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Keiko hace esfuerzos para parecerse a su padre

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“Vamos a convertir las propuestas de nuestro plan de gobierno en leyes…” dijo Keiko Fujimori en un “mensaje a la nación”, el 28 de julio del 2016, refiriéndose al poder que le daba contar con una abrumadora mayoría de parlamentarios electos en el Congreso de la República.

Casi un año y medio después, vemos en qué ha consistido el uso de tal mayoría congresal: dos ministros de Educación censurados, un Ministro de Vivienda y otro de Economía obligados a renunciar, negación de confianza a un gabinete en pleno, amenaza de destitución a los magistrados del Tribunal Constitucional, denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, y, por si fuera poco, insinuación de vacancia al presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.

Es evidente que nos encontramos ante una maquinaria política de trituración institucional; integrada, en muchos casos, por congresistas(del fujimorismo) severamente cuestionados al haber mentido en sus hojas de vida, adulterado sus respectivos títulos profesionales o certificados de estudios, y, otros, investigados por delitos de corrupción.

La cereza en el pastel del uso apabullante de esa mayoría en estas semanas ha sido, indudablemente, la pretendida destitución del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, incoada por el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Daniel Salaverry; luego de que la Fiscalía dispusiera reabrir la investigación por el delito de Lavado de Activos contra el ex secretario general y financista de esa agrupación política, Joaquín Ramírez, y, tres días antes de que el fiscal José Domingo Pérez reciba en Curitiba, Brasil, la declaración de Marcelo Odebrecht sobre la anotación:“Aumentar Keiko para 500 e eufazer visita”.

En cada entrevista Salaverry sostiene que no pueden permitir que a Keiko y sus allegados los investiguen bajo la Ley del Crimen Organizado. Es decir, como no me gusta la ley que me aplicas, te denuncio y destituyo. Clarísima demostración de fuerza y prepotencia antidemocrática.

Ahora se sabe que Joaquín Ramírez es quien presentó a Daniel Salaverry ante Keiko, con lo cual éste inició su crecimiento político en el fujimorismo; de modo que la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación, evidencia ser una grosera maniobra de defensa e intimidación, no solo a Pablo Sánchez, sino también a los fiscales que investigan a Ramírez y Keiko Fujimori. Ya lo había advertido el propio Daniel Salaverry, días antes, cuando dijo, refiriéndose a la adecuación a la Ley del Crimen Organizado de la investigación a su lideresa: “¡…vamos a ir hasta las últimas consecuencias!”.Ahora sabemos a qué se refería.

Pero también es notorio que, tras esa gala de prepotencia, se esconde un gran temor en el fujimorismo de lo que pueda decir, o haya dicho, Marcelo Odebrecht sobre “aumentar a Keiko”. Así se explica las arengas de la bancada en el Pleno del Congreso, el mismo día en que los fiscales interrogaban a aquél en Curitiba. Necesitaban darle confianza y cohesión a sus huestes, y mostrarse fuertes ante la opinión pública (¿para qué tanto brinco si el suelo está parejo?).

Demás está decir que la denuncia constitucional contra el Fiscal de la Nación carece de todo fundamento, ya que se sustenta en recortes y declaraciones periodísticas del congresista Mauricio Mulder y estadísticas de aprobación ciudadana al Ministerio Público. El pretexto que usa –de atribuir a la Fiscalía el no haber denunciado a las empresas peruanas socias de Odebrecht- no se ajusta a la verdad, ya que, sí existe investigación en la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del Fiscal Sergio Jiménez Niño.

La trituradora fujimorista accionando contra las instituciones del Estado, ha traído a la memoria ciudadana la imagen de los 90 en que el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE, la SUNAT y toda institución democrática fue intervenida, e ignominiosamente sometida, durante el gobierno de Alberto Fujimori.

RETORNO AL PASADO
Amenaza al sistema democrático

La destitución que hoy pretenden contra el Fiscal de la Nación, recuerda que en ese infausto periodo de nuestra historia republicana, muchos de los altos funcionarios de esos organismos fueron destituidos y, algunos de los que se quedaron, ejercían funciones sometidos a los dictados del Servicio de Inteligencia, por miedo o por dinero.

Es el caso de la Fiscal de la Nación de entonces, Blanca Nélida Colán, que luego fue condenada a diez años de prisión por recibir diez mil dólares mensuales del SIN y no haber investigado el cobro de cupos que hacía Vladimiro Montesinos a los narcotraficantes, así como por el vladivideo en que éste aparece sobornando a Alberto Kouri.

