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Ingredientes para preparar una masacre

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Ayer una periodista italiana me pidió una opinión sobre la masacre de Florida, y yo le conté la historia de una de la cual había sido testigo.

En septiembre del 2009, un individuo errático –quizá drogado- fue visto en la zona de estacionamiento de mi universidad. Alguien dio parte a la policía, pero el hombre escapó.

Al día siguiente, el tipo fue detenido en el concurrido edificio del Centro Estudiantil. Estaba fuertemente armado y no pudo ofrecer ninguna razón para ello. A la mañana siguiente, el periódico local lo mostró en foto destacada en la primera página de una de sus secciones. ¡Había hecho noticia…!

Resultaría increíble en cualquier país civilizado, pero aquí, no. Jeff Maxwell se había convertido en un héroe, y días más tarde, apareció frente al Capitolio del estado y a la cabeza de una masa que exigía al Gobernador más respeto para los portadores de armas.

Por supuesto, junto al micrófono, un cartel reclamaba donaciones para la campaña legal del matón. Y como ocurre siempre, el abogángster reclamaría después unos cuantos millones de dólares a la universidad para curarlo del ataque de nervios que había sufrido al ser intervenido.

Por ahora, según relataba el diario, el fiscal había retirado los cargos contra Jeff puesto que la Constitución protege la tenencia de armas. Por su parte, el Consejo de defensa del derecho a las Armas de Fuego exigiría, como también está de moda, que la policía haga una “apology”, es decir que pida disculpas públicas a Maxwell.

En 1997, en Kentucky, un adolescente de 14 años esperó que terminara la oración matinal del colegio y luego mató a tiros a tres compañeros. Al año siguiente, en Arkansas dos chicos de 11 y 13 años abrieron fuego a discreción en su escuela y mataron a cinco niñas y a su profesora. En 2009, en Oregon, un muchacho de 17 años liquidó a dos de su compañeros de colegio e hirió a veinte. Al año siguiente, en Colorado, dos muchachos de 17 y 18 años asesinaron a 12 compañeros y un profesor, y después se quitaron la vida. El mes pasado, aquí en Oregon, un joven enfermo masacró a una chica peruana y a una estadounidense, y luego se suicidó…

Y después de todo esto, ¿se puede entender que hoy mismo camine libre el sujeto que la semana pasada rastrillaba sus armas en el campus de mi universidad?

Sí, porque su derecho está consagrado por la Segunda Enmienda de la Constitución, una norma anacrónica que es preciso derogar, aunque para los conservadores pegados a la letra eso signifique algo así como derogar la Biblia. El precepto legal data de 1791 y ofrece armas a los ciudadanos de este país para que puedan esgrimirlas contra un supuesto agresor colonialista británico.

La otra “razón” para coleccionar armas y usarlas durante los fines de semana es el deseo de torturar, martirizar, mutilar, dejar inválidos o matar a los pacíficos venados que habitan en estos bosques. Esa diversión también está permitida y es bien vista aquí.

Aquella tarde mientras regresaba a casa un par de ojos enormes me miraron con fijeza en el camino rural que tomo en vez de la autopista.

Detuve el carro. Era un venado. O más bien una señora Venada. Aceptó con un gesto que le cediera el paso y guió a sus dos venaditos para cruzar la pista. Se detuvieron exactamente donde los niños por las mañanas esperan al bus escolar.

Los pequeños venaditos, por traviesos y curiosos, se acercaron a mi carro y comenzaron a olisquearlo.

Supongo que les dediqué un cuarto de hora y supongo también que algo me dijeron con el lenguaje del corazón. Debe de ser por ello que escribo sin parar esta nota y, sin que me importen los matones, clamo, ruego, imploro, exijo y ordeno, de una vez por todas al gobierno norteamericano, deponer las armas.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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