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Invasión de capitales chilenos

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Huelga protesta SUTRAPOTISA

El grupo Matte Larraín abusa del trabajador.

La Compañía “Productos Tissue del Perú SA” (PROTISA) ingresó al mercado peruano en julio de 1995, gracias a la apertura comercial y acuerdos de complementariedad económica con nuestro agresivo vecino del sur. En la etapa de la dictadura fujimorista se abrió el mercado interno dejando de lado el proteccionismo industrial al mismo tiempo que se ponía en práctica un agresivo programa de privatizaciones de las empresas públicas, que al final de cuentas significó una transferencia de riqueza desde el estado hacia los grupos de poder y las empresas transnacionales.

Ello llevó a que dictador chileno Augusto Pinochet en una reunión reservada con los empresarios sureños en Viña del Mar les dijera “compren en el Perú, que está barato”, haciendo referencia a la ausencia de planificación estratégica del estado peruano en el proceso de privatización donde para algunos extremistas del libre mercado, se trataba de transferir al sector privado, “una empresa por semana” no importando el valor, rentabilidad ni la importancia de la empresa estatal.

Allí se inicia la invasión de capitales chilenos que algunas fuentes autorizadas estiman en la actualidad por encima de los US$ 20 mil millones de dólares, ubicándose en sectores como la banca, el gran comercio, transporte naviero, servicio aeronáutico, agroindustria, envasado de gas doméstico, energía eléctrica, hidrocarburos, farmacéutico, fondos privados de pensiones, fondos mutuos, e industrias varias.

En resumen, los más importantes grupos de poder económico chileno operan en nuestro país, atraídos por la mayor rentabilidad, sobre todo los bajos niveles salariales pues se reproducen las políticas de “cholo barato”, los atractivos costos de la energía en relación al vecino del sur gracias al gas barato de Camisea, y la mínima propensión a tributar frente a la exigente legislación chilena.

PROTISA DEL PERÚ

En este contexto hacia 1995 se da partida de nacimiento a la empresa “Productos Tissue del Perú SA” (PROTISA) como filial del poderoso grupo Matte Larraín de Chile que a través de la matriz Empresas CMPC SA y subsidiarias tiene una red de empresas (más de 60 sociedades) dedicadas a la forestación de pino y eucalipto principalmente, además de la fabricación y distribución en las operaciones de papel pasta, celulosa, papeles y Tissue, con más de 96 años de experiencia en el mercado.

Este conglomerado CMPC es controlado por la familia Matte, en la quinta generación, a través de los hermanos Eliodoro, Patricia y Bernardo Matte Larraín, una de las tradicionales familias en nuestro vecino del sur. El grupo familiar diversifica sus inversiones en actividad forestal y celulosa, a través de Forestal Bureo SA y Minera Valparaíso, teniendo una participación de casi el 60%, con presencia en América del Sur y Norteamérica.

Según su propia memoria, expresa que “La Compañía CMPC tiene 45 plantas de fabricación distribuidas en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, México, Colombia, Brasil y Ecuador, y vende principalmente sus productos en Chile, Asia, Europa, Argentina y Brasil. A nivel agregado, los ingresos provienen en una proporción superior al 78% de exportaciones y de subsidiarias del exterior y aproximadamente un 22% se generan en Chile. La Compañía tiene subsidiarias para operaciones comerciales y financieras en Europa, Estados Unidos e Islas Cayman.

“Al 31 de diciembre de 2017 el Grupo CMPC está formado por 60 sociedades: Empresas CMPC S.A., sociedad matriz, 56 subsidiarias y 3 asociadas. CMPC ha consolidado todas aquellas sociedades en las cuales posee el control de la operación en sus negocios, y ha aplicado el valor patrimonial reconociendo su participación proporcional en el patrimonio de sus asociadas. Los activos totales de la matriz al 31 de diciembre de 2017 alcanzan a MUS$ 8’264,426 (MUS$ 8’289,505 al 31 de diciembre de 2016, léase (Ocho mil millones doscientos ochenta y nueve mil dólares como aclaración).”Fuente: Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2017, Empresas CMPC S.A. y Subsidiarias.

Es decir, este grupo económico Matte Larraín es igual o más poderoso que los grupos peruanos Romero o Brescia, con una temprana internacionalización. Lo cierto es que en nuestro país a través de CMPC Tissue e Inversiones CMPC (subsidiaria de Empresas CMPC SA) controlan a Tissue Cayman Ltda., quien tiene el 100% de las acciones de Protisa Perú S.A. que industrialmente procesa productos de calidad reconocida como papel higiénico, pañales, servilletas, papel toalla, faciales y pañuelos de otras empresas del grupo chileno CMPC ubicadas en Sudamérica.