Pretendiendo ahora el fujimorismo destituir al actual Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en momentos que se viene investigando a su lideresa por delito de Lavado de Activos, en el marco de la Ley de Crimen Organizado, y en un contexto de arremetida contra las demás instituciones democráticas, es evidente que no solo nos encontramos ante un acto de represalia e intimidación, sino de amenaza al sistema democrático en su conjunto, ya que se está atentando contra el principio de independencia de poderes y de los órganos jurisdiccionales. No olvide señora Keiko Fujimori que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, y, al pueblo se le respeta.

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Política

La Sra. K. debe seguir presa

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Keiko Fujimori detenida esposada

Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, afirmó que la resolución de prisión preventiva por 36 meses contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori se encuentra bien fundamentada y corresponde que sea ratificada.

“Está correctamente motivada y cumple con todos los estándares de constitucionalidad correspondientes”, señaló durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva.

RUTA DEL DINERO

El fiscal indicó que Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza 2011 se contactó con el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para solicitar dinero para la campaña electoral. Refirió que Yoshiyama es una persona de “íntima vinculación y confianza” de Keiko Fujimori, y señaló que ella tiene que haber estado al tanto del tema.

Vela destacó que “la ruta del dinero” entregado por Odebrecht es uno de los elementos de convicción para sustentar que Fujimori sabía de los aportes.

Asimismo, el coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jatoadvirtió que el chat La Botica, en el que participaban Keiko Fujimori y congresistas de Fuerza Popular, coordina medidas de obstrucción a la justicia utilizando el poder político que le da al fujimorismo el control del Congreso, ya que se hablaba de afectar la imagen del fiscal José Pérez.

“NO HAY PRUEBAS”

Por su parte, Keiko Fujimori aseguró que no hay pruebas que demuestren que ha cometido un delito y solicitó a la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial afrontar su proceso en libertad; aunque en esta etapa del proceso no cuentan las pruebas, sino los indicios.

Solicitó se le respete el debido proceso, la presunción de inocencia y afrontar su juicio en libertad.

Fujimori reiteró que nunca se reunió con los exdirectivos de la constructora Odebrecht y, en general, repitió como una letanía el alegato usado en la audiencia de prisión preventiva.

“La Fiscalía no ha mostrado una sola prueba de que yo he cometido un delito”, insistió, obviando los indicios de lavado de activos que, entre otros fundamentos, motivaron la prisión preventiva.

INDIRECTAS A TOLEDO Y AG

La excandidata presidencial, participó de la audiencia mediante una videoconferencia, en la que señaló que seguirá en el Perú para enfrentar todos los cargos en su contra.

“No me he fugado del país. Tampoco he buscado asilo pese a que muchos me lo sugirieron”, aseguró desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, por teleconferencia, y pareció aludir a los expresidentes Toledo y García.

Según Keiko Fujimori, la medida de prisión preventiva de 36 meses es injusta, ilegal y arbitraria, teniendo en cuenta que en su caso, según ella, no hay peligro de obstaculización de la justicia ni peligro de fuga.

“He enfrentado todo y lo seguiré haciendo hasta las últimas consecuencias porque prefiero que mis hijas sepan que su madre está injustamente presa, a que algún día alguien les diga que su madre no tuvo la valentía de defenderse”, enfatizó.

DECISIÓN IMPARCIAL

Giulliana Loza, abogada de Keiko manifestó que espera una “decisión imparcial” de la Sala Penal de Apelaciones que evalúa la apelación a la prisión preventiva que cumple la lideresa de Fuerza Popular por el caso cocteles.

Al finalizar la audiencia, Loza afirmó que la mantienen presa por especulación.

“Cuando le preguntaron a la Fiscalía cuál es el elemento de convicción que vincula a Keiko Fujimori con un acto de lavado de activos, no han sabido responder, con inferencias y especulaciones pretenden mantener presa a Keiko, es inconstitucional, no podrían”, añadió, siendo desmentida por Vela.

La Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial informó que resolverá en un plazo razonable la apelación presentada por Keiko Fujimori para revocar la prisión preventiva que pesa en su contra.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que la decisión puede ser anunciada la próxima semana.

ALGO MÁS

En el inicio de la audiencia, la abogada Loza alcanzó a la corte dos “amicuscurae” favorables a su cliente y dos pronunciamientos en similar sentido de un grupo de congresistas y exparlamentarios y del Parlamento Andino, pero el presidente César Sahuanay no los tomó en cuenta porque no estaban dirigidos al tribunal.

