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Institucionalización de la precariedad laboral

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Reparación de carreteras barras de seguridad

Las últimas noticias que pueden saberse del Perú, probablemente, son de lo mal que nos va en la política y de lo relativamente bien que va la economía. Sin embargo, nos va mal en ambos. Sumado a ello, el factor laboral, resulta ser uno de los principales dolores de cabeza para el Gobierno y en especial para la ciudadanía.

Desde el año 1991, se inicia en el país, una de las más grandes reformas neoliberales en materia laboral que llevó a cabo, el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, así sentó las bases para una de las reformas antilaborales más nefastas que se implementaron en América Latina.

La derrota de la dictadura abrió una transición política y la promesa de contar con una Ley General del Trabajo, como piso común para todos los trabajadores. Hoy en día, lleva doce años archivada como muestra del desdén por discutir seriamente una agenda laboral.

AGENDAS

Después de estar creciendo, sostenidamente, entre los años 2002 y 2013, década que el mundo denominó el “milagro peruano” el índice del PBI en el 2014 bajó a 2,3 por ciento. Se anunciaba así, el fin del milagro.

Ese crecimiento, planteaba diversos desafíos a los gobiernos de turno, como la diversificación de la economía, reforma de la educación, y la lucha contra la informalidad. Pero ninguna de ellas, fue una agenda seria ni para el Poder Ejecutivo ni para el Poder Legislativo.

En el 2011, lo que pudo ser el gobierno de “La gran transformación” con Ollanta Humala, terminó en una simple “Hoja de Ruta” que ahogó la ocasión de un giro a favor de los trabajadores. En el 2014 Ollanta impulsó la aprobación de la Ley 30288 (“Ley Pulpín”).

Era una ley que creaba un régimen laboral para regular el trabajo de los jóvenes de 18 a 24 años, aun cuando ya existía la Ley N° 28518, que regula las modalidades formativas, una propuesta que precarizaba el trabajo de la principal fuerza productiva del país: los jóvenes.

PPK: MÁS NEOLIBERALISMO

Con la llegada del gobierno de PPK, se inicia nuevamente, una ofensiva neoliberal. De un lado, acentúa la privatización de sectores estratégicos, en beneficio del poder financiero; destruyendo así, las bases de la industria y de la agricultura, entregando el petróleo, el gas, los minerales, la biodiversidad y los servicios públicos como EsSalud.

Su gobierno anunció diecinueve medidas laborales, entre ellas, la creación de un seguro del desempleo, la creación de un nuevo régimen laboral juvenil y reducir a cuatro los seis grandes regímenes laborales del sector privado: el general, el de la micro y la pequeña empresa y el de las trabajadoras del hogar.

Algunas de esas medidas fueron aprobadas mediante el otorgamiento del pedido de facultades legislativas: diez decretos legislativos (se derogaron 2 debido a la presión social) que flexibilizaban las normas en seguridad laboral, un “paquete simplificador” en materia administrativa, introducción de cambios en el arbitraje potestativo -dificultando el derecho a la negociación colectiva- y el fomento de ceses colectivos.

NUEVA “LEY PULPÍN”

Los fantasmas de la “Ley Pulpín” revivieron en los jóvenes, cuando el gobierno de Kuczynski, presentó un proyecto similar: PL N° 1104 “Ley que promueve la contratación formal de los jóvenes” de 18 a 29 años que subsidiaba con el 100% del pago del seguro de salud a los empleadores con fondos públicos de EsSalud.

Los trabajadores jóvenes continuarían aportando el 13% de su sueldo; contraviniendo el Convenio N° 102 de la OIT, que establece que los empleadores y trabajadores deben aportar de manera equitativa a la seguridad social y sistema de pensiones.

Kuczynski es vacado del cargo, por encontrarse implicado en varios casos de corrupción con la firma brasileña Odebrecht. Es así que Martín Vizcarra asume el Gobierno en medio de una crisis de régimen.

Vizcarra hereda, no solo un gobierno que tenía el llamado de enfrentar a la corrupción, sino también heredar la orientación política y económica, herencia a la cual, no le hace asco.

UN DOCUMENTO NEFASTO

Ello lo demuestra el documento que el MEF ha elaborado y que titula “Política Nacional de Competitividad y Productividad”, el que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de diciembre, mientras la ciudadanía protestaba ante el retiro de los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela de la investigación Lava Jato.

El documento aprobado es sumamente peligroso, especialmente, para los trabajadores y sus derechos laborales porque busca institucionalizar, hasta el 2030, la precariedad. Argumentos que alientan despidos arbitrarios, obstaculizan la negociación colectiva, rechaza el derecho de sindicalizarse, le hace asco a la estabilidad laboral, así como una fuerte crítica al rol de una instancia tan débil como Sunafil; lo que habría motivado la renuncia del ministro de Trabajo, Christian Sánchez.

ALGO MÁS

En medio de estos cambios, la inserción de la juventud en el mundo laboral es cada vez más difícil, por lo que se ven obligados a insertarse en redes del autoempleo y subempleo, engrosando las cifras del comercio ambulatorio y quebrándoles la vida a toda una generación, cuya capacidad productiva ha sido acostumbrada a sobrevivir con lo mínimo. En nuestro país no faltan recursos: están muy mal distribuidos. Esto no es justo.

