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Keiko hace esfuerzos para parecerse a su padre

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“Vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes…” dijo Keiko Fujimori en un “mensaje a la nación”, el 28 de julio del 2016, refiriéndose al poder que le daba contar con una abrumadora mayoría de parlamentarios electos en el Congreso de la República.

Casi un año y medio después, vemos en qué ha consistido el uso de tal mayoría congresal: dos ministros de Educación censurados, un Ministro de Vivienda y otro de Economía obligados a renunciar, negación de confianza a un gabinete en pleno, amenaza de destitución a los magistrados del Tribunal Constitucional, denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, y, por si fuera poco, insinuación de vacancia al presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.

Es evidente que nos encontramos ante una maquinaria política de trituración institucional; integrada, en muchos casos, por congresistas(del fujimorismo) severamente cuestionados al haber mentido en sus hojas de vida, adulterado sus respectivos títulos profesionales o certificados de estudios, y, otros, investigados por delitos de corrupción.

La cereza en el pastel del uso apabullante de esa mayoría en estas semanas ha sido, indudablemente, la pretendida destitución del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, incoada por el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry; luego de que la Fiscalía dispusiera reabrir la investigación por el delito de Lavado de Activos contra el ex secretario general y financista de esa agrupación política, Joaquín Ramírez, y, tres días antes de que el fiscal José Domingo Pérez reciba en Curitiba, Brasil, la declaración de Marcelo Odebrecht sobre la anotación:“Aumentar Keiko para 500 e eufazer visita”.

En cada entrevista Salaverry sostiene que no pueden permitir que a Keiko y sus allegados los investiguen bajo la Ley del Crimen Organizado. Es decir, como no me gusta la ley que me aplicas, te denuncio y destituyo. Clarísima demostración de fuerza y prepotencia antidemocrática.

Ahora se sabe que Joaquín Ramírez es quien presentó a Daniel Salaverry ante Keiko, con lo cual éste inició su crecimiento político en el fujimorismo; de modo que la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, evidencia ser una grosera maniobra de defensa e intimidación, no solo a Pablo Sánchez, sino también a los fiscales que investigan a Ramírez y Keiko Fujimori. Ya lo había advertido el propio Daniel Salaverry, días antes, cuando dijo, refiriéndose a la adecuación a la Ley del Crimen Organizado de la investigación a su lideresa: “¡…vamos a ir hasta las últimas consecuencias!”.Ahora sabemos a qué se refería.

Pero también es notorio que, tras esa gala de prepotencia, se esconde un gran temor en el fujimorismo de lo que pueda decir, o haya dicho, Marcelo Odebrecht sobre “aumentar a Keiko”. Así se explica las arengas de la bancada en el Pleno del Congreso, el mismo día en que los fiscales interrogaban a aquél en Curitiba. Necesitaban darle confianza y cohesión a sus huestes, y mostrarse fuertes ante la opinión pública (¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo?).

Demás está decir que la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación carece de todo fundamento, ya que se sustenta en recortes y declaraciones periodísticas del congresista Mauricio Mulder y estadísticas de aprobación ciudadana al Ministerio Público. El pretexto que usa –de atribuir a la Fiscalía el no haber denunciado a las empresas peruanas socias de Odebrecht- no se ajusta a la verdad, ya que, sí existe investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del Fiscal Sergio Jiménez Niño.

La trituradora fujimorista accionando contra las instituciones del Estado, ha traído a la memoria ciudadana la imagen de los 90 en que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, la SUNAT y toda institución democrática fue intervenida, e ignominiosamente sometida, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

RETORNO AL PASADO
Amenaza al sistema democrático

La destitución que hoy pretenden contra el Fiscal de la Nación, recuerda que en ese infausto periodo de nuestra historia republicana, muchos de los altos funcionarios de esos organismos fueron destituidos y, algunos de los que se quedaron, ejercían funciones sometidos a los dictados del Servicio de Inteligencia, por miedo o por dinero.

Es el caso de la Fiscal de la Nación de entonces, Blanca Nélida Colán, que luego fue condenada a diez años de prisión por recibir diez mil dólares mensuales del SIN y no haber investigado el cobro de cupos que hacía Vladimiro Montesinos a los narcotraficantes, así como por el vladivideo en que éste aparece sobornando a Alberto Kouri.

Pretendiendo ahora el fujimorismo destituir al actual Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en momentos que se viene investigando a su lideresa por delito de Lavado de Activos, en el marco de la Ley de Crimen Organizado, y en un contexto de arremetida contra las demás instituciones democráticas, es evidente que no solo nos encontramos ante un acto de represalia e intimidación, sino de amenaza al sistema democrático en su conjunto, ya que se está atentando contra el principio de independencia de poderes y de los órganos jurisdiccionales. No olvide señora Keiko Fujimori que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, y, al pueblo se le respeta.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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