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Jugaremos el Mundial con nuevo presidente

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La caricatura de Ricardo Gareca declarando ante un reportero de no ver posibilidades de que PPK llegue al Mundial (Perú21, 09/02/18), grafica de manera elocuente la percepción y el sentir ciudadano que flota en el ambiente político, mediático y social: que el presidente de la República ya está de salida, lo cual se produciría antes de julio próximo.

Ese medio escrito no pertenece a la izquierda política del país, sino todo lo contrario; pero traduce humorísticamente lo que ya forma parte de la agenda institucional, desde diciembre último. De modo que, más allá de las mociones de vacancia proyectadas en el Congreso por las agrupaciones de Nuevo Perú y el Frente Amplio, es una cruda realidad del escenario político de estos días, a la cual nos ha llevado el mismo Pedro Pablo Kuczynski.

No es solo que la esté promoviendo la extrema izquierda, como lo ha dicho el presidente. La vacancia como salida política a la grave crisis de la institución presidencial ha devenido en una necesidad insoslayable, al extremo que algunos niegan que deba ser vacado, pero sostienen que debe renunciar por el bien del país (vg. Jaime de Althaus). Es que, según DATUM, el 73% de ciudadanos lo rechaza y el 53% considera que debe dejar el cargo.

El presidente de la República encarna a la nación, por mandato de la Constitución Política del país; es decir, la personifica y representa. Pero al haber efectuado un evidente y sucio arreglo bajo la mesa, canjeando indulto político por impunidad en provecho propio, ha perdido esa jerarquía moral y constitucional. No solo eso, también viene usando la institución presidencial para encubrir grotescamente sus entuertos. Allí está el arrebato del caso Pativilca que hizo al Procurador Amado Enco, un día antes de la audiencia, nombrando a otro procurador para que defienda su ilegal indulto, en lugar de los intereses del Estado.

A principios de año ha contratado un estudio jurídico para que lo patrocine ante la Comisión Lava Jato, con dinero del tesoro público, en las investigaciones que se le sigue por la asesoría de sus empresas Westfield y First Capital a Odebrecht, pese a que afirmó que éstas se realizaron cuando él no era funcionario; por ende, no le correspondería la defensa con recursos públicos.

Aprovechando la inmunidad que da la condición de presidente, viene eludiendo la concurrencia a esa Comisión investigadora; dándose el lujo de manifestar públicamente que lo hará después que declare Jorge Barata en Brasil. Es decir, abusa del poder que da la investidura para calcular lo que va a explicar, denotando que tiene mucho que ocultar.

De esto no cabe la menor duda; ya que, recientemente, se ha descubierto tres nuevos contratos de su empresa Westfield Capital con Odebrecht para el proyecto Olmos, la Interoceánica Norte, así como para los tramos2 y 3 de la Interoceánica Sur, respectivamente, firmados por él mismo, mientras era ministro, así como sus cinco reuniones con el referido ejecutivo brasileño. Por si fuera poco el BCP ha entregado un reporte a la Fiscalía y la UIF, en el que se da cuenta de más de 140 movimientos bancarios, entre los cuales están los de las mencionadas empresas y otras compañías que PPK asesoró.

El presidente de la República no puede personificar a la nación en esas condiciones. ¡No, señor! En el sistema democrático la garantía de estabilidad, gobernabilidad y paz social reside en la solidez de sus instituciones, particularmente, de la presidencia de la República. La ciudadanía tolera a regañadientes y muchas veces con resentimiento habitual, la precariedad de las demás:Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y otros. Pero cuando la del jefe de Estado entra en descomposición y severo deterioro, como está sucediendo con PPK, cunde el desgobierno, la parálisis y debacle económica.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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