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La amazonía o el “paraíso del diablo” para los pueblos nativos

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La trágica muerte de más de una decena de personas a causa de la “rabia silvestre” ocasionada por la mordedura de murciélagos hematófagos en la Comunidad de Yankuntich, en el río Morona, y los recientes derrames de petróleo con graves consecuencias para la salud humana y ambiental en la Comunidad de Mayuriaga, en la Provincia del Datém, y en el río Chiriaco, Imaza, prueban y demuestran una vez más que la Amazonía con frecuencia puede ser el “paraíso del diablo” para los pueblos indígenas amazónicos.

A lo largo de la historia amazónica y sobre todo durante el violento ciclo cauchero -a fines del siglo XIX y principios del siglo XX- que costó la vida a más de 50 mil indígenas de acuerdo a los registros del historiador Jorge Basadre, la Amazonía ha sido desde “El Paraíso del diablo”, de acuerdo al título de la novela de Walt Handerburg, hasta “el infierno verde”. Aunque también ha sido “El jardín del Edén” para Antonio León Pinelo y “la tierra prometida” para los colonizadores del siglo XX.

Como ahora ocurre con los impactos del calentamiento global, las víctimas de estos extremos climáticos-inundaciones diluviales, calores infernales, fríos polares y sequías saharianas-son los pobres de este mundo. En la Amazonía, casi siempre los que pagan el enorme costo ambiental del desenfrenado extractivismo de la supuesta economía moderna del siglo XXI son, siempre, los pueblos indígenas.

EL DERRAME
Pero hay un castigo adicional para los pueblos indígenas: invisibilizarlos. Los muertos indígenas pasan inadvertidos. Porque desde el imaginario hipercentralista de Lima, desde la visión eurocéntrica de las clases dominantes, la Amazonía es una tierra incógnita, un territorio salvaje lleno de riquezas para extraer y saquear.

Las tragedias que pasan en ese mundo hay que ocultarlas Por eso el presidente de Petroperú intentó tapar el sol con una mano afirmando que el derrame estaba controlado y no había trazos de petróleo en los ríos Chiriaco y Marañón, mientras que todo el mundo miraba en la televisión la oleaginosa capa oscura de petróleo discurriendo en las aguas del Chiriaco con rumbo al Marañón.

Lo mismo con la muerte de los niños y adultos Achuar de Yancuntich. Las autoridades del Ministerio de Salud y funcionarios de otros sectores quisieron ocultar o, mejor, enterrar la noticia de esas muertes para que no trascendieran a la opinión pública y sobre todo a los medios de prensa. Porque la noticia de esas muertes revelaba el abandono estatal y la indiferencia con los pobres y marginales. Los indígenas amazónicos son invisibles cuando están vivos. Pero también cuando están muertos: en el hospital de Iquitos quisieron impedir que los medios fotografiaran los ataúdes.

EL PARAÍSO DEL DIABLO EN EL SIGLO XXI
Es posible que en 1500 cuando Vicente Yánez Pinzón navegó por primera vez el gran río Amazonas, el paisaje tropical y los pueblos Tupí-Guaraníes asentados en sus orillas le dieron la impresión y la sensación que estaba en el paraíso. A lo largo de medio milenio, los ciclos extractivos-caza y pesca, tala del bosque, los ciclos del caucho, del petróleo y del gas y del narcotráfico, han modificado radical y profundamente ese paisaje y en consecuencia la realidad social, económica y cultural.

Los Achuar de Yancuntich eran recolectores, pero alguien les dijo que deberían entrar a una economía “moderna”, empezando a criar vacas. Pasaron de una economía natural a una economía ganadera, pero extensiva. Pero nadie les dijo que deberían tomar precauciones con los murciélagos chupadores de sangre de las vacas.

Miles de bosquesinos,según la acertada definición del notable antropólogo Jorge Gasché, que antes mitayaban (cazaban) en el bosque, ahora hacen su mitayo en las ciudades, cazando humildes y duros trabajos. Porque el mitayo en el bosque está desapareciendo.

EL INFIERNO DE LA POBREZA
Si antes la Amazonía era el “infierno verde” de la violencia, la explotación y esclavitud, ahora es también el infierno de la pobreza para los pueblos indígenas. Por varias causas: destrucción de su hábitat, despojo e invasión de sus tierras y territorios por el extractivismo hidrocarburífero, gasífero y la minería aurífera avalada por los “paquetazos” de Ollanta Humala. No sólo eso. Toda la riqueza económica generada por esta economía primaria exportadora les llega a los indígenas en cuenta gotas. Pero casi nunca les llega.

Las cifras al respecto son espeluznantes. El canon y sobrecanon que recibió Loreto en los años 2010 y 2013 sumó 1,226 millones de soles. De ese total, sólo llegó menos del 2 por ciento a los distritos rurales de población indígena y donde se extrae el petróleo. Ese canon y sobre canon se calculó para los años 2015 y 2018 en 4, 289 millones de soles estimando el precio del barril en enero de 2015 en 115 dólares el barril. Ese precio ha caído a 30 dólares y el canon y sobre canon de Loreto en la práctica ha desaparecido.

Frente a un Estado y un gobierno autistas y una derecha económica y política para quienes la Amazonía es un territorio salvaje por explotar y saquear, a los pueblos indígenas sólo les queda la unidad y la resistencia.

La unidad, la reciprocidad, el poder del Ipamamu, la fuerza identitaria y cosmológica que ha permitido la sobrevivencia de los Jibaro-Jíbaro y otros pueblos indígenas amazónicos a través de los siglos y milenios.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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