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Política

Presionados por investigar a Keiko Fujimori

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Rafael Vela

El fiscal Rafael Vela denunció que su grupo de fiscales viene siendo “permanente hostilizado” debido a la investigación a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos.

“Hemos sido permanentemente hostilizados. Al fiscal (José) Pérez se le ha iniciado una serie de investigaciones de manera interna en la institución; todas ellas relacionadas con circunstancias o incidencias que tienen vinculación con este caso”, indicó durante la audiencia en la que se debatió la apelación de Keiko.

Vela cuestionó, en ese sentido, el comunicado del Ministerio Público Federal – Procuraduría General de Brasil, donde indica que el respaldo al Equipo Especial del Caso Odebrecht, de parte de la Fuerza de Tarea Lava Jato de aquel país, no refleja la “posición institucional” de esa entidad.

“Eso tiene que ver con actos de hostilización por los que venimos transitando. Para nuestra sorpresa, el Ministerio Público, nuestra propia casa, saca un comunicado [de la Fiscalía de Brasil] desmintiendo, el detalle es que es a pedido de la Fiscalía de la Nación”, precisó.

Para Rafael Vela, este acto refleja obstrucción del titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, “porque conspira contra las relaciones que tenemos”.

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Política

Acusado de corrupción sería favorito de Chávarry para reemplazar a fiscal Pérez

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Alan García Pérez

Las versiones que sostienen que el cuestionado fiscal de la Nación, Pedro Chávarry está decidido a separar al fiscal José Pérez de las investigaciones del caso Lava Jato, que incluyen a Keiko Fujimori y Alan García, persisten, mientras el supuesto aspirante a reemplazarlo se hunde por acusaciones de corrupción.

En una visita a Arequipa, el exprocurador y uno de los impugnadores de Chávarry, citó el rumor de que el elegido para reemplazar a Pérez, aprovechando la distensión de las fiestas de fin de año, sería Abel Concha.

Pero Concha se sumó a las afinidades cuestionables de Chávarry en los últimos días en Chiclayo, donde el fiscal Juan Carrasco Millones, lo señaló como vinculado a la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.

SOBORNO DE 80 MIL

En concreto, Carrasco, considerado el José Pérez de Chiclayo, informó que el suspendido alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, pagó 80 mil soles al fiscal superior de Lima, Abel Concha Calla, para que archive la denuncia de corrupción por el caso de la banda corrupta chiclayana.

Según Carrasco, el contacto con el fiscal Concha fue el alcalde electo de Olmos, Willy Serrato Puse, sometido a prisión preventiva como presunto integrante de la organización criminal.

“A través del señor Willy Serrato Puse llegan a contactar al alcalde de Chiclayo, con la finalidad de que a cambio de 80 mil soles, el fiscal Juan Carrasco, pueda archivar el caso y dejar sin efecto el caso que era materia de investigación”, señaló durante la audiencia realizada el viernes último en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.

La sindicación es producto de la declaración de un colaborador eficaz, quien agregó que el mismo Concha coordinó una reunión que se realizó en la ciudad de Chiclayo, en la tercera semana de octubre.

“CHAPULÍN COLORADO”

“Yo soy tu chapulín colorado y no te va a pasar absolutamente nada”, le dijo –a decir del colaborador eficaz- Concha a Cornejo en el breve encuentro.

Fuentes judiciales de Chiclayo aseguraron que el fiscal Concha habría viajado a Chiclayo también con la intención de ayudar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a salir bien librado de una audiencia del caso de “Los Wachiturros”, que investiga también Carrasco

Pero, además, Cornejo Chinguel escribió una carta a Chávarry en la que confirma la decisión de colaborar con la Fiscalía y señala que el fiscal Abel Concha y Serrato le ofrecieron protegerlo de la investigación en marcha, a cambio de 80,000 soles.

QUE SE VAYA

De otro lado, el congresista Alberto de Belaúnde dijo que una de las tareas urgentes que tendrá la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) será revisar el irregular proceso de ratificación de Chávarry como fiscal supremo –sin la cual no podría haber postulado a Fiscal de la Nación-, por el cuestionado y fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), así como revisar los nombramientos hechos por el CNM, en general.

La JNJ “determinará qué pasará con el Fiscal de la Nación, por lo irregular del proceso de su ratificación”, dijo.

ALGO MÁS

De Belaúnde reiteró que “me parece inaceptable que el Fiscal de la Nación siga en el puesto, y lo que demuestra es una gran indignidad que ni Blanca Nélida Colán tuvo, porque ella en un momento renunció”, dijo.

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