porque recurren a los contratos de tiempo determinado y que están, por el término de la contratación, sacando a los trabajadores.

De igual manera aducen que la informalidad que hay actualmente se debe a ese tipo de cosas y no toman en cuenta que en la micro y pequeña empresa, donde está la mayoría de trabajadores, la informalidad se debe a que los emprendimientos no cuentan con facilidades tributarias ni de acceso a servicios financieros básicos para poder desempeñarse a diferencia de las grandes empresas multinacionales.

Entre otros temas, el diagnóstico está aterrizando en una formulación de lineamientos de política que pretenden superar el tema de la formalidad y revisar la normativa laboral con lo cual deja abierta la posibilidad o intencionalidad de que en cada uno de esos puntos se afirman las conclusiones del diagnóstico, es decir, que como hay sobrecostos hay que reducir derechos, facilitar despido a empresas, no hay que fijar sueldos mínimos y hay que eliminar las CTS.

Conclusiones como esas son las que el empresariado tiene elaboradas para pasar al famoso debate del plan nacional que pretenden hacer en el MEF en un consejo de competitividad y productividad transgrediendo el rol rector del Ministerio de Trabajo en temas laborales, por eso es que nosotros exigimos al Gobierno que este capítulo sea excluido de la política general que propone, de modo que se debata en el Consejo Nacional de Trabajo y se elabore un plan nacional que resuelva los problemas reales de los trabajadores y no solo lo que el empresariado busca para mejorar sus ingresos.

—Retomando las formas en que el Ejecutivo ha impuesto este proyecto, ha sido una decisión del MEF e incluso esta decisión no se ha propuesto en el Ministerio de Trabajo ni discutido en el Consejo Nacional del Trabajo…

—Lo que pretende es imponer una política sin diálogo social, eso contraviene los compromisos internacionales que el Estado tiene en el concierto internacional de las naciones, particularmente en la Organización Internacional del Trabajo, donde se establece que el diálogo consiste en la discusión y el debate de los temas entre Gobierno, empresario y trabajadores; en el país se está vulnerando eso.

También se vulneran los TLC que el Estado se ha comprometido con los derechos laborales fundamentales, como el diálogo social que debe ser tripartito. Lo mismo podemos decir con los estándares que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea para que los países ingresen a ese escenario con estándares laborales de respeto irrestricto a derechos fundamentales, lo mismo podemos decir de las líneas rectoras de las Naciones Unidas que imponen normas de derechos humanos a las empresas.

En suma, esta política agrede de manera casi integral todo lo civilizado que debe haber en el mundo del trabajo y en las relaciones correctas entre países e instituciones que debe haber. En ese sentido, hemos rechazado y estamos exigiendo una pronta reunión con el premier a efectos de que se establezca de manera real el debate y la discusión del capítulo laboral en el Consejo Nacional del Trabajo en el marco del diálogo social.

Y esta política se contrapone con lo que verbaliza el Presidente de la República, ministros y el propio Congreso, a raíz de los conflictos originados en los últimos tiempos como los agrarios o Las Bambas, todos hablan de diálogo, pero en la práctica se resisten a la institucionalidad del diálogo. Por eso nuestra exigencia de una reunión con el premier.

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Política

¿Chávarry al filo de la navaja? Mañana se sabrá si Congreso lo vuelve a blindar

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Carlos Rivera Paz - Wilbert Rozas - Zoraida Ávalos

Mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará el informe final que recomienda la destitución e inhabilitación por diez años del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por los presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento real.

Todo esto ocurre, cuando la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, explicó los presuntos actos delictivos en los que habría incurrido Pedro Chávarry, por los que lo denunció constitucionalmente esta semana, tras cuatro meses de investigación.

Chávarry se defendió afirmando: “Me pusieron como el señor que miente siempre por una sola mentira. Eso no me hace a mí partícipe de una organización criminal, es sonsa la mentira, es sonso ese argumento. Podría tener un contenido ético, pero no tiene un contenido penal”.

Además, José Domingo Pérez cuestionó la presencia de Chávarry en la Fiscalía, pese a haber cometido los delitos que se le imputan. Dijo que no debe permanecer más en el cargo y si lo blindan, “confío en que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) lo destituya”.

SU SITUACIÓN ES CRÍTICA

“Yo creo que la situación del ex Fiscal de la Nación ha sido crítica, complicada y fuera de la ley, pero esa situación no será solo una expectativa si el Congreso de la República, y especialmente el fujimorismo y el aprismo dejan de blindarlo”, dijo el abogado Carlos Rivera.

“Creo que Chávarry, desde mi punto de vista, no debería estar ejerciendo un cargo público; debería estar procesado penalmente en este momento, pero ello no se ha dado porque ha tenido el blindaje político del fujimorismo”, expresó.

“Y ahora cuando se ha presentado esta denuncia constitucional de parte de Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, me parece que va a ocurrir básicamente lo mismo, de encubrirlo, de protegerlo en el Congreso de la República, y me parece que la razón de todo ello tiene que ver con el rol político que Chávarry pretendió jugar desde el momento en que es nombrado Fiscal de la Nación en relación al proceso de lucha contra la corrupción y el caso Lava Jato”, subrayó.

VAN A DESESTIMAR LA DENUNCIA

“Yo coincido con la posición de Sheput, me parece que ha realizado un trabajo correcto y adecuado en cuanto a la relación de los hechos y a insistir en que Chávarry debe ser acusado en el Congreso de la República”, precisó.

“Pero volvemos al mismo tema. Chávarry debió ser acusado el año pasado, como consecuencia de las graves irregularidades por los hechos que lo vinculaban con elementos cuestionados, porque inclusive había pasado la ratificación en el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)”, recordó.

“Toda denuncia que realiza la Fiscal de la Nación, tiene un peso político muy importante. No en vano la Fiscal de la Nación ha realizado la investigación sobre un fiscal supremo, pero este hecho que es políticamente relevante, que es un acontecimiento legal muy importante, se puede ver entorpecido por el accionar del fujimorismo y el aprismo”, resaltó.

“Como ya se tomó la decisión sobre este hecho, sin hacer una mayor evaluación, porque la denuncia tiene nuevos elementos, entiendo que la denuncia de la Fiscal es mucho más profunda y prolija, a pesar de eso creo que va a ser desestimada y recién será en la siguiente legislatura del 28 de julio”, concluyó Carlos Rivera.

VA A SER LO MISMO DE SIEMPRE

“Creo que va a seguir la misma suerte de siempre. Fuerza Popular y el fujimorismo volverán a blindar a quien realmente conoce algo de ellos. Yo no creo que ni con un informe que el señor Sheput está presentando, pidiendo su suspensión, yo no creo que prospere. Cuando llegue el momento de la votación, los fujimoristas harán lo que siempre han hecho con Chávarry, Becerril e Hinostroza”, opinó el congresista Wilbert Rozas.

“Yo he escuchado decir a los fujimoristas que la denuncia que está haciendo la Fiscal es más de lo mismo. O sea, que no hay cosas nuevas y creo que allí habrá otro blindaje. Creo que lo más importante es que el pueblo sepa que una fiscal denuncia, pero que en el Congreso existen dos fuerzas, la fujimorista y la aprista que no dejan trabajar”, subrayó.

ALGO MÁS

“Estas fuerzas han hecho muchas cosas a favor de los corruptos. Fuerza Popular, el Apra, el bloque Coordinadora fujiaprista, el partido de Sheput, se ha convertido en la nueva fuerza mayoritaria del Congreso y nuevamente blindarán a Chávarry”, concluyó Wilbert Rozas.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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