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Keiko en su hora difícil

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El día jueves pasado una noticia sorprendió al Perú, se hizo público que el fiscal José Pérez dispuso que se inicie una investigación contra Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito la cual se adecua a la “Ley contra el crimen organizado” (Ley 30077) y al Nuevo Código Procesal Penal. La peor pesadilla de la ex primera dama de la dictadura parece haber comenzado.

Es importante recordar que, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define a un grupo delictivo organizado como “grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”¿Hará referencia el fiscal solo a Keiko, su esposo y parte de su entorno inmediato; o será que empiezan a considerar que los partidos creados por el fujimorismo desde los años noventa son los que entran en la definición de bandas creadas para cometer delitos? Al parecer las primeras investigaciones del Ministerio Público sobre los aportes aparentemente ilegales dados a Fuerza Popular (fujimorismo) durante la campaña electoral del año 2016, comienzan a dar indicios de que estaríamos hablando ya de toda una banda criminal.

Uno de los puntos a tomar en cuenta han sido las declaraciones que Keiko Fujimori dio a la Fiscalía el pasado mes de junio y que se han hecho públicas estos días. En dichas declaraciones Keiko deja muchas dudas ya que, por ejemplo, relató que su primera actividad remunerada fue con la empresa “GM Asset Management”, con sede en Estado Unidos, y que percibía un sueldo de cinco mil dólares al mes, a pesar de no contar con ningún tipo de experiencia previa laboral. También declaró que sus gastos domésticos mensuales ascienden a 19,000 soles de los cuales ella cubre 6,000 soles y el resto su esposo. La parte que ella cubre proviene de la mensualidad que le pagan como presidenta de Fuerza Popular y que es 12,500 soles, según lo declarado. Si bien ella ha hablado solo de “gastos domésticos”, sin duda ni con ese alto monto se podría explicar el nivel de egresos que ostenta permanentemente si uno analiza simplemente cosas como los viajes que realiza. Asimismo, el sueldo que dice percibir de su partido no es cercano al que permanentemente han dado a entender sus congresistas que se le entrega en realidad. Hay ahí también varias cosas que averiguar.

Otro punto importante en esta aparente red de corrupción son las declaraciones de Joaquín Ramírez a quien se le investiga por presunto lavado de activos y quien tiene una fortuna que parece no tener una racional explicación. Él ha declarado que entre 1987 y 1994 trabajó como repartidor de alimentos, ayudante de construcción civil y cobrador de micros y después como auxiliar en un colegio con un sueldo de 420 soles al mes. Mencionó que casi en paralelo comenzó con el negocio de la compra y venta de autos usados. Posterior a eso comenzó a importar vehículos nuevos y maquinaria pesada. En pocos años, y a través de esas actividades, se supone que acumuló una fortuna actual equivalente a siete millones de dólares de los Estados Unidos. Es importante aclarar aquello dado que el señor Ramírez ha sido secretario general de Fuerza Popular además de integrante del equipo de campaña de Keiko Fujimori y ex congresista por dicho partido, y para muchas personas podría ser uno de los que administra parte de la fortuna que Alberto Fujimori retiró del país en 40 maletas cuando fugó el año 2000.

No han sido buenos estos días para el fujimorismo; hay nuevas acusaciones y diversas investigaciones que se abren, tienen a un Kenji Fujimori enfrentándose mediáticamente al grupo de personas cercanas a su hermana e incluso usando a su madre para ello y un indulto que se sigue mencionando pero que no termina de obtenerse. Sobre ese último punto, al parecer el presidente Pedro Pablo Kuczynski aún evalúa si de darse el indulto, la presión nacional e internacional terminaría desestabilizando aún más su gobierno y si ello podría ser aplacado, en parte al menos, por un acercamiento a la bancada de Fuerza Popular. Si bien es evidente que el Presidente no tiene problemas en dárselo y tiene el apoyo de la mayor parte de su bancada y de su actual gabinete, hay aún en él ciertas dudas generadas por una sentida desidia de Keiko acerca de la real posibilidad de ver libre a su padre, lo que para el entender de PPK, garantizaría aún menos ese cogobierno entre ambos ya que está demostrado que es ella quien manda en la bancada de Fuerza popular y que Kenji ha perdido ahí cualquier tipo de apoyo.

No la tendrá fácil
La ciudadanía ha marchado, nuevamente, para oponerse al indulto a Alberto Fujimori y se siguen manifestando artistas, intelectuales, sindicalistas, etc., a través de diversos medios también en contra de esa posibilidad. El fujimorismo no la tendrá fácil, la mayoría del pueblo peruano considera que el indulto es un insulto y además a nivel legal al parecer podría estar llegando a su fin la era de impunidad de lo que algunos han llamado y han querido creer era un nuevo fujimorismo liderado por una Keiko Fujimori que finalmente tiene un apellido que pesa, para ella misma, más que nada.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

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Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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