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Política

Escandaloso fallo favorece a la corrupción

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Richard Concepción Carhuancho

El fujiaprismo vive sus horas más difíciles pero eso no quiere decir que ya se haya diluido su poder en la estructura de justicia, que les ha lanzado un salvavidas con la separación del juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación por lavado de activos a Fuerza Popular.

Porque la mafia sigue moviendo sus hilos aunque tengan a todo un país en contra, según se refleja en importantes opiniones recogidas por Diario UNO.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró que acciones como el apartamiento de Carhuancho son un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción.

“Lamentamos mucho que un prófugo de la justicia (Jaime Yoshiyama), mediante su abogado (Humberto Abanto), pueda tener tanto poder. Eso nos indica que hay claros indicios que todavía el Apra y el fujimorismo continúan manejando el Poder Judicial”, aseguró.

Indicó que esto significa un atraso enorme, porque la nueva jueza tendrá que conocer todo el expediente, y a los investigados les permitirá preparar una estrategia que más les convenga.

QUE HABLE LA CALLE

“Y poner de pretexto que el juez Carhuancho se expresó de manera inadecuada realmente solo ellos lo creen, por eso espero que las marchas continúen y que este sistema de justicia de ponga en orden”, agregó.

Afirmó que “la declaración del juez Carhuancho que dijo que Fuerza Popular, además del Apra, tiene capturado el Ministerio Público es una expresión que la compartimos todos los peruanos”.

NO ESTÁ JUSTIFICADA

Maritza García, parlamentaria de Cambio 21, declaró a Diario UNO que es una decisión que no se ajusta a la ley, porque cuando nuestro ordenamiento procesal penal establece las causales y otras circunstancias, obviamente estas tienen que demostrar los actos de un juez imparcial.

“En este caso el juez ha transmitido públicamente parte de un hecho que ya estaba en una resolución judicial, y ha dicho lo que todo el Perú conoce, que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular”, afirmó.

Aseguró que no considera que decir eso sea una causal válida, objetiva y suficiente para apartar a un magistrado probo que estaba tocando a los peces gordos.

LAMENTABLE

Dijo que los avances de la investigación son un hecho histórico “porque jamás en el país hemos podido derrotar a la corrupción y cuando estamos por encerrar a los peces gordos suceden estas cosas. Es lamentable porque es un revés para la lucha contra la corrupción, al menos en esta coyuntura política es una mala decisión”.

Para García es un malestar que lo advierte la población que sigue protestando porque el juez Carhuancho se ha caracterizado por ser un juez objetivo y probo, no tendría porqué costarle el puesto la citada declaración.

“Y la mejor prueba de que Fuerza Popular tenía tomado el Ministerio Público es el blindaje al señor Chávarry durante tanto tiempo y ha tenido que ser la presión de la ciudadanía que ha logrado su alejamiento del cargo”, añadió.

PERJUDICA LAS INVESTIGACIONES

Alberto Quintanilla, legislador de Nuevo Perú, declaró que aunque el juez Carhuancho haya cometido alguna falta o alguna declaración no conveniente, no justifica el apartamiento porque él es el juez natural al que le corresponde encargarse del proceso.

“El apartarlo lo que hace es perjudicar las investigaciones y el juzgamiento de los presuntos actos de corrupción que hay en el caso de Odebrecht. Es un mal precedente porque debilita la lucha contra la corrupción que se ha estado librando con firmeza”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Sentencia equivocada

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Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, declaró a Diario UNO que “en este caso, Carhuancho se exponía innecesariamente pero desde mi punto de vista es una sentencia equivocada aunque con Carhuancho uno puede discrepar y siento que es un juez demasiado canero, que regala las prisiones preventivas, que es una medida extrema”.

Manifestó que no cree que Carhuancho haya demostrado ser parcial, “al contrario es un juez muy imparcial, es decir mete presos a todos, a Ollanta Humala o a Keiko Fujimori, no se le puede acusar de que es un juez parcializado. Eso sería injusto y por tanto, viendo su actuación, me parece que es una sentencia equivocada esta que lo ha sacado de estos casos tan importantes”.

“Y tengo algunos reparos por la trayectoria que he visto de la nueva jueza, que tiene unos fallos que no me parecen tan buenos, como los favorables a Félix Moreno. Ojalá este cambio no tenga ningún efecto en el caso cocteles, porque estará bajo el ojo de todos, porque supuestamente el cambio está hecho para eso”, añadió.

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Política

Estrategia para liberar a Keiko

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Keiko Fujimori detenida sonriendo

Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que es más que evidente que se ha ejecutado una estrategia de desplazar al juez Carhuancho para crear mejores condiciones para que Keiko y su entorno puedan salir de la prisión y liberarse de los procesos que tienen.

“Las declaraciones de Carhuancho han sido apresuradas en las circunstancias en que él se encontraba pero reflejan un sentimiento nacional que en el momento en que declara no significaba un adelanto de opinión sino que corroboraba algo que era absolutamente diferente”, destacó.

Además, agregó: “La Sala de Apelaciones debió evaluar las consecuencias de sacar a un juez que tiene continuidad y conocimiento del caso y que es emblemático, de enorme repercusión nacional y de mucha trascendencia en la lucha contra la corrupción. Y lo han sacado de manera apresurada, sin audiencia pública”.

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