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Interpelación a Martens no solucionará el problema

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Ahora que miles de profesores reclaman sus derechos creemos que la interpelación a la ministra de Educación, Marilú Martens, no solucionará la crisis magisterial.

La impresionante y justa movilización magisterial ha puesto el tema educativo en la agenda nacional; es parte de una indispensable batalla cultural que debe involucrar a toda la población y no solo a especialistas.

La interpelación, planteada por el fujimorismo, esquiva los temas críticos de la política educativa del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Señala varios asuntos, sobre los cuales debe responder la ministra pero no va al fondo del asunto.

Pero evade asuntos claves en el sistema educativo. Debieron ser atendidos en la Ley de Presupuesto 2017, probadamente en esta singular neo-convivencia de PPK y el fujimorismo.

En el debate, debe tratarse la política neoliberal de la educación pública basada en la desigualdad, del “perro del hortelano”, con la elitización y desinstitucionalización, que destruye las bases nacionales del conocimiento, la igualdad y la pluriculturalidad, en la educación básica y en las universidades.

Primero: Precarización de los maestros, base sustantiva del proceso educativo. Se expresa cruelmente en los sueldos. Es el más bajo de la región, en promedio $ 540, cuando en Ecuador está en $ 760 y Chile en $ 970 en promedio mensual. El Gobierno ha incumplido este ofrecimiento electoral en la Ley de Presupuesto 2017, pues debió elevarse desde el inicio el sueldo base a los maestros a S/. 2,000 mensuales, con incremento progresivo en el quinquenio. Es indispensable dotar de información y calificación a los docentes para una evaluación que merece una moratoria.

Segundo: Política educativa en contra del derecho universal a una educación para todos y de calidad. Se expresa en la diferenciación en los colegios públicos, con el tratamiento a los “colegios de alto rendimiento”, en los cuales la inversión por alumno llega a S/. 37,135, mientras que en los otros colegios públicos, con la mayoría de estudiantes, la inversión por alumno asciende a S/. 3,673.

Se abandona la educación rural, intercultural y de las mayorías. Cada año crece el número de instituciones educativas de gestión privada y se precariza el sistema.

Tercero: Estancamiento en los niveles de aprendizaje. Pese al crecimiento exponencial del presupuesto en el sector Educación los logros de aprendizaje se encuentran estancados. Pisa 2012, último lugar. Pisa 2015, último lugar, si quitamos a los países que por primera vez fueron evaluados y que se encuentran por debajo de Perú. Y en América Latina, seguimos siendo los últimos.

Cuarto: Pese a los importantes avances de la Ley Universitaria vigente, que enfrenta a la privatización y mercantilización de la enseñanza superior, se mantienen serios errores. En especial, establece un ente regulador de las universidades subordinado al Minedu, lo que afecta la Autonomía del Sistema.

Recorta los ingresos de las universidades públicas y hace de “Beca 18” en las universidades, un subsidio del Estado dirigido a las universidades privadas. Saca de las universidades públicas a los docentes de 70 años o más, que tienen larga experiencia y conocimientos acumulados, los que van como mano de obra barata a las universidades privadas o se les condena a la jubilación miserable.

LE SEGUIRÁ LOS PASOS A SAAVEDRA
Ya huele a censura
Las bancadas de Acción Popular, Frente Amplio, Fuerza Popular y APRA presentaron ayer una moción de interpelación contra la ministra de Educación, Marilú Martens, para que explique ante el pleno las medidas tomadas ante la huelga de profesores.

A luz de las declaraciones de ciertos fujimoristas y legisladores de otras bancadas la medida contra Martens parece ya una censura y Martens le seguirá los pasos al ministro Jaime Saavedra a quien reemplazó.

El vocero fujimorista, Daniel Salaverry, indicó que Martens Cortés deberá “responder preguntas puntuales y anunciarle al país las medidas concretas para solucionar la grave crisis por la que atraviesa el sector Educación”.

Refirió además que luego de la presentación de Marilú Martens en la Comisión de Educación del Congreso, no quedó claro cuáles son las acciones que se tomarán ante esta crisis.

“Luego de escucharla [en la Comisión de Educación] y luego de escuchar al presidente de la República en su mensaje a la Nación, nos queda claro que o la ministra miente o el presidente está desconectado con la realidad”, señaló Salaverry.

“Mientras que la ministra Martens anunciaba en la comisión que el viernes se reunirá con un grupo de dirigentes, el presidente anunciaba al país que el diálogo se había agotado y conminaba a los maestros, luego de insultarlos, a que regresen a las aulas”, agregó.

ALGO MÁS
En el debate, debe tratarse la política neoliberal de la educación pública basada en la desigualdad, del “perro del hortelano”, con la elitización y desinstitucionalización, que destruye las bases nacionales del conocimiento, la igualdad y la pluriculturalidad, en la educación básica y en las universidades.

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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