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Justicia, resurrección y muerte

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Paolo Guerrero Gonzales

Por esas paradojas que tiene la vida, en el lapso de 24 horas, hemos asistido al contraste de dos emociones contradictorias que han estremecido a la sociedad peruana: por un lado, alegría intensa suscitada por la suspensión provisional de la sanción a Paolo Guerrero que le permite jugar el Mundial de Rusia, y por el otro, el triste fallecimiento de Eyvi Ágreda, luego de varios días de intenso sufrimiento, a consecuencia de la graves quemaduras de las que fue víctima en días pasados.

Ambas nos dejan profundas reflexiones que debemos procesar como sociedad en el marco de la justicia. Lo de Paolo es, sin lugar a dudas, el resultado de la perseverancia y fe inquebrantable de él mismo como individuo. Por supuesto que también del espíritu de solidaridad que, a nivel nacional e internacional, generó una corriente de opinión favorable a él. La desproporción y el abuso eran de tal magnitud, que hasta los capitanes de las selecciones rivales de Dinamarca, Australia y Francia pidieron se levante el castigo.

Lo que nos parece ahora digno de resaltar, en este extremo, es el mecanismo procesal y los criterios usados para habilitar a nuestro capitán. En cuanto a lo primero, debemos resaltar que aquí se ha roto, felizmente, esa pared infranqueable que existe entre la justicia deportiva y la ordinaria.

La FIFA y el TAS constituyen instancias deportivas. Con lo resuelto por ellos, aparentemente, todo estaba perdido. Sin embargo, como el propio reglamento del TAS reconoce la aplicación del derecho interno suizo, por constituir ley de la sede arbitral, se franqueó el camino de la vía ordinaria para la apelación y medida cautelar ante el Tribunal Federal Suizo, que es una instancia de justicia ordinaria, equivalente a nuestra Corte Suprema. La revisión de lo decidido por el TAS se debería circunscribir a verificar la regularidad del procedimiento, sin entrar al fondo del asunto.

Pero, en una decisión expeditiva y admirable, el Tribunal Federal permitió la resurrección de nuestro guerrero del gramado, usando criterios claros y sencillos que van al fondo de la cuestión: el perjuicio laboral al jugador si a sus 34 años no asistiera a un evento que sería el mayor logro de su carrera futbolística, y que, éste no actuó deliberadamente o por negligencia grave. Así de simple.

Esto es lo que nuestros jueces y magistrados deberían aprender: poner por encima de los rituales procesales a la persona, el aspecto humano sobre las formas; administrar justicia con rapidez, claridad, sencillez, y sobre todo, con sentido humanístico.

Los humildes ciudadanos que a diario solicitan medidas cautelares ante nuestro Poder Judicial, deben padecer el suplicio de esperar meses, hablar en más de una ocasión con el magistrado o su secretario (si es que se encuentran), para ver luego, con gran angustia e impotencia, y en el mayor de los casos, que se las declaran como improcedentes; valiéndose de enrevesados argumentos, latinazgos, citas bibliográficas, jurisprudencias, casaciones y derecho comparado.

La desesperanza cunde en la madre alimentista o despojada de sus hijos, en el trabajador despedido, el docente víctima del abuso de poder, o en el reo injustamente detenido. Nuestros magistrados, salvo honrosísimas excepciones, no miran más allá del frio expediente, de las tasas y aranceles judiciales. Los estudios de maestría, doctorado, posgrados, diplomados y ejercicios de cátedra universitaria los enajena jurídicamente y hace perder sentido de la realidad. Olvidan que el derecho es una forma objetivada de la vida humana, como diría Luis Recansens Siches.

Pero no es solo enajenación de los magistrados. Hemos visto también, con asombro, que nuestra más alta magistratura de la Nación, el presidente de la República, ha calificado como “un designio de la vida” la muerte de Eyvi Ágreda. Otras autoridades solo atinan a pedir el aumento de carcelería y pena de muerte para los casos de feminicidio, demostrando su incapacidad para frenar la ola de crímenes que asola el país.

Pierden de vista que la violencia que padecemos es de corte estructural, ligada a factores de formación social, y cultural. La niñez y juventud crecen estimuladas por insaciables apetitos de orden material, donde la posesión es el objetivo a costa, muchas veces, de lo ajeno, en otras, se cruza la barrera del respeto por la vida misma. Se inculca solo vocación de ganadores y no los principios de solidaridad, respeto y amor al prójimo como política de Estado.

Los autores de esos abominables crímenes deben terminar sus días en la cárcel, pero se debe trabajar no solo para la sanción que es el efecto, sino, sobre todo, sobre las causas, para impedir que el país y más hogares se sigan enlutando.

La experiencia jurídica del caso Paolo Guerrero y el execrable holocausto de Eyvi Ágreda deben motivar una reforma del sistema de justicia, para dotarlo de rostro humano y evitar nuevas pérdidas de preciosas vidas.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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