EL GRUPO MATTE LARRAÍN EN PERÚ

El Grupo Matte en el Perú, además de Protisa S.A. que a través de sus dos plantas de Ate y Cañete construida está última recientemente y cuyo financiamiento se hace posible con endeudamiento en la banca privada mediante la figura de arrendamiento con los bancos privados, la misma que será repagada en el 2022.

A ello se suman los aportes de capitales propios, y como no puede ser de otra manera sus inversiones se financian gracias al aporte y contribución de los trabajadores que suman más de 1,100 entre obreros, empleados, supervisores y gerencia, que ven recortadas su participación de utilidades laborales correspondiente al ejercicio 2017 a pesar del fortalecimiento patrimonial y mayores ingresos.

El Grupo Matte controla a demás en la actividad papelera a la empresa Forsac Perú SA dedicado a la fabricación de sacos de papel de reconocido prestigio, siendo sus principales clientes las empresas cementeras como: Unión Andina de Cementos, Yura SA, Cementos Pacasmayo, entre otras empresas.

En la fabricación de papel en el Perú también controla a la Papelera Rímac, que fue absorbida por Protisa Perú en noviembre del 2015 con lo cual se puede decir que tiene una posición protagónica en la industria del papel y afines.

Ha sido tan rentable e importante el posicionamiento de las inversiones del Grupo Matte en el Perú, que también se expanden al sector minero, energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, transporte y comercio, en un proceso que denomino “invasión de capitales chilenos” que en algún momento nos pasará la factura si tenemos presente una visión histórica de largo plazo, como la de Diego Portales en Chile, que lamentablemente nuestros gobernantes ignoran.

En este contexto es que adquiere por medio de la eléctrica Colbún Perú S.A. la participación mayoritaria de la empresa eléctrica Fénix Power Perú en diciembre del 2015, con una potencia instalada superior a los 550 MW, y que através de las turbinas de ciclo combinado aprovecha los bajos precios del gas de Camisea para generar energía eléctrica en el sur de Lima (Chilca)

Es más, entre otras empresas relacionadas del Grupo, están la subsidiaria en Perú de Compañía Industrial El Volcan SA (empresa de soluciones constructivas). También tiene un fondo mutuo llamado Bice Perú, filial de Bicecorp, donde el grupo Matte tiene el 19% de participación. En la actividad de telecomunicaciones invierte en Entel Perú y Americatel Perú.

Como si fuera poco, por miembros del directorio en común se relacionan con la empresa envasadora de gas doméstico “Lima Gas “y las empresas del Grupo Interbank: Supermercados Peruanos y Homcenters.

RENTABILIDAD CON ABUSOS LABORALES

A pesar de ser una empresa exitosa en el mercado peruano con una rápida expansión que le ha permitido aumentar la capacidad de planta en Cañete, con ingresos por ventas que superan los US $ 349 millones de dólares anuales, y crecientes exportaciones en especial a los países de la Comunidad Andina de Naciones, Ecuador, Colombia, aprovechando las ventajas y preferencias arancelarias, con los beneficios tributarios de todo exportador, abusa y sobrexplota a sus trabajadores, que en última instancia han hecho posible el fortalecimiento y aumento patrimonial de esta empresa que como se expone en la gráfica respectiva se ha incrementado de forma sistemática.

Son tales los abusos, las discriminaciones, las hostilizaciones contra los trabajadores sindicalizados de la empresa Protisa que ha llamado la atención de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. Así, violentando las recomendaciones de la OIT respecto a la carga permitida que no debe superar los 30 kilos, los trabajadores sindicalizados son obligados a cargar bobinas de 80 a 90 kilos de una manera usual, atentando contra la salud de los trabajadores. Prueba de ello son la serie de trabajadores con problemas en la columna, artrosis en la rodilla, cardiovasculares por la excesiva carga a la que se ven sometidos.

Las faltas en la seguridad son tan clamorosas que todos los meses hay accidentes que afectan a los trabajadores, con pérdidas de dedos de la mano, electrocutados, pérdidas de falanges, presiones laborales en intensivas jornadas que arrastran accidentes de trabajo a vista y paciencia de la gerencia de gestión humana.

En resumen, debemos estar a favor de la capitalización del país con mayores inversiones públicas y privadas en el marco de los principios de la responsabilidad social, ambiental y tributaria, respetando los derechos de los trabajadores, que en última instancia constituyen el principal activo de toda empresa y la principal fuente generadora de la riqueza